Zapatero prometió en la pasada campaña electoral que no habría crisis y que, en cualquier caso, los sectores socialmente más débiles nada debían temer porque él los protegería. Con esta demagogia electoral y con la bandera del miedo a la vuelta del PP, el PSOE ganó las elecciones el 9 de marzo. La economía en […]
Zapatero prometió en la pasada campaña electoral que no habría crisis y que, en cualquier caso, los sectores socialmente más débiles nada debían temer porque él los protegería. Con esta demagogia electoral y con la bandera del miedo a la vuelta del PP, el PSOE ganó las elecciones el 9 de marzo.
La economía en caída libre
Tres meses después, la crisis avanza a vela desplegada. El sector de la construcción se desploma, el consumo cae por quinto mes consecutivo, desciende la producción industrial y se extiende la morosidad en el sector financiero. Y como siempre ocurre bajo el dominio del capital, quien paga su crisis son los trabajadores y los sectores populares.
El desempleo ha aumentado en 246.000 personas en el primer trimestre, afectando en especial a los trabajadores inmigrantes de la construcción, el primer gran colectivo golpeado por el paro. La carestía corre desbocada y es cada vez más difícil para las familias trabajadoras llegar a fin de mes. Sube el precio de los alimentos y los combustibles. El Gobierno, a petición de las empresas eléctricas y sus grandes accionistas, ha subido los precios de la electricidad un 9,3% desde primeros de año y piensa incrementarlos otro tanto en diciembre. Y mientras el precio de los pisos se estanca e inicia su descenso, el Euribor se dispara y las cuotas de las hipotecas, cada vez más infladas, se comen los salarios y apuntan a una próxima ola de deshaucios.
La indignación da paso a importantes movilizaciones
El descontento se ha adueñado de la calle y la indignación ha comenzado a dar paso a importantes movilizaciones. El ataque a los salarios directos e indirectos, a través de la carestía y del desmantelamiento progresivo de servicios públicos como la sanidad o la educación, han sacado a decenas de miles a la calle, sin dar tregua alguna al nuevo gobierno.
Salieron primero los estudiantes contra la LOU y el plan Bolonia; después han sido los trabajadores de TMB de Barcelona, de la EMT de Madrid y del transporte urbano de otros lugares, los de la recogida de basura y la limpieza viaria madrileñas, los maestros y profesores, los trabajadores de Telefónica… Hemos visto estas últimas semanas manifestaciones masivas contra la privatización de la educación (Catalunya, País Valencià, Madrid, Andalucía, Canarias) o en defensa de la Sanidad pública (sobre todo en Madrid).
Pero no son sólo los trabajadores asalariados. Ahogados por la subida del combustible, tras los pescadores y agricultores, se han sumado a las protestas los camioneros autónomos, enfrentando una durísima represión policial y una campaña histérica contra los piquetes en la que han hecho frente común el gobierno, los grandes transportistas, la patronal, el PP y la burocracia de CCOO y UGT.
Una nueva coyuntura política
El verano viene movido y el otoño apunta caliente. Estamos ya metidos en una nueva coyuntura política, marcada por la crisis económica. Una coyuntura en la que Zapatero, con el PP fuertemente tocado, ya no puede agitar la bandera de «que vuelve la derecha» para pedir resignación. Fuerzas políticas como IU o ERC, que fueron el guardaflancos de izquierda del Gobierno en la pasada legislatura, salieron muy desgastadas de las últimas elecciones.
Sobre todo se ha abierto la posibilidad de que la movilización de la clase trabajadora y la juventud cobre nuevos ímpetus y se coloque en el centro de la escena. No es casual que la mayoría de los últimos conflictos laborales no hayan estado dirigidos por CCOO y UGT, y que donde lo han estado -como en la recogida de basuras o la limpieza viaria de Madrid- los burócratas sindicales hayan sido masivamente contestados y hayan tenido grandes problemas para controlar la movilización.
En relación también con la crisis y con la agitación social que ésta provoca, el régimen borbónico vuelve a mostrar su carácter antidemocrático desatando una oleada represiva. Una persecución judicial y policial contra cualquier tipo de disidencia que muestra su cara más dura en Euskal Herria, pero cuyos efectos se dejan notar en todo el Estado, llegándose a detener y a multar a jóvenes por quemar una simple foto del rey.
El «diálogo social»
Para hacer frente a los graves riesgos de desborde social, junto a esta escalada represiva, el gobierno, la burocracia sindical de UGT y CCOO y la patronal, han iniciado el llamado «diálogo social».
La primera gran tarea que se han marcado es negociar la arremetida contra los trabajadores inmigrantes, en concreto su expulsión masiva (1 millón de inmigrantes aquí, 8 millones en el ámbito europeo), ahora que la crisis los convierte en «sobrantes». Amparados en una infame Directiva europea de Retorno que posibilita encerrar a los inmigrantes hasta 18 meses en verdaderos campos de concentración para su posterior expulsión -Directiva que ha recibido el voto favorable de los europarlamentarios socialistas españoles–, quieren convertir a este sector de la clase trabajadora, el más explotado, en el chivo expiatorio de la crisis, fomentando la xenofobia y el racismo entre los trabajadores. También quieren avanzar en la privatización de los servicios públicos de empleo y meter un nuevo apretón en el «absentismo laboral». Para después del verano preparan un ataque en profundidad contra las pensiones públicas, aprovechando la renovación del Pacto de Toledo.
En paralelo, han comenzado a lanzar globos sonda para abrir camino más adelante a una desregulación laboral general, a la sombra de la UE, de esta Europa capitalista reaccionaria empeñada en hacer retroceder un siglo los derechos de los trabajadores, como es el caso de la Directiva canalla que quieren aprobar para alargar la jornada laboral máxima hasta las 65 horas semanales mediante acuerdos «individuales» entre el patrón y el trabajador.
Por un Bloque anticapitalista al servicio de las luchas
La nueva realidad exige, más que nunca, redoblar el esfuerzo militante para impulsar las luchas y, desde ellas, organizar la oposición de izquierdas al Gobierno Zapatero. Por eso, desde Corriente Roja llamamos a todos los colectivos y activistas a unir fuerzas para volcarnos en las luchas, arroparlas de solidaridad, ayudar a su unificación y levantar una salida obrera, un plan de choque ante la crisis capitalista con medidas como el Salario Mínimo de 1200 euros; la congelación inmediata de los precios de los productos y servicios básicos; la escala móvil de salarios; las 35 horas semanales sin reducción salarial; el subsidio de paro hasta la recolocación efectiva; poner freno a las expulsiones de los trabajadores inmigrantes; derecho a una vivienda digna con alquileres que no excedan del 20% del salario medio; la paralización inmediata de las medidas de privatización de los servicios públicos básicos como la educación, la sanidad o el transporte; un plan de obras públicas y sociales para construir equipamientos públicos y crear puestos de trabajo; poner fin al fraude de las deslocalización de empresas…
Los pasos que demos en esta unidad son la mejor base para avanzar en la construcción de ese Frente de Izquierdas o Bloque Anticapitalista, tan necesario como palanca para la movilización y la transformación socialista de la sociedad. Éste es el compromiso de Corriente Roja, cuyas puertas abrimos a todo activista que, independientemente de su tendencia ideológica, comparta estas preocupaciones.