¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero […]
¿Cómo es posible que Montoro haya decidido intervenir las cuentas de un ayuntamiento que tiene más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido la deuda un 40% en apenas dos años? Lo lógico en principio es pensar que una intervención de las cuentas tiene sentido cuando su administración responsable tiene problemas económicos, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid. ¿Entonces?
La explicación oficial del Ministerio radica en que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tenga superávit y reduzca deuda, incumple la Regla de Gasto. Esta Regla nació en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) -que es el desarrollo del reformado artículo 135 de la Constitución Española- y su razón de ser es limitar la cantidad de gasto que puede registrar una administración pública. Ese límite no tiene nada que ver con los ingresos (como podría parecer lógico, para no gastar más de lo que se ingresa), sino que queda fijado en función del crecimiento estimado de la economía española (la estimación la realiza el Ministerio y, por cierto, raramente acierta con ella). Por lo tanto, esta Regla suele provocar que el gasto de las administraciones sea menor que los ingresos, para que así quede suficiente dinero sin gastar, engrose el superávit y pueda ser utilizado para pagar deuda a los bancos. Ése es el objetivo de la Regla de Gasto (recordemos, hija del artículo 135 de la Constitución): priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público.
Por lo tanto, lo que el Ministerio está criticando del Ayuntamiento de Madrid no es que tenga las cuentas saneadas (que a todas luces las tiene), sino que haya incrementando tanto la inversión y el gasto social y provocado por lo tanto una notable reducción del superávit y del dinero que se paga a la banca. Pero es que en esto consistía el proyecto económico que Ahora Madrid recogía en su programa electoral y que está aplicando exitosamente: priorizar -a diferencia de lo que ocurría con gobiernos del PP- la gestión honesta y eficaz de los recursos públicos con el objetivo de maximizar el bienestar de la ciudadanía madrileña. Poner la economía al servicio de la gente y no de los bancos. Para ello es preciso utilizar el dinero del Ayuntamiento en aras de incrementar las inversiones y el gasto social, que en sólo dos años han crecido un 102% y un 74%, respectivamente. Evidentemente, todo ese dinero que se utiliza en mejorar la ciudad es dinero que dejas de tener en la cuenta bancaria, que dejas de utilizar para engrosar el superávit y que dejas de utilizar para pagar deuda a los bancos.
Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es la única administración que incumple esta particular regla. De hecho, la administración de cuyas cuentas es responsable el ministro Montoro, la administración central, ha incumplido sistemáticamente esta regla (con la excepción de 2016, y debido a un cambio de metodología). Lo mismo ocurre con muchas comunidades autónomas y otros muchos ayuntamientos. Entonces, ¿por qué esa evidente obsesión del Ministerio con Madrid, que le ha llevado por primera vez en la historia a intervenir las cuentas de un ayuntamiento por este motivo?
Muy fácil: porque el superávit del Ayuntamiento de Madrid es el más voluminoso de todos y es el que más necesita Montoro para presentar unas cuentas bonitas en Bruselas.
La clave es que cuanto más superávit tenga el Ayuntamiento de Madrid, más déficit público puede tener la administración central que gestiona Montoro. Esto es así porque Bruselas no mira las cuentas de cada una de las administraciones sino que mira las cuentas del conjunto de ellas. El superávit de Madrid sirve para maquillar las maltrechas cuentas de Montoro, y por eso éste se niega a que el Ayuntamiento de la capital reduzca su superávit para invertir en infraestructuras o incrementar la inversión social. Es decir, no se trata de un castigo al Ayuntamiento por no manejar bien sus cuentas, sino que es una maniobra para aprovecharse del superávit de la capital. Montoro puede permitir que un pequeño ayuntamiento se salte la Regla de Gasto y pierda algunos millones de superávit, pero no puede permitir perder los casi 1.000 millones de euros de Madrid. Sobre todo porque permitirlo podría hacer que el ejemplo de Madrid fuese imitado por tantas otras administraciones, ¡y es que el conjunto de las corporaciones locales registra un superávit superior a los 7.000 millones de euros que Montoro necesita como el comer!
Ni que decir tiene, además, que en todo este movimiento también hay una cuestión política de enorme calado: el Ministerio está encantado de poner palos en las ruedas a un ayuntamiento que está demostrando que hay alternativas a las políticas de austeridad. El gobierno de Ahora Madrid ha puesto ya de manifiesto que se pueden sanear las cuentas al mismo tiempo que pones la economía al servicio de la mayoría social y no de los bancos. Los fanáticos de la austeridad, entre los que se encuentra Montoro, no pueden permitir que este ejemplo triunfe y se difunda, y por eso están tratando por todos los medios que su proyecto político no prospere.
Pero el Ministerio se ha extralimitado en sus competencias, y es lo que el gobierno de Ahora Madrid está utilizando en los tribunales para defenderse de los ataques políticos de Montoro. Resulta que -tal y como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF- la Regla de Gasto española es mucho más restrictiva que la Regla de Gasto de la Unión Europea porque ésta se aplica sobre el conjunto de las administraciones y no sobre cada una de ellas y además ni siquiera es de obligado cumplimiento. Pero es que hay más: el Ministerio está realizando una interpretación de la Regla de Gasto que no viene recogida en la legislación que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, sino que se apoya en una orden ministerial que no tiene carácter normativo y que excede los criterios que la ley establece para la Regla de Gasto. Es decir, que existe una discrepancia de interpretación de la Regla de Gasto entre el Ministerio y el Ayuntamiento que tendrán que dirimir los tribunales.
Veremos en qué acaba la cosa.
Eduardo Garzón es asesor de economía en Ayuntamiento de Madrid