La recesión va a suponer una catástrofe sobre todo en los lugares con economías más dependientes, como Andalucía, que en las últimas décadas ha jugado al monocultivo turístico
Seguimos escuchando, a todas horas, mensajes sobre la «guerra» en que supuestamente vivimos; sobre sus «frentes de combate», sobre la «victoria» segura si conseguimos la «unidad nacional»… Varias veces al día nos dan el parte de bajas (de fallecimientos), de heridos (contagiados), de recuperados… Son metáforas no inocentes, desvaríos bélicos que utilizan, unos y otros, para intentar sacar tajada política de los esfuerzos de miles de trabajadores de la sanidad, en condiciones durante semanas muy precarias, para contener el Covid-19 y reducir su mortandad y de la abnegación de quienes continúan en sus puestos de trabajo para garantizarnos el abastecimiento -la vida- a quienes estamos confinados, que somos la gran mayoría de los ciudadanos.
También se desentierran e idealizan pactos de hace más de cuarenta años, que, por una parte, consolidaron la Segunda Restauración Borbónica y el sistema económico existente mientras, por otra, supusieron una fuerte caída de los salarios y un espectacular aumento del paro, que se cuadruplicó en ocho años. Desconozco si quienes plantean ahora unos nuevos «Pactos de la Moncloa» son o no conscientes de lo uno y de lo otro.
De todas maneras, y aunque pueda parecernos lo contrario, porque nos tienen todo el día pendientes de los «partes de guerra» y de la bronca política y mediática -que ha sustituido como espectáculo de sofá a los grandes acontecimientos deportivos-, nos están preparando ya el día siguiente para cuando salgamos del túnel en que nos ha enclaustrado la pandemia y la falta de medios adecuados para encararla. Nadie cuestiona que a la tragedia humana actual va a seguir una muy profunda crisis económica y social. Nadie pone en duda que habrá, a nivel mundial, una recesión mayor que la sufrida a partir de 2008, cuando se desinfló la burbuja financiera. La recesión va a suponer una verdadera catástrofe sobre todo en aquellos lugares con economías más dependientes, como Andalucía, que en las últimas décadas ha jugado al monocultivo turístico, ya que esta será la actividad económica que más lentamente vuelva a activarse. Como en la crisis anterior, la cuestión central es quiénes serán los más perjudicados y quiénes se beneficiarán. Un precedente es que, en aquella, mientras el desempleo y la precariedad se dispararon, se multiplicó el número de millonarios en España.
Ante el escenario más que previsible que nos encontraremos cuando salgamos del túnel -que algunos se atreverán a proclamar como «día de la victoria»- el actual Gobierno de la Junta ha aprobado un decreto-ley «para el fomento de la actividad productiva en Andalucía». Lo ha aprobado sin tramitarlo como anteproyecto, ni ponerlo a información pública, ni a debate con instancia ni organización alguna. Ha aprovechado la actual coyuntura para publicarlo en el BOJA directamente, lo que suscita serias dudas acerca de su constitucionalidad porque difícilmente la mayor parte de su múltiple contenido puede acogerse a la categoría de «caso de extraordinaria y urgente necesidad», como exige el artículo 86.1 de la Constitución.
El decreto-ley modifica nada menos que 20 leyes, 3 decretos, 2 decretos-leyes y 3 reglamentos. Y todo él va en un mismo sentido: facilitar la inversión externa. Más campos de golf, más flexibilidad para las actividades turísticas y la multiplificación degrandes superficies, más facilidades para el cemento y el ladrillo, más libre uso del agua… Todo ello eliminando restricciones, desregulando y desprotegiendo los bienes comunes andaluces: nuestro patrimonio medioambiental y cultural, nuestra salud pública, nuestro débil tejido económico local. Baste un ejemplo: la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico no tendrá ya que autorizar obras «menores» en monumentos y edificios catalogados o sus entornos, ni en conjuntos históricos, zonas arqueológicas o lugares de interés etnológico. Ni siquiera le tendrán que ser comunicados los proyectos de intervención. Bastará con una «declaración responsable» ante los ayuntamientos.
En este, como en otros ámbitos, se eliminan controles y garantías. No será preciso la evaluación de impactos. Se trata, según altas jerarquías de la Junta, de «facilitarle la vida a las empresas». ¿A qué empresas? La respuesta no es difícil, dado lo que manifestaron hace unos días Bendodo y Velasco: Andalucía debe convertirse en «una autopista para los inversores». Una autopista sin limitaciones de velocidad ni apenas reglas. Si no lo remediamos, esto es lo que nos espera cuando salgamos del túnel.
Isidoro Moreno. Catedrático emérito de Antropología