Foto: Parque eólico en Panamá. REUTERS
En la última década se contabilizan 197 denuncias de vulneración de derechos humanos asociados a proyectos de energía renovable, según un informe de Business Human Rights Resource Centre (BHRRC).
La salida de la crisis climática pasa, en gran medida, por una transformación radical del modelo energético y el fin de la quema masiva de combustibles fósiles. Las renovables cada vez ganan más terreno, tanto en el plano empresarial como en el gubernamental, y se presentan como un recurso útil para descender las emisiones globales y mitigar las consecuencias del calentamiento del planeta. Sin embargo, la penetración de la energía renovable a gran escala no está suprimiendo las irregularidades del sistema extractivista, sino que las está haciendo suya. Tanto es así, que según un reciente informe de Business Human Rights Resource Centre (BHRRC), en la última década se han contabilizado 197 casos de vulneración de los derechos humanos vinculados a macroproyectos de energía limpia, el 61% de ellos, en el continente latinoamericano.
Las lógicas de explotación del extractivismo continúan produciéndose, tal y como señala el informe, que cuestiona que los primeros pasos para la transición ecológica global se estén dando conforme a los principios de justicia social. «Las acusaciones de abuso incluyen asesinatos, amenazas e intimidación; acaparamiento de tierras, condiciones de trabajo peligrosas y salarios precarios; además de daños a la vida y las tradiciones de los pueblos indígenas», recalca el BHRRC.
Las renovables fue el cuarto sector que más vulneró los derechos humanos en megaproyectos del año 2019
El desarrollo de megaproyectos de energía renovable–parques eólicos, plantas fotovoltaicas o represas hidroeléctricas, entre otros– fue el cuarto sector que más vulneró los derechos humanos en 2019, después de la minería, la agricultura intensiva y la eliminación de residuos. De esta forma, el informe concluye que ninguna de las 16 grandes compañías dedicadas a este tipo de energía cumple al cien por cien con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre DDHH y empresas. Entre ellas, destacan dos españolas: Iberdrola y Acciona, que, a pesar de no cumplir al cien por cien con los objetivos por los que se rige el informe, lideran la lista de entidades más comprometidas.
Desde Iberdrola señalan a este medio que «el informe puntúa con base en las políticas y procedimientos que aplicamos, no por las controversias».
Financiación pública en megaproyectos
Aunque el estudio no se centra en los proyectos concretos que estas transnacionales desarrollan, la realidad muestra que muchas de ellas reciben apoyo financiero desde las instituciones europeas o españolas con el interés de impulsar las nuevas energías limpias. En España, existen algunos organismos públicos como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, o el Fondo para la Internacionalización (FIEM), vinculado a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria. Además, destaca el Banco Europeo para la Internacionalización (BEI), una entidad de los estados de la Unión Europea.
¿Es posible que parte del dinero público que va destinado a la internacionalización de las empresas de energía renovable termine en un proyecto donde no se respetan los derechos humanos? Según informan desde el Ministerio de Industria y Comercio, el FIEM–que destina una partida de 50 millones de euros para la penetración de las nuevas energías en el extranjero– «hace un seguimiento de la evolución» de estas acciones a través de la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización, que se rige «por las normas de la OCDE en materia de protección medioambiental y social».
Algo similar exponen desde el Ministerio de Asuntos Económicos, que niegan que desde el ICO se dé apoyo financiero a operaciones de energía renovable que incumplen los derechos humanos, operan con trabajo infantil o generen un gran impacto social y ambiental en los entornos donde se desarrollen.
«La línea que debería separar el poder político del empresarial es cada vez más fina»
Sin embargo, desde las organizaciones sociales señalan la evidente falta de control y transparencia sobre estas grandes operaciones en el extranjero. Erika González Briz, miembro del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y una de las autoras de Fondos públicos, negocios privados, cuestiona que, independientemente de que los proyectos sean renovables o no, haya suficientes mecanismos de vigilancia sobre las actividades de estas empresas en el extranjero. «Rigen puramente criterios económicos. Se mantiene contacto con el Estado que acoge la obra, con la empresa que la ejecuta y con las oficinas comerciales de las empresas españolas, pero la comunicación con las organizaciones de derechos humanos o con las comunidades locales que puedan verse afectadas es nulo», explica, para denunciar que el ICO «ni siquiera acoge las denuncias» que se hacen desde los sociedades indígenas.
Víctor Barro, experto en justicia económica de Amigos de la Tierra, considera que se trata de un problema de dimensiones globales que se fundamenta en la ausencia de tratados vinculantes que permitan que los compromisos de las multinacionales con los derechos humanos se hagan realidad. «La línea que debería separar el poder político del empresarial es cada vez más fina, lo que hace que se creen normas y entramados jurídicos muy favorables a las empresas», manifiesta. A su juicio, los mecanismos de vigilancia como los que ha desarrollado el Gobierno francés son válidos pero insuficientes, ya que se trata de actividades económicas que ocurren fuera del territorio nacional, por lo que el seguimiento de los casos de vulneración de derechos humanos y la judicialización de los mismos se complica.
«Se da la paradoja de que una empresa con sede española tiene una empresa subsidiaria o un proovedor externo con el que opera en otro estado y que sería el que cometería las malas prácticas. Todo esa arquitectura empresarial, desde el punto de vista del derecho internacional, es muy compleja perseguir y vigilar», comenta.
González Briz, por su parte, pone en duda que muchos de los proyectos que se financian como energías renovables se puedan llamar así, dado el impacto ambiental que pueden generar. «No se puede argumentar que se va a tener una política de responsabilidad financiera ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y no se estudien todos las consecuencias reales de proyectos como por ejemplo las hidroeléctricas, que requieren de construcción de represas y terminan inundando valles enteros donde viven comunidades indígenas», denuncia.
«Debemos exigir que las transnacionales se sometan a evaluaciones independientes para dar a conocer a la sociedad todas sus actividades»
Un ejemplo de ello es la represa de Agua Zarca en Honduras para la generación de energía hidroeléctrica que terminó con el asesinato de la activista Berta Cáceres y en el que estaban implicados a nivel financiero el Banco Mundial (a través de la Corporación Financiera Internacional) y la compañía china Sinohydro. «Lo que ocurrió allí no se salía de lo normal en América Latina, pero sirvió para que la sociedad supiera como funciona la arquitectura de la impunidad, en la que transnacionales pagan a sicarios para perseguir a líderes sociales», opina Barro, para reclamar un mecanismo de vigilancia internacional que permita que los tribunales tengan una mayor la capacidad de juzgar a aquellas empresas o individuos que vulneran los derechos humanos. «Debemos exigir que las transnacionales que operan en otros continentes elaboren planes vinculantes y que se sometan a evaluaciones independientes para dar a conocer a la sociedad todas sus actividades», señala.
La energía no es para el pueblo
La creación de un entramado eólico en mitad de la selva podría tener algo de sentido si la energía que se produjera fuera aprovechada por las comunidades locales. No en vano, González Briz recalca que, lejos de ser así, «la producción va destinada a la exportación» en la mayoría de los casos. En un momento en el que la transición energética se presenta fundamental, estos proyectos parecen carecer de sentido, en tanto que no se destinan a mejorar la vida de las sociedades locales, sino a alimentar la maquinaria de las grandes ciudades o incluso a satisfacer la demanda energética del extractivismo.
Así lo denuncia también Barro: «Las poblaciones rurales quedan desabastecidas a nivel energético y estos proyectos muchas veces van destinados a producir energía destinada poner en marcha otros proyectos. Por ejemplo, pensemos en una mina de metal, par extraer los recursos necesitas mucha energía y esta viene dada por las infraestructuras renovables que se están construyendo».
El parque de La Venta III, un proyecto con financiación del BEI en México, es un buen ejemplo de cómo las energías verdes no siempre son tan limpias como pueden parecer, en tanto que parte de la comunidad zapoteca ha denunciado desde 2010 como la instalación de infraestructuras ha dinamitado las actividades agrícolas de los pueblos indígenas.
Pese a las denuncias indígenas, el BEI garantiza a Público que se «da voz» a las comunidades locales cuando «creen que sus derechos e intereses se ven afectados por las operaciones financiadas». Este organismo europeo, recalcan que dispone de mecanismos de vigilancia y garantiza que se realiza un seguimiento sobre todos los proyectos de energía renovable sobre los que se han puesto fondos.