Primer escenario. El 23 de marzo de 2010 firmó un informe pericial como director asociado de Nera junto con Óscar Arnedillo, director de la consultora, favorable a Nuclenor SA, la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos, una compañía controlada paritariamente, sabido es, por dos grandes gigantes del sector: […]
Primer escenario. El 23 de marzo de 2010 firmó un informe pericial como director asociado de Nera junto con Óscar Arnedillo, director de la consultora, favorable a Nuclenor SA, la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos, una compañía controlada paritariamente, sabido es, por dos grandes gigantes del sector: Endesa e Iberdrola. Nada más y nada menos. Al día siguiente de la realización del informe, la empresa eléctrico-nuclear inició un pleito contra el Estado por su decisión de cerrar la central. El informe de la consultora sostiene que Garoña, que en opinión de Grenpeace no cumple con los estándares de seguridad, podría seguir más años en funcionamiento y cifra en casi mil millones de euros el perjuicio económico que el cierre significará para la central. Es exactamente el mismo importe -971 millones de euros- que Nuclenor pide como indemnización.
Garoña inició su andadura en 1971. Su horizonte de vida era entonces de 23 años; 1994 era, por tanto, su fecha de cierre. El 6 de julio 2013, la fecha de su cierre definitivo, celebrará su 42º cumpleaños, 19 años más de lo previsto, anunciado y publicitado. Nuclenor, por supuesto, que esgrime a favor de su tesis el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, presionó y presiona para alargar su funcionamiento. Su cuenta de resultado puede seguir ampliándose. Las otras consideracions no cuentan en sus cuentas.
Fabrizio Hernández es el coautor, acaso autor principal, del informe, un técnico, se afirma, sin intereses en el sector energético, que dirige, éste es el nudo, desde el 11 de enero de 2011 la nada marginal Secretaria de Estado de Energía. Viene a ser algo así como el número 2 de Industria. Más vasos comunicantes Estado-grandes empresas. La mismísima Audiencia Nacional le había citado, a instancias de Nuclenor, para que declarase como perito el viernes 14 de enero del año en curso. No acudirá a la cita. Carlos Bravo, el responsable en asuntos nucleares de Greenpeace, ha formulado una pregunta de neto interés ciudadano: ¿el flamante Secretario de Energía ordenará a la abogacía del Estado que combata judicialmente las pretensiones de Nuclenor? ¿Acaso no debería hacerlo? ¿No sería ese su deber como responsable político?
Me olvidaba: como resulta fácil adivinar, el hombre del BBVA en el gobierno, el ministro de Industria Miguel Sebastián, conocía el peritaje realizado para Nuclenor antes de proponer el nombramiento de Fabrizio Hernández en el consejo de Ministros del pasado 7 de enero, el día siguiente a Reyes. ¡Un regalo atrasado para las eléctricas!
Segundo escenario. «¿Es antisistema el sistema?», se pregunta Manuel Delgado en un comentario reciente, según recordaba Antonio Baños en Público [2], a propósito de Rodrigo Lanza Huidobro, un joven estudiante chileno de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, preso en el penal de Quatre Camins de Barcelona [3].
Rodrigo Lanza fue detenido, acusado y condenado en relación a unos incidentes, en la noche de 4 de febrero de 2006, en el barrio de la Ribera de Barcelona, en los que un policía municipal quedó gravemente herido. Inicialmente sentenciado a cuatro años y seis meses de cárcel, la pena a la que fue condenad Rodrigo Lanza fue aumentada por el Tribunal Supremo a cinco años. Tras dos años de prisión provisional, ha vuelto a ingresar hace un año en la cárcel catalana. Cumple condena en estos momentos. Familiares y amigos han llamado la atención sobre las irregularidades del proceso; también Amnistía Internacional se ha pronunciado al respecto en el mismo sentido.
Manuel Delgado señala: «De lo que se trata es de la situación actual de Rodrigo en la cárcel. El otro día vinieron a visitarme a mi despacho unos alumnos míos para darme cuenta de que se le estaban negando al muchacho ventajas penitenciarias a las que parecería tener derecho. Los términos de esa situación están descritos en una carta abierta de la madre de Rodrigo, que se puede leer en http://absoluciondetenidos4f.blogspot.com/«. Delgado pone el acento en otro punto: con fecha 18 de Octubre de 2010, la sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó, a instancias del fiscal, la concesión de un permiso al que, en principio, Rodrigo Lanza tendría derecho para salir a trabajar de lunes a viernes. El juzgado de vigilancia penitenciaria lo había concedido en primera instancia. ¿Qué razonamientos jurídicos fundamentaron la decisión? Uno de ellos señala que el preso se empeñaba en sostener su inocencia. ¿Cuál es el probelma? Otro apuntaba que Rodrigo era «un individuo de ideología anti-sistema en general». El «diagnóstico» se desprendía, según señala la jueza del caso, de «los informes del jurista, el psicólogo y la educadora social». Un curioso sistema trinitario. Por lo demás, ¿qué es eso de la ideología anti-sistema? ¿Es algún pecado anticonstitucional?
Delgado concluye así su reflexión: «Es el llamado «sistema» el que, hoy, más nos aleja de lo que un día fuera el sueño de una sociedad verdaderamente democrática. Esa, y no otra, es la moraleja del interesante caso del prisionero Rodrigo Lanza». Antonio Baños añadía en su columna periodística: es terrible que se utilice este argumento político -la supuesta ideología antisistema del acusado- para negar derechos. Esto tiene un nombre antiguo y conocido: prisión política. Baños recordaba otros casos: los de Amadeu Casellas, Franki y Núria Pòrtulas.
3. Pep Puig i Boix -«Transparencia con la electricidad» [4]- ha comentado críticamente el nuevo aumento -de 0,125150/kWh a 0,140069/kWh- del precio de una parte, la parte regulada, de la electricidad, la tarifa de último recurso (TUR). Algunos de sus comentarios críticos:
Puig i Boix recuerda que la electricidad representa el 21,5% del total del consumo de energía final a España, mientras que los productos petrolíferos representan el 56,6%. ¿Por qué entonces cuando aumenta el precio del barril de petróleo apenas se oyen voces en los medios?
El profesor de energía de la UAB señala también el escaso rigor periodístico de la información: los medios, básicamente, reproducen las noticias del ministerio del ramo o de los oligopolios energéticos. El Ministerio, por ejemplo, en abril de 2010, distribuyó documentos en los que acusaba a las energías renovables de ser responsables de los aumentos del precio de la luz. El eco entre los medios, resultado de la campaña orquestada por los oligopolios eléctricos, ha sido y es poderosísimo: ¡la culpa de la subida de la TUR son las RENOVAAAAAAAAAAAAAABLES! ¡Abajo con ellas, encarecen la vida de las gentes más desfavorecidas! La demagogia en el puesto de mando.
Puig i Boix apunta también que, ocho meses después, el mismo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) ha recortado la contribución de las renovables en más de 3.300 millones (2.220 a la energía solar fotovoltaica, 231 a la eólica y 891 a la solar termoeléctrica). De los 4.600 millones de reducción de los costes de la tarifa, más del 70% se han sacado de las renovables, y, a pesar de ello, todavía se ha aumentado, en un 12% aproximadamente, el precio del kWh fijado para la «tarifa de último recurso». La paradoja señalaba por el profesor de energía: si las renovables son la causa del encarecimiento de la electricidad y se recorta su retribución, ¿cómo se explica entonces que aumente el precio de la TUR en más de un 10%?
Puig i Boix recuerda unas declaraciones de Luis Berenguer, el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, nada sospechoso de transitar por las agitadas (y acaso razonables) aguas del ecologismo antisistémico: «el sistema de conformación de los precios en el pool eléctrico es un escándalo y la energía producida por las centrales amortizadas, como son las hidroeléctricas y algunas nucleares, supone llenar los bolsillos de las eléctricas en detrimento del precio que pagamos los ciudadanos».
La fundación Alternativas, recuerda nuestro ingeniero industrial crítico, nos ha dado algunas pistas. La primera: el error de crear y consolidar el déficit tarifario en las legislaturas del PP no relacionando el recibo de la luz con los costes reales de generación, junto con la ausencia de voluntad política del PSOE para corregir la situación. La segunda observación: basar el modelo energético español en energías fósiles, caras y no controlables que dependen del exterior. Por lo demás, la misma Comisión Nacional de la Energía ha apuntado que «las subastas que fijan el coste de la tarifa del último recurso (CESUR) son netamente inflacionistas». Una parte sustantiva de la última subida ha sido debida precisamente al coste resultante de la última subasta.
Cuarto y último escenario. Juli Solaz, del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, el juez que ha llevado el caso Palau desde que en 2009 se descubrió lo que, sin exagerar un quark ni un fotón, puede llamarse prudentemente saqueo de esta institución cultural [5], dejará el caso. Le ha sido concedido su traslado como magistrado a la Audiencia de Barcelona. El cambio fue solicitado por el propio juez.
Solaz recibió diversas críticas durante la instrucción del caso Millet-Montull, entre ellas las de Teresa Compte, la Fiscal Superior de Catalunya, por no encarcelar a Fèlix Millet y Jordi Montull. Compte interpuso un recurso ante la Audiencia por considerar que la resolución del juez no era la adecuada. En términos similares se expreso María Sanahuja, ex decana de los juzgados de Barcelona: la gestión del caso le resultaba «extraña» señaló.
No fueron las únicas voces criticas. Se apuntó también la enorme lentitud con la que tramitaba el proceso. Santiago Vidal, magistrado de la Audiencia de Barcelona, se refirió a Solaz como «el juez caracol» [6]. Mariona Carulla, la presidenta de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, también se sumó a las críticas.
Tras año y medio de «investigación» jurídica., ¿cuál ha sido el número de veces que el juez Solaz llamó a declarar a Millet y a Montull? En dos ocasiones: Aquiles y la tortuga nunca llegarán a encontrarse, según argumentó el gran Zenón de Elea.
Queda una cosa pendiente: la fiscalía catalana solicitó en noviembre de 2010 la separación del proceso de los presuntos pagos irregulares -«presunto» es muy generoso término en este caso- que ha recibido CDC, el partido que gobierna en Catalunya con la colaboración de Ferran Mascarell, a través del Palau de la Música «relacionadas con la adjudicación de obras de gran envergadura a cargo de Ferrovial». ¿Ven cómo se completa el círculo? La decisión sobre la separación no ha sido tomada. Pasito a pasito si va lontano. La tomará el sucesor o sucesora de Solaz.
Una comparación de interés: Millet y Montull tienen otra causa abierta, una causa que debería enrojecer für ewig a todo el consistorio municipal barcelonés y a los partidos que lo constituyen (a excepción en este caso de ERC): el caso del Hotel Palau, otro intento de saqueo de bienes públicos impedido por la movilización ciudadana, por los comunes en rebeldía. El caso cayó en manos del juzgado número 10 de la ciudad. Su titular es Míriam de Rosa Palacio. Instruye la causa desde junio de 2010, hace apenas medio año. Al iniciarla impuso a los imputados 13 días de prisión sin fianza: quiso impedir que influyeran en otros testimonios mientras ella les tomaba declaración. ¿No fue razonable su medida?
PS. Dos breves para finalizar. La facultad de Económicas de la UB fue una de las facultades con mayor movilización antifranquista de la universidades barcelonesas. Manuel Sacristán fue profesor en ella de Metodología de las Ciencias Sociales. Fue expulsado por motivos políticos en 1965. Volvió…, con una presencia puntual fruto de las habilidades clandestinas de Alfons Barceló y amigos, 11 años más tarde, en 1976. La Asociación de Estudiantes Progresistas (AEP) [7] de la facultad boicoteó algunas misas -desde el 11 de noviembre de 2010, cuando se celebraron unas jornadas sobre una Universidad laica- que se celebraban en la capilla de la Facultad, ubicada actualmente en una aula de estudio, una facultad de una universidad pública y, en principio, laica de un estado que no es confesional. Parece razonable la actitud de AEP, ¿no les parece? En Barcelona hay mil y un lugares privados, iglesias, basílicas y catedrales católicas, tres cerca de donde yo vivo por ejemplo, donde se puede concelebrar las misas y afines que se estimen convenientes. Sin problema alguno claro está. El arzobispado se ha reunido con la cúpula universitaria barcelonesa y han acordado que sólo se anulará la celebración del oficio religioso en caso de que no se pueda garantizar la seguridad de los asistentes (Los acuerdos Facultad-arzobispado datan de 1979 cuando se creó un «servicio de asistencia y formación religiosa» de la UB. Desde 1988, el acuerdo incluye la cesión de espacios de culto).
Segundo breve: Rafael Olmos fue cesado en 2009 como director de los Mossos d’Esquadra después de las brutales cargas de la policía autonómica contra los estudiantes contrarios a la implantación del Plan Bolonia [8]. El nuevo conseller de Interior, Felip Puig, de CiU, uno de las manos derechas del president Artur Mas, ha ratificado a Olmos como «asesor del conseller en asuntos transversales». Ya lo señaló cuando fue cesado: la decisión del gobierno tripartito, clamó, es una «cobardía política». ¡Cobardía política cesar el responsable político de una salvajada policial! Joan Delort, un superviviente del último gobierno Pujol que mantuvo sus posiciones de alto cargo durante los gobiernos tripartitos, también mantiene su cargo como asesor en la nueva conselleria. La continuidad del conservadurismo es marca de la casa y el realismo sucio de Interior sigue en el puesto de mando.
Notas:
[1] Alicia Gutiérrez, «El secretario de Energía defendió Garoña en contra del gobierno». Público, 13 de enero de 2011, p. 16. El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha puesto en duda el nombramiento de Fabricio Hernández (Público, 14 de enero de 2011, p. 18).
[2] http://manueldelgadoruiz.blogspot.com/2011/01/es-antisistema-el-sistema-el.html y Público, 7 de enero de 2011, p. 5 (edició catalana).
[3] El comentario de Manuel Delgado incluye algunas notas a críticas a Jordi Borja, tomadas de un reciente libro suyo, totalmente injustificadas en mi opinión, fruto acaso de una lectura precipitada y poco meditada, y de algún prejuicio consolidado sobre el urbanista barcelonés con caras también anti-sistémicas en su poliedro.
[4] Pep Puig i Boix, «transparencia amb l’electricitat», Público, 7 de enero de 2011, p. 5 (edición catalana).
[5] Benoït Cros, «El jutge Juli Solaz es trasllada a l’Audiència i deixa el ‘cas Palau», Ibidem, p. 4.
[6] Destacadamente ambos magistrados, Sanahuja y Vidal, fueron expedientados por el Consejo General del Poder Judicial.
[7] Público, 15 de enero de 2010, pp. 5 y 7 (edición catalana).
[8] Ibidem, p. 18 (edición general).
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