Cuba establece nuevas normas para el ejercicio del trabajo privado

Autoridades afirman que la aprobación de las regulaciones se apoya en el intercambio realizado a finales de 2018 con trabajadores por cuenta propia, las opiniones y sugerencias de la población y cartas recibidas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel estableció nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia (TCP, privado), en lo que medios oficiales describen como otro paso en la actualización del agotado modelo económico y social del país.

La viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, dijo en conferencia de prensa que estas medidas, publicadas el miércoles 6 de noviembre en la Gaceta Oficial (GO), tienen como objetivo incorporar nuevas actividades, unificar y perfeccionar el alcance de algunas y simplificar trámites.

Las normas jurídicas modifican el reglamento sobre la licencia de operación del transporte y se amplía su alcance a toda la nación.

Las seis nuevas actividades aprobadas son: Operador y/o arrendador de equipos para la producción artística; Agentes de selección de elenco (casting); Auxiliar de producción artística; Traductor e intérprete certificado; Productor vendedor de productos alimenticios, y Pescador comercial.

Al mismo tiempo, se decidió unificar otras actividades o ampliar el alcance de varias, de acuerdo con la Gaceta.

Igualmente quedó normado incorporar las vacaciones entre las causas por las que el titular puede designar a un trabajador contratado (el período de tres meses autorizados para la salida al exterior o por vacaciones puede ser interrumpido o no dentro del año natural).

La Gaceta Oficial dio a conocer, además, que se faculta a los Consejos de la Administración Municipal (CAM) a autorizar las actividades de: servicios gastronómicos en restaurantes; servicios de bar y recreación; y arrendador de viviendas y habitaciones cuando se alquilen más de cuatro habitaciones o viviendas completas.

Precisiones tributarias

Según Yahily García, directora de políticas de ingreso del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), «No hay incremento en la carga tributaria para el sector, sino que se producen adecuaciones a las cuotas impositivas mensuales como resultado de la integración de algunas actividades, en tanto se definen cuotas de las nuevas, según su alcance».

A partir de los resultados del experimento con porteadores privados en La Habana, el Ministerio del Transporte anunció una serie de modificaciones a los principios que sustentaban dicha prueba.

Según apuntó Marta Oramas, viceministra primera de Transporte, las nuevas normas pretenden «hacer corresponder los intereses del pueblo, los porteadores privados y el gobierno en cuanto a la prestación de servicios, el precio, la adquisición y consumo de combustible».

Igualmente se establece mantener en La Habana, y extender al resto del país, la obligatoriedad del uso de tarjeta magnética para la adquisición de combustibles por los porteadores privados que brindan servicios en medios automotores, como una medida para frenar el robo de combustibles.

Al valorar el nuevo cuerpo legal, el vicetitular primero del Ministerio de Economía y Planificación, René Hernández, estimó que permitirá avanzar en el perfeccionamiento de este sector, a la vez que da «mayor capacidad de integración e interrelación entre los diferentes actores de la economía».

Comentó que con estos pasos se eliminarán las trabas que dificultan el encadenamiento productivo entre los diversos entes, y elimina las limitaciones en las relaciones de las empresas con las formas de gestión no estatal. «Siempre empleando cuentas bancarias, (y) solo el efectivo para pagos menores», puntualizó.

Las disposiciones eran esperadas con recelo desde hace cerca de un año por los preocupados «cuentapropistas», que hasta septiembre pasado ascendían a 617. 974 trabajadores, el 65 por ciento de los cuales están distribuidos en cinco de las 15 provincias del país.

Los más representados son los productores de alimentos, los transportistas y los arrendadores de viviendas y habitaciones. A los cuentapropistas se deben sumar las miles de personas que trabajan sin estar inscriptas o pagar impuestos.

Los dueños de negocios se quejan de la ausencia de mercados mayoristas, lo cual les obliga a conseguir insumos y productos en el mercado minorista estatal o en el mercado negro, lo que genera un continuo incremento de precios, tanto en productos agrícolas como en otros que se venden en cafeterías de particulares.

Hasta ahora no se ha autorizado el ejercicio del trabajo privado por profesionales, aunque muchos de ellos, algunos bastante talentosos, se convierten en emprendedores. También se ha dilatado la aprobación de una ley empresarial que algunos esperan autorice la creación de pequeñas y medianas empresas.

Desde octubre de 2010 inició en Cuba el proceso de ampliación del trabajo por cuenta propia. Con esta decisión, el gobierno se propuso desembarazarse de actividades no prioritarias y desinflar las abultadas plantillas de las empresas estatales consideradas ineficientes.

Cuando hace nueve años comenzaron a otorgarse nuevas licencias había en el país poco más de 157. 300 cuentapropistas, que fueron aumentando progresivamente, salvo en periodos en que muchos entregaron sus licencias agobiados por altos impuestos, excesivas regulaciones y voracidad de inspectores.

Tras la publicación de un resumen de las medidas en el diario oficial Granma, en las redes sociales comenzaron a aparecer diversas opiniones, algunas de las cuales consideraron insuficiente lo acordado.

El biólogo Oniel Díaz, de la Consultora Auge, fundada en 2014, opinó que «con estas normas se persiste en el error de limitar la creatividad de la gente. Las medidas llegaron después de 9 meses de espera y no traen lo que se precisa. No estoy sorprendido, la ministra de Trabajo y Seguridad Social (Margarita González) había dicho en la Asamblea nacional (parlamento) que los cambios no serían trascendentes».

A su juicio, se continua «jugando ajedrez con las actividades autorizadas: fusionar estas, separar aquellas y crear unas sin que llegue el jaque mate a la absurda, contraproducente y dañina idea de trabajar con un listado de actividades autorizadas en vez de prohibidas. Las PYMES (pequeñas y medianas empresas) siguen siendo un eco de unas palabras que se dijeron, parecía que con firmeza, hace ya tres años en un congreso del PCC (Partido Comunista)».

Para la emprendedora Marta Deus, «estas normas no responden a la mayoría de las necesidades que tenemos los cuentapropistas. Aprovechamos para pedir una Ley de Pequeñas y Medianas Empresas».