Es evidente la necesidad de una nueva Constitución en Cuba. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. Se trata de un asunto de alta complejidad, muy ambicioso en sus alcances. Además de la redacción de un texto empapado de las ricas experiencias cubanas en materia de real ejercicio de los derechos humanos en su […]
Es evidente la necesidad de una nueva Constitución en Cuba. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. Se trata de un asunto de alta complejidad, muy ambicioso en sus alcances. Además de la redacción de un texto empapado de las ricas experiencias cubanas en materia de real ejercicio de los derechos humanos en su integralidad, su contenido estaría llamado a incorporar a la institucionalidad las novedosas prácticas democráticas cubanas y canales para su ampliación y perfeccionamiento. La Constitución actualmente en vigor fue aprobada en referendo popular en 1976, hará pronto medio siglo. Aunque le fueron introducidas modificaciones parciales por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en 1992 y 2002, su marco histórico ha sido rebasado por los importantes cambios económicos y sociales operados en la isla, sobre todo en los dos últimos quinquenios, particularmente como consecuencia de la implementación de las resoluciones adoptadas en el VI y VII congresos y la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba y de otras medidas gubernamentales adoptadas en los últimos años. Igualmente, por los dramáticos cambios en la situación internacional del último cuarto de siglo y en las formas en que Cuba se relaciona con el mundo. La sociedad cubana de hoy, además, es mucho más culta, diversa y compleja que la de hace medio siglo y ello hace necesario un marco constitucional más inclusivo que lo refleje.
El PCC y el gobierno cubanos le conceden una gran importancia a la elaboración de lo que será la brújula que guie jurídica y políticamente la normatividad legal del país durante décadas. De tal manera que el Consejo de Estado decidió iniciar ya el proceso de reforma constitucional y, como primer paso, crear una comisión de la ANPP que se encargue de esa encomienda, razón por la que la presidencia del cuerpo legislativo convocó a una sesión extraordinaria para elegirla. En ella, el presidente Miguel Díaz-Canel, en nombre del Consejo de Estado, propuso al plenario de diputados que sea Raúl Castro, quien en su condición de líder de la Revolución y primer secretario del PCC la presida. El plenario aprobó los 33 miembros que integrarán la comisión, entre ellos el propio Díaz-Canel como su vicepresidente; José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del PCC, los líderes de todas las organizaciones de masas, estudiantiles y juveniles, así como de los escritores y artistas y un grupo de diputados, entre ellos juristas y constitucionalistas, que ya habían venido trabajando, por decisión del Buró Político del PCC en los estudios previos para llegar a este paso.
Diaz-Canel dejó muy claro que los enunciados de la nueva Constitución tendrán en cuenta «los principios de justicia social y humanistas que configuran nuestro sistema político» y considerar como «pilares inconmovibles la irrevocabilidad del sistema socialista»; y, «ahora más que nunca», «la unidad del pueblo» y el papel dirigente del PCC como «vanguardia organizada y fuerza dirigente superior» de la sociedad y el Estado. También enumeró como tareas de la comisión el evaluar cuestiones que requieren su inclusión en la nueva carta magna como aquellas derivadas de las experiencias cubanas en la construcción del socialismo, el estudio de los procesos constitucionales desarrollados en diversos países, así como profundizar en la historia y tradición constitucional de la isla.
La encomienda central de la comisión es la redacción de un anteproyecto de Constitución que será sometido a una amplia consulta popular. En ella, el pueblo devendrá cuerpo constituyente a lo largo y ancho del país en todas las comunidades, centros de trabajo, planteles educacionales y unidades militares y del ministerio del interior. Una vez concluya esa fase, se procederá a incorporar al texto las propuestas de la ciudadanía, que en una nueva fase será sometida a la aprobación de la ANPP. Finalmente, el documento retornará, ahora en calidad de proyecto, a la ciudadanía, que será quien le dé su aprobación final en un referendo constitucional. A este respecto, Raúl señaló que esta será «una de las tareas más intensas por su contenido, y gigantesca porque moverá al país». Refirió la consulta popular realizada en 2010 sobre los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución, como un referente para el desarrollo del movimiento que se inicia.
Democracia singular la cubana, que debe desenvolverse con la daga del bloqueo reforzado al cuello y de la insolente hostilidad de Washington.
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