El Gobierno de Rajoy prefiere la expulsión de la isla, que evita al dirigente de Nuevas Generaciones pasar por la cárcel. Los de Castro le recuerdan que, además del homicidio imprudente, estaba colaborando clandestinamente con la disidencia
Tal y como esperaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de Cuba ha hecho un gesto en la XXII Cumbre Iberoamericana, que se celebra ayer y hoy en Cádiz, y le ha cogido el guante: el canciller cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, confirmó a su llegada a nuestro país que se «considerará detenidamente» la petición formal de repatriación del dirigente del Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, condenado a cuatro años en la isla por homicidio imprudente. Carromero conducía el vehículo en el que viajaban cuatro personas, dos de las cuales (Oswaldo Payá y Harold Cepero, líderes de la disidencia cubana) murieron en el choque. El cuarto ocupante, el político sueco Jens Aron Modig, resultó ileso y regresó enseguida a su país.
La negociación entre ambos gobiernos está encauzada en cuanto a que Carromero regrese a España, pero el escollo se encuentra, según las fuentes diplomáticas consultadas, en las dos posibilidades que contempla el tratado sobre estos casos: la expulsión del condenado, por la que no habría de cumplir condena, aunque no podría volver a la isla en el tiempo que estimase el decreto, o el cumplimiento íntegro de la pena impuesta en Cuba en alguna cárcel española. El Gobierno de Rajoy es partidario de la expulsión, sobre todo, porque es el deseo de la familia y los compañeros del PP de Madrid del detenido.
Pero el Ejecutivo de Raúl Castro quiere que Carromero cumpla su pena y así lo ha trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores: si sólo se tratara del homicidio imprudente y por cuanto «no hay voluntad dolosa» -informan las mismas fuentes-, la expulsión sería la figura a contemplar, como se hizo el pasado mes de enero con el periodista Sebastián Martínez, detenido por «corrupción de menores», según la justicia cubana. Sin embargo, las autoridades de la isla recuerdan con insistencia al Gobierno que Carromero estaba participando y ayudando en las actividades clandestinas de la disidencia cubana, llevando dinero y colaborando políticamente.
En Cuba, el Código Penal cubano tiene variantes suficientes para que el dirigente juvenil conservador hubiese tenido que enfrentarse a alguna acusación de delito político, que sí contemplan las normas de la isla. Así, el artículo 124 de la Ley núm. 62 condena a penas de hasta 20 años de cárcel a quienes cooperen con la disidencia, aunque especifica que se trate de «grupos armados»: «El que dé abrigo, preste ayuda o suministre provisiones a los grupos o elementos descritos en el apartado anterior [grupos armados] o favorezca de cualquier otro modo sus operaciones, incurre en sanción de privación de libertad de diez a 20 años». Cuba recuerda que, para empezar, Carromero y Modig mintieron al entrar por el aeropuerto internacional José Martí con visado de «turista».
Los tribunales cubanos obviaron este punto en el juicio, aunque no lo han aparcado y apelan al mismo ahora para negociar la salida del líder de NNGG de la isla y que cumpla su condena de cárcel. Los de Castro recuerdan, asimismo, que la pena de cárcel en España por homicidio imprudente es similar a la cubana, tal y como recoge el artículo 142 de nuestro Código Penal: «El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años», junto a la privación del vehículo de motor en su caso.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, está llevando el asunto con «precisión quirúrgica», sostienen los conservadores, porque trabaja a dos bandas: por un lado, negociando con el canciller Rodríguez y, por otro, informando y asegurándose el silencio de la familia y de los compañeros de filas de Carromero en Madrid, cuya oposición activa al Ejecutivo de Raúl Castro es la más contundente del partido. De hecho, la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, llegó a comparar en un discurso al joven detenido en Cuba con la cooperante secuestrada en Somalia desde octubre, Blanca Thiebaut. Fue Margallo quien impuso silencio al partido y a sus dirigentes si querían que Carromero regresase lo más pronto posible a España.