El próximo miércoles, 19 de mayo, quedarán constituidas las nuevas Asambleas Municipales del Poder Popular para un nuevo mandato de dos años y medio; en uso de las atribuciones que le son conferidas, así lo ha dispuesto el Consejo de Estado de la República de Cuba. Buen momento para hacer un breve balance e insistir […]
Como es sabido, la primera vuelta de las elecciones se celebraron el pasado 25 de abril; la segunda vuelta, una semana después -el 2 de mayo-, fue necesaria para 2.121 circunscripciones -el 14% del total de las 15.093 que existen en el país-; y finalmente una tercera vuelta, realizada el 5 de mayo, fue requerida por tres circunscripciones.
Antes de nada se debe subrayar que fueron los propios electores quienes, a través de más de 50.000 asambleas celebradas en todas las circunscripciones del país y en el transcurso de un mes, postularon a los candidatos -34.766-, para finalmente y entre éstos elegir mediante voto libre y secreto a los 15.093 delegados que conformarán las Asambleas Municipales del Poder Popular existentes en todo el territorio nacional. En aquellas asambleas dedicadas a las nominaciones de los candidatos participaron el 84,84% de la población electoral, más de 7.400.000 personas. Una quimera en las llamadas «democracias representativas», donde los partidos políticos son los que postulan, y no la población, que solamente tiene la posibilidad de votar a las listas que aquellos presentan a su medida y semejanza. Esta es la única posibilidad de participación que poseen los «representados», ejercicio, por cierto, que escasamente practican, puesto que las altas abstenciones que cosechan son realmente escandalosas. Después, durante toda la legislatura y hasta la siguiente cita electoral, el elector es relegado al más absoluto de los olvidos.
Los enemigos de la Revolución argumentan ridículamente y a menudo, para tratar de desacreditarla, que en Cuba sólo existe un partido político. Lo que no dicen es que el Partido Comunista de Cuba -PCC- no postula ni interviene para nada en los procesos electorales del país revolucionario, porque el PCC, muy al contrario de lo que ellos exigen que debe ser, no es un partido electorero, y además permanece ajeno a la politiquería, la demagogia y el clientelismo al que de manera permanente incurren la inmensa mayoría de los partidos en el mundo.
La Constitución Socialista de la República de Cuba -cuyo proyecto fue discutido prácticamente por toda la población y aprobada en 1976 por el 97,7% del electorado, con una participación en el referéndum del 98%- [1] otorgó al PCC el papel de fuerza rectora principal de la sociedad cubana. Luego, como se puede observar, el PCC no es una imposición, sino la voluntad popular, el resultado natural y democrático de las condiciones del proceso social. El PCC, resultado del proceso de unidad de todas las fuerzas revolucionarias y fundado el 3 de octubre de 1965, no solamente dispone -por voluntad popular, insisto- de valor jurídico sino que además está amparado por los planos políticos e históricos -también Martí creo el Partido Revolucionario Cubano para unificar a «todos los hombres de buena voluntad» y hacer la revolución.
El PCC, que nunca apostó por la cantidad de su militancia sino por su calidad -en la elección de ésta interviene ampliamente las masas-, cumple su cometido estrechamente ligado al pueblo, ya que siempre somete a consideración las principales líneas políticas a las masas. Fidel lo dijo de esta manera: «El partido ha contado y cuenta con esos poderosos brazos que constituyen las organizaciones de masas. Ellas son incuestionablemente el enlace que asegura su más estrecha vinculación con las amplias masas». También expresó acertadamente que «detrás de nuestro partido está el pueblo entero».
La existencia del partido único en Cuba no es, pues, ningún obstáculo para que el proceso revolucionario sea democrático; más bien todo lo contrario, ya que el sistema multipartidista fue inventado única y exclusivamente para dividir a los pueblos.
Como en todas las elecciones realizadas desde 1976 en la tierra de Martí, el día 25 de abril el índice de votantes que acudió a las urnas fue muy elevado. De un censo de 8.562.270, votó el 95,89%, es decir: 8.207.946 personas. De éstas, 376.564 -el 4,59%- votaron en blanco; 352,622 -el 4,30%- optaron por el voto nulo; y 354.324 por la abstención -el 4,11%-. Las boletas válidas ascendieron a 7.478.760 -el 91,11%-. ¿En qué otro país del mundo la participación de la población, tanto en el proceso de postular como en el de elegir depositando los votos en las urnas, es tan elevada? En las ya mencionadas «democracias representativas» también es una quimera alcanzar el nivel participativo, consciente y entusiasta, de la población cubana. Y quede claro que en Cuba nadie está obligado a votar, puesto que la ley no contempla sanción alguna para el que no lo haga e, insisto, el voto es secreto y voluntario.
El proceso electoral comenzó a primeros de enero, cuando el Consejo de Estado anunció la convocatoria. De ese tiempo a esta parte, todo lo acontecido dentro del mismo fue ignorado por los medios de comunicación reaccionarios de todo el mundo -en la mayoría de los casos- o tergiversado descaradamente. El silencio sobre un proceso electoral altamente participativo y democrático, como es el cubano, se refleja en la equivocada creencia por parte de no pocas personas de que en Cuba no existen elecciones, o de que los dirigentes revolucionarios ocupan sus cargos porque sí, porque ellos mismos así lo deciden. Pero, como ha quedado demostrado, la realidad es otra bien distinta y, precisamente porque deja en evidencia a los «demócratas» occidentales -integrantes de parlamentos y gobiernos que en su mayoría trabajan para el gran capital-, éstos tratan de ocultar o tergiversar la realidad cubana durante los procesos electorales y fuera de ellos.
Uno o dos días antes de las elecciones, por ejemplo, un periódico del derechista Grupo Vocento (des)informó sobre las elecciones cubanas otorgándole un espacio en sus páginas al tal Fariñas, ese individuo que antes de convertirse en «demócrata» y «disidente» golpeó a una trabajadora en un hospital y a una señora que, a resultas de la golpiza, se le hubo de extirpar el bazo. Este siniestro individuo, que al parecer lleva más de setenta días en huelga de hambre y de sed -un cuerpo humano puede aguantar ese tiempo sin ser alimentado, pero ¿sin ingerir líquido?-, dijo que las elecciones en Cuba son un fraude. Mal deben andar de imaginación los responsables de los órganos oficiales del gran capital, escasos o nulos de argumentos para tener que recurrir a tan impresentable personaje con el perverso objetivo de tratar de desacreditar a una Revolución, que si pervive después de 51 años de ataques externos es precisamente por la continuada identificación del sistema con el interés de la inmensa mayoría de la población en todos esos años.
A los «demócratas» occidentales no les interesa, les aterra más bien, que se sepa que en Cuba los cargos deben rendir cuentas periódicamente a sus electores, y que los propios electores que les postulan y eligen pueden revocar sus mandatos mediante asamblea popular siempre que lo consideren necesario. A los «demócratas» occidentales no les interesa, les aterra más bien, que se sepa que en Cuba el dinero no es factor fundamental para ganar las elecciones, ya que los candidatos no pueden ni necesitan gastar ni un solo centavo -en Cuba se elige a los representantes del pueblo por sus virtudes, méritos y capacidades, y todos parten con las mismas posibilidades materiales de ser elegidos-. A los «demócratas» occidentales no les interesa, les aterra más bien, que se sepa que el trabajo que los delegados y diputados llevan a cabo «con todos y por el bien de todos» lo hacen sin recibir remuneración alguna; que únicamente cobran aquellos cuyos cargos les exige dedicación a tiempo completo, y que en ese caso reciben el mismo sueldo que cobraban en sus centros de trabajo, a los cuales volverán una vez finalizados sus mandatos. A los «demócratas» occidentales no les interesa, les aterra más bien, que se sepa que el pluripartidismo no es sinónimo de democracia ni de diversidad de pensamiento; que los partidos a los que ellos pertenecen y dirigen -empresas privadas altamente subvencionadas con el dinero del contribuyente- son totalmente prescindibles para el democrático desarrollo de los procesos electorales y la gobernabilidad de los países…
No les interesa, en definitiva, y les aterra a los «demócratas» occidentales la existencia de Cuba revolucionaria y socialista porque, sin proponérselo, la realidad cubana desmiente sus hipócritas discursos y deja en total evidencia la permanente estafa que sufren sus «representados».
[1] En la discusión del proyecto participaron alrededor de 6.200.000 personas pertenecientes al Partido, los sindicatos, los CDR, la FMC, la ANAP, la FEU, la FEEM, las unidades militares y las misiones cubanas en el extranjero. Si exceptuamos a los niños y tenemos en cuenta que en 1976 la población de Cuba era bastante menor que la de ahora, llegaremos a la conclusión de que de forma directa y personal prácticamente todos los habitantes participaron en el examen del documento. 5.500.000 se pronunciaron a favor de mantener el texto sin modificaciones, y 16.000 propusieron algunos cambios, que fueron respaldados por algo más de 600.000 participantes. Enriquecido su contenido por la discusión popular a través de infinidad de asambleas en todo el territorio nacional, la Constitución Socialista fue probada por el Congreso, y, finalmente, mediante referéndum, también por el 97,7% de la población electoral. Los cambios realizados en diferentes momentos y por diversos motivos también contaron con la participación de la inmensa mayoría de la población.
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