Hubo un tiempo en que la adversidad, la inseguridad o la mala racha de las personas encontraba cobijo en la red protectora de un minorizado y modesto Estado de Bienestar (EB) español y sus sucursales autonómicas. Un estado protector, todo hay que decirlo, de muy corto recorrido. En otros países europeos, lanzados por la potente […]
Hubo un tiempo en que la adversidad, la inseguridad o la mala racha de las personas encontraba cobijo en la red protectora de un minorizado y modesto Estado de Bienestar (EB) español y sus sucursales autonómicas. Un estado protector, todo hay que decirlo, de muy corto recorrido. En otros países europeos, lanzados por la potente industrialización posbélica de la Segunda Guerra Mundial y las crecientes dinámicas de polarización social consiguientes, las políticas sociales trataron de disminuir la tensión entre capital y trabajo en un contexto de «relativa» paz social. Y ese fue el pacto: tranquilidad laboral a cambio de seguridad vital y cobertura de necesidades de las clases trabajadoras y medias contribuyentes. Este pacto generó una estructura protectora de alta intensidad. No ocurrió lo mismo en el reino de España.
El sistema de protección social español tiene una historia muy corta si la comparamos con otras naciones de corte socialdemócrata de Europa. España confeccionó su propio EB en la época franquista con unas características muy concretas. Por un lado se diseñó, si es que hubo diseño y planificación, un sistema de ayudas directas e indirectas ligadas a unas estrategias y una concepción familista-patriarcal de la existencia y las relaciones socio familiares y laborales. Ese sistema protegía a las familias y en su nombre operaba el pater familias que representa el pilar indiscutible de la protección e intraprotección. Por otro lado, los ideólogos del asistencialismo franquista, además de aprovechar la rémora histórica de una coyuntura fuertemente asistencialista y caritativa de corte religioso, trataron de fidelizar a una clientela pre-obrerista a cambio de una dominación social visible e invisible en un contexto de autarquía económica y alto proteccionismo.
En plena dictadura y después de la Guerra Civil, el estado social franquista se define por un primitivo modelo de Acción Social que pretende estabilizar y doblegar a un país desangrado por las heridas de una guerra sin piedad. En un segundo periodo (1959-1978) se afianza una Asistencia Social que sin abandonar su caritativismo discrecional incorpora algunos elementos de subjetividad prestacional. En él, el principal destinatario es la nueva clase obrera que se generó en los años 60 a raíz de la industrialización desarrollista del periodo franquista regido por los tecnócratas conocidos como los «lopeces». En esta etapa se aprueban las bases de un sistema integrado de Seguridad Social y se plantean las primeras intenciones de universalidad subjetiva. En este sentido es importante la aprobación en 1963 de la ley de Bases de SS. Un tercer periodo vendría definido desde 1978 a nuestros días. En esta etapa la Constitución de 1978 va a marcar el camino de una amplia serie de reformas de amplio calado. De suma importancia es el artículo 41, considerado clave para entender el sistema público de protección en España y que diseña el actual modelo de Seguridad Social.
Es a raíz de los años ochenta y noventa cuando se produce, al descentralizar el modelo de estado y tras la asunción de competencias autonómicas y municipales, la eclosión de los actuales servicios sociales y el resto de sistemas «ordenados» de protección social. Hasta el año 2007 podríamos decir que el modelo de protección español, sin ser excelente, sin llegar a los niveles europeos, incluso muy por debajo de las exigencias europeas y con graves déficits de coordinación, orientación, lógica y desempoderamiento político y económico, ha tenido unos efectos paliativos sobre las poblaciones más vulnerables que han permitido, si no reducir la pobreza y la exclusión, sí al menos evitar su pandemia.
Sin embargo, a partir de 2007 se inicia un ciclo viral de descomposición. La crisis, su gestión económica, emocional y política y los sucesivos recortes, centrados en determinadas esferas de la intervención estatal, han colapsado -si no reducido a cenizas- el sistema de protección social español. Por encima de las cifras, por encima de las exigencias de Europa y de su casta de recortadores, el gobierno de Rajoy ha introducido mecanismos de gestión de la pobreza, la adversidad o la precariedad social en sus múltiples variantes avalados por los nuevos postulados de dominación y control ultraliberal.
Hay en esta nueva etapa de gestión de la crisis, al menos en su dimensión relacionada con los sistemas de protección social, varias estrategias que confirman una nueva fase, la que va sustituyendo al Estado Social protector por el nuevo Estado penal que intenta transferir responsabilidades privadas a la ciudadanía haciéndola responsable de sus propias adversidades y ante las cuales las personas se convierten en los principales gestores de su destino. Algunos elementos de reflexión y claves que podrían sustentar esta deriva serían los siguientes.
1.- La crisis económica ha agudizado la individualización de las conductas hasta el paroxismo, pero no como un profiláctico ante la misma al estilo del sálvese quien pueda , que también, sino como herramienta de poder y control social. Y esto tiene que ver con el concepto denominado «gobierno de las voluntades» que vendría a ser algo así como las prácticas y los discursos centrados en el control de las conductas y los pensamientos de la gente con el objeto de conseguir que la propia ocupación y la propia manera de estar en el mundo y enfrentar la realidad, por dura que sea, refuerce el control del Estado, exculpe a éste de toda responsabilidad y justifique la inviabilidad natural de alterar el orden de las cosas y las propias trayectorias personales.
No sólo la crisis ha cambiado o remodulado el discurso sobre la pobreza, el desempleo, la precariedad o la exclusión social. No sólo han cambiado sus ecos y sus resonancias sociales. También el discurso político y económico -que justifica la crisis y la reproduce- ha creado un nuevo sujeto social perfectamente adaptado a esta nueva situación. Un sujeto que, además de padecer una grave crisis de individualidad, ahora se autoinculpa de su situación personal y social. Se inmola en una pira alimentada de culpas que han caído sobre él sin su consentimiento o ejecución. Ahora este sujeto tiene una noción de sí mismo y de su experiencia vital moralmente reprochable. Obsérvese al desempleado o el cliente de los servicios sociales que acude a éstos para solicitar un subsidio o prestación económica. No sólo evidencia una situación de precariedad o exclusión social, consecuencia de una estructura social desigual que raramente es observada o identificada por los profesionales que le atienden, incorpora además un juicio moral sobre sí mismo y así es evaluado.
Es la nueva sociología y también la filosofía del derecho quienes advierten de una invisible implantación de un estado de excepción punitivo cuya finalidad no es otra que vigilar y castigar al insolvente, al pobre, al precariado, a las nuevas poblaciones subyugadas por el tiempo del no ingreso, el paro desesperado y una atención social fiscalizadora fuertemente criticada a su vez por generar altas tasas de dependencia social. Un autor imprescindible que nos permite un acercamiento a esta fenómeno es Loïc Wacquant quien explica a través de sus dos textos de referencia, Castigar a los pobres y Las cárceles de la miseria, un escenario en el cual «todos esos dominios -la ciudad, el cuerpo, la cárcel, el neoliberalismo, las modalidades contemporáneas de beneficencia…- son cómplices necesarios unos de otros y funcionan de manera coordinada»1.
Y es que la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de ese EB, principales estrategias del neoliberalismo agresivo poscrisis, requieren, según este autor, una política policial y carcelaria de sujeción para garantizar la sumisión y disuadir de cualquier desacato o deserción a sus víctimas. De esta misma manera las políticas sociales y las atenciones desde los Servicios Sociales no operan, salvo excepciones, más allá del consuelo y la supeditación. Es la nueva reformulación del estado social convertido en penal, esa posibilidad, esa abertura que se produce en las prisiones reales, cuyos muros se trasladan al conjunto de los cuerpos de la propia ciudadanía y los cuerpos de las ciudades. Funciona así una lógica que «aglutina y fusiona las políticas asistenciales, las de intervención urbana y las jurídico-policiales, haciendo que todas acaben siendo una sola máquina, cuyo destino último es acabar somatizándose, es decir encarnándose literalmente en cada cuerpo humano»2
2 .- En este nuevo contexto, la cuestión del riesgo o de la vulnerabilidad social se plantea más en términos morales y particulares que políticos o sociales. Se proyecta así un estado social mermado estructuralmente y con una clara tendencia privatizadora, que se reconvierte en terapéutico, penal y fiscalizador con sus clientes más débiles quienes banalizan o normalizan su propia adversidad. En este entorno también las nuevas políticas sociales, especialmente las políticas pasivas de empleo y las políticas en materia de intervención social desplegadas por el sistema de los servicios sociales arremeten, en su versión más populista, contra la dependencia e institucionalización del EB como si de una nueva patología moral se tratara. Y son los orientadores de empleo y los trabajadores sociales, entre otras profesiones, los encargados de dirigir la cruzada. Porque desde estos sistemas se insiste en la responsabilidad personal, en la obligación de construir el propio proyecto vital y la gobernanza sobre sí mismo para generar una autonomía frente al mercado y frente a sus propias responsabilidades. Se insiste en la motivación como estrategia personal para afrontar la vulnerabilidad y se insiste en la gestión de las propias habilidades y en la mejora de las propias competencias como elemento dinamizador de un cambio de rumbo vital. Se reclama la incentivación del sujeto independiente y competitivo olvidando que éste está muy determinado por relaciones de interdependencia socioeconómica, las cuales explican su vulnerabilidad y precariedad. De lo que trata ahora el Estado higiénico-terapéutico es de preparar a los sujetos, a través de la habilitación de diversas destrezas, para transitar mejor instruidos por el extenuante camino de la precariedad. Se insiste así en el fomento de la autonomía del sujeto a través de cursos de habilidades socio-personales, técnicas de capacitación, itinerarios personalizados o planes personificados de inserción. Herramientas, dicen, que tratan de reforzar el empoderamiento personal pero que interiorizan modelos de autoflexiguridad personal que confirman su dependencia de un mercado laboral al cual difícilmente van a acceder y que no admite réplicas ni decisiones ajenas a él. Más aún, se anima y exige a los sujetos a ser autónomos en un mercado que se rige por leyes ajenas a los propios sujetos y al control de su propia voluntad de cambio. Y es que estas dinámicas individualizadas tratan de dotar al sujeto o cliente de herramientas y guías para facilitar su propia gestión del riesgo, pero no para protegerle frente a la adversidad derivada del mismo. Eso queda ya en el olvido. Se destierran así, en el discurso de la intervención social, las responsabilidades del Estado, la influencia de las estructuras, las responsabilidades de las empresas y las contradicciones y relaciones asimétricas del mercado, se olvida en definitiva el radical y necesario discurso político, ese que invisibiliza las actuales contradicciones e injusticias del poscapitalismo estetizado y que se han instaurado como inapelables exigencias de la naturaleza. Es así como la intervención social ejercitada por las profesiones sociales, laborales, psicosociales y otras profesiones relacionadas con la ayuda relacional, están sucumbiendo cuando no participando de esta estrategia neoliberal de incentivación de la individualidad y naturalización de la propia adversidad personal o social, de esta maniobra discursiva en la que procesos de desarraigo, desempleo prolongado y vulnerabilidad de carácter fundamentalmente económico se normalizan y psicologizan de manera natural introduciendo en los mismos leyes de carácter inalterable.
Es necesaria una redefinición del trabajo psicosocial, de la intervención social y del propio discurso que sustenta estas disciplinas y que en los últimos años está contribuyendo a la despolitización de la realidad social en perjuicio de una excesiva politización del sujeto débil y empobrecido. Esto implica una necesaria reformulación del concepto de ciudadanía, en la actualidad concebida como un estatus que debe ser ganado a pulso más que un derecho inalienable del Estado emancipador generador de oportunidades igualitarias. Estas prácticas neoliberales, o los efectos secundarios de las mismas, de la nueva intervención social forman parte de lo que en inglés se denomina churning, o el aumento de la severidad de los requisitos para beneficiarse de ayudas públicas. Pero también de un proyecto global de pensamiento, palabra obra y omisión que refuerza la idea de una sociedad en la que la lucha de clases ha desaparecido invisibilizada por estas prácticas ultraliberales.
3.- Es en este contexto en el que surgen dinámicas sociales que requieren un alto para la reflexión. Frente al aumento de la crisis, de sus estragos sobre las familias, los colectivos sociales, las poblaciones más desfavorecidas y sobre una población que nunca había precisado de la atención de los servicios sociales, se ha articulado un frente cívico de alta solidaridad privada que ha convertido al reino de España, con sus casi diez millones de pobres, en una ONG de dimensiones gigantescas. Bancos de alimentos, comedores sociales, gincanas solidarias, telemaratones, colectas y otras actuaciones con muy buena intención privada están generando un nuevo escenario más propio de la beneficencia decimonónica que el de un sistema de garantías sociales articuladas y relacionadas con el derecho subjetivo y la ciudadanía. Esa solidaridad horizontal entre iguales, que no vertical entre quien más tiene y quien carece de recursos, construye un nuevo asistencialismo caritativista adornado de buenismo social. Estas prácticas bienintencionadas de gestión alternativa de la pobreza provocan un paternalismo neoliberal encubierto. Algo sobre lo que habría que reflexionar seriamente pues ello reproduce dinámicas invisibilizadoras de las políticas sociales neoliberales y contribuye a la ocultación de la lucha de clases existente en nuestra realidad.
4.- La crisis de 2008 activó los mecanismos reproductivos de un «nuevo capitalismo de Estado», un sistema que confiscó y confisca la riqueza social a través del impuesto. O la deuda transferida. Y es que el proceso de acumulación está gobernado por el capital financiero, que «absorbe sectores no rozados aún por él, como la salud o la educación, y que tiende a identificarse con la vida misma»3. De esta manera, la deuda económica contraída por los Estados en función de sus estrategias económicas de crecimiento, manufacturización y consumo publico y privado – y sobre todo generada por la codicia bancaria y sus estrategias de crédito- está siendo utilizada, además, como una estrategia de control social. Como dice Maurizio Lazzarato en su texto: Gobernar a través de la deuda: » ¿Qué le sucede al hombre endeudado durante la crisis? ¿Cuál es su principal actividad? La respuesta es muy simple: paga». Pero este autor va más allá del análisis en vacío de la deuda. Para Lazzarato la deuda no es, en principio, solo un asunto contable, una relación económica, sino una relación política de sujeción, de control social y objeto de servidumbre. La deuda infinita, inexpiable, impagable, sirve para disciplinar a las poblaciones, para redefinir reformas estructurales, para activar ajustes totalitarios, e incluso para «suspender la democracia en beneficio de «gobiernos técnicos» subordinados a los intereses del capital».
Así, l a deuda con mayúsculas, la contante, la sonante y la inventada, ha sido transferida a la ciudadanía en clave de deuda privada actuando como elemento simbólico de expiación personal y social. Es decir, cuando Rajoy dice que «en este barco vamos todos», lo que trata de decirnos es que todos somos igual de responsables ante ese simbólico haber «gastado por encima de nuestras posibilidades». La estrategia funciona como culpabilización individualizada ante una situación social y económica cuya responsabilidad es ajena a la mayoría de la población inculpada. Como un elemento más del estado punitivo que nos transfiere culpas antes las cuales hay que pagar un alto coste, personal y social.
Ante las estrategias aquí mencionadas y que constituyen algunas claves interpretativas del nuevo estado socio-penal encubierto, urge reconceptualizar los análisis de las Políticas Sociales. Porque la criminalización de la pobreza y la desigualdad social fragmenta la ciudadanía, la democracia e inaugura un nuevo modelo de inseguridad social.
Notas:
1 Delgado, Manuel «Del estado social al estado penal», EL PAIS, 4 agosto de 2012
2 Ibídem
3 Maurizio Lazzarato: «Gobernar a través de la deuda. Tecnologías de poder del capitalismo neoliberal«, Amorrortu editores, 2015
Paco Roda. Trabajador Social. Ayuntamiento de Pamplona-Iruñeko Udala
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