El Gobierno ha remitido, por fin, a las Cortes el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Todavía se desconoce con que apoyos contara para su aprobación definitiva, que supere el tránsito entre prórroga y prórroga, desde aquellos aprobados en la lejana época de Cristóbal Montoro. María Jesús Montero está que no cabe en si de gozo, pero la espera un calvario hasta que pueda verlos aprobados, si lo ve.
El texto pactado entre los socios del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) avanza en el gasto social para combatir los efectos de la pandemia e incorpora subidas de impuestos para ingresar unos 6.000 millones adicionales en el 2021 y otros 2.323 millones en el 2022 (8.342 millones en dos años). Estas son algunas de las medidas que incorpora el Proyecto y los acuerdos de última hora (alquileres e ingreso mínimo vital) que permitieron salvar la negociación presupuestaria entre PSOE y UP.
La ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es considerada la ley anual más importante de un gobierno, que determina su política en la mayoría de los ámbitos, además de ser la base sobre la que se mueve la economía del Estado. Los aspectos básicos están definidos por el artículo 134 de la Constitución, que establece que el Gobierno debe elaborar anualmente los PGE y las Cortes Generales aprobarlos. Si los presupuestos no son aprobados antes del ejercicio correspondiente, quedan automáticamente prorrogados los del año anterior.
En definitiva, los PGE son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer el sector público y de las estimaciones de ingresos que se prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio y, por ello, constituyen una pieza esencial en la ejecución anual del programa político del Gobierno. Los Presupuestos traducen en cifras las opciones políticas y económicas reales del Ejecutivo, por lo que el debate presupuestario se caracteriza como el debate político por excelencia y en ello estamos. España necesita unos nuevos presupuestos que desbloqueen algunas inversiones fundamentales y superar los aprobados por el PP en el año 2018, prorrogados sucesivamente durante estos pasados años.
El Consejo de Ministros fijó el límite de gasto no financiero de 2021, el conocido como techo de gasto, «un paso imprescindible para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado«, según apuntó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aseguró que ese límite de gasto no financiero para 2021 «no admite comparación con ejercicios pasados». Se trata del techo de gasto de unos Presupuestos que nacen para combatir la mayor pandemia a la que se ha enfrentado el mundo en el último siglo y engloba parte de los fondos europeos y transferencias extraordinarias a la Seguridad Social y Comunidades Autónomas. Montero anunció que el límite de gasto para 2021 «crece de forma notable» y se sitúa en 196.097 M€, para ayudar al crecimiento económico, dar mayores oportunidades de empleo, combatir la desigualdad y «hacer que nadie se quede atrás, como ocurrió en la crisis anterior».
El presidente Pedro Sánchez y el Vicepresidente Pablo Iglesias han presentado «los Presupuestos que dejan atrás la etapa neoliberal y los recortes«, tirando de los fondos de Europa. El presidente y el vicepresidente han desgranado las líneas generales de las cuentas para 2021, cuyo borrador cerraron in extremis los negociadores del PSOE y de Unidas Podemos, que deberán ahora buscar los apoyos parlamentarios; y no lo tienen fácil. El objetivo del proyecto presupuestario es «reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19», pero también «modernizar nuestro modelo productivo».
Se trata de garantizar una recuperación económica, un crecimiento económico sobre bases más sólidas en un mundo post pandemia: con una mejor educación, una mayor inversión en ciencia, una mejor formación a lo largo de la vida en el ámbito laboral y una apuesta decidida por la innovación, la transición ecológica y la transformación digital. El presidente Sánchez resaltó que uno de los objetivos fundamentales de la política económica «debe ser fortalecer nuestro patrimonio común, nuestro estado del bienestar con un sistema nacional de salud que tiene que ser mucho más robusto, unas pensiones que deben garantizar la dignidad de nuestros mayores y el ingreso mínimo vital». Por su parte Pablo Iglesias resaltó que las cuentas del año que viene, llevarán a España «a la senda de la recuperación de derechos sociales y laborales», así como a abordar «las transformaciones económicas que son necesarias desde hace mucho tiempo, pero que se han vuelto inaplazables por la pandemia».
La repetición de las elecciones generales abocó al Gobierno en funciones a tener que prorrogar los Presupuestos elaborados en 2018 por el PP. Montoro ha reconocido que su proyecto hasta ahora prorrogado «viene a constatar que los PGE eran efectivos en términos de garantía y prestación de los servicios públicos y, sobre todo, para seguir impulsando el bienestar de los españoles». El exministro sostiene que la subida de impuestos propuesta «es un error» que, a su juicio, atiende a intereses «ideológicos». Cristóbal Montoro considera que «no hay entendimiento político en España, lo que hay incluso es demasiada crispación en los debates públicos y políticos ante una situación de emergencia tan excepcional como es hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias económicas y sociales«.
Las cuentas de 2018, se aprobaron con un Gobierno en minoría, pero tenían la ventaja de haberse pactado con otros partidos como Ciudadanos, PNV o Coalición Canaria. Fueron elaboradas por el Gobierno del PP, bajo la tutela del ministro de Hacienda, si bien fueron definitivamente aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ganó la moción de censura a Mariano Rajoy, durante el trámite parlamentario de los presupuestos. Pero ese Gobierno del PSOE, con 84 escaños, no fue capaz de sacar sus presupuestos para 2019, lo que provocó la convocatoria de elecciones.
Al no haber límite constitucional, unos PGE pueden prorrogarse indefinidamente, aunque sí hay un límite político y un Gobierno que no fuera capaz de sacar adelante sus cuentas, debería convocar elecciones. De otra parte, la ausencia de nuevas medidas lleva a un agotamiento del crecimiento económico. La prórroga presupuestaria no es nueva en España; se produjo anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, pero podría ser la primera vez que se prorrogasen tres años consecutivos.
El sindicato UGT considera que la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, constituye una buena noticia, de cara a establecer las líneas principales de ingresos y gastos para el año que viene y, lo que es lo mismo, las políticas esenciales que deben desarrollarse. A falta de las negociaciones pertinentes, UGT reclama a los grupos políticos responsabilidad para aprobar, con las mejoras oportunas, estas cuentas públicas cruciales para el desarrollo de nuestro país. El sindicato reitera su voluntad de aportar sus propuestas al proyecto, como ya han hecho con anterioridad, tanto con la «Propuesta sindical para la construcción de un nuevo país. Un país con futuro», presentada en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso.
La aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 supone un gran alivio para el Gobierno de coalición. Ahora deben pasar el filtro del Congreso, lo que derivará en duros debates, incluso dentro del Gobierno. Si en las filas del PSOE apuestan por contar con los diez diputados de Ciudadanos para ofrecer una imagen de apoyo amplio y transversalidad política, en Unidas Podemos empujan para dejar fuera del acuerdo presupuestario a los de Inés Arrimadas ante el riesgo de que rebaje los avances sociales incluidos. El presupuesto del año que viene, prevé un gasto social que representa el 19,6% del PIB; el más alto, al menos, desde 2009.
El Grupo Socialista ha comenzado su campaña explicativa territorial. «Son unos presupuestos extraordinarios para una situación extraordinaria«, en opinión de Rafael Simancas. «Son los presupuestos que necesita la sociedad española para enfrentar con éxito la mayor crisis de nuestras vidas derivada de la pandemia por la Covid-19 y sus consecuencias en la economía, el empleo y la vulnerabilidad social». El Grupo Socialista defiende que son los PGE más sociales de la historia de la democracia, con las inversiones sociales más importantes, y «son los PGE para la modernización y transformación del país».
Unos Presupuestos progresistas que supondrán la mayor inversión pública en unas cuentas del Estado; más de 239.765 millones de euros, con un incremento impositivo importante para reducir la brecha de ingresos fiscales de más de siete puntos que nos separa de Europa.
El debate sobre los PGE representa una oportunidad para impulsar un cambio en la orientación de las políticas económicas aplicadas en España. Unos Presupuestos para la recuperación de la economía y los buenos empleos, así como para levantar un escudo social, para que nadie quede atrás y modernizar la sociedad y la economía española. Tiene que haber acuerdos ante un problema de salud pública para el que nadie tiene una solución definitiva, como estamos viendo en el ámbito europeo y mundial
@caval100