Que en estos últimos días el Ministerio de Ciencia e Innovación esté insertando en todos los periódicos una página entera de publicidad para cantar las excelencias del Proceso de Bolonia es ya síntoma de que algo no va bien. Lo que está pasando aquí es que primero las autoridades deciden, luego proclaman la evidencia de […]
Que en estos últimos días el Ministerio de Ciencia e Innovación esté insertando en todos los periódicos una página entera de publicidad para cantar las excelencias del Proceso de Bolonia es ya síntoma de que algo no va bien. Lo que está pasando aquí es que primero las autoridades deciden, luego proclaman la evidencia de lo decidido y finalmente buscan la argumentación ideológica para justificar lo que previamente han decidido que hay que hacer. Pero el procedimiento, no por conocido, es menos perverso. Viene esto a cuento de la respuesta a la última pregunta del catecismo ministerial: no hay que promover ningún referéndum al respecto porque el Proceso de Bolonia ha sido aprobado por las Cortes con amplio consenso. La argumentación en esto es circular y es perversa.
Es circular, porque ya en la respuesta a la primera pregunta que se hace a sí mismo, como si se la hiciera a los estudiantes, el catecismo ministerial da por supuesta la bondad del Proceso: promover la movilidad de estudiantes y profesores y lograr una universidad europea de calidad. Nadie conoce a nadie en la universidad que haya objetado tan buenos propósitos. Y me imagino que, planteada así la cosa, tampoco había motivos para objetar en las Cortes. Movilidad y calidad: estupendo. Por consiguiente, Fulano Presidente, que se decía por estos pagos no hace mucho. Y por consiguiente tampoco en este caso hará falta referéndum sobre algo acerca de lo cual parece existir un acuerdo universal. Pero además de circular, el argumento ministerial es perverso, porque son ya muchos los presuntos implicados, o sea, los estudiantes universitarios, que dicen que la mejor manera de resolver el conflicto es precisamente el referéndum. Y no sólo lo dicen sino que, encima, en los casos en que tal referéndum se hace, lo están ganando por abrumadora mayoría. Se ha aducido al respecto que son pocos los estudiantes que votan. Y es verdad. Lo que no se dice, pero es igual de verdad, es que los estudiantes universitarios que han votado a las autoridades que ahora les niegan el referéndum son aún menos. Se puede estar en contra de que haya que resolver el actual conflicto universitario por la vía del referéndum aduciendo razones prácticas o de oportunidad, pero siempre a condición de dar voz a los críticos que, con razón, no se sienten representados en los actuales órganos de gobierno de la Universidad. Eso no es romper las reglas del juego democrático. Es mejorarlas.
Lo peor que puede pasar ahora es que las autoridades se enroquen en su castillo considerando que los críticos, estudiantes y profesores, están desinformados o simplemente tienen ganas de armar lío. Pues esto genera la conocida espiral que lleva directamente al callejón sin salida. Es lo que se está viendo ya en la Universidad Pompeu Fabra, donde las autoridades han hecho entrar cuatro veces a la fuerza pública en dos semanas para desalojar a los protestantes, que, me consta, son en su mayoría personas adultas, informadas, dialogantes y con un sentido del humor que otros quisieran para sí. Otro pésimo síntoma de este enrocarse es que, ante la brutal intervención de la policía en la universidad de Barcelona y en las calles el día 18, las autoridades académicas (y con ellas los dirigentes políticos) parecen estar dando más crédito a las acusaciones de los responsables de la violencia que a las quejas de los representantes de las asambleas estudiantiles, de los estudiantes agredidos y de los profesores que hemos sido testigos directos de esta brutalidad. Me temo que hay al menos cuatro cosas que las autoridades universitarias no quieren ver:
La defensa que están haciendo de la autonomía de las universidades resulta poco creíble cuando, por una parte, se refuerza de hecho el vínculo mercantil de dependencia respecto de las empresas (sin discutir pormenorizadamente la relación) y, por otra, se solicita de la autoridad política la presencia en los campus de las fuerzas del orden para cortar de raíz toda manifestación crítica. Eso va contra una ley no escrita pero consuetudinaria. Y sólo puede traer malestar. No se puede empezar diciendo que el Proceso de Bolonia tiene que hacerse a coste cero y luego gastar el dinero que se está gastando en publicidad. Un cambio estructural y metodológico, que implica más y mejor formación pedagógica del profesorado y más dedicación, no puede hacerse sin coste. Esto lo saben estudiantes, profesores y personal de la administración.
Cuando se inició el Proceso de Bolonia, hace diez años, vivíamos en plena euforia neoliberal. Ahora vivimos en plena crisis económica. La palabra competición, tan querida de los ideólogos del neoliberalismo, ha dejado de tener el efluvio adormecedor que tuvo. Ignorar que hemos entrado en una fase histórica distinta, con tasas de desempleo abrumadoras, y que esto está teniendo ya efectos en las expectativas de los estudiantes universitarios es de una irresponsabilidad manifiesta.
Decir a los estudiantes que, como consecuencia del Proceso de Bolonia, las universidades van a diseñar diferentes vías para compaginar estudio y trabajo es, en las actuales circunstancias, como decir misa. El porcentaje de estudiantes universitarios que tiene que compaginar ya estudio y trabajo no ha hecho más que crecer en los últimos años. Y con completa independencia del Proceso de Bolonia. La articulación del Proceso no hace más que agudizar un problema ya existente. Y la mayoría de los estudiantes de las universidades en que el Proceso está en marcha no ven flexibilidad por ninguna parte. Lo viven como un agobio. Y buena parte del profesorado, también.
Francisco Fernández Buey es Catedrático de Filosofía Política en la Universidad Pompeu Fabra