Hace hoy dos años Mubarak se veía obligado a abandonar el palacio presidencial de El Cairo y los gritos de «Pan, libertad y justicia social» pasaban a ser cánticos de júbilo en la plaza Tahrir (y que tahrir signifique ‘liberación’ cobraba un nuevo sentido) y en otros tantos lugares. Pero en la casa de Muhammad […]
Hace hoy dos años Mubarak se veía obligado a abandonar el palacio presidencial de El Cairo y los gritos de «Pan, libertad y justicia social» pasaban a ser cánticos de júbilo en la plaza Tahrir (y que tahrir signifique ‘liberación’ cobraba un nuevo sentido) y en otros tantos lugares. Pero en la casa de Muhammad Seddiq no había nada que celebrar. «El 11 de febrero, el mismo día del derrocamiento de Mubarak, me llamó para decirme que lo habían arrestado. No sé nada de él desde entonces». Se lo cuenta la madre de Muhammad Sediq, de 27 años, al periódico Al-Masry Al-Youm. «Yo sabía que iba a participar en las protestas pero nunca imaginé que sería tan serio». Desde entonces, la única pista que ha tenido esta madre de su hijo es la respuesta de un soldado de la prisión de al-Gabal al-Ahmar que respondió cuando sonó el teléfono del chico y le dijo: «Te enseñaremos a que no te revuelvas más».
Es solo una de las historias de cientos de familias que perdieron a los suyos durante la revolución y los ocho meses de gobierno del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Sus gritos demandando justicia no se han apagado nunca en las manifestaciones de los dos últimos años. Mursi prometió una investigación para resolver todos los casos de desaparecidos durante la revolución pero la investigación nunca llegó. Lejos de ello, «la policía continúa sembrando la violencia sistemáticamente, torturando e, incluso, a veces matando», asegura la Iniciativa Egipcia por los Derechos Individuales, que durante estos dos años ha documentado más de 20 casos de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía; once de ellas, durante la presidencia de Muhammad Mursi.
El caso de Saber Hamada, arrastrado y golpeado por las fuerzas de seguridad se ha conocido gracias a un vídeo difundido por la televisión al-Hayat, pero las organizaciones de derechos humanos hablan de una práctica que no ha dejado de repetirse. «El uso por parte de la policía de la fuerza bruta y la tortura es todavía sistemática, como en la época de Mubarak», dice la organización. La última víctima ha sido Muhammad al-Gendi, un joven activista del partido Actual Popular arrestado en Tahrir el 27 de enero que murió en el hospital una semana después por graves lesiones en el cerebro causadas, según su familia, por la tortura policial que tuvo que aguantar en las dependencias policiales. «No es el primero que muere torturado bajo el mandato de Mursi pero conocemos su nombre porque es un activista político», denuncia el director de la asociación proderechos humanos, Hosam Bahgat. El patrón en todos estos casos es el uso sistemático de la violencia física y psicológica contra los detenidos, que en muchos casos llevan a la muerte», se puede leer en el informe publicado el mes pasado, antes de la última oleada de protestas, que ha dejado al menos 56 muertos y más de 2000 heridos (de ellos, casi 400 policías) desde el pasado 25 de enero.
Había poco que celebrar en el segundo aniversario de la revolución, que desde el primer momento se convirtió en una nueva excusa para pedir la salida de Muhamad Mursi por parte de la oposición del Frente de Salvación Nacional (FSN), una amalgama de grupos y partidos políticos que solo coincide en su cansancio de los giros autocráticos del presidente y de su agenda islamista. A ello, se suma la indignación por los casos de detenciones y torturas sufridas por los manifestantes, así como una situación económica que no deja de empeorar (por no hablar de las manifestaciones contra la pena de muerte a las que han sido condenados 21 implicados en la tragedia en el campo de fútbol de Port Said y los movimientos de rechazo a las crecientes violaciones de mujeres). Ante la violencia y el caos, Mursi impuso el estado de emergencia y el toque de queda en Port Said, Suez e Ismailiya, si bien gran parte de la población no hizo caso. Además, el presidente ha ido personalmente a una academia de policía, en la que les ha pedido a los agentes que «no sobrepasen los límites con los ciudadanos». En la misma línea, el vicepresidente del partido de los Hermanos Musulmanes, Libertad y Justicia, ha condenado las muertes por tortura a manos de la policía y ha depositado su confianza en la capacidad del ministro del Interior para manejar la situación. «La reforma de la policía fue uno de los principales objetivos de la revolución de enero y todavía lo es porque Egipto necesita seguridad pero no a costa de la libertad y la dignidad de los ciudadanos», dijo Esam al-Erian. La oposición cree, sin embargo, que la única solución, a este y al resto de los problemas del país, es la renuncia de Mursi y todo su gabinete, ya que denuncia que no se ha conseguido ninguna de las demandas de la revolución y los «viernes de la ira» han dado paso a los «viernes de la salida».
Pero lo cierto es que Muhammad Mursi ganó unas elecciones democráticas y, aunque con decisiones polémicas -como el decreto del pasado 22 de noviembre que le otorgaba amplios poderes y que provocó la salida de miles de personas a las calles– sacó adelante una Constitución de corte islamista aprobada en referéndum, si bien la participación rondó el irrisorio 30%. Libertad y Justicia acusa al FSN de incitar al sabotaje: «Tiene una agenda exterior para incendiar Egipto y sus instituciones a través de las protestas», aseguró uno de sus miembros. Lo acusan de «llamar a la violencia y sembrar el caos» frente a un Gobierno que busca «el desarrollo y la construcción» del país. Muhammad Mursi repite que la revolución «lleva su tiempo». Después de treinta años de dictadura, decía hace unos meses a la revista Time, «estamos aprendiendo a ser libres».
Los Hermanos Musulmanes están practicando también la gestión del poder después de décadas de represión y ostracismo, sin embargo, la escuela se está haciendo larga y sobre todo, demasiado costosa. La falta de diálogo y el enroque, por parte de Gobierno y oposición, en posturas cada vez más alejadas dibujan un panorama nada alentador en el que la violencia y la inestabilidad se tornan sistemáticas. Y, sin duda, Mursi, como jefe del Ejecutivo, tiene gran parte de responsabilidad. Su empeño en continuar con su agenda pasando por alto cualquier consenso en cuestiones como la Constitución no ha hecho más que enturbiar el ambiente, lejos de llevar al país a la estabilidad democrática, como es su intención si se hace caso a sus palabras y se obvia que por encima de ser «el presidente de todos los egipcios», como él mismo ha expresado, es miembro de los Hermanos Musulmanes. Nunca prestó atención a las peticiones que llegaban desde la calle para revisar la mayoría islamista de la Asamblea Constituyente y aceleró el proceso constituyente (para ello dejó sin validez las decisiones que pudiesen salir del Tribunal Constitucional, que estudiaba la legalidad de la Asamblea) con el propósito de cumplir un calendario que llevara al país a contar con las instituciones básicas de un Estado de derecho. Hoy -con la amenaza del FSN de boicotear las elecciones parlamentarias de abril si no se forma un Gobierno de salvación nacional, ya rechazado por Mursi– la formación de un parlamento estable parece más lejana que nunca.
El presidente ha vuelto a ofrecer una sesión de diálogo, a la que ha invitado a todas las fuerzas políticas pero la mayor parte de la oposición le acusa de engañar con llamamientos al diálogo que, dicen, solo sirven para distraer y quedar bien. Mientras, el ministro de Justicia, Ahmed Meki, levantaba la polémica con unas declaraciones en las que apoyaba el proceder del Gobierno frente a las acusaciones de tortura que, dijo, «no son crímenes del régimen». A diferencia de él, el ministro de Cultura, Saber Arab, renunciaba a su cargo por tercera vez -quizá sea la definitiva- en protesta por la ola de violencia que está viviendo el país.
Lo cierto es que poco queda para que a Mursi se le vaya la situación de las manos, si no se le ha ido ya. El Grupo de Crisis Internacional (ICG, por sus siglas en inglés) ha lanzado una alerta por el peligro de «una espiral de creciente inseguridad, violencia, malestar social y colapso económico». El informe es claro: «Es difícil saber qué es más peligroso: el repunte en la violencia callejera, la incapacidad del presidente Mursi y los Hermanos Musulmanes para incluir al resto de la clase política o la oposición que se aferra a la esperanza de que tenga lugar algún extraño suceso (las manifestaciones, la presión extranjera, las decisiones judiciales o la intervención militar) que le permita acceder al poder sin pasar por la política y el compromiso». Y ante esta situación pide a la Hermandad que acepte que debe ejercer el poder en una situación en la que es necesario el consenso y a la oposición que deje de pedir la salida de Mursi. Además, señala que Mursi ha de aceptar la revisión de la Constitución y que es necesario reformar el sistema de seguridad del Estado, lo que «incluye mecanismos para garantizar la justicia para las víctimas de la brutalidad policial». Todo para evitar «el fracaso de una transición a la que se giran todas las miradas y cuya suerte repercutiría más allá de sus límites».
Todo por una población de más de 80 millones de personas, que hace exactamente dos años veía como el dictador se iba. Todo por no acabar con las ilusiones que nacieron ese día y unas reivindicaciones que es justo que consigan los egipcios. De momento ni pan ni justicia ni libertad. Mientras, Mubarak, puede incluso emitir algún suspiro de alivio a la espera de su segundo juicio.
Fuente original: http://www.aish.es/index.php/es/component/content/article/121-clavesegipto/4107-egipto-11022013-de-viernes-de-la-ira-a-viernes-de-la-salida