La próxima reunión del G-20 sobre la crisis financiera se está haciendo esperar con razón. Desde la anterior de Washington prácticamente no se han tomado medidas que pongan freno definitivo a los problemas financieros, salvo las que ya se habían adoptado para rescatar bancos y, en otro orden, para tratar de paliar sus efectos […]
La próxima reunión del G-20 sobre la crisis financiera se está haciendo esperar con razón. Desde la anterior de Washington prácticamente no se han tomado medidas que pongan freno definitivo a los problemas financieros, salvo las que ya se habían adoptado para rescatar bancos y, en otro orden, para tratar de paliar sus efectos en la economía real.
Es una reunión que debería ser trascendente y en la que sería muy necesario que se plantearan y adoptaran medidas no solo coyunturales sino de medio y largo alcance. Aunque los que allí se van a reunir representan mucho poder pero no a todos los intereses afectados del planeta, lo cierto es que constituye un escenario apropiado para que los gobiernos pudieran mostrar no solo preocupaciones inmediatas sino propuestas de vías definitivas de solución a problemas y modos de funcionamiento que de no atajarse pueden convertirse en amenazas crónicas para la estabilidad económica y mundial en todo el planeta.
Hubiera sido muy importante, pues, que el gobierno español que tanto ha luchado por estar presente se hiciera notar allí con ideas renovadoras y eficaces pero las diez propuestas que llevará son francamente decepcionantes.
La primera de ellas se refiere a la necesidad de que los estados dispongan de información más transparente sobre las operaciones de alto riesgo, sobre las cuestiones más relevantes de la actividad bancaria y, en general, sobre las transacciones extrabursátiles o interbancarias que hasta ahora se llevan a cabo.
Es una medida necesaria pero a estas alturas totalmente insuficiente. No es la falta de información lo que ha constituido y constituye un peligro para la economía mundial sino la realización de ese tipo de actividades que se pueden hacer gracias al régimen de plena libertad del que disfrutan los propietarios de capital. Y lo que hoy día se necesita no es solo que los gobiernos puedan saber que se llevan a cabo operaciones de altísimo riesgo, sino desincentivarlas y limitarlas poniendo límite a esa libertad de movimientos que no tiene otra justificación que no sea la de facilitar la obtención rendimientos financieros elevadísimos pero con el altísimo coste general que estamos sufriendo.
La segunda propuesta es la de que se establezcan provisiones anticíclicas como las españolas para que las entidades financieras no dejen de lado su función en momentos críticos como los actuales.
Por un lado, cabe señalar que nuestro régimen de provisiones no ha sido capaz de evitar serios problemas en algunas entidades y que quizá no lo evite en un futuro próximo, de modo que quizá en unos meses nuestro sistema de supervisión no resulte ser tampoco el más ejemplar. Lo que ha empantanado a la banca mundial no es que no hubiera realizado provisiones suficientes sino que ha llevado demasiado lejos la titulización, el apalancamiento y la asunción de riesgos, llevada como ha estado por una irrefrenable búsqueda de beneficios en los mercados especulativos.
La propuesta de nuestro gobierno consiste en pedir que los bomberos (entre los cuales, por cierto, hay algún que otro pirómano) acumulen más agua en sus depósitos cuando lo que ocurre es que una banda de desalmados incendia irresponsablemente la ciudad. Es verdad que habrá que hacerlo, pero si al mismo tiempo no se ponen límites a esto último incluso el incremento de provisiones llegará ser insuficiente, como ahora mismo estamos viendo que sucede en casi todo el mundo.
La tercera propuesta se refiere a la fijación de mejores estándares contables que eviten la sobrevaloración de activos. Una propuesta por supuesto imprescindible pero difícilmente calificable si se tiene en cuenta que el gobierno que ahora la propone fue el que permitió hace pocos meses (siguiendo la norma de la Unión Europea) que las entidades financieras contabilicen sus activos al precio de adquisición y no de mercado para ocultar las pérdidas patrimoniales y la insolvencia que, en consecuencia, se pueda estar produciendo.
La cuarta propuesta habla de «conferir poderes a los clientes minoristas» pero a través de propuestas que para nada tienen en cuenta los medios más eficaces con los que este objetivo puede alcanzarse de veras: empoderando a la sociedad civil y a sus instituciones de participación y denuncia y fortaleciendo los mecanismos de control y la disciplina a la que debe estar sometida la banca, más que confiando en medias que nazcan de esta última o en su propio sentido de la responsabilidad, cuyo verdadero alcance ya se ha podido comprobar.
La propuesta de controlar las retribuciones es un brindis al sol que puede agradecer la grada pero poco operativo. Las entidades privadas que se juegan su capital propio tienen todo el derecho a establecer la retribución que mejor consideren. Otra cosa es lo que ocurra con las que disponen de capitales públicos y ahí sí que ha podido intervenir ya el gobierno y no lo ha hecho. Podría haberlo hecho recientemente cuando ha establecido condiciones para apoyar a las que están en peor situación y podría hacerlo con las cajas de ahorro controladas por personas afines al poder político y en cuyos consejos de administración se sientan docenas de altos dirigentes de los partidos disfrutando de ingresos y dávidas que provocarían un escándalo social mayúsculo si se hicieran públicas.
Una siguiente propuesta del gobierno se orienta a que las entidades financieras asuman los costes sociales derivados de su fracaso. Algo que es también prácticamente imposible de asumir en las condiciones en que se lleva a cabo hoy día la actividad bancaria, al menos a corto plazo. Una cosa sería el fracaso inherente a cualquier actividad económica y otra el que se está produciendo actualmente, como resultado de un régimen global de actuación que en sí mismo no puede llevar sino a ese fracaso porque es materialmente insostenible. ¿No sería más lógico también en este caso hacer frente al tipo de actividad que se permite y que está condenado a provocar la inestabilidad permanente, en lugar de limitarse a establecer una proposición sobre sus resultados que sería prácticamente imposible de llevar cabo si no es a lo largo de muchos años?
En cualquier caso, no parece que el gobierno haya sido muy coherente consigo mismo pues podría haber establecido algún tipo de cautelas en el sentido al que apunta esta propuesta cuando ha apoyado a los bancos y cajas españolas en los últimos meses.
Finalmente, otras propuestas hacen referencia al funcionamiento del Fondo Monetario Internacional y al de los bancos multilaterlaes, instituciones sobre las que el gobierno español propone que asumen un mayor protagonismo con medios más potentes y flexibles.
En resumen, se trata de propuestas verdaderamente inocuas ante la gravedad de la situación financiera en la que estamos y, sobre todo, que dejan de lado aspectos fundamentales que incluso algunos gobiernos más conservadores están dispuestos a asumir ante el fracaso del fundamentalismo de mercado imperante en los últimos años.
El gobierno español no propone nada sobre las cuestiones que hoy día son las que verdaderamente han provocado la debacle financiera: la inestabilidad y el riesgo sistémico que provoca la libertad de movimientos del capital, el privilegio de las actividades especulativas, la existencia de paraísos fiscales y de secreto bancario que permite operar con la falta de transparencia que se denuncia, la casi nula contribución fiscal de los beneficios financieros, la desnaturalización de la actividad bancaria, al dedicarse los bancos a alimentar los flujos especulativos en lugar de a financiar la actividad productiva, la carencia de impuestos internacionales cuando toda la actividad financiera y mucha de la económica ya es global, la falta de supervisores financieros globales (e incluso a nivel europeo) y, por supuesto de un auténtico y cada vez mas necesario gobierno global.
Tampoco hay un ápice de autocrítica sobre la actuación de los propios gobiernos ni sobre la de la Unión Europea que en todos estos años han alimentado políticas que han dado alas a la especulación financiera, que han debilitado la actividad productiva y que han renunciado expresamente a la una supervisión rigurosa y estricta. Y para colmo vuelve a recurrir a los mismos tópicos de siempre, a pesar de que hoy día la realidad más evidente ha vuelto a ponerlos en cuestión de forma más clara que nunca, como cuando afirma que lo que se necesita es «un compromiso político renovado con el libre mercado».
En fin, una oportunidad perdida para que nuestro gobierno hubiera mostrado que en el trascendental campo de las finanzas internacionales y de la respuesta a la crisis es menos fundamentalista y está más a la izquierda que incluso gobiernos conservadores que han ido mucho más lejos que el nuestro en sus propuestas transformadoras.
(El texto completo de la propuesta española puede verse aquí: http://www.londonsummit.gov.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla). Su página web: http://www.juantorreslopez.com