Cuando aquel policía ceporro calificó de «el enemigo» a unos estudiantes valencianos que se manifestaban por la educación pública, debimos imaginar que se estaba preparando la criminalización de la protesta social. Y así ha sido, represión y recortes han ido de la mano estos años de gobierno del Partido Popular. El ataque a los derechos […]
Cuando aquel policía ceporro calificó de «el enemigo» a unos estudiantes valencianos que se manifestaban por la educación pública, debimos imaginar que se estaba preparando la criminalización de la protesta social. Y así ha sido, represión y recortes han ido de la mano estos años de gobierno del Partido Popular. El ataque a los derechos sociales ha sido tan brutal que el gobierno Rajoy ha tenido que emplearse a fondo desde el minuto uno para imponerlos por la fuerza. Era la única manera de intentar aplastar la resistencia de los movimientos sociales, las mareas, la ciudadanía. Pocos se han salvado de esta forma de injusticia, desde huelguistas a manifestantes, tuiteros o titiriteros. Ahora están apareciendo las consecuencias judiciales del castigo político a la contestación de las políticas antisociales.
Hemos conocido estos días que en Cantabria está habiendo movilizaciones en solidaridad con nueve jóvenes a los que les piden 42 años de cárcel, un auténtico despropósito. La razón: intentar participar para defender la educación pública en un acto en la universidad de Cantabria al que sin motivo se les denegó el acceso. Afortunadamente en Cádiz acaban de absolver a dos jóvenes acusados por una protesta similar reivindicando un edificio para una facultad, y el juez ha considerado que la actuación policial fue «desproporcionada» y que el contexto «parece evocar etapas predemocráticas ya superadas»
Otra barbaridad es la de los cuatro profesores y un activista social de Guadalajara que se enfrentan a cuatro años de cárcel y 3.000 euros de fianza a cada uno por defender la educación pública. Fue hace cinco años. Sin que mediara aviso o negociación alguna, la administración educativa del PP sacó de repente unas instrucciones que dejaban en la calle a 800 profesores interinos, desplazaba a otros, suprimían apoyos, refuerzos y horas de laboratorio al alumnado. Era la orgía de los recortes a los servicios públicos esenciales, al igual que había pasado en Madrid, y que dio lugar al nacimiento de la Marea Verde y a una larga lucha que aún continúa.
Como cuenta la Plataforma que pide la absolución de los ‘Cinco del Buero’, esta violencia legislativa provocó la lógica indignación de muchos centros educativos y cientos de profesores y profesoras se concentraron espontáneamente frente a los Servicios de Educación en Guadalajara con el ánimo de expresar democráticamente la protesta. Luego, más de 400 personas se dirigieron hacia el teatro Buero Vallejo, donde interrumpieron el pregón que presidía el alcalde del PP Antonio Román.
Cinco personas fueron identificadas días después de manera arbitraria como participantes en la protesta. Ahora, la acusación particular en representación de cuatro de los ocho policías locales presentes en el teatro y auspiciada por el Ayuntamiento de Guadalajara que tiene mayoría del PP, intenta meterles en la cárcel.
Fue un acto pacífico, no hay más que ver el vídeo. Todo lo que hubo fue un alboroto y un forcejeo para desalojar el anfiteatro, pero la denuncia de la acusación particular (algunos policías locales, respaldados por la alcaldía) siguió adelante como un delito penal, aunque cuatro de los policías presentes retiraron la denuncia y el fiscal ha pedido el sobreseimiento. El juzgado de instrucción les imputa graves delitos que no cometieron: desorden público, atentado a los agentes de la autoridad y falta de lesiones; algún agente ha aducido algo tan ridículo como sufrir luxaciones en los dedos de la mano por empujar a un manifestante.
Los acusados son conscientes que no son mártires ni héroes, y que de hecho les tocó a ellos como podía haberle tocado a todo aquel que participó en aquella protesta contra los recortes en educación. Saben que se les pretende utilizar como chivos expiatorios de la represión sobre el colectivo docente, por un alcalde autoritario que ampara una denuncia absolutamente injusta, arbitraria e inmoral. También lo saben más de un millar de personas que se han manifestado el 11 de febrero en solidaridad con ellos y que han gritado en las calles de Guadalajara: «¡Yo también estuve en el Buero!»
Quizá ayude a entender por qué se mantiene este juicio político el contexto en el que se produjo. Sucedió en Castilla La Mancha, región entonces gobernada por la secretaria del Partido Popular, María Dolores de Cospedal; donde se sancionó al maestro Ángel Renieblas con un mes de empleo y sueldo, por explicar a las familias de sus alumnos los motivos por los que iba a secundar una huelga. En la ciudad de Guadalajara que gobierna un alcalde del PP, Antonio Román; el mismo que acumulaba tres cargos y, según algunos medios, tres sueldos (alcalde, diputado y médico), que pretendía cobrar a los familiares de las víctimas del franquismo 3.000 euros por las exhumaciones y que se niega a aplicar la ley de Memoria Histórica. Y en la provincia de Guadalajara, donde hace tan solo algunos días el PP ha comprado el transfuguismo de una diputada de Ciudadanos para asegurarse la mayoría en la Diputación.
Ante estas denuncias y acciones judiciales, cabe preguntarse ¿dónde queda la libertad de expresión?, un derecho fundamental que define o no la existencia de una democracia. Si se les condenase a los ‘Cinco del Buero’ , tendríamos que hablar de presos sociales o políticos. Deben ser absueltos, aunque el daño moral, psicológico y material ya está hecho, y Domingo, David, Maroto, Miguel Ángel y Nacho -y sus familias- están pasando un auténtico calvario.
Hay que repetirlo, es un juicio político. Se pretende crear desde el poder un clima de intimidación, convertir a las víctimas de los recortes sociales en culpables por resistir. Pero como concluye el Manifiesto que pide su absolución: «Con la represión no van a conseguir acallar nuestras voces, que claman por un mundo más justo para nuestros jóvenes. Una y mil veces saldremos a defender nuestros derechos porque no tenemos miedo». Los acusados son ciudadanos que defienden lo público, profesionales que quieren hacer bien su trabajo y no ser peones al servicio de una administración insensible que les desprecia. El próximo 14 de febrero se celebrará el juicio. Es la hora de la denuncia y la solidaridad.
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