En marzo de este año tuve el honor de publicar en este mismo periódico un artículo en el que celebraba la noticia del alto el fuego de ETA, un elemento importante dentro de una sucesión de factores positivos que apuntaban un horizonte esperanzador. Pasados nueve meses, y ante la noticia del atentado en Barajas atribuido […]
En marzo de este año tuve el honor de publicar en este mismo periódico un artículo en el que celebraba la noticia del alto el fuego de ETA, un elemento importante dentro de una sucesión de factores positivos que apuntaban un horizonte esperanzador. Pasados nueve meses, y ante la noticia del atentado en Barajas atribuido a ETA, creo que es imprescindible situar cada fenómeno en su contexto. Lo era entonces y lo es ahora.
Vaya por delante que, como decía Bergamín, yo soy un sujeto no un objeto y, por tanto, cuanto escribo es subjetivo. Es más, aclaro que este artículo es un manifiesto por el éxito futuro del proceso frente a quienes quieren darlo por finiquitado. Mis reflexiones parten de una gran preocupación por lo mal que se han hecho las cosas en el pasado y pasan por una notable inquietud acerca de este presente convulso, pero miran hacia un futuro que no está escrito. Esa es, precisamente, una de sus ventajas: es posible hacer bien lo que se ha hecho fatal. Pero sólo si realmente se quiere hacerlo.
La declaración de ETA de marzo era consecuencia de una serie de movimientos previos en los que el Gobierno español participó. Es imposible entenderla en otros parámetros. La versión oficial, que apuntaba a una decisión unilateral de ETA movida por su supuesta debilidad, ha quedado desmentida de un modo rotundo por los hechos posteriores. Lo ocurrido en Barajas no puede analizarse al margen del contexto, y sobre todo de las bases sobre las que se asentaba la declaración de marzo, unas bases que el Gobierno español ha derrumbado con su pésima gestión política del proceso.
Un gobierno que dice buscar la paz no tendría que tener miedo a reconocer que ha trabajado para lograrla. La falta de sinceridad del Gobierno español en esta cuestión parecía, en marzo, un mal menor. A lo largo del tiempo transcurrido desde entonces ha aparecido como síntoma de un problema realmente grave: el Gobierno español quería un proceso de liquidación del independentismo vasco, y tan pronto como contó con la baza propagandística del alto el fuego de ETA echó el freno y fue perfilando una estrategia basada en la persistencia e incluso el agravamiento de la represión y una tan cansina como funesta insistencia en que no estaba dispuesto a pagar ningún «precio político».
Podría apuntar numerosos argumentos contra esa posición, pero dejaré que lo haga «El País». Algunas de las más penetrantes descalificaciones de esta estrategia se han publicado en ese diario. El pasado día 10 de diciembre varios «expertos» que el periódico no identificaba apuntaban que «el proceso amenaza con derrumbarse debido a la falta de determinación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a la incapacidad del entorno de ETA de comprender que en una democracia como la española el Ejecutivo no tiene poder absoluto». No merece la pena perder tiempo desmontando la segunda parte del enunciado; nos quedaremos con la primera, que era reforzada con esta idea: «el motivo por el cual el proceso está en crisis es la percepción de ETA y su entorno de que no se les está permitiendo, ni se les permitirá, perseguir sus objetivos por la vía democrática», o con esta otra: «Uno de los entrevistados cuya experiencia negociadora ha estado más vinculada al lado gubernamental de los conflictos afirma que es ‘ridícula’ la idea de que se podía llevar a cabo un proceso de paz serio (…) sin que el componente político de ETA pudiese participar de manera legal en la política. ‘Sencillamente, no se puede’, afirma».
Podríamos añadir a estas reflexiones otros datos, como el de la sentencia inquisitorial contra Iñaki De Juana, ahora mismo al borde la muerte, pero quien mejor ha resumido la actuación de Gobierno español ha sido el propio Rodríguez Zapatero, que se ha jactado de no haber dado un solo paso. El PSOE ha llegado incluso a elaborar un vídeo para acusar al PP de haber realizado movimientos el año 1998.
Y, sin embargo, todavía la víspera del atentado Rodríguez Zapatero hacía un balance positivo del año 2006 y adelantaba que el 2007 sería mejor. De nuevo una ración de optimismo como mecanismo de manipulación de la sociedad y estrategia para eludir responsabilidades. La contraposición entre las palabras huecas de Rodríguez Zapatero y el atentado de unos pocas horas después ha descubierto esta maniobra propagandística. Hace escasos días Rubalcaba convocó con urgencia una rueda de prensa para no desmentir ni confirmar una supuesta reunión con ETA y lamentar una filtración unánimemente atribuida a su propio Gobierno. Sabían que el diálogo entre partidos políticos se había bloqueado y sin duda tenían datos sobre sus relaciones con ETA que los demás desconocemos. ¿A qué ha estado jugando el Gobierno de Rodríguez Zapatero, un gobierno que, es mejor no olvidarlo, llegó a La Moncloa por el hundimiento de un PP que mentía descaradamente?
La inmensa mayoría de la sociedad vasca desea un auténtico proceso democrático que permita la superación del conflicto. Ese proceso es necesario y por eso debe hacerse posible. Ya sabemos cómo no deben hacerse las cosas. También sabemos que la apuesta de la izquierda abertzale no es coyuntural ni superficial, sino un decidido compromiso con el proceso. El Gobierno español y las fuerzas políticas que están a su lado podrían ahora agarrarse al atentado para justificar un inmovilismo que ya era constatable antes de este acontecimiento. Podrían dar por roto un proceso que ellos mismos ya habían hecho inviable. Pero también podrían cambiar de actitud y hacer viable el tiempo de cerezas que tanto anhelamos.