L a lucha de los trabajadores de Delphi de Puerto Real para evitar su cierre ha concluido. Desde febrero de 2007 -cuando la multinacional yanqui anunció su intención de desmantelarla- hasta julio -cuando los sindicatos CCOO , UGT , CGT y USO rubricaron su acuerdo con la empresa- se desarrollaron constantes acciones, incluyendo grandiosas manifestaciones […]
L a lucha de los trabajadores de Delphi de Puerto Real para evitar su cierre ha concluido. Desde febrero de 2007 -cuando la multinacional yanqui anunció su intención de desmantelarla- hasta julio -cuando los sindicatos CCOO , UGT , CGT y USO rubricaron su acuerdo con la empresa- se desarrollaron constantes acciones, incluyendo grandiosas manifestaciones en Cádiz, movilizaciones sectoriales de mujeres y estudiantes, una exitosa y unánime Huelga General comarcal y una Marcha a Sevilla. Durante estos meses Delphi estuvo constantemente en los informativos; atrayendo la atención del movimiento obrero y de la opinión publica andaluza. Y pese a que durante todo este tiempo el grito de guerra siempre repetido -que resumía el sentido de la lucha- fue «Delphi no se cierra», la fábrica se ha cerrado (y además con el aval político y sindical).
El impacto de Delphi
E l impacto político y social del caso Delphi en Andalucía es inexplicable si se le reduce a un simple ejemplo más de deslocalización. Lo que estaba en juego en Delphi era mucho más que el destino de 1.549 trabajadores fijos de plantilla, 167 auxiliares y 100 precarizados (más en torno a 2.000 dependientes). Se trataba de un caso de desindustrialización que afectaba a un país como Andalucía ya de por sí desindustrializado. Nada que ver con otras realidades donde la deslocalización se produce como excepción o como amenaza aislada dentro de un tejido industrial consolidado. Esta singularidad nacional explica la entidad de la identificación y solidaridad social con el caso; especialmente profunda en su comarca pero también perceptible en el conjunto de la Nación.
Porque en Andalucia trabajar en una gran empresa industrial -al margen de cuales fueran sus condiciones concretas e incluso si estas se habían venido degradando- era visto -según se mire- como una ‘suerte’ o un ‘privilegio’ y ese era el contexto nacional de Delphi y no otro. En un país como Andalucía cuyos trabajadores están condenados mayoritariamente a trabajar en la hostelería, los servicios, la construcción o el turismo, segmentados y precarios, la perdida de una empresa industrial como Delphi no podía dejar de percibirse espontáneamente como una enésima negación de esperanzas y una nueva condena.
A sí la consigna «Delphi no se cierra» se convirtió naturalmente en una síntesis y un programa que trascendía la especifica situación de una fabrica. Mantener abierta Delphi era no sólo respetar los derechos de su plantilla actual sino también evitar una nueva perdida de puestos de trabajo industriales para el futuro y atenuar la imagen de dependencia nacional. Era también una forma de rechazar los precedentes en que las crisis industriales en Andalucía se habían resuelto en lo que se ha venido en llamar «formas no traumáticas» , es decir, consintiendo en la perdida de los puesto de trabajo a cambio de indemnizaciones y/o extensiones de cobertura por desempleo o pensión (las famosas ‘prejubilaciones’ ). Esta vez se quería que esto no volviera a pasar. Y se creía posible conseguirlo porque, aparentemente, se coincidía en esa demanda dentro y fuera de la fábrica.
El caso Delphi
A yudaba a esa impresión las específicas condiciones de la empresa. Todo el mundo recordaba que la instalación de Delphi (antigua General Motors/Opel ) en la Bahía de Cádiz fue una consecuencia de la implantación de su matriz en el Estado español. Entonces, para compensar la apertura de una gran fábrica en Zaragoza -ubicada en el centro del eje triangular Euskadi/Madrid/Cataluña- y acallar las críticas en Andalucía se pactó entre el Gobierno español y la multinacional abrir aquí una fábrica menor dedicada a los componentes del automóvil; que años después General Motors transferiría a su heredera Delphi (con la que aun hoy mantiene estrechos vínculos).
D urante años la multinacional ingresó ayudas y subvenciones públicas -circula la cifra de 62 millones de euros – y se aprovechó de la benevolencia estatal. Alimentándose siempre del contexto nacional donde se insertaba, la multinacional se beneficio en costes salariales y condiciones de trabajo y así anduvo hasta conseguir imponer en 2006 un Plan Industrial hecho a su medida. Bajo ese paraguas precisamente preparaba su deslocalización; transfiriendo datos y maquinarias desarrolladas en Andalucía a otras factorías, como la que posee en Polonia y repartiendo gratificaciones por valor de 130 millones de euros entre sus directivos. No es de extrañar pues que con esas prácticas y ese engrase -y tal y como es costumbre en secciones de multinacionales- Delphi prefabricará para Cádiz la cuenta de resultados que resultara más acorde a sus objetivos globales.
D elphi, a la altura de 2007, se encontraba inmersa en un complejísimo proceso de reestructuración internacional. No tiene sentido perderse en la maraña de pantallas y vericuetos legales que en varios continentes servían a este objeto. Lo cierto es que ese proceso -presentado como una quiebra mundial que llevaría a la desaparición general de la empresa- serviría de excusa de fondo para justificar -¡que casualidad!- la liquidación específica y singular sólo de su fábrica andaluza.
A sí, Delphy contrataba en enero al despacho Garrigues para la gestión del cierre e intentaba desentenderse del asunto.
L a táctica seguida por la multinacional fue abrir el proceso apostando fuerte. A finales de febrero anunció su decisión de cerrar Delphy Cádiz a la brava , sin atenerse a la legislación laboral española. De esta forma se situaba a la ofensiva en el conflicto y ganaba gratis de entrada, espacios que luego, si se daba el caso, podría desalojar. Porque -como era perfectamente previsible- este anunció forzó tanto a la Administración andaluza como a la española a rimbombantes declaraciones de principio en que le recordaban a Delphi que debía someterse a su jurisdicción y su legalidad.
L o que entonces casi nadie advirtió es que era muy extraño que Delphi se arriesgara a una batalla política y legal de tal dimensión y con ese planteamiento desafiante frente al Estado español (y muy posiblemente ante la Unión Europea) mientras en ningún caso cuestionaba el mantenimiento operativo de ninguna de sus otras factorías en el Estado español: San Cugat del Valles ( 1.138 trabajadores directos) y San Vicenç del Horts (500) en Cataluña ; Pamplona (150) en Euskadi y Tarazona (700) en España. La aparentemente ilógica actitud de la multinacional sólo podía tener dos explicaciones: primera, era una añagaza de partida preparada para ceder luego y regalarle así una ficticia victoria a los Gobiernos andaluz y español con la que estos podrían justificar y vender su complicidad; segunda, implicaba una amenaza de que si los dos Gobiernos PSOE implicados -el andaluz y el español- no colaboraban con sus propósitos el asunto se extendería también a esas otras factorías, que por cierto, según sabia perfectamente la empresa, no estaban ubicadas en la sumisa Andalucía . Quizá haya que buscar la motivación de la jugada en una combinación de ambas.
V isto lo visto, es obvio que la multinacional yanqui previó bien cual iba a ser la reacción de los Gobiernos andaluz y español. Y muy posiblemente no se equivocó tampoco demasiado en sus previsiones sobre cual iba a ser la línea de las federaciones sindicales españolas implicadas. En lo que puede que se equivocara fue en minusvalorar el nivel de rechazo social que su operación despertó fuera de la fábrica y el grado de solidaridad y movilización que provocó.
U na telúrica presión social, preñada de rabia e indignación, surgida desde lo más hondo y animada por el recuerdo de tantas derrotas acumuladas vino a concentrarse tras el símbolo de Delphi. La grandiosa y extremadamente combativa manifestación de marzo de 2007 en Cádiz -con decenas de miles de manifestantes- preparada por las acciones de mujeres y estudiantes fue su reflejo y condujo luego a una exitosa y masiva Huelga General comarcal en abril que paralizó 14 municipios de la Bahía y zonas adyacentes (y que hubiera podido ser nacional -con las consiguientes y obvias repercusiones políticas- si el movimiento obrero andaluz no estuviera dominado como está por sucursales españolas). Las protestas de los trabajadores (y de sus mujeres) mantuvieron la tensión.
Los problemas en Delphi
N adie puede negar que en una lucha como esta presiona -y mucho- la angustia de los trabajadores directamente afectados por resolver pronto y de la mejor manera posible su situación y que la tendencia a evitar experimentos en cabeza propia -más si cabe en una situación general donde ni se recuerda cuando empezó el retroceso obrero- es extremadamente fuerte. Pero también puede empujar en otro sentido -y también es obligado reconocerlo- el impacto de la solidaridad social externa, que además se percibe crucial para salir con bien del conflicto.
Lo cierto es que durante meses ambas realidades confluían bajo el lema común «Delphi no se cierra» . La plantilla fija -y no digamos los trabajadores de las subcontratas, los precarios y las empresas auxiliares- no peleaba por incrementar sus indemnizaciones de despido sino por mantener abierta una fabrica que sabían productiva y eficaz. Y fuera de la fábrica, era el futuro común -como clase, como comarca, como país- lo que se sentía en juego.
E l problema nuclear de Delphi se remontaba muy atrás y lo trasciende. Tiene que ver con la hegemonía en la izquierda y en el movimiento sindical en Andalucia de fuerzas dependientes encarnadas en sucursales españolas.
Y así, desde un principio, de una parte, las mayoritarias CCOO y UGT -muy posiblemente siguiendo los consejos de sus asesores de Madrid- se situaron tras el amparo y bajo el patronazgo del Gobierno andaluz del PSOE; secuenciando las movilizaciones en lo posible y modulando su discurso de forma que no evidenciara su responsabilidad política en la gestación del conflicto ni le generara demasiadas dificultades. De otra, la minoritaria CGT anarquista aparte de hacer muy respetables loas a la necesaria combatitividad no fue -como era previsible- capaz de trascender sus límites políticos y desplazar a CCOO-UGT, difundiendo alternativas creíbles que fueran más allá de la crítica genérica a «los políticos» . Lo cierto es que la combinación de unos y otros coadyuvó a la despolitización de la lucha -facilitando por ejemplo la demagogia del PP, que nunca fue excluido de reuniones o referencias- y a su desnacionalización , eludiendo ambos subrayar el carácter y contexto nacional del conflicto. Desde fuera, las meritorias iniciativas que intentaron desde la solidaridad intervenir en el curso de los hechos también se resintieron en buena medida de esas carencias y en algunos casos, de enfoques ideológicos caducos, validos quizá para reclutar algunos estudiantes radicalizados pero incapaces de proponer una línea de acción efectiva para una lucha de la dimensión e implicaciones de la que se desarrollaba en y en torno a Delphi.
Delphi era una fábrica andaluza (desde el momento en que estaba en Andalucía y sus trabajadores eran andaluces y desde ambas condiciones planteaban su lucha). No conectar su realidad y su futuro a la de la Nación implicaba inevitablemente ‘quitarle el agua al pez’ . La percepción social masiva hacia responsable al Gobierno andaluz del futuro de Delphi y eso pese a que según el dependiente marco estatutario vigente, hacer efectivas estas expectativas trascendían sus menguadas competencias legales. Responder las demandas para que Delphi siguiera abierta y funcionando llevaba a tomar medidas de Soberanía Nacional andaluza, sin someterse a los restrictivos márgenes constitucionales españoles ni a los hipotéticos preacuerdos establecidos de tapadillo entre multinacional y Gobierno español en Madrid. No hacer ostentación de esas exigencias sociales y traducirlas en reivindicaciones políticas para reclamar que la Junta de Andalucia se tomara por la mano competencias laborales, de comercio o penales -pese a contar con el viento social a favor- conllevaba facilitar que la administración de la crisis quedara paulatina y plácidamente en sus manos. Más aún, incluso cuando algunos -especialmente desde fuera de la fabrica- plantearon tímidamente la exigencia de ‘nacionalización’ , al no explicitar que estaban hablando de una ‘nacionalización andaluza’ y no española la dejaron reducida a una consigna ideológica, sin virtualidad política alguna, obviando -entre otras consideraciones- que era el Gobierno andaluz el mas cercano y el que mas naturalmente recibía y resentía la presión.
P ero es que antes de llegar a cuestionar la propiedad, se admitió como algo natural la disociación entre titularidad, producción y venta en el mercado (de Delphi en relación a General Motors/Opel y de la producción de Delphi en Andalucía de la circulación y venta de sus productos aquí y por extensión a titulo reivindicativo en el resto del Estado español y de la UE). No se planteo la exigencia de que la Junta de Andalucía -si la multinacional persistía en sus propósitos- penalizara a Delphi en Andalucía y reclamara lo propio a Madrid y Bruselas o exigiera el boicot en Andalucía a los componentes Delphi y por extensión a las marcas de autos que los usaran (sin tomar nota de que con la excepción de los pocos que fabrica Santana, todo el parque automovilístico que circula por Andalucía es extranjero).
T ampoco se hizo agitación -‘ O Todos o ninguno’ – vinculando la situación de la fábrica andaluza a la del resto de factorías Delphi del Estado español, admitiendo de hecho la estrategia del salami de la multinacional y también aquí una disociación de futuro entre unas y otras; perdiéndose así una formidable arma de presión política frente a empresa y Gobierno español. La opción e instalación de todos los pretendidamente ‘internacionalistas’ sindicatos españoles seguro que jugo mucho en ello, con el consiguiente coste para los andaluces. Por otra parte, la implantación de esos sindicatos -presentes en las otras fabricas y en las otras empresas del sector automoción- no se concretó en acción alguna de solidaridad efectiva (salvo que se considere como tal un viaje de un día de 19 personas desde Cataluña para pasear una pancarta, unos paros puntuales simbólicos de unos cuantos minutos y la siempre fácil y consabida producción de comunicados). Delphi Cádiz -como antes astilleros andaluces y antes tantos otros- se enfrentó en solitario a la multinacional y corrió sola con el gasto . Se demostró nuevamente que la extensión estatal de los sindicatos españoles no le servia de nada positivo a los trabajadores andaluces y que sólo daba amparo a las interferencias de los expertos y burócratas de Madrid.
C iertamente, nadie puede decir que de haber optado por estas y otras propuestas y líneas alternativas y nacionales, se hubiera conseguido finalmente torcerle el pulso a la multinacional. Pero igualmente se puede argüir que el no haberlo hecho y haber repetido las consabidas tácticas del sindicalismo dependiente -eso si, siempre ‘políticamente correcto’ – ha conducido a un resultado que sólo puede ser considerado como una nueva derrota.
L as opciones de todas las versiones del sindicalismo español han terminado por facilitar al PSOE el cierre sin traumatismo de Delphi, tan coherente con su esencia como gestor de la Dependencia nacional. También han permitido a la derecha extrema españolista del PP que transite la crisis sin mayores costes, incluso cuando fue cogida in fraganti a través de un concejal suyo de Cádiz que trabajaba para facilitar el cierre. Ha facilitado que IU actúe descarnadamente como satélite del PSOE y amparo político secundario con verborrea izquierdista de CCOO y UGT. Por su lado, el andalucismo regionalista ha vuelto a mostrar que desde esa ubicación no sólo no tiene militantes para intervenir en luchas como esta sino que carece de discurso y credibilidad para siquiera atreverse a delimitarse del resto y levantar alternativas propias.
El final de Delphi
D el « Delphi no se cierra » se concluyó en el « divorcio por mutuo acuerdo «.
L a multinacional pactó el 4 de Julio con CCOO , UGT , CGT y USO dedicar 120 millones de euros a indemnizaciones a la plantilla fija, a razón de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 75.000 euros. Nada del otro mundo, porque -aparte la modesta cuantía del conjunto- a lo que se comprometía era a aplicar individualmente cantidades similares a las que legalmente se establecen al despido improcedente, que puede calificarse como tal tanto por razones de fondo como procedimentales.
A ceptó dejar a la gestión de una Agencia de la Junta de Andalucía el suelo, las instalaciones y las maquinas restantes pero no las patentes ni el derecho de uso, con lo que se aseguraba quitarse de en medio cualquier competencia futura mientras mantenía su libre acceso al mercado andaluz.
P ara endulzar el trago, la Junta de Andalucía se comprometió a fomentar la consabida ‘r eindustrialización ‘, atrayendo empresas para instalarse en los solares de Delphi. A fecha de hoy, aunque en su momento se insinuó que había varias ya apalabradas, se habla sólo de una empresa de tecnología solar -para 100 empleos- o de ceder los terrenos para ampliar la fábrica de componentes para el AIRBUS y nada hay concretado También ofreció el Gobierno andaluz los archiconocidos refuerzos en cursos de formación y la apertura de una bolsa de trabajo (que, por otra parte, puede provocar futuros enfrentamientos entre trabajadores).
E s verdad que, ubicándose en su punto de vista, los trabajadores de Delphi han recibido más indemnización por despido de lo que la empresa ofreció en un principio. Pero también lo es que una lucha como esta ha terminado dejándolos en el desempleo. El 89,3% de la plantilla fija votó sí al Acuerdo en un referéndum para ratificar el acuerdo que dejó tras de si flecos pendientes en lo tocante a la situación de eventuales y subcontratas. Valorar el grado de entusiasmo subjetivo con que se tomó esta decisión ante la ausencia de otras alternativas queda a la discreción y criterio de cada cual.
P or lo que toca al conjunto de la clase obrera y del país, resulta evidente que se ha capitulado ante la multinacional. Derrotas como estas -y más cuanto más cerca se ha estado- supuran inevitablemente conciencia de impotencia, fatalismo, cinismo, insolidaridad y división. El final de Delphi -que viene detrás de tantos otros en similares circunstancias- no ayudara sino todo lo contrario a facilitar que en futuras ocasiones se genere más allá de los directamente afectados los sentimientos que esta lucha encarnó.
A demás, para acabar de machacar y subrayar su victoria, la multinacional Delphi -desmintiendo vía hechos su presunta quiebra y puede que reutilizando lo ahorrado aquí en relación a sus previsiones internas reales- anunció poco después de conseguir su cierre en Andalucia: primero, que ampliaba su fábrica de Tánger (Marruecos) -donde meses antes había despedido a 446 trabajadores de una tacada simplemente por reclamar el cumplimiento de la legislación laboral marroquí- e invertía allí inmediatamente 27 millones de euros y planteaba la ampliación de su plantilla en 3.000 obreros y segundo, que hacia lo propio en la de Iasi (Rumania) por una cuantía de 100 millones de euros y para emplear a 1.000 trabajadores más.
T oda una victoria del sindicalismo español (a costa de la clase obrera andaluza y de Andalucía).-