Democracia: gobierno del pueblo para el pueblo. Diferentes modelos de sistemas democráticos existen. La democracia es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno sino el sujeto que gobierna. El término democracia y sus derivados provienen, de las palabras griegas demos (pueblo) y cratos (poder o gobierno).
Los principios y valores democráticos son las ideas fundamentales que sustentan la democracia, y son esenciales para una sociedad justa, equitativa y participativa. Estos principios y valores incluyen la soberanía popular, la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, el pluralismo, la responsabilidad y la honestidad.
Cuando se dice que el pueblo es soberano se quiere decir que la fuente última de todo poder o autoridad política es exclusivamente el pueblo; que no existe ningún poder, ninguna autoridad por encima de él, y que la legalidad misma adquiere su legitimidad por ser expresión en definitiva de la voluntad popular, lo que no quiere decir que se gobierne para el pueblo, para su beneficio y bienestar: gobiernos autoritarios y dictatoriales pueden, de hecho, pretender hacerlo así; y gobiernos democráticamente configurados, en cambio, pueden desarrollar políticas que se revelan contrarias a esos supuestos beneficio y bienestar.
La democracia debe entenderse como un sistema político entre las diferentes posibilidades que han existido para configurar los Estados a lo largo de la historia. Esto es, la democracia es una de las formas políticas en las que puede organizarse la convivencia social, pues así como una sociedad puede establecerse como una democracia, también puede hacerlo como una Aristocracia o en una Autocracia.
La democracia conlleva la posibilidad de que existan medios de participación por parte de la ciudadanía, de que existan diferencias entre los participantes de dicho proceso y de que se expresen opiniones contrapuestas. De este modo, se afirma que la democracia repudia la posibilidad de que una sola persona se abrogue el poder por propio y exclusivo, abriéndose el escaño del poder a una pluralidad de personas así como a la crítica y oposición por parte de los propios miembros de la sociedad.
La democracia reconoce la posibilidad de que cualquier persona pueda participar en el ejercicio del poder político dentro de un determinado Estado. Por esto, es necesario reconocer la existencia de igualdad entre los ciudadanos, ya que, sin ella, no existirían los medios necesarios para que la participación y la oposición se desarrollen libremente. A la luz de esto, se abre la puerta a dos paradigmas que condicionan el desarrollo de la democracia por lo que respecta a la igualdad: en la redistribución, por lo que respecta a la igualdad de derechos que todo individuo tiene uno frente al otro y ante el Estado para participar en los procesos democráticos.
En estos postulados se observa la esencia de la democracia: que se reconozcan las divergencias entre la propia sociedad, lo cual es natural al desarrollarse una vida en libertad; y que sea factible que las divergencias sociales sean expresadas libremente. De igual forma se observa la posibilidad de que, no solo esas divergencias sean expresadas, sino que también se creen los mecanismos para que dichas diferencias lleguen al ente político que ostenta el poder y desde ahí crear condiciones propias para la vida social.
Se afirma que la democracia, para garantizar las condiciones mínimas para la participación ciudadana, impone al poder público límites en su ejercicio. Para ello se crean instituciones como el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y se les asigna a cada rama una función específica del poder, así como competencias y supuestos para su ejercicio. De algún modo, en un estado democrático se busca el límite del poder como garantía para que los ciudadanos participen en la política nacional, límites que se pueden identificar como dos tipos: del Estado frente al individuo; de las propias instituciones del Estado entre ellas, que garantice mediante la división del poder y el establecimiento de competencias entre estas.
La Constitución de un Estado democrático contará con límites del poder tanto público como privado frente a los individuos y ante las propias instituciones que conforman al Estado; de ese modo se evita, por un lado, que se prive a los individuos de las condiciones necesarias para que desarrollen su vida y estén en condiciones para participar en la entidad política nacional, mientras que, por otro lado, se impide que el poder se encuentre concentrado en una sola persona o institución como sucede en los Estados autocráticos.
Al limitarse el poder, se garantiza que no existirán abusos en el ejercicio del mismo. De acuerdo con esto, los individuos podrán gozar de condiciones propias para el libre ejercicio de sus derechos individuales. Además, también se impide que el poder político se concentre en una sola institución o persona, lo cual resultaría pernicioso al no tener esta sola persona una visión global de las necesidades sociales y, por otro lado, podría ejercer sin limitación alguna su poder, inclusive sobre cualquier derecho individual.
Un Estado democrático no puede subsistir si no existen herramientas que garanticen la regularidad de los actos de autoridad con la esencia del Estado. De acuerdo con esto, el control de la constitucionalidad de los actos se torna en un eje de la eficacia constitucional, reforzando el carácter de obligatorio de la propia Constitución y las decisiones políticas fundamentales que fueron tomadas ahí y dotando de equilibrio a los derechos fundamentales y las estructuras institucionales determinadas por el acuerdo constitucional.
Los medios de control de la constitucionalidad se identifican como los recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes detentan el poder y la Constitución, anulándolas cuando aquellas quebranten los principios constitucionales, de esta forma también se desprende la naturaleza correctiva de los medios de control, por lo que destruyen actos ya emitidos. Es con motivo de esta característica por virtud de la cual podemos afirmar que los derechos y principios contenidos en la Constitución adquieren la naturaleza de norma jurídica.
Uno de cada cuatro varones (25,9%) de entre 18 y 26 años, los bautizados como generación Z, considera que en algunas circunstancias, el autoritarismo puede ser preferible al sistema democrático, mientras que el 18,3% de ellas, casi ocho puntos menos, elegiría una dictadura. La crispación política y la propagación de bulos suponen una amenaza para nuestro sistema. Tras décadas de estabilidad democrática, fruto de un consenso político que parece haberse quebrado, el exagerado clima de crispación y la propagación de bulos que distorsionan la realidad comienzan a agrietar la robustez de nuestro sistema actual (Encuesta de El País).
Entre la población general, solo uno de cada ocho (12,6%) se decantaría por un régimen autoritario frente al democrático. Eso sí, el porcentaje es más elevado entre los votantes de formaciones de ultraderecha: un 24% en el electorado de Vox y un 21,3% en el de Se acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez. Lo más llamativo es que el 71,9% de la población considera malo o regular el funcionamiento de nuestra democracia. Un dato elevadísimo que evidencia la debilidad de nuestro sistema ante un ciclo de fuertes turbulencias.
Ante lo que tenemos encima y lo que se puede avecinar, tenemos que conocer y defender los principios y valores que identifican a un sistema democrático como en el que vivimos. Todo sistema democrático moderno se debe guiar necesariamente por los siguientes principios: la soberanía popular. El poder político debe emanar del pueblo, que será capaz de decidir en última instancia cómo desea gobernarse. La soberanía puede transferirse temporal y parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular libre, secreto y universal. La ciudadanía debn poder elegir entre diferentes opciones a la hora de emitir su voto.
El Estado de derecho. Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a las leyes propias de cada territorio y deben cumplirlas en todos los casos. La igualdad. En una democracia, todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo y equitativo y no deben ser discriminados por raza, etnia, sexo, entre otras características. Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y darse bajo las mismas condiciones; dentro de una democracia, los ciudadanos deben tener garantizadas sus libertades fundamentales, como la libertad de expresión, política, de circulación, de religión, de pensamiento, entre muchas otras.
La limitación del poder. Toda forma de poder político en una democracia deberá tener límites, y las distintas instituciones del Estado deberán velar por que así sea; la Constitución o Carta Magna del país tendrá la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular. En una democracia, la ciudadanía espera de sus representantes transparencia y que rindan cuentas frente al ejercicio de sus funciones.
La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual, y es a través de este sistema por el que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los poderes ejecutivo y legislativo, se someten a consulta o votación popular. La democracia es entendida como un método justo, que permite el respeto de la voluntad popular; el principio constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular. Su importancia radica en que se basa en la justicia y busca que se respeten procesos transparentes para dar voz a la voluntad y decisión del pueblo.
Los principios y valores democráticos, al ser promovidos y practicados, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática.
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