El Gobierno, con el apoyo de otras fuerzas parlamentarias de derecha, ha firmado un gran pacto social con las principales centrales sindicales. Los sindicatos CCOO y UGT han aceptado un duro recorte en las pensiones a cambio de mejorar, supuestamente, la normativa sobre reforma laboral, negociación colectiva, políticas activas de empleo y política industrial y […]
El Gobierno, con el apoyo de otras fuerzas parlamentarias de derecha, ha firmado un gran pacto social con las principales centrales sindicales.
Los sindicatos CCOO y UGT han aceptado un duro recorte en las pensiones a cambio de mejorar, supuestamente, la normativa sobre reforma laboral, negociación colectiva, políticas activas de empleo y política industrial y de energía. En estos momentos conocemos las líneas básicas de lo pactado respecto al sistema público de pensiones pero desconocemos el resto de contenidos, salvo elementos muy parciales, en un bochornoso ejemplo más del oscurantismo con que se han llevado estas negociaciones.
El origen de este pacto se encuentra en primer lugar en el miedo que inspira a los sindicatos mayoritarios la amenaza de un ataque de «los mercados» y un eventual rescate del Estado español por parte de la UE, utilizados como instrumento de chantaje por el gobierno. También las direcciones de los sindicatos mayoritarios han querido justificar su actitud por la desmovilización social existente, a la que ellos han contribuido activamente, tanto en el pasado como ahora mismo al firmar este sonrojante pacto . Pueden haber entrado en juego igualmente otros factores para inclinar la balanza a favor del acuerdo: la restauración del statu quo institucional de las centrales y, aunque aún no se pueda confirmar, el posible suministro de recursos para el mantenimiento de sus aparatos.
Este pacto social amplio se ha hecho sin ninguna consulta a las bases de los sindicatos implicados o a otras fuerzas políticas y sindicales, careciendo en este sentido de legitimidad democrática. Sin embargo, parece que la gran mayoría de las direcciones sindicales mayoritarias, y de todas sus corrientes, han aceptado o consentido dicho acuerdo.
Esta reforma contiene las principales agresiones de la propuesta del gobierno, aunque suavice algunas aristas. Se trata, sin lugar a dudas, de una gravísima claudicación, acompañada de una desmovilización activa por parte de las direcciones sindicales mayoritarias, que han renunciado ,incluso para mejorar sus condiciones de negociación, a la lucha en la calle y que han despreciado cualquier proceso de discusión entre las bases y con otras fuerzas sociales, sindicales y políticas, de los contenidos de dicho pacto.
El pacto deteriorará gravemente las condiciones de vida de la población asalariada y, además, al desmovilizar de manera amplia, crea las condiciones para nuevas agresiones. Resulta evidente que, incluso lo poco conseguido, carece totalmente de solidez ya que no se halla respaldado por la fuerza de la clase trabajadora movilizada y puede ser perdido en cualquier momento.
Además, sin establecer políticas para fortalecer al sector público con una reforma fiscal progresiva, sin radicales reformas de las políticas económicas europeas y del sistema financiero (que se están dando, pero en sentido opuesto al necesario) la crisis se intensificará, justificando así en relativamente poco tiempo nuevas agresiones.
En los últimos tiempos han ido emergiendo respuestas a la crisis y a las políticas de ajuste neoliberal: Grecia, Francia, Portugal, el mismo Estado español el 29-S pasado, las movilizaciones estudiantiles en Gran Bretaña e Italia… También en el norte de África, en Túnez y en Egipto, asistimos a sacudidas sociales de gran envergadura. Hoy mismo, día 27, se han convocado manifestaciones, movilizaciones y huelgas en Galiza, Euskadi y Catalunya que son pruebas de resistencia; en Murcia el funcionariado se moviliza masivamente contra las políticas de recorte del gobierno autonómico, que posiblemente se extiendan en breve plazo a otras administraciones… Estas movilizaciones muestran el potencial existente para hacer frente a los ataques de los gobiernos y de los poderes financieros y empresariales, siempre y cuando se canalicen de manera adecuada coordinándolas y planificándolas para darles largo alcance.
Ante el freno que supone este nuevo pacto social hay que apostar por la continuidad de la lucha y de la resistencia. Estas pasarán necesariamente por una combinación del trabajo e iniciativas que se realicen por parte de los sindicatos combativos y de los movimientos sociales y también por la vertebración de los sectores descontentos y activos que puedan existir en el seno de los sindicatos mayoritarios. Las luchas de ámbito nacional o localizado, como las movilizaciones de Galiza, Euskadi, Catalunya o Murcia pueden y deben jugar un papel en la recomposición. Es preciso mantenerse firmes y no ceder ante las políticas de desmovilización para que así, por fin, el gran malestar social existente pueda cristalizar, pasando del actual fatalismo resignado, a una acción eficaz.