EE.UU En medio de controvertidos debates en Estados Unidos, miles de mujeres demandaron en un documento que se reconozca su derecho al aborto, que le es negado por las leyes de varios estados en ese país. Al menos cinco mil mujeres respondieron en ese sentido a un llamado de la revista MS, que apoya […]
EE.UU
En medio de controvertidos debates en Estados Unidos, miles de mujeres demandaron en un documento que se reconozca su derecho al aborto, que le es negado por las leyes de varios estados en ese país. Al menos cinco mil mujeres respondieron en ese sentido a un llamado de la revista MS, que apoya a ese sector, tradicionalmente marginado en la sociedad norteamericana, con menos posibilidades de acceso a empleos que los hombres. El tema aflora de nuevo con fuerza en el escenario estadounidense ante la futura discusión en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la decisión establecida sobre el derecho al aborto.
Grupos humanitarios y activistas sociales expresan su preocupación por las presiones de congresistas republicanos en la Corte y el propio presidente, George W. Bush, para derogar esa legislación.
También, estados norteamericanos restringieron la práctica abortiva, y en demarcaciones como Dakota del Sur se votará el 7 de noviembre venidero una ley para prohibir esa acción, incluso en casos de violación e incesto.
En enero último se cumplieron 33 años del fallo de la CSJ a favor de los defensores del derecho al aborto.
De esa forma, el alto foro reafirmó la interrupción del embarazo como voluntad propia de las personas, libre de interferencias por las autoridades.
Los votantes norteamericanos más conservadores, que apoyan las políticas del gobernante Bush, insisten en la actualidad, en lograr un giro a la derecha para revertir el fallo legal.
El magistrado Harry Blackmun definió hace varios años que la 14 enmienda de la Constitución del país concatena el derecho a la vida privada a la decisión de una mujer de continuar o no con su gestación.
Con anterioridad, eran los gobiernos estaduales los que legislaban sobre el asunto y las interpretaciones variaban.
La controversia surgió en Texas, donde Jane Roe demandó al gobierno.
En ese sentido, la mayoría de los estados prohibían la interrupción del embarazo a menos que la vida de la gestante estuviera en peligro.
Desde que ocurrió el veredicto a favor, conocido en el país como «Roe vs. Wade», el asunto se convirtió en un duro escollo para los conservadores y la derecha religiosa.
Las pretensiones de ese segmento podrían consumarse con el decidido apoyo del juez Samuel Alito, miembro del Tribunal Supremo, quien ocupa esa plaza gracias al respaldo de la Casa Blanca.
A nivel federal, el gobierno excluye el aborto de la cobertura médica para las mujeres en el ejército y niega el procedimiento a la mayoría de las féminas que reciben asistencia pública.
Restó financiamiento, por otro lado, a programas de planificación familiar que proveían servicios de aborto, entre otras medidas que se aplican también en estados, como la introducción de regulaciones y acoso al personal médico tanto en clínicas como en sus casas.
Para la presidenta de la Fundación Mayorista Feminista, Eleneanor Smeal, lo que está sucediendo en Estados Unidos con el aborto es muy nefasto y por tanto, «tenemos que alejar a los políticos de lo que dicen y hacen, y poner a la mujer en primer plano».
Son muchas las damas signatarias del llamamiento que dicen no avergonzarse de haberse sometido a algún aborto en su vida, aseguró la ejecutiva de MS, Katherine Spillar.
Por su parte, la joven de 27 años de edad Tyffine Jones manifestó que en Mississippi, donde vive en la actualidad, las restricciones contra legrados son tan estrictas que a los médicos les resulta casi imposible practicarlos.
Jones también denunció que en los últimos días las autoridades de ese estado cerraron incluso una clínica asistencial de ese tipo.
Según su testimonio, hace una década cuando era estudiante de preparatoria ella fue objeto de continuos hostigamientos de personas opuestas a las interrupciones de embarazos, sin embargo lo logró.
Con el alma destrozada dice sentirse Debbie Findling, de San Francisco, California, quien interrumpió hace un año un embarazo debido a que «el bebé venía con síndrome de Down».
«El aborto es un cáncer que literalmente asesina a nuestros niños y mata a nuestras conciencias», manifestó la enfermera Jill L. Stank, quien se opone a ese procedimiento y labora en el Departamento Pre-natal y de Partos del Hospital Christ en Oak Lawn, Illinois.
El creciente descontento social en el país con el manejo del tema del aborto por el gobierno de Bush, podría conducir a nuevas manifestaciones multitudinarias como las del 25 de abril de 2004.
Durante esa épica jornada, más de un millón de personas marchó en Washington para protestar contra esas políticas consideradas por muchos antihumanas, que responden a intereses de la jerarquía religiosa y otros sectores conservadores.
CENTROAMÉRICA
Por Odalys Troya Flores
En Centroamérica prácticamente es un delito ser mujer y, aunque pudiera parecer una exageración, sólo habría que repasar una ínfima parte de los indicadores sociales del sector femenino.
Son muy pocas las que ocupan cargos en las distintas instancias gubernamentales; el analfabetismo y el desempleo son más altos en las mujeres que en los hombres, y también suelen percibir menores salarios que ellos aún en los mimos puestos laborales y con similares niveles de capacitación.
A todo ello se suma la violencia doméstica, que en el área se acentúa con un ancestral machismo.
Víctima de violaciones, abusos sexuales y físicos, muchas centroamericanas quedan embarazadas y se ven en la difícil coyuntura de concebir una nueva vida o no. He aquí un dilema que deja varias muertes cada día.
Según la Organización Mundial de la Salud, unas 70 mil mujeres mueren al año por complicaciones de abortos inseguros, el 13 por ciento de todas las muertes maternas a nivel global.
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con similares raíces históricas, comparten algunas realidades alarmantes en relación con la salud reproductiva de la mujer.
El aborto prohibido por las leyes, por la iglesia católica y por arraigadas costumbres y mitos relacionados con la idea del momento en que una persona comienza a existir como tal, deja muchos sinsabores y muertes en el istmo.
Esas leyes (casi siempre formuladas por hombres) en algunos territorios ni siquiera se permiten para salvar la vida de la mujer, mientras crece el «mercado clandestino» que «presta» esos servicios.
El 14 por ciento de las muertes maternas en esta subregión es resultado del aborto encubierto, según estimados.
En Costa Rica, por ejemplo, ese recurso se considera un homicidio porque la Sala Constitucional generalizó el uso de la palabra «persona» a todos los seres humanos ya nacidos y a los «no nacidos» o «fetos».
Practicarlo es ilegal en ese país, aunque el artículo 121 del Código Penal lo permite cuando corre riesgo la vida de la madre (aborto terapéutico).
Sin embargo, a pesar de las limitaciones legales anualmente se practican allí entre cinco mil y ocho mil 500, según investigaciones de la Universidad de Costa Rica.
Muchas mujeres, sobre todo las más pobres, acuden a supuestos especialistas clandestinos y debido a procedimientos inadecuados pueden morir por alguna infección contraída durante o después de la intervención.
Las de mejores niveles adquisitivos pagan servicios privados o salen del territorio nacional.
De cualquier manera, con temor e incertidumbre transgreden las limitaciones impuestas y deciden por su vida. No siempre el final es feliz.
Ante el limitado espectro, grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las costarricenses intentan, al menos, ampliar las excepciones a casos de embarazo por violación o cuando hay malformaciones que no permiten al niño sobrevivir luego del parto.
Igualmente, en Guatemala, el panorama sobre los derechos de reproducción de la mujer resulta escalofriante. En esta nación istmeña, el aborto siempre ha sido un gran estigma.
Las intervenciones clandestinas realizadas en condiciones de riesgo continúan siendo un importante problema de salud pública, al punto de que las altas tasas de mortalidad materna por esa causa son de un 10 por ciento, y por la frecuencia de defunciones constituyen la cuarta causa de este tipo de muerte.
Actualmente, las leyes guatemaltecas permiten el aborto electivo solo para salvar la vida de la madre.
En el caso de Honduras, no se permite bajo ninguna circunstancia, aunque el Código de Ética Médica de ese país contempla la posibilidad de no castigar al médico practicante si se hace un aborto para salvar la vida de la embarazada.
La mujer que recurre a ese acto puede ser sentenciada a la pena mínima de tres años y máxima de hasta cinco años, en prisión.
Código Penal de Panamá, expedido en 1982, establece tres causales en que se no se sanciona el aborto inducido: ética, en caso de violación o incesto; terapéutica, para salvar la vida de la mujer embarazada, y eugenésica, por daño fetal.
En Nicaragua el Código Penal de 1891 permitía el terapéutico y planteaba que su ejecución «será determinada científicamente con la intervención de tres facultativos por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer».
En el 2001 fue aprobado un nuevo código que incorporó como delito el daño físico o psicológico en el no nacido.
Por tanto, las sanciones eran severas e iban desde la pena de cinco años de cárcel para la mujer y para quién realizara las maniobras, los cuales podían ser castigados con la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión y el cierre de las clínicas o consultorios por ocho años.
Ahora, la Asamblea Nacional derogó ese artículo del Código Penal y aprobó un nuevo proyecto de ley presentado por el presidente de la República, Enrique Bolaños.
La nueva figura prohíbe todos los abortos, incluso en aquellos casos donde la vida de la madre está en peligro y propone penas de prisión de hasta cinco años.
Esta legislación, según los opositores, pone en riesgo la salud y la vida de miles de mujeres y representa un grave retroceso en materia penal en ese país.
En tal sentido, organizaciones feministas y de derechos humanos aseguran que una reglamentación que penaliza todo tipo de aborto viola los derechos esenciales de las mujeres.
La discriminación y la exclusión que genera la falta de políticas públicas hacen que se reitere en cada una de estas naciones la lamentable situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.