El Gobierno canario hace gala de su incapacidad de coordinar una respuesta a la situación, mientras el Gobierno de España se preocupa más por tapar el problema con soluciones chapuceras y poco humanitarias, que por aportar soluciones contundentes a largo plazo.
La aguda crisis sanitaria actual sirve para justificar el clamoroso silencio ante la flagrante actualidad migratoria en Comunidades Autónomas como Andalucía, Murcia y Canarias, envueltas en una rapaz disputa con el Gobierno central. La razón es el protocolo de la Secretaría de Estado de Migraciones para prevenir casos importados de covid-19, en términos de alojamiento, manutención, prevención y aislamiento de contagiados y sus contactos.
El Ejecutivo central alega que, como cuestión sanitaria, no migratoria, la responsabilidad es autonómica. Además, la Delegación del Gobierno y la Secretaría de Estado defienden su labor al alegar que han aumentado en 600 las plazas de acogida en las islas. Las Comunidades se ocupan in situ del asunto, habilitando espacios de aislamiento para migrantes, atendidos por ONG con convenio con Migraciones y custodiados por Policía y Guardia Civil. No obstante, alegan que no es su competencia.
Tanto Secretaría de Estado de Migraciones, como Gobierno Canario aluden al uso de instalaciones abandonadas del Ministerio de Defensa para las acogidas, que estarían disponibles en algunos meses. No obstante, sendas Administraciones permanecen enrocadas en afirmar que esa competencia no les corresponde. Esta postura de ineficiencia política deja toda la responsabilidad a unas Comunidades que tampoco ofrecen alternativas dignas. Alegan que el gran flujo migratorio y la cancelación de los traslados a la Península por razones sanitarias han desbordado su capacidad de alojamiento. En este panorama, sería deseable que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones jugara un papel protagonista, en lugar de mirar hacia otro lado.
El patio de Canarias es particular, ya que ha acogido este año a más de 4.000 inmigrantes, según el Ministerio del Interior. Siete veces más que el año anterior. ONG como Cruz Roja y CEAR reclaman activamente un protocolo de acogida en cuarentena para los migrantes y una solución para el bloqueo a los traslados a la península. Estiman que Gobierno Central y Comunidades Autónomas deben establecer un diálogo para cogestionar el fenómeno migratorio. Mientras, relatan que los improvisados alojamientos no cumplen estándares mínimos: los migrantes pernoctan en carpas instaladas en muelles, duermen a ras del suelo, conviven sin ventilación, sin medidas de distancia social y sin espacios para consultas médicas.
Todos guardan silencio. Cabe señalar que el Gobierno Canario es un Gobierno de corte progresista y humanitario, compuesto por una coalición de cuatro partidos: PSOE, NC, ASG y Sí Podemos. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para más inri, depende de Noemí Santana Perera —Sí Podemos—. Es un gobierno con la oportunidad de reclamar un papel más activo, definitorio y protagonista en esta situación. Sin embargo, se echa en falta una respuesta contundente a la situación actual, pues se constata su pasividad y permisividad.
La acogida de personas no puede escatimar en acciones coordinadas y humanas, consecuentes con sus derechos. El Gobierno autonómico hace gala de su incapacidad de coordinar una respuesta a la situación, mientras el Gobierno de España se preocupa más por tapar el problema con soluciones chapuceras y poco humanitarias, que por aportar soluciones contundentes a largo plazo. Así, se postula como un Gobierno esbirro de las políticas migratorias europeas, donde siguen abogando por una política de descentralización de las fronteras de la Unión, y cuyos resultados se reflejan claramente en las muertes de migrantes, que crecen a razón de una persona por cada 20 que han desembarcado en las islas, según el proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
¿Por qué elegir una de las rutas más peligrosas de Europa? La respuesta —y la responsabilidad— se encuentran inequívocamente en las políticas europeas. Europa y España pagan a países como Libia, Marruecos y Turquía para mantener a raya los flujos migratorios a base de redadas, maltrato y encarcelamiento. Desde el final de la crisis de los cayucos (2008), España mantiene estrechas relaciones de cooperación con los países del África Occidental, con voluminosas partidas anuales por parte del Ministerio del Interior, dirigidas a la lucha contra la inmigración irregular. Bajo el mandato de Fernando Grande-Marlaksa, estas partidas se han triplicado, llegando en 2019 a 45,9 millones. Así, rutas como el Estrecho o el mar de Alborán suponen un mayor riesgo de redadas, traslados forzosos y encierros por parte de las autoridades marroquís, por lo que miles de migrantes desvían su rumbo forzadamente en busca de alternativas, como la ruta canaria. Migrantes y ONG denuncian redadas indiscriminadas y vulneraciones de derechos humanos. Según la ONU, los migrantes sufren “horrendos abusos” y caen en las redes de las mafias de trata de seres humanos.
Este retorcido sistema de control exterior de fronteras de la Unión Europea sigue evolucionando con su nuevo Pacto Migratorio de “solidaridad a la carta” y el “patrocinio de expulsiones”, en el que entierra la idea del reparto obligatorio de refugiados y propone pagar deportaciones a cambio de no acoger. Esta reglamentación, decepcionante e hipócrita, comporta de facto una victoria para países del norte y del este, frente a los países que más presión migratoria soportan. Es resultado de la sumisión de Bruselas a los dictados extremistas de Hungría y Polonia, frontalmente en contra de los valores de la UE y contra los derechos de las personas migrantes.
Estas políticas sumisas y atolondradas envalentonan el discurso de la extrema derecha europea, que avanza reclamando más blindaje de las fronteras. Además de cobardes, son políticas de contención que no ofrecen solución a un problema creciente; se trata más bien de meter el polvo debajo de la alfombra. Estas acciones políticas no benefician sino a las élites políticas, que mantienen el statu quo con artimañas que cuestan dinero y se cobran vidas.
Es intolerable anunciar este pacto como uno más humano, mientras asistimos a un paso más en la vulneración de derechos fundamentales. Esta forma de actuar sigue la estela colonial europea, con acuerdos políticos paternalistas y propagandísticos, que están lejos de resultar transformadores para los países emisores de migrantes. No se entiende que los países de la Unión Europea suscriban acuerdos que están en la frontera de la violación de Derechos Humanos.
Las repetidas “crisis migratorias” esconden un problema de fondo conceptual, ideológico e histórico que repercute directamente en prácticas políticas y de intervención. Es La Vieja Europa condescendiente, paternalista y colonial, con maquillaje nuevo. Este Pacto era una oportunidad para revertir la normativa vigente de control de fronteras, de asumir que no hay una crisis migratoria en Europa sino un fallo estructural de la gestión de las políticas de migración y asilo en la UE. Lamentablemente, no ha sido así.
La política continúa anclada en un sistema ideológico heredado del colonialismo, la solidaridad es más que nunca caritativa y las devoluciones en caliente son un negocio de mecenazgo. El discurso de lucha contra la inmigración ilegal es una farsa. La migración es un proceso natural de los seres humanos —y como tal, comporta derechos fundamentales—. Es más urgente que nunca legislar en esa dirección.
Frank Manuel Díaz Parcero, activista por los derechos migrantes y de identidad y miembro de la Red EQUO Joven.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/migracion/derechos-migrantes-y-vulneraciones-a-la-carta