Según Blanca Jagger, Embajadora de Buena Voluntad del Consejo Europeo, quien participó en la Conferencia Internacional Gobernabilidad y transparencia en el sector forestal de Nicaragua, «Debo de constatar que la corrupción y la impunidad siguen institucionalizadas en nuestro país. Existen tantas leyes para regular el sector forestal, pero desgraciadamente no se cumplen y siguen las […]
Según Blanca Jagger, Embajadora de Buena Voluntad del Consejo Europeo, quien participó en la Conferencia Internacional Gobernabilidad y transparencia en el sector forestal de Nicaragua, «Debo de constatar que la corrupción y la impunidad siguen institucionalizadas en nuestro país. Existen tantas leyes para regular el sector forestal, pero desgraciadamente no se cumplen y siguen las irregularidades por parte de grupos económicos muy fuertes, sectores vinculados a partidos políticos y al gobierno.
Recientemente, en un reporte del Centro de Investigaciones para la Comunicación (CINCO) leí lo siguiente: «En 1950 una misión técnica de la FAO presentó un primer informe sobre los recursos forestales de Nicaragua. El país registraba una superficie boscosa de 6,4 millones de hectáreas, o sea el 47 por ciento del territorio nacional que se estimaba en 137 mil Km². La superficie cultivada sumaba sólo 958 mil hectáreas, equivalente al 7 por ciento del territorio nacional. Medio siglo después, la valoración forestal de Nicaragua, elaborada por técnicos y especialistas del Instituto Nacional de Forestación (INAFOR), comparaba la superficie boscosa con el informe técnico de la FAO, estimando que esta descendió a 3,2 millones de hectáreas. Es decir que la deforestación supera los 32 mil Km², área mucho mayor que la superficie total de Massachusetts o de El Salvador».
Esta tasa de deforestación equivale a un pérdida promedio de 64 mil hectáreas por año, y en estos últimos 50 años ha desaparecido el 51 por ciento de los bosques de Nicaragua (el 47,35 por ciento en 2000).
Es importante entender lo que pasó en estos 50 años y sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años.
«Son muchos los factores -continuó Jagger- que están relacionados con la elevada tasa de deforestación en el país, destacándose entre otros el avance de la frontera agrícola, la migración campesina, los procesos de Reforma Agraria de 1960 a 1978 y los llevados a cabo por el gobierno sandinista de 1979 a 1990.
Otros factores son el fin del conflicto armado y la reinserción en la vida civil de los grupos en conflicto y, sobre todo, la concesión por parte del Estado de enormes extensiones de territorio a compañías extranjeras en el antiguo Departamento de Zelaya (Costa Caribe)».
Jagger recordó un hecho muy paradigmático ocurrido a comienzo de los años 90, cuando denunció una concesión maderera que se iba a dar a una compañía taiwanesa y que iba a afectar muy fuertemente a las poblaciones indígenas miskitas de la zona.
La cosa interesante que se descubrió fue que esta concesión iba a beneficiar a tres sujetos políticos muy importantes de la época: el Jefe de las Fuerzas Armadas, Humberto Ortega, el señor Pedro Joaquín Chamorro (hijo de la presidenta Violeta Chamorro) y el entonces Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo (yerno de la presidenta Violeta Chamorro).
«Al final se logró encontrar el contrato original, denuncié lo que estaba pasando y se paró la concesión. Hay que parar la corrupción y la impunidad que existe en Nicaragua» concluyó Blanca Jagger.
El desarrollo del sector forestal
Victor Campos, subdirector del Centro Humboldt, cuenta cómo se desarrolló el sector forestal en las últimas décadas.
«La firma de los Acuerdos de Paz en 1990 trajo consigo la reactivación de las zonas de frontera agrícola, promovida en parte por la entrega de grandes extensiones de tierra a grupos de desmovilizados. Ante la ausencia de una Ley Forestal, el Estado emitió el Decreto Ejecutivo 45-93, constituyéndose en una norma con poca fuerza legal y muchos vacíos. Rigió por diez años (1993-2003), hasta la entrada en vigencia de la Ley 462.
Este período se caracterizó por registrar los mayores volúmenes de extracción legal de madera (235 mil metros cúbicos como promedio anual) e iguales o mayores tasas de ilegalidad.
Se implementó también la entrega de concesiones a gran escala, como por ejemplo la que se otorgó a una empresa taiwanesa (125 mil hectáreas) y a la empresa coreana Sol Caribe SA (62 mil hectáreas).
El Estado demostró una total falta de política sectorial, una falta de regulación y control y una infraestructura de procesamiento obsoleta».
Es en este periodo cuando se origina el cambio del Ente Regulador del sector forestal. Esta institución (Sistema Forestal Nacional -SFN y actualmente Instituto Nacional de Forestación (INAFOR)- se financiaba a través de los impuestos, de la permisología, de tasas, multas y subastas.
Esto originaba una carrera para entregar más permisos de explotación forestales, para tener mas recursos y poder funcionar, lo que no garantizaba un manejo eficiente del sector forestal. Durante este período se registraron dos circunstancias que permitieron incrementar el aprovechamiento de madera con visos de legalidad.
La primera fue la detección de la plaga del «gorgojo descortezador» (Dendroctonus frontalis) en Nueva Segovia. Esto se aprovechó para un corte indiscriminado y sin control y sirvió también para el aprovechamiento de más cantidades de pinos, supuestamente atacados por el gorgojo. La tala ilegal se incrementó de forma desmedida.
La otra circunstancia fue el Huracán Mitch (1998). También en ese caso se aprovechó para la tala ilegal y se siguió presentando las grandes cantidades de madera talada, como «madera caída». Esto continuó hasta 2004.
El último período
«En 2003 -continuó Victor Campos- se aprobó la Ley 462 y su Reglamento (73-2003). Ese período se caracterizó por la extracción legal de 180 mil metros cúbicos (2004- 2005) y por la primera asignación presupuestaria al INAFOR (2005). Además, se aprobó el reglamento de incentivos forestales (104- 2005) y de concesiones forestales (106- 2005)
Según declaraciones del Director de INAFOR (en La Prensa, 20 de noviembre de 2003), el volumen de tala ilegal resultó ser cuatro veces más que lo extraído legalmente.
La Ley 462 estableció la privatización de los mecanismos de regulación y control del sector forestal, para averiguar cuándo alguien está trabajando en la legalidad o en la ilegalidad, y es muy difícil comprobarlo. En muchos casos la ilegalidad es más barata que la legalidad. Esta privatización, a través de Regentes y Auditores Forestales, permitió que se istalara un enorme caos en el sector forestal nicaragüense».
Se estableció también la figura de «Planes Mínimos», que son menores de 50 hectáreas y que no necesariamente tienen un plan de manejo.
Con esta figura legal se encubrió toda la tala ilegal en el país, con pleno conocimiento de las autoridades correspondientes.
Es siempre en este período que se registraron los mayores escándalos de corrupción y se iniciaron procesos de certificación, algunos con prácticas dudosas, que restan legitimidad a los mismos y frustran la posibilidad de entrar en una actividad ordenada, productiva, que pueda beneficiar al país.
«En mayo de 2006 -concluyó Campos- se emitió el Decreto de Emergencia Económica (32-2006).Se suspendieron algunos derechos constitucionales en las zonas del río San Juan, Nueva Segovia y Regiones Autónomas del Atlántico y se prohibió todo tipo de actividad forestal. El efecto fue devastador y aumentaron los casos de corrupción. INAFOR secuestraba grandes cantidades de madera talada, pero al momento de subastarla aparecía una cantidad mucho menor. Aún hay que descubrir la verdad, dónde está la madera y quién se benefició con eso.
Además, la Asamblea Nacional no cumplió el procedimiento adecuado para la aprobación o denegación del Decreto 32-2006, y al no darse la sanción, la misma Asamblea emitió la Ley de Veda (Ley 585), la cual entró en vigencia en junio de 2006. Paralelamente, el 20 de mayo de 2006 fue aprobada la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Se creó la expectativa de que con esta Ley se castigarían a los infractores ambientales.
Hasta la fecha no se conoce de personas naturales o jurídicas que hayan sido sancionadas por su efecto.
La Ley de Veda es hoy cuestionada por sus vacíos técnicos y porque no tiene como objetivo crear un compás de espera, en donde se logre el reordenamiento del sector forestal. Lejos de ayudar a detener la tala ilegal de los bosques, incrementó significativamente los flujos de madera hasta en un 50 por ciento.
Toda esta situación de corrupción e impunidad en el manejo de los bosques pone en riesgo el futuro del capital natural de Nicaragua.
Hay que revisar la Ley de Veda Forestal y la Ley Forestal y abrir un espacio de diálogo entre los distintos actores para lograr el manejo sostenible de los recursos forestales para el desarrollo nacional, y resulta necesario trabajar una política de descentralización del manejo de los recursos forestales hacia los gobiernos municipales».