El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, mantuvieron una reunión de cerca de cuatro horas en el Palacio de la Moncloa. La información sobre el contenido del encuentro ofrecida por ambas partes a la conclusión del mismo transitó, lamentablemente, por los caminos esperados. La negativa española a […]
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, mantuvieron una reunión de cerca de cuatro horas en el Palacio de la Moncloa. La información sobre el contenido del encuentro ofrecida por ambas partes a la conclusión del mismo transitó, lamentablemente, por los caminos esperados. La negativa española a abrir ningún tipo de negociación o búsqueda de acuerdos sobre la base del texto aprobado el pasado 30 de diciembre por la mayoría absoluta del Parlamento de Gasteiz conduce irremediablemente hacia un choque entre la legalidad del Estado y la legitimidad de la sociedad vasca para en todo o en parte expresar su voluntad.
Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión supusieron un desprecio expreso a la parte de la sociedad vasca que representa el Parlamento de Gasteiz y son sobrada muestra del escaso talante democrático del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Madrid señala que se niega a dialogar o negociar el acuerdo alcanzado por la Cámara autonómica porque la propuesta no se atiene a las directrices marcadas por la Constitución española y porque no cuenta con el consenso necesario. Esto es totalmente incierto. El proyecto de reforma estatutaria ha seguido escrupulosamente los pasos marcados tanto por la Constitución como por el actual Estatuto de 1979. Otra cosa es que su contenido exceda los estrechos marcos legales actuales. Pero esto no sirve para tachar el proyecto de inconstitucional, como queda claro en el hecho de que el Gobierno español no quiera recurrir al Tribunal Constitucional para no recibir el mismo varapalo que se llevó José María Aznar. En cuanto a la cuestión del consenso, la propuesta cuenta con la mayoría absoluta del Parlamento de Gasteiz, que es la exigida por las leyes. Lo que el Gobierno español está queriendo decir es que esa mayoría absoluta, ese «consenso necesario», no es de su agrado porque no refleja las posiciones de PSOEy PP, y por lo tanto lo desprecia y exige una revisión de todo el proceso.
Este es, evidentemente, un mal punto de partida. Un acuerdo institucional legal, que en su parte inicial recoge las cuestiones esenciales para poder resolver un conflicto que se prolonga ya por demasiado tiempo, va a ser rechazado sin dar siquiera una oportunidad al diálogo multilateral y no sólo entre gobiernos. Y todo porque, por mucho que digan, temen que los vascos puedan expresarse en libertad.