Que los responsables de haber infligido el mayor daño económico, social e institucional a Catalunya estén preventivamente en la cárcel puede ser cuestionado con argumentos jurídicos, pero no dan ninguna pena. El ingreso en prisión ordenado por la jueza Lamela es para evitar alguno de los tres riesgos (destrucción de pruebas, reincidencia o fuga). No […]
Que los responsables de haber infligido el mayor daño económico, social e institucional a Catalunya estén preventivamente en la cárcel puede ser cuestionado con argumentos jurídicos, pero no dan ninguna pena. El ingreso en prisión ordenado por la jueza Lamela es para evitar alguno de los tres riesgos (destrucción de pruebas, reincidencia o fuga). No olvidemos que los querellados, excepto Santi Vila, no quisieron responder a las preguntas de la Fiscalía ni mostraron su intención de respetar a partir de ahora el orden constitucional. Los ‘exconsellers’ siguen considerándose miembros del Govern «legítimo», con gestos como los de reunirse en el Parlament emulando una reunión del Consell Executiu.
Hace dos días, Oriol Junqueras firmó en calidad de vicepresident un artículo en The New York Times en el que afirmaba el nacimiento de la república catalana, mientras Carles Puigdemont está fugado y emite mensajes en los que llama a la resistencia en concierto con el resto de los exconsellers. Lo que debería sorprendernos a tenor de la gravedad de los delitos que se relatan en el auto no es que entren ahora en la cárcel sino que no hubiera habido una querella penal mucho antes contra ellos. Y no olvidemos tampoco que habían sido advertidos reiteradamente del riesgo de burlar las leyes y de incumplir las sentencias del TC.
La realidad de la división de poderes
Cuesta ver la razón de tanto escándalo por su encarcelamiento. Otra cosa es que eso tenga graves inconvenientes políticos a un mes y medio de las elecciones, pero no se puede exigir a la justicia que actúe en base a criterios de oportunidad. Estamos ante una decisión jurídica profundamente antipolítica, lo cual confirma, contra lo que algunos afirman con tanta alegría, la realidad de la división de poderes en España. No es una orden dictada por Mariano Rajoy, que ha aplicado un artículo 155 puramente electoral. Ni menos aún deseada por los denominados partidos constitucionalistas. Por eso la alcaldesa Ada Colau debería pensar dos veces las sandeces que dice en su declaración institucional cuando exige al Gobierno español que «libere a los presos» o dicte una «amnistía». Son los separatistas y podemitas los que intentan politizar la justicia al exigir que esta se adapte a sus criterios.
Los que más podrían lamentar el auto de la juez son Cs, PSC y PP, que tendrán que hacer frente antes del 21-D a un clima de insoportable victimismo. Afortunadamente, la sociedad catalana empieza a despertarse del procés, a desprocesarse, liberándose de las ataduras del nacionalismo. Por ejemplo, se ha iniciado un movimiento que cuenta ya con miles de firmas para despolitizar los colegios médicos, que como tantos otros organismos profesionales han emitido todos estos años comunicados de apoyo al procés. Desprocesar Catalunya significa recuperar la neutralidad de las instituciones y aceptar la pluralidad de la sociedad civil. Solo desde la racionalidad podemos analizar decisiones jurídicas controvertidas. Y más allá de eso empezar a desandar un camino nefasto que nos ha llevado a la división social, a la quiebra institucional y al empobrecimiento.
Fuente: http://www.elperiodico.com/es/opinion/20171103/desprocesar-catalunya-6400569