Desde hace meses, los distintos grupos de prensa que controlan los diarios madrileños presionan para que se produzca una crisis de gobierno. Se trata de la crónica de una crisis anunciada, cuando se cumple un año de la segunda legislatura del Gobierno Zapatero, una crisis cuya causa fundamental es la pérdida de iniciativa política y […]
Desde hace meses, los distintos grupos de prensa que controlan los diarios madrileños presionan para que se produzca una crisis de gobierno. Se trata de la crónica de una crisis anunciada, cuando se cumple un año de la segunda legislatura del Gobierno Zapatero, una crisis cuya causa fundamental es la pérdida de iniciativa política y de aliados estratégicos; la desarticulación, en definitiva, del proyecto hegemónico de Zapatero.
Los rumores sobre una crisis de gobierno se remontan al otoño pasado, pocos meses después de las elecciones legislativas, y nacen en el interior del propio PSOE, alimentados por una legión de «jóvenes turcos» -secretarios de estado y secretarios generales- que critican como continuista la composición del Gobierno. ¿Cómo pueden resolver los problemas enquistados desde la primera legislatura quienes los han creado? Detrás de las distractoras invocaciones a la «renovación generacional» y a la «eficacia» en la gestión, amaga la inconfundible voluntad de propiciar un «giro a la derecha». Un viraje que, a la vista de la crisis económica y del atasco en la negociación sobre financiación autonómica (1), aboga por pactos de estado con el PP.
La Justicia como banco de pruebas
Después de varios intentos mediáticos, el banco de pruebas de esta nueva sensibilidad política difusa en el PSOE ha sido la Justicia. En el mes de julio, PSOE y PP alcanzaron un acuerdo para la reforma del poder judicial, apoyado parcialmente por CiU y el PNV, que bloqueaba la aplicación de las reformas propuestas en el propio programa electoral socialista. La renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) se pactó al 50% entre las asociaciones de magistrados afines a ambos partidos y excluyendo a las otras dos: la mayoritaria, Francisco de Vitoria, y el Foro Judicial Independiente. A pesar del «pacto de estado», el PP se negó en redondo a una renovación del Tribunal Constitucional -varios de cuyos miembros han superado los límites temporales reglamentarios de su mandato-, hasta que pronuncie su dictamen sobre el recurso del partido de la derecha española contra el Estatut de Catalunya.
El Ministro Bermejo se encontró en una situación sin margen de maniobra, sometido a una creciente presión por la movilización de los secretarios de juzgado, primero, y por los jueces, después, ante la degradación creciente y consciente de la justicia como servicio público (2,5 millones de causas pendientes) por unos cuerpos judiciales decimonónicos. El 18 de febrero, los jueces -con el apoyo explícito de las dos asociaciones excluidas del «pacto de estado»- convocaron por primera vez una huelga de tribunales en el Reino de España, alentada por la derecha social y el PP. El CGPJ se pronunció en contra de la misma, pero tuvo que reconocer el vacío legal existente en la normativa en vigor por lo que se refiere al derecho a la huelga de los jueces y a la posible fijación de servicios mínimos.
De 3.500 jueces en activo, el 62% se sumó al paro, formando un comité de huelga de ámbito territorial de todo el Estado, que coincidió en la Comunidad de Madrid con la huelga por sus reivindicaciones salariales de los secretarios y trabajadores de los juzgados. Frente a la paralización del poder judicial, el Ministro Bermejo intentó mantener el principio de autoridad anunciando una ley antihuelga para el sector. Pero la propia legitimidad de la medida había quedado seriamente dañada por los pactos firmados y rotos por el PP que, en la práctica, le daban a la derecha social un derecho de veto en el aparato judicial, que ahora ejercía de facto con la huelga.
Mientras tanto, el juez Garzón, desde la Audiencia Nacional, llevaba a cabo una doble investigación sobre cargos municipales electos y militantes del PP. La primera, una trama de espionaje ilegal desde la Comunidad de Madrid a otros miembros del PP de la alcaldía de Madrid. La segunda, una red de financiación ilegal a partir de una pirámide de empresas de servicios en las Comunidades de Valencia y Madrid. Pero lo que sucedió a continuación podría ser perfectamente una escena de la película de Berlanga La escopeta nacional.
La coincidencia en una montería del ministro Bermejo y de varios jueces de la Audiencia Nacional, incluido Garzón, permitió al PP orquestar una campaña sobre la falta de licencia provincial de caza de Bermejo, la carencia de sensibilidad ecológica de los presentes y la posible confabulación política de la izquierda para perseguir con nepotismo judicial a la derecha política, que consiguió con un éxito asombroso situar la atención de la opinión pública no en la ética, sino en la estética, y exigir la dimisión inmediata de Bermejo.
Que Zapatero no fuese capaz de comprender el pulso que se planteaba tras la huelga de los jueces y que se dejase aconsejar por los sectores del PSOE que apoyaron esta exigencia del PP como una manera de abrir la buscada crisis para la «renovación» del gobierno, demuestra hasta qué punto ha errado el presidente del gobierno en la apreciación de la correlación de fuerzas y de la situación política. El cese de Bermejo, pocos días antes de las elecciones autonómicas gallegas y vascas, envió el mensaje de que la movilización de la derecha social y política rinde beneficios, de que es capaz de imponer «líneas rojas» al Gobierno Zapatero y de que la «renovación» del Gobierno para hacer frente al desgaste de la crisis económica se deberá hacer con un «giro a la derecha».
El cese de Bermejo es el equivalente simétrico, por la derecha, del cese del ex-ministro de defensa Bono en la primera legislatura. Entonces, aquel cese bloqueó el proyecto de los sectores más socio-liberales del PSOE de buscar un consenso de legislatura con el PP tras la primera oleada de manifestaciones extraparlamentarias de la derecha social. Ahora, ha abierto las puertas a nuevos «pactos de estado» con la derecha y a la crisis de gobierno respondiendo a los intereses de la oligarquía económica del país, que quiere imponer sus medidas de salida de la crisis frente a los sindicatos y al conjunto de la población trabajadora.
Las consecuencias de las elecciones en Galicia y Euskadi
Dos son los escenarios de desenlace político de la crisis económica en curso. Uno, los resultados de las elecciones autonómicas en Galicia y Euskadi; otro, el balance del primer año de gobierno en esta segunda legislatura y, en especial, de las distintas medidas que han ido conformando el «Plan para la recuperación de la economía y la lucha contra el desempleo».
Desde el punto de vista de los apoyos electorales, el PSOE ha mantenido el número de escaños en el Parlamento gallego y ha sumado siete más en el Parlamento vasco. Pero ha sido desalojado de la Xunta de Galicia, que gobernaba en coalición con el BNG, por la pérdida de los galleguistas de izquierdas de un escaño. El efecto de la derrota de las izquierdas gallegas es el reconocimiento del fracaso del modelo de gestión tecnocrática del bipartito, que, lejos de funcionar como una alternativa a la larga herencia de caciquismo del PP, consistió en gestionar el reparto de zonas de influencias en una sociedad gallega inhabilitada para sumarse a un proyecto conjunto de la izquierda. Las izquierdas políticas gallegas no han sido capaces de relanzar a la izquierda social del país después del Nunca Mais. Por el contrario, la campaña del PP en Galicia ha sido un ejemplo de la movilización de la derecha pueblo a pueblo, para recuperar con la Xunta los favores debidos por una red caciquil intacta.
En Euskadi, el ascenso del PSE puede resultar una victoria pírrica. Se sostiene en buena parte por los efectos de una aberrante Ley de Partidos antidemocrática que ha ilegalizado al 8,8% del electorado -que ha votado nulo con disciplina en unas condiciones muy adversas para mantener aunque sea simbólicamente el peso electoral de la izquierda abertzale-, y en el corrimiento de voto del PP, del que Patxi López, el candidato del PSE, depende para construir una alternativa a Ibarretxe, el actual lehendakari vasco y cabeza de lista del PNV, pero que lo sostiene «como la cuerda al ahorcado». El número de votos que apoyan a Patxi López como lehendakari (482.839 del PSE, y los muy derechistas PP y UPD), a pesar de los 38 escaños, es menor que los que han apoyado a los partidos nacionalistas vascos (496.591 de PNV, EA y Aralar, a los que hay que sumar los 36.134 de EBB, la Izquierda Unida vasca), que han obtenido 37 escaños. De haber podido presentar sus listas, el 8,8% de votos nulos de la izquierda abertzale hubieran significado 7 escaños. La correlación de fuerza real y su representación democrática ha quedado distorsionada en la cámara vasca por la Ley de Partidos. Es decir, condicionado por los límites impuestos por el «pacto de estado» PP-PSOE que representa dicha ley, que es la piedra angular del «frentismo» nacionalista español en el País Vasco.
La exigencia de Zapatero y del PSE de que Patxi López sea el nuevo lehendakari supone inevitablemente romper la colaboración con el PNV y aceptar el apoyo del PP. Ello, a pesar de que el crecimiento electoral del PSE ha sido posible gracias al abandono de la anterior política de «unidad de los constitucionalistas» (eufemismo de la política de unidad del nacionalismo español especialmente agresivo frente a todas las variantes del nacionalismo vasco) que representaba Nicolás Redondo Terreros, el anterior dirigente del PSE, y de la que se sigue reclamando Rosa Díaz, la cara más conocida de UPD.
Lejos de reflejar una aspiración de «cambio» desde posiciones «constitucionalistas» ante los largos años de gobiernos nacionalistas vascos hegemonizados por el PNV, el ascenso del PSE por el corrimiento a su favor del voto no nacionalista vasco, pero paralelo al mantenimiento del voto del PNV y sin cambios en la correlación de fuerzas entre ambos bloques (2), parece apuntar a un gobierno PNV-PSE (3).
No deja de sorprender la ingenuidad de los portavoces socialistas vascos cuando han sugerido que su estrategia preferida sería la elección de Patxi López como lehendakari con los votos del PP, para a continuación pactar con el PNV un gobierno conjunto a medio plazo. Zapatero es prisionero de la propia dinámica que ha alimentado tras el fracaso de la negociación con la izquierda abertzale y ETA en la primera legislatura, y que le exige ahora, para reafirmar ante su electorado en el resto del Reino de España su buena fe, apoyarse en la derecha para desalojar del Gobierno vasco al PNV y sus aliados. Aunque ello implique dar derecho de veto al PP en el País Vasco y perder a un aliado estratégico, como ha demostrado ser el PNV, en los temas económicos y presupuestarios en el Congreso de los Diputados.
La pérdida de aliados y la crisis de hegemonía
Para la estabilidad y el proyecto político del Gobierno Zapatero, más grave que el corto recorrido previsible de un gobierno vasco minoritario del PSE apoyado por los votos del PP, puede ser la caída de las fichas de dominó en su política de alianzas que implica un enfrentamiento con el PNV. Sin en apoyo de los nacionalistas vascos para los presupuestos del 2010 y del 2011, decisivos para las políticas anticíclicas frente a la crisis, no caben otros apoyos que los de CiU, abriendo la brecha interna en el seno del tripartito en el Gobierno catalán y entre el propio PSC y el PSOE. O, por supuesto, el gran «pacto de estado» PSOE-PP contra la crisis, como ha reclamado el presidente del BBVA, Francisco González, ante su junta de accionistas, que supondría el fin político del «zapaterismo». Cuando los presidentes de los bancos llaman a un pacto ante la «emergencia nacional» están diciendo que todos los sectores sociales populares, con los sindicatos a la cabeza, deben sacrificarse para que ellos salgan lo más indemnes posible de este mal trago.
La legislatura, que comenzó con el aislamiento político del PP, puede acabar situando al PSOE ante una falta de aliados parecida en el Parlamento español y en la necesaria convocatoria de elecciones anticipadas. Este es el escenario que comienza a barajarse si se produjese una derrota significativa del PSOE en junio de este año en las elecciones al Parlamento europeo y las encuestas señalasen una tendencia de erosión y abstención del voto socialista cara a las elecciones municipales y autonómicas del 2011.
Por el momento, en cualquier caso, el reto del Gobierno Zapatero es la recuperación de la iniciativa política perdida, la reconstrucción de un bloque de alianzas y la renovación de su liderazgo en las políticas frente a la crisis . Pero la propia naturaleza de la crisis económica obliga a decisiones que alteran la correlación de fuerzas. De ahí que políticamente surja una cierta tensión entre los sectores que defienden las «políticas de estado» en confluencia con el PP para imponer las reformas estructurales del mercado laboral y las subvenciones para mantener las tasas de beneficios defendidas por las patronales CEOE y la AEB, y aquellos otros que subrayan la autonomía del proyecto político de Zapatero, su carácter social-demócrata, y la promesa de mantener el gasto social y la capacidad de consumo de las clases populares frente a los efectos de la crisis. Los datos parecen indicar que los primeros van ganando.
En cualquier caso, la campaña mediática para que tenga lugar una crisis de gobierno y se sustituya al equipo económico responde más que a las críticas a la gestión de Solbes -que sigue siendo uno de los ministros mejor valorados- a las presiones desde la derecha para imponer ante las exigencias sindicales de CCOO y UGT, en el llamado «diálogo social», unos gestores económicos más intransigentes para conseguir una salida a la crisis completamente favorable a la burguesía.
La decisión de CCOO y de UGT de no renovar en el 2009 el Acuerdo para la Negociación Colectiva (ANC) en los términos exigidos por la patronal es, en este sentido, doblemente importante y marca la creciente polarización de la situación social. Por un lado, se mantiene la reivindicación de subidas salariales a partir del 2% (objetivo de inflación del Banco Central Europeo) en las negociaciones sectoriales, para mantener la capacidad de consumo de los trabajadores. Y se rechaza al mismo tiempo las medidas anti-crisis propuestas por la patronal como la desregularización administrativa de los EREs, la rebaja de tres puntos de las cuotas patronales a la seguridad social, el llamado «contrato de crisis» que abarata el despido y la gestión por las mutuas del absentismo laboral.
Esta posición de firmeza inicial debe afectar a las tres cuartas partes de los convenios colectivos sectoriales aun por negociar (3.261), que afectan a más de cinco millones de trabajadores y de cuyo resultado dependerá en buena medida la orientación para la salida de la crisis y los objetivos de los presupuestos del 2010. La decisión de mantener esta postura en el territorio del Reino de España por las direcciones de CCOO y UGT y la presión por abajo en las negociaciones de los convenios sectoriales puede ser decisiva para fortalecer la izquierda social y política frente a los sectores de la derecha y del PSOE que presionan por un «giro a la derecha» para alcanzar un «pacto de estado» contra la crisis. Porque ese «pacto de estado» por su propia naturaleza supondría importantes concesiones, más aún de las que ya se están realizando, al programa de reformas estructurales de la patronal y un desplazamiento sustancial a la derecha en la correlación de fuerzas que a medio plazo se expresaría electoralmente con la victoria del PP.
Esa movilización de base sindical (4) debería ir acompañada, para vislumbrar buenas perspectivas, de una reconstrucción política de la izquierda en términos de programa y de proyecto organizativo. La resistencia, para ser creíble socialmente, también debería ir de la mano de una visión nueva de modelo social, económico y de organización territorial del Reino de España que sintetice los objetivos de un «giro a la izquierda». Y de un proyecto organizativo capaz de revertir la actual tendencia a la disgregación de los grupos y sectores a la izquierda del PSOE, para constituir nuevas redes y bloques de alianzas a partir de los sujetos reales de la resistencia popular contra la crisis. Más que necesario, es imprescindible. Pero está todo por hacer.
NOTAS:
(1) Fernández de la Vega, vicepresidenta del actual gobierno, declaró galanamente el 13 de marzo que las negociaciones por la financiación se retrasarían «unas semanas más» (después de los muchos meses de retraso sobre fechas acordadas). La paralización de la financiación autonómica está siendo recibida en Cataluña hasta por los sectores sociales menos politizados como una vejación, tanto es así que está provocando las sorprendentes (recordemos que se trataba de un hombre completamente fiel a Zapatero y al aparato del PSOE), justificadas y significativas quejas del Presidente de la Generalitat catalana, el socialista José Montilla.
(2) La polarización en torno a las fuerzas mayoritarias en cada uno de los bloques ha sido importante en estas elecciones vascas. El PP ha perdido 60.000 votos, el 20% de su electorado, a favor del PSOE y de UPD (22.000 votos). EA no ha sido capaz de mantener el 50% de los votos que probablemente contribuyó a la coalición con el PNV en 2005, mientras que EBB ha perdido más del 40% de su electorado (hecho que ha motivado la sustitución de su actual coordinador general, Javier Madrazo por Mikel Arana). Aralar, un partido independentista de izquierdas alejado de ETA, en cambio, ha doblado sus votos y ha pasado de 1 a 4 diputados, recogiendo tanto el desgaste de la participación directa en el Gobierno vasco de EA y de EBB sin condicionar la hegemonía del PNV, como de otros sectores de la izquierda abertzale, en algún momento anterior más pro-ETA, a la búsqueda de una nueva dirección política.
(3) La posibilidad de un Gobierno PNV-PSE responde al «realismo» político de los votantes, independientemente de las estrategias de las direcciones políticas. Y tampoco supone un olvido del pasado ni de la naturaleza de un gobierno de coalición semejante. El PNV y el PSE ya compartieron gobierno en el pasado y aplicaron una dura política de reconversión industrial con efectos desastrosos para la clase obrera vasca, y hoy comparten políticas de infraestructuras de dudosa sostenibilidad como el tren de Alta Velocidad en Euskadi (TAV). Son de aquel período las políticas antiterroristas, con los GAL incluidos, por parte del gobierno central del PSOE.
(4) La manifestación convocada en Barcelona por CCOO y UGT el 14 de marzo con el lema «Plantem cara a la crisi» (Hagamos frente a la crisis) a la que asistieron varios miles de personas (50.000, según los organizadores) es un modesto pero necesario paso.
Gustavo Buster, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es el heterónimo de un analista político. Daniel Raventós, miembro del Comité de Redacción de SINPERMISO, es profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona; su último libro es Las condiciones materiales de la libertad (El Viejo Topo, 2007).