La nueva reforma educativa, denominada LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) es una ley que devalúa la Formación Profesional. Utilizar la excusa de aumentar la empleabilidad, como se argumenta, para segregar cuanto antes al alumnado hacia la formación profesional, rompiendo la enseñanza común y general, olvida que necesitamos una estructura empresarial […]
La nueva reforma educativa, denominada LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) es una ley que devalúa la Formación Profesional. Utilizar la excusa de aumentar la empleabilidad, como se argumenta, para segregar cuanto antes al alumnado hacia la formación profesional, rompiendo la enseñanza común y general, olvida que necesitamos una estructura empresarial y de empleo que en estos momentos carecemos, porque la empleabilidad no depende exclusivamente de la formación sino de la demanda laboral.
Además, para ello, se necesitaría aumentar los perfiles formativos de formación profesional, del número de centros, la infraestructura profesional (talleres en los centros) y el profesorado cualificado, etc. La selección temprana en la secundaria obligatoria lo que va a provocar es una devaluación de la Formación Profesional.
La aplicación del modelo de FP dual, importado de Alemania, sabiendo que las posibilidades de formación en el empleo dependen de la oferta laboral que, en nuestro país, es inexistente debido a la falta de una política industrial y de empleo y a las diferentes reformas laborales que favorecen los despidos, puede convertirse en una nueva vía para deteriorar aún más nuestro mercado de trabajo, utilizando como mano de obra barata a los estudiantes de Formación Profesional.
El hecho de que el modelo aprobado no incluya como requisito imprescindible que el alumnado reciba una remuneración por las prácticas -en Alemania las empresas les pagan entre 300 y 800 euros- supone que el Ministerio le está regalando a las empresas mano de obra joven y barata, sin que tan siquiera vele por una correcta formación del alumnado, más allá de las necesidades específicas de una determinada empresa.
La implantación de la FP Dual queda rápidamente cuestionada simplemente constatando que a nivel estatal el 92,7% de las empresas son pymes -el 85% con un máximo de dos trabajadores o trabajadoras- que difícilmente podrán garantir la existencia de una persona que ejerza la labor de tutorizar y enseñar al alumnado como sucede en Alemania.
Lo que realmente se implanta con esta ley es la desregularización de la FP, permitiendo un recorte aún mayor en profesorado, instalaciones, componentes, materiales, equipos… que podrán ser suprimidos de los centros educativos ya que la formación práctica se enseñará en las empresas.
Además hay que destacar que este modelo supone la absoluta subordinación de cualquier tipo de planificación educativa profesional a las necesidades de las empresas, o más concretamente de las empresas dominantes y de la coyuntura económica, lo que podría llevar a perder la polivalencia de la formación profesional imprescindible en la sociedad actual, con necesidades tan cambiantes en el mercado laboral.
Esta ley persigue el desmantelamiento de todo atisbo de cualquier modelo educativo basado en la comprensividad y en el principio de calidad con equidad. Lo que busca es consolidar una enseñanza dual mediante la estrategia de abandonar a su suerte a la educación pública y convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos para quienes tienen más dificultades de aprendizaje.
Esta es una Ley que contempla a la educación como un bien privado al servicio exclusivo del sistema productivo, que considera el servicio educativo sujeto a las leyes del mercado, donde la competencia entre los centros y la preferencia de elección en aras de una futura ventaja competitiva en el mercado laboral para los hijos e hijas, serán los elementos que determinen la calidad del sistema.
No ofrece medidas para reducir la tasa de abandono educativo temprano y mejorar la tasa de población que alcanza el nivel de ESO, sino que las medidas que propone van justamente en el sentido contrario: la multiplicación de reválidas al término de cada etapa o la segregación temprana. Es decir, esta reforma no está dirigida contra el fracaso escolar, sino contra el alumnado que «fracasa» en este sistema educativo.
En definitiva, esta ley eufemísticamente denominada «para la mejora de la calidad educativa», lo que realmente pretende es reducir el período de enseñanza obligatoria para una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc., así como consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada subvencionada con dinero de nuestros impuestos. ¿Calidad para quién? Para aquellos que se la puedan pagar.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.