Desde aquel edificio, el 20 de enero de 1969, salió con vida Enrique Ruano para ser lanzado al vacío en la vivienda que los agentes de la Brigada Político-Social fueron a registrar creyendo que iban a encontrar pruebas que no hallaron.
Entre noviembre de 1967 y enero de 1976 el firmante de este artículo estuvo detenido siete veces en las dependencias de la Dirección General de Seguridad (hoy sede la Presidencia de la Comunidad de Madrid) en la Puerta de sol de Madrid, a disposición de la Brigada Político-Social del Cuerpo General de Policía, Brigada mandada por el Comisario Saturnino Yagüe. Los detenidos estábamos en los calabozos de los pisos del sótano y éramos subidos a la Brigada para los interrogatorios que podían durar varias horas durante tres días.
La duración de las detenciones solía ser las setenta y dos horas que preveía la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien en el estado de excepción decretado en enero de 1969 y en el estado de semiexcepción decretado en diciembre de 1970 el firmante de este artículo estuvo detenido diez días en ambas ocasiones. La detención casi siempre tenía secuelas: sólo en dos ocasiones salí sin consecuencias, pues lo normal era que la libertad fuera acompañada de una multa (me impusieron tres, una de ellas en cuantía de cien mil pesetas en 1973) o que se acabara en la prisión de Carabanchel a disposición de la autoridad judicial militar o del Tribunal de Orden Público o, en fin, si la detención ocurría durante el estado de excepción, era frecuente salir de la DGS para acabar confinado en algún pueblo alejado de la capital, donde estabas vigilado por el Ayuntamiento y por la Guardia Civil.
La sede de la DGS es un ejemplo de lo que Pierre Nora denominó los lugares de la memoria (Les lieux de la mémoire, Gallimard, París, 1984-1992, 3 vols.). Después de la Guerra Civil pasaron por aquel edificio miles de opositores y allí fue torturado hasta la muerte Tomás Centeno, máximo dirigente del PSOE y de UGT en el interior (1953). En 1963, desde una de sus ventanas fue arrojado al vacío Julián Grimau que no obstante sobrevivió… para ser ejecutado meses después. Y desde aquel mismo edificio el 20 de enero de 1969 salió con vida Enrique Ruano para ser lanzado al vacío en la vivienda que los agentes de la Brigada Político-Social fueron a registrar creyendo que iban a encontrar pruebas que no hallaron.
Si la DGS tiene esa naturaleza emblemática es por la propia naturaleza represiva y violenta del franquismo. Como todas las dictaduras, la franquista se caracteriza por la violencia contra toda la población y, sobre todo, contra los opositores. Antes incluso del golpe de Estado, las instrucciones de General Mola a los implicados fueron aplicar la máxima violencia. Esa violencia se aplicó después del golpe de Estado allí donde triunfó, siguió aplicándose a todos los vencidos al acabar la Guerra Civil y no dejó de practicarse a lo largo de todo el régimen, como se ve en las memorias de Mario Onaindía a finales de los años sesenta culminando con cinco ejecuciones menos de dos meses antes de la muerte de Franco. Y si hay un lugar que ejemplifica la violencia y la represión es la sede de la DGS.
Por eso, los que vivimos y sufrimos la represión nos alegramos cuando el pasado 24 de octubre leímos en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 16 de octubre de 2024 de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, por la que se publicaba el Acuerdo de incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática a la «Extinta Dirección General de Seguridad franquista», sita en Madrid. Porque era un reconocimiento a todos los que pasamos por allí, a los que allí sufrieron y murieron. Y no sólo el reconocimiento a las víctimas de la dictadura, sino el cumplimiento del deber pedagógico de informar a las generaciones futuras, las que no sufrieron el franquismo, sobre el carácter destructivo de aquel régimen.
Cuando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática está tramitando el expediente de la declaración, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha formulado un requerimiento para impedirlo. Jurídicamente, la presidenta Díaz Ayuso no tiene ninguna razón. La Ley 20/22, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, contiene una larga disposición final cuarta que detalla los títulos competenciales que posee el Estado para regular esta materia y nada impide que el Gobierno de la Nación formule cuantas declaraciones de Lugares de la Memoria Democrática considere necesarias, máxime cuando esa declaración no incide sobre las facultades dominicales de sus titulares, en este caso, la Comunidad de Madrid.
Si la declaración de Lugar de la Memoria Democrática no invade competencias de la Comunidad de Madrid (tanto el Gobierno como el Parlamento madrileños podrían haber recurrida la Ley ante el Tribunal Constitucional en vindicación de unas competencias vulneradas, pero no lo no han hecho), ¿qué pretende Díaz Ayuso?
En primer lugar, como siempre, quitar a Núñez Feijóo el protagonismo de la oposición, pero eso ya es una constante. En segundo lugar, la lucha contra la memoria de la democracia y, de paso, cierta reivindicación de la dictadura es otro elemento constante (en cierto modo, estructural) de la política ideológica y cultural de la Presidenta de Madrid. En tercer lugar, es un gesto dirigido a sus votantes de extrema derecha (que los hay) y a los de Vox.
El problema no es que Díaz Ayuso lleve una política independiente de su partido. El problema es que el Partido Popular aún no ha roto con el franquismo de sus fundadores, y ahora menos que nunca porque sabe que necesita a Vox para gobernar en el futuro. Durante mucho tiempo, en parte por conservar a unos electores franquistas y en parte por rechazo ideológico a todo lo que huele a progresista, el Partido Popular no se ha despegado de la dictadura de Franco, a quien nunca ha condenado. Algo parecido le pasa al Partido Social Cristiano de Baviera, con los efectos que estamos empezando a ver con su dirigente Manfred Weber. ¿Cuándo será capaz el Partido Popular de enfrentarse a su historia, de liberarse de sus fantasmas y de quienes le arrastran hacia la extrema derecha y adoptar unos principios democráticos claros no sólo hacia el presente, sino para interpretar conforme a esos principios la historia española del siglo XX? Ya he comentado aquí que en 2021 un diputado popular en la Comisión de Cultura del Congreso reprochó al representante del Ministerio de Cultura que la Filmoteca Nacional hubiera dedicado un ciclo de películas a la Segunda República. Si el Partido Popular asume la democracia republicana de 1931 y condena el franquismo, acabará superando también la constante incomodidad que le provoca aquel régimen y se podrá dirigir a los electores del centro con una naturalidad de la que ahora carece.
Precisamente, la resistencia del Partido Popular a condenar el franquismo hace más necesario si cabe que desde el Gobierno se contribuya a asentar la memoria democrática. Hay historiadores solventes que consideran precipitado empezar a recordar la muerte del dictador como punto de partida de la campaña, pero en realidad lo que importa es el contenido, es decir, la pedagogía de rechazo de todas las dictaduras y de valoración de la democracia. Que empiece a hacerse en 2025 o en 2027 es secundario porque se trata de que cale en la ciudadanía el rechazo a todos los regímenes autoritarios.