Aunque las competencias de Educación están transferidas a las comunidades, en todas se está produciendo una progresiva privatización de los servicios educativos. Eso sí, no de manera uniforme. Afirmar que la educación en el Estado español no pasa por un buen momento, no sería descubrir nada nuevo. Tanto las estadísticas de gasto del PIB, los […]
Aunque las competencias de Educación están transferidas a las comunidades, en todas se está produciendo una progresiva privatización de los servicios educativos. Eso sí, no de manera uniforme.
Afirmar que la educación en el Estado español no pasa por un buen momento, no sería descubrir nada nuevo. Tanto las estadísticas de gasto del PIB, los informes de la OCDE, como la percepción de la sociedad así lo corroboran. Ante esta situación, propuestas para su mejora existen muchas, pero esperanzas no se atisban demasiadas. Una de las últimas alternativas, propuesta por la Consejería de Educación de Andalucía, es incrementar el sueldo a los profesores según el porcentaje de aprobados. «Un lavado de cara respecto a las estadísticas, más que una verdadera preocupación por la formación», arremete Rafael Senoi, máximo responsable de educación del sindicato CGT.
Junto a la falta de inversión y los continuos cambios de proyectos académicos -cada vez que llega un partido a La Moncloa ha promulgado nueva legislación educativa-, el sistema educativo destaca por el incremento de la educación privada, especialmente en las grandes ciudades. Una apuesta en la que se reflejan tanto intereses económicos como religiosos. «Con la Ley Orgánica de Educación (LOE), la última legislación educativa del PSOE, se define el servicio público de la educación cómo el desarrollado tanto por poderes públicos como por entidades privadas. Ésta es la piedra angular de todos los procesos que vamos a vivir», destaca Augusto Serrano, secretario confederal de STEs y miembro del Consejo Escolar del Estado. Además, destaca las dos nuevas vías de privatizaciones que existen, la de los conciertos en tramos de educación no obligatoria, como la de 0-3 años, en vez de la apuesta por una red pública y, por otro lado, la construcción de centros públicos, pero de gestión privada. «Un fenómeno que todavía no se ha producido en la educación, pero que en Madrid se está viviendo con la creación de los nuevos hospitales», denuncia Serrano.
El final del curso pasado se caracterizó por importantes movilizaciones ante la privatización de la escuela, especialmente en Catalunya, Madrid y Andalucía. Áreas donde se están viviendo procesos privatizadores de la educación con estrategias diferentes, pero con un fondo y algunas prácticas comunes, que marcarán el devenir de la educación en el resto de las comunidades.
Mientras que Madrid (PP) destaca por ser el más descarado de todos los procesos. Aunque, sin una nueva legislación tras la publicación por parte del Gobierno de Zapatero de la LOE. Ejemplos de ello son las numerosas cesiones de parcelas a instituciones privadas, el posible desmantelamiento de los Centros de Orientación Pedagógicos, de momento paralizado [ver recuadros inferiores] e, incluso, la venta directa de un colegio público. «Aunque todavía no han conseguido cargarse totalmente la educación.
Eso sí, la situación sí que está degradada. Además, los centros públicos, por ejemplo, deben recibir realidades mucho más complejas, como las de la inmigración, de la que los concertados rehuyen», reconoce Manuel de la Cruz, de CC OO. Además, comenzarán el curso en barracones 700 estudiantes, según la propia Consejería de Educación madrileña. Una situación que tampoco es exclusiva de la Comunidad gobernada por Esperanza Aguirre. Procesos de privatización muy similares al madrileño se producen en comunidades como Valencia o Murcia, también gobernados con mayoría absoluta del Partido Popular.
Mucho más allá de Aguirre
En Catalunya, la situación es muy diferente con un Gobierno de PSC, ERC e ICV. El Tripartito ha introducido en el anteproyecto de la nueva Ley Catalana de Educación (LCE) grandes novedades, como la municipalización de los centros públicos (centro, también, de las polémicas en torno a la educación en Chile o Inglaterra), que dejarían de depender de la Conselleria ; la provisión de direcciones y puestos de trabajo por libre designación ; o un modelo de gestión privada para los centros públicos, «lo que podría significar el final de la participación de profesores y padres en la dirección de los centros», denuncia Serrano. Lo que no tendrá que esperar a la entrada en vigor de la próxima LCE son los centros específicos para el alumnado migrante (ver artículo siguiente).
Así, con diferentes modalidades de gestión privada de los centros y la mayor diferenciación de recursos que puede provocar la municipalización, nos encontramos ante «un proceso que relegaría a la escuela pública a ser subsidiaria, a la parte de la tarta no rentable : obreros, migrantes… Los que, a priori, peores resultados van a conseguir posteriormente, porque parten con más desventaja», explica el secretario general de Enseñanza de la CGT de Catalunya, Emili Cortavitarte. Lo que corrobora Cruz : «La selección del alumnado remarca explícitamente los resultados que se van a conseguir. Los concertados buscan gente ‘competente’, no conflictiva, de idearios similares… El alumnado más selecto, conseguirá casi siempre resultados más elevados».
Más aprobados, más sueldo
El tercer paradigma de la privatización se encuentra en Andalucía. «Se está produciendo una continua desaparición del peso de la educación pública tanto en las grandes ciudades, como en sus poblaciones más cercanas. La apuesta es por la privada», explica Senoi, de la CGT. «Además, en las zonas rurales existe un importante reagrupamiento de centros para reducir costes, aquí la presencia de la privada es menor», argumenta.
En la comunidad de Chaves, se suma un importante conflicto laboral, ya que el profesorado se ha opuesto masivamente a la oferta de complementos de productividad para quienes mejores resultados académicos obtengan, es decir, mejores notas. Además, también se pretende examinar a los centros ; su objetivo, conseguir un ránking de centros. Esto último en perfecta sintonía con lo que se pretende establecer en la Universidad o las pruebas de Secundaria que quiere instaurar el Ministerio de Educación en Primaria y Secundaria en todas las Comunidades Autónomas.
MENOS RECURSOS PARA LA PÚBLICA
Educación desorientada
A finales del pasado curso, la Comunidad de Madrid amenazó con la supresión de los Centros de Orientación Pedagógica. Según la consejera de Educación, Lucía Figar, sólo se trataría de una «ralentización». Unos equipos, claves para «crear redes de trabajo y abordar las necesidades sociales, sanitarias y educativas de los estudiantes de Primaria», explica Emilio Prieto, miembro de los equipos pedagógicos de Alcalá de Henares. Éstos iban a ser sustituidos por el trabajo individual de los mismos profesionales en varios centros, «desaprovechando el trabajo en grupo» para clarificar problemas sociales o individuales, concluye Prieto.
La formación más lejos
En diferentes comunidades autónomas la formación del profesorado ha comenzado a desintegrarse. En Castilla y León los centros de formación de profesorado están desapareciendo bajo la fórmula de la reagrupación en zonas rurales. Por su parte en Andalucía, desde el año 2000 no superan los cinco centros entre las ocho provincias, según CGT. Para este nuevo curso en la Comunidad Valenciana no aparece la convocatoria de las licencias para estudios que favorecen la formación continua del profesorado. En Madrid, desde junio, ha comenzado una campaña para evitar el posible cierre de 23 de los 28 centros existentes.
Reformas de verano
Aprovechando el letargo veraniego, el Ministerio de Educación ha aprovechado para comunicar las novedades en la Selectividad que entrarán en vigor en la prueba del año 2010, ya de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación y en sintonía con el proceso de Bolonia. A pesar de las fechas, el Sindicato de Estudiantes ya ha convocado la primera movilización para evitar esta reforma el 22 de octubre. Entre las novedades, aparece la ambigua opción de realizar las pruebas que no son obligatorias y la posibilidad de que sean las universidades quienes finalmente seleccionen a sus futuros estudiantes.