El prolongado auge inmobiliario que está asolando nuestro litoral y nuestras ciudades y provocando una peligrosa fractura social entre los propietarios de una o más viviendas y los que se han visto excluidos, jóvenes e inmigrantes principalmente, se explica por una extraordinaria demanda especulativa de viviendas que en parte procede de obscuros procesos de blanqueo […]
El prolongado auge inmobiliario que está asolando nuestro litoral y nuestras ciudades y provocando una peligrosa fractura social entre los propietarios de una o más viviendas y los que se han visto excluidos, jóvenes e inmigrantes principalmente, se explica por una extraordinaria demanda especulativa de viviendas que en parte procede de obscuros procesos de blanqueo de dinero.
Un indicador de esta economía sumergida es el uso de los billetes de 500 euros. Según el Banco de España (El País 22-12-06), en nuestro país circulan 108 millones de billetes de 500 euros, lo que representa el 26,5% de todos los que existen en la zona euro. No sólo es sorprendente el volumen de billetes atesorados en España, sino igualmente el ritmo de incremento de su utilización, ya que en los últimos 12 meses, de octubre 2005 a octubre 2006, se ha pasado de 88 a 108 millones de billetes un 23% de incremento, casi un 2 % mensual. Aunque pocos hemos tenido en las manos un billete de 500 euros, el hecho es que existe un mercado negro en el que se pagan buenas comisiones por el cambio de billetes pequeños a billetes de 500.
Esta utilización masiva del dinero negro es un escándalo que debería movilizar a la opinión pública ya que constituye una clara situación de «alarma social». Pero no lo hace. Es descorazonador observar cómo nos vamos acostumbrando a convivir con la delincuencia organizada que se lucra del tráfico de drogas y de la venta de armas a países pobres, con las mafias que operan desde hace años en la construcción y con todo el dinero del crimen organizado que se blanquea impunemente en nuestros bancos y en los mal llamados paraísos fiscales. Pero lo más inadmisible socialmente de estos paraísos fiscales no es que faciliten la delincuencia criminal a gran escala sino que constituyan el instrumento más importante para hacer posibles y legales los escandalosos beneficios de las grandes empresas transnacionales, la banca internacional y otras entidades financieras.
En un reciente e interesante informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL – ICFTU) de julio 2006 (Cuando se tiene el oro y el moro http://www.icftu.org/www/pdf/taxbreak/tax_break_ES.pdf) se detalla la forma en que las grandes corporaciones transnacionales evaden, a veces legalmente y otras de forma fraudulenta, el pago de sus impuestos. Se advierte igualmente en el informe de la previsible y dramática penuria de recursos públicos en los gobiernos de todo el mundo, a menos que dejen de competir entre ellos para disminuir los impuestos que gravan a las empresas localizadas en sus territorios.
El informe es pródigo en datos que no suelen aparecer en los grandes medios de comunicación, controlados en su mayoría por el capital financiero. Por ejemplo, que los países empobrecidos -a los que se sigue llamando en desarrollo pese a que, salvo media docena, cada vez se encuentran más alejados en renta y riqueza de los países ricos y depredadores-, pierden anualmente 50.000 millones de dólares debido a los paraísos fiscales, una cantidad equivalente a la que Naciones Unidas estima que sería necesaria de forma adicional para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). O que de las 275 empresas más grandes de los Estados Unidos, 82 no pagaron ningún impuesto entre 2001 y 2003, o incluso recibieron reembolsos en al menos un año.
Las empresas transnacionales escapan del pago de impuestos de múltiples formas, bien aprovechando lagunas legales, bien actuando directamente de manera ilegal. Lo más frecuente es utilizar mecanismos perfectamente conocidos como son las transferencias de precios, la liquidación de activos o el traslado de la propiedad intelectual. El informe de la CIOLS revela que sólo en 2001, Estados Unidos perdió 53.100 millones de dólares de recaudación impositiva por el uso de las transferencias de precios. Grandes empresas como Boeing, Halliburton, Morgan Stanley, Pepsi, Citigroup y Xerox están constituidas en paraísos fiscales o tienen en ellos gran parte de sus filiales, lo que les permite declarar menos ganancias de las que tienen y pagar muchos menos impuestos, lo que no les impide seguir beneficiándose del dinero de los contribuyentes a través de contratos gubernamentales.
Guy Ryder, Secretario General de la CIOSL, declaró en la presentación pública de este revelador informe que La cantidad de dinero que se pierde anualmente debido a los paraísos fiscales equivale a seis veces lo requerido para financiar una educación primaria universal. En este momento en que las empresas están obteniendo mayor rentabilidad que nunca por productividad, cuando las empresas están declarando mayores ganancias que nunca y cuando se están erosionando las redes de seguridad social patrocinadas por los empleadores, ¿no sería justo que las grandes empresas devolvieran algo al fondo destinado a gastos públicos? Después de todo, dichas empresas pueden seguir siendo competitivas precisamente gracias a las inversiones que los gobiernos hacen en infraestructura y educación. A largo plazo, esta realidad de que las empresas tengan el oro y el moro no podrá perdurar.
Cada vez se justifica menos que los gobiernos sigan argumentando que tienen que bajar los impuestos porque necesitan atraer inversiones extranjeras directas, pues en el informe se demuestra claramente que no existe ninguna correlación entre las generosas exenciones de impuestos a las empresas en los distintos países y el aumento de las inversiones extranjeras en ellos. Incluso hay evidencias de que las empresas que más se han beneficiado de las exenciones fiscales, más han reducido sus inversiones marchándose a otros países o a los propios paraísos fiscales. Y desde estos centros offshore, las filiales creadas se permiten operar por todo el planeta: en 2005 las Islas Vírgenes británicas han invertido en China mas que Japón o EE.UU.; y el primer inversor en India es, con mucho, Isla Mauricio.
Pero los paraísos fiscales no sólo sirven para defraudar fiscalmente y engrosar la cuenta de resultados. Algunas transnacionales los utilizan igualmente para esconder sus deudas a los ojos de sus accionistas y poder ofrecerles unos balances capaces de mantener altas las cotizaciones de sus acciones. Vivendi, Universal, Enron, Parmalat y Worldcom, son sólo algunos ejemplos de este comportamiento completamente fraudulento de falsas contabilidades y engaños masivos producidos con la complicidad de empresas auditoras compradas al efecto.
La escandalosa injusticia que supone la evasión generalizada de impuestos y el fraude a la sociedad, seguirá acrecentándose mientras continúe la promoción impune de los paraísos fiscales extraterritoriales. Y el problema es grave porque este universo paralelo y secreto plagado de testaferros y fideicomisos, donde resulta cada vez más difícil que las autoridades fiscales y judiciales investiguen lo que está realmente sucediendo y quién se está beneficiando, acaba socavando las bases de las sociedades democráticas y creando oportunidades para toda clase de actividades ilícitas. No sólo posibilita que la evasión y el fraude fiscal pasen desapercibidos a los ojos de los ciudadanos, sino que permite que no se detecten otros delitos igualmente graves como el blanqueo de capitales, el narcotráfico, el tráfico de personas, la financiación de grupos terroristas, y un largo etcétera.
Muchos microestados con actividades extraterritoriales, y también otros países más grandes como Suiza, Reino Unido y Luxemburgo que ejercen igualmente como paraísos fiscales, son en gran parte responsables del problema de la injusticia fiscal en el planeta. Pero son las naciones más ricas las que tienen la mayor responsabilidad, porque se benefician de ellos y han contribuido de alguna manera a crear unos sistemas que contribuyen al desequilibrio en la distribución de la riqueza en el mundo, condenando a la pobreza a la gran mayoría de la población del planeta.
¿Qué se puede hacer? Attac lleva años denunciando en toda Europa este estado de cosas y tratando de movilizar a la sociedad contra los paraísos fiscales. En España, y durante todo el año 2007, este movimiento internacional nacido al calor de los Foros Sociales Mundiales, se propone desarrollar una campaña estatal por la Justicia Fiscal Global, una de cuyas primeras acciones ha sido publicar y divulgar entre los ciudadanos de lengua española el trabajo realizado por la Red por la Justicia Fiscal (TJN) y titulado Hacednos pagar impuestos si podéis, que puede ser consultado en la web de Attac http://www.attacmadrid.org/d/6/051115192058_php/051115192058.php.
Existen muchos campos en los que una presión social bien canalizada puede ayudar a dar pasos sustantivos en la abolición de los «paraísos fiscales», y sin duda uno de gran significación política sería conseguir el no reconocimiento jurídico en España de las sucursales financieras y empresas pantalla creadas en los centros financieros extraterritoriales considerados paraísos fiscales.
Pero hay muchos más. En el campo de la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, hay que presionar socialmente para conseguir que exista un registro público de pagos fiscales de las empresas en el que figuren la totalidad de los países en que opera cada corporación transnacional, los nombres de las filiales en dichos países, las ventas de la empresa, tanto a empresas de su propio grupo como a otras compañías; y los costes laborales y los impuestos pagados en cada país.
Igualmente, habría que lograr una nueva base para la tributación de las empresas transnacionales. No tiene sentido seguir gravando a las empresas sobre bases nacionales cuando éstas pueden operar simultáneamente en cien o más países. Cuando una compañía actúa globalmente, es inevitable que surjan problemas fiscales, porque el impuesto se aplica localmente.
Otra línea de presión sobre el Gobierno español sería forzar el establecimiento, junto al resto de estados que integran la UE, de impuestos globales tipo Tasa Tobin sobre los flujos de capital especulativo, cuya recaudación sirviera para combatir las consecuencias más perversas de la globalización -hambre y pandemias-, así como para incrementar la ayuda a los países empobrecidos y resguardar los bienes públicos mundiales.
Está claro que para todo ello sería necesaria una Autoridad Fiscal Global, que empezando por el ámbito europeo sea capaz de promover una armonización justa de los sistemas fiscales nacionales que evite la competencia fiscal nociva entre estados, y de realizar el seguimiento del impacto de las nuevas políticas fiscales sobre los modelos actuales de comercio y de inversión.
Hay fiscales en nuestro país que comienzan a posicionarse frente a la corrupción y la delincuencia económica y financiera. Es el caso, por ejemplo, de Joaquín González, Jefe de la Unidad de Consejo Judicial de la Oficina Europea de Lucha Antifraude, quien defiende desde las páginas de El País una solución radical (27/12/06) consistente en reforzar el Ministerio Fiscal para coordinar los servicios policiales y administrativos y dirigir las investigaciones de la policía judicial, siempre bajo la supervisión de los jueces. Es una línea que encuentra muchísimas resistencias en las esferas del poder, tanto económico como político, pero la presión social de una ciudadanía informada y beligerante debería hacerse notar cada vez más en la contienda.
* Ricardo García Zaldívar. Coordinador de Attac España. Revista Crítica, febrero 2007