La sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea del pasado 28 de febrero habla claro y dice que «según la legislación internacional, Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados por lo que Marruecos no puede autorizar ninguna actividad económica de extracción de recursos, ni ningún otro país la puede gestionar si no […]
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea del pasado 28 de febrero habla claro y dice que «según la legislación internacional, Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados por lo que Marruecos no puede autorizar ninguna actividad económica de extracción de recursos, ni ningún otro país la puede gestionar si no es con el representante legítimo del pueblo, el Frente Polisario». Así lo recogen un grupo de diputados de cinco grupos distintos en una carta al ministro de Exteriores, Josep Borrell. Esta sentencia se refiere a los acuerdos pesqueros que Marruecos y la Unión Europea firman periódicamente y que incluyen los bancos pesqueros que se encuentran frente a las costas de la excolonia española.
El tribunal internacional no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, algo que tampoco reconoce explícitamente ningún país, mientras que varias decenas sí que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como un estado independiente. Los diputados Sergio Pascual, Sònia Farré, Carmen Valido, Jorge Luis Bail, Meri Pita y Juan Antonio Delgado, del Grupo Confederal Unidos Podemos; Ana Surra, de ERC, Iñigo Barandiaran, del PNV, Enric Bataller, de Compromís y Oskar Matute, de EH Bildu, forman parte del Intergrupo de Amistad con el Sáhara Occidental del Congreso. Además, advierten en la misiva al ministro de Exteriores que el incumplimiento de esa sentencia «daña la credibilidad del conjunto de las instituciones europeas y pueden dañar las relaciones con otros países, los sectores económicos afectados y sus plantillas trabajadoras».
Según esta sentencia y la legislación internacional, los acuerdos comerciales que implican a territorios no autónomos, como es el caso del Sáhara Occidental, tienen que beneficiar a las poblaciones autóctonas de los mismos, por lo tanto, en el contencioso del Sáhara, tienen que ser negociados con su representante, el Frente Polisario, y nunca con la potencia ocupante marroquí. Así se lo transmiten también a Borrell en la carta: «Le demandamos que ponga en marcha negociaciones, como Estado soberano y dentro de las instituciones de la UE, con el Frente Polisario como legítimo representante del pueblo saharaui, tal y como reconoce la doctrina de Naciones Unidas que sigue España y que usted mismo afirmó seguir en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores el pasado 4 de julio».
«Le exigimos que en el ejercicio de sus funciones traslade al Gobierno de España que no ratifique ninguno acuerdo comercial que no esté basado en la compatibilidad del cumplimiento de las sentencias del TJUE por responsabilidad con el cumplimiento de los tribunales europeos, por los legítimos derechos del pueblo saharaui y la seguridad jurídica y futuro de nuestra flota pesquera», reclaman.
Además, reclaman a Borrell que cumpla con la «responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental y las responsabilidades jurídicas que de ella se derivan, como dictaminó el hoy ministro de Interior Fernando Grande Marlaska en un auto en la Audiencia Nacional, para trabajar en una solución que asegure el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, reconocido por Naciones Unidas y asumido por España, mediante un referéndum, exija que la MINURSO tenga un mandato de vigilancia de violaciones de derechos humanos».
Grande Marlaska, tal y como informaba cuartopoder.es, el actual ministro de Interior declaraba en una sentencia como juez de la Audiencia Nacional que «España, de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas».
El diputado de Compromís, Enric Bataller, declara a este periódico al respecto: «La solidaridad europea está nuevamente en marcha mediante la Conferencia Interparlamentaria que acogió el Parlamento Europeo en Bruselas el pasado 7 de junio, y donde fijamos unos objetivos de coordinación que van a tener continuidad». Por ello, advierte de que en su labor parlamentaria, «la causa saharaui va a estar muy presente y, por supuesto, protestaremos ante el Europarlamento, y donde haga falta, para exigir que la Comisión Europea se ajuste a los términos claros de las sentencias del TJUE«.
En la misma línea se expresa la diputada de En Comú Podem, Sònia Farré, integrada en el confederal de Unidos Podemos. «Es imprescindible cumplir con la responsabilidad histórica con el Sáhara y asumir el papel de potencia administradora, pero es urgente ahora dar cumplimiento a la sentencia del TJUE. No se entiende que la solidaridad que existe des de los pueblos no se refleje en la política y la acción del Gobierno, antes del PP y ahora del PSOE». Por ello, asegura que «desde En Comú Podem y el grupo confederal seguiremos trabajando para que se reconozca al Sáhara tejiendo alianzas con las demás fuerzas políticas y con la sociedad civil que lleva años luchando por los derechos del pueblo saharaui».
Por su parte, Josu Oskoz, integrante de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS-Sáhara, advierte: «La Comisión Europea, con su propuesta de acuerdo pesquero que incluye las aguas del Sáhara Occidental, está violando flagrantemente la posición del Tribunal en relación a la consideración del Sáhara Occidental como un territorio completamente independiente de Marruecos». Por ello, reclama: «Cumplir las Sentencias, denunciar la violación sistemática y a gran escala de los derechos económicos, sociales y culturales del Pueblo Saharaui, y habilitar vías de reparación y restitución son actos de justicia que la UE debe poner en marcha de forma inmediata. No queremos formar parte de una Unión Europea que no respete fielmente los derechos humanos en sus relaciones económicas y políticas con terceros países«.
En los próximos meses el Parlamento Europeo deberá ratificar la propuesta de acuerdo para su aplicación, «trasladaremos a todas y todos los europarlamentarios la necesidad de actuar conforme a la propia legalidad europea y reclamar su compromiso activo con la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos votando en contra de la propuesta ilegal de acuerdo», añade Oskoz, que también mira al Gobierno español. «España, atendiendo a su responsabilidad y deber como Potencia Administradora, debe trasladar en el seno de la UE la necesidad imperiosa de defender la propia legalidad europea y no legitimar una ocupación, negando a un pueblo hermano sus derechos fundamentales», dice este activista prosaharaui.
«Por nuestra parte, realizaremos todos los esfuerzos, movilizaciones incluidas, y habilitaremos todas las medidas legales posibles para denunciar e impedir todo acto u omisión que contribuya al expolio, explotación, destrucción y/o agotamiento de las riquezas y recursos naturales saharauis, incluidas sus tierras y sus aguas adyacentes, o pongan en peligro su supervivencia», alerta el de CEAS-Sáhara.