Discriminación sociolaboral y racismo social en el Reino de España

El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 aprobado en 2007 por el Consejo de Ministros tiene como objetivo, entre otros, el de «[…] potenciar la cohesión social a través del fomento de políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, la igualdad de oportunidades». Sin embargo, en España, el colectivo inmigrante sigue siendo el más vulnerable en relación a los derechos sociales básicos, entre los cuales se deben incluir los derechos referentes al trabajo, la educación, la vivienda y la sanidad: en todos estos ámbitos, la población inmigrante sigue siendo profundamente discriminada en comparación con la autóctona.

En el ámbito laboral, según los datos de un informe del Consejo Económico y Social (CES), a inicios de 2007 más de un 30% de la población activa inmigrada trabajaba en la economía sumergida. Conocer con exactitud el número de personas que trabajan actualmente en el Estado fuera del sistema de la Seguridad Social es muy difícil por su propia naturaleza. Sin embargo, al comparar los datos definitivos del padrón de población del 1 de enero de 2007 con las autorizaciones de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2006 se podía apreciar un porcentaje de irregularidad del 34,3% entre las mujeres inmigrantes y del 31,11% entre los hombres.[1] Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), a inicios de 2007, la mitad de las personas inmigradas en situación regular en España trabajaba con contratos temporales. El Reino de España lideraba la clasificación de países desarrollados que más desaprovechaba la formación profesional de las personas inmigradas: en efecto, según el estudio de la OCDE, el 43% de las personas inmigrantes empleadas en España trabajaba en empleos por debajo de su calificación profesional. Además, según los datos recogidos en el sindicato Comisiones Obreras,[2] la población empleada inmigrada cobraba entre un 7,2% y un 16,3% menos que la española por el mismo empleo, una diferencia salarial que puede alcanzar el 30% en el caso de los empleo de economía sumergida.

El caso de la vendimia de Castilla-La Mancha del mes de septiembre de 2007 fue emblemático de la situación de explotación laboral que deben aceptar las personas inmigradas en situación irregular. Las asociaciones y cooperativas de agricultores de la región contrataron de forma ilegal a centenares de trabajadores en situación irregular, con el beneplácito de Gobierno, que desde el primer momento declaró estar dispuesto a mostrar «la máxima flexibilidad posible» en los procedimientos de contratación de los trabajadores, principalmente de origen búlgaro y rumano. En efecto, las tareas agrícolas llevan años manteniéndose con la precaria situación de las personas que trabajan como temporeras. A la realidad de la vendimia de Castilla se tienen que sumar situaciones como las del Levante español, donde trabajadores de origen norteafricano continúan malviviendo en cortijos abandonados, o como la precariedad laboral de muchas/os cuidadoras y cuidadores que por estar en situación irregular quedarán fuera de los derechos establecidos por la Ley de Dependencia. La hipocresía y el afán de enriquecimiento siguen produciendo las mismas vulneraciones de derechos: horas mal pagadas, aprovechamiento de la situación administrativa de las personas inmigrantes, no cotización a la seguridad social etc.

Por otro lado, la población inmigrada sigue representando el colectivo más vulnerable a la siniestralidad laboral. En 2007, un estudio del sindicado UGT reveló que la tasa de siniestralidad laboral en España fue de 5,8 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, más de un 30% por encima de la media de la Unión Europea de los 15. Otra vez más, en 2007, el principal foco de atención fue el sector de la construcción, donde gran parte de las víctimas han sido trabajadores inmigrantes: la subcontratación, las largas y duras jornadas de trabajo y los riesgos que conllevan determinadas tareas son los factores que determinan las situaciones de riesgo en uno de los sectores que concentra el mayor porcentaje de mano de obra extranjera empleada.

En el ámbito educativo, según datos del Ministerio de Educación, en septiembre 2007 los/as estudiantes procedentes de otros países superaron la cifra de 608.000 y suponían el 8,4% del total del alumnado en el sistema educativo español. Siempre a inicios del curso 2007/08, las escuelas públicas acogían el 69% del alumnado de origen extranjero frente al 31% que se escolarizaba en centros privados y privados-concertados. Durante el último año, el Consejo Económico y Social (CES) advirtió de la «alta concentración» de estudiantes inmigrantes en algunos colegios e institutos públicos de primaria y secundaria del Estado, y consideró «conveniente» favorecer una «distribución equilibrada» del alumnado extranjero entre los centros públicos y los concertados (privados sostenidos con fondos públicos). El estudio del CES subrayó también que la mayor presencia de alumnado extranjero en centros públicos concretos requiere medidas específicas para evitar «procesos de marginalización» y recomendó la implementación en los centros escolares de políticas y prácticas que favorezcan la integración de los estudiantes extranjeros. Una encuesta realizada en Catalunya [3] ha demostrado como en 2007 el alumnado de origen extranjero ha tenido más problemas de maltrato escolar que los autóctonos en la enseñanza primaria. Dichas realidades – es necesario recordar como la existencia de casos importantes de segregación, maltrato y concentración en determinados centros públicos o clases especiales afecta también al alumnado gitano[4] – pueden llevar a estos futuros ciudadanos y ciudadanas a tener conflictos de identidad y sentirse excluidos de la sociedad. En definitiva, los actuales límites del sistema educativo alimentan el riesgo de construir una sociedad fragmentada. Es necesario que el sistema educativo del Estado garantice una igualdad real de oportunidades y de trato a todo el alumnado, puesto que esto representa una condición indispensable en la apuesta hacia un modelo de sociedad realmente cohesionada e igualitaria.

Según un estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales[5] que ha analizado la situación de la xenofobia y el racismo en la Unión Europea, en España uno de los ámbitos donde se da mayor discriminación es en el acceso a la vivienda. Y es que, según los datos del estudio, en España, el 20% de las personas inmigrantes dispone de menos de 10 metros cuadrados para vivir. Además, la Agencia Europea denunció una presencia importante en la prensa de anuncios xenófobos, en los que se niega el alquiler o la venta de pisos a personas extranjeras. En efecto, de un estudio realizado en 2007 por SOS Racismo Bizkaiko[6] emergió que el 80% de las inmobiliarias de Bilbao se negaba sistemáticamente a alquilar pisos a personas extranjeras, debido a que las agencias obedecían a las exigencias de los propietarios, que no querían tener por inquilinos familias extranjeras. Según datos del Colectivo Ioé,[7] el 47% de las personas inmigrantes residentes en España vivían como inquilino subarrendado, el 19% en condiciones de hacinamiento.

En el ámbito sanitario, el colectivo inmigrante sigue sufriendo una discriminación en el acceso a la sanidad: por ley, en España a las personas extranjeras bastaría con su inscripción en el padrón municipal para obtener la tarjeta sanitaria que da acceso a todos los servicios médicos, en igualdad de condiciones que los nacionales, sea cual sea la situación administrativa (regular o irregular) de la persona. Pese a ello, algunos gobiernos autonómicos ponen trabas a la aplicación de esta ley: en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el miedo a posibles expedientes de expulsión – desde 2003 en la Comunidad la policía tiene acceso a los registros de empadronamiento – retrae a algunas de las personas extranjeras indocumentadas de acceder a los servicios sanitarios. En total, según Médicos del Mundo, en España solamente el 38,2% de personas inmigrantes en situación irregular visitan la consulta del médico, aunque la totalidad de los encuestados sabía que les asiste ese derecho.

Derechos políticos: un colectivo invisible

Si los derechos sociales y laborales de las personas inmigrantes no se pueden considerar de ninguna manera «garantizados», menos todavía lo son los derechos políticos. En la actualidad la población inmigrada ocupa un porcentaje importante en los municipios españoles: a finales del 2007 las personas extranjeras empadronadas representaban más del 10% del total de la población. En las elecciones locales de mayo 2007, así como en las elecciones generales de marzo 2008, más dos millones de personas que viven y trabajan en España, no han podido votar por cuestión de origen. Paradójicamente, al mismo tiempo que en no pocas circunscripciones se vio incrementado el número de representantes, debido el aumento de la población residente (las personas inmigradas empadronadas), en flagrante contradicción, se pudo comprobar que quienes originaron ese crecimiento se veían excluidos de la condición de representados. Como bien destacó Javier de Lucas,[8] esto es lo que permite que se hable de «esquizofrenia democrática» entre la lógica liberal que otorga un valor representativo preeminente al ciudadano, al menos de manera formal, y la lógica colonial que excluye de posibilidades de representación bajo la etiqueta del no-ciudadano.

Según la definición clásica, son «ciudadan@s» las personas que forman parte de una determinada comunidad política y pueden participar activamente en su gobierno. Hoy, esencialmente, esta participación se concreta en el reconocimiento pleno de derechos políticos, y especialmente, del derecho al sufragio, tanto en su vertiente activa (derecho a votar) como pasiva (derecho a ser elegido). En España, la condición de ciudadanía se reconoce fundamentalmente a los nacionales españoles, es decir a las personas que estén en posesión de la nacionalidad española (artículo 13.2 de la Constitución), con la única excepción de los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea y de aquellos otros países que hayan suscrito con España tratados de reciprocidad en esta materia.

La vinculación de la ciudadanía a la nacionalidad, que aparece casi como un modo natural para delimitar el círculo de personas con plenos derechos políticos de participación, presenta sin embargo numerosas rupturas y excepciones, tanto históricamente como en la actualidad, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, y tanto en un sentido restrictivo como en otro extensivo. Y puede legítimamente pensarse en alternativas distintas para delimitar el círculo de los ciudadanos que guarden una congruencia mayor con el principio democrático.

Desde hace unos años, tanto el Consejo de Europa como el Parlamento Europeo están animando a los Estados Miembros de la Unión a reconocer el derecho a la participación política de las personas extranjeras, al menos a nivel de gobierno local. En el marco del Consejo de Europa, se ha celebrado el Convenio sobre la participación de las personas extranjeras en la vida pública a nivel local, que entró en vigor el 1 de mayo de 1997 y que ha sido ratificado hasta el momento por siete Estados (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, Noruega, Holanda y Suecia). El Parlamento Europeo, mediante el Informe sobre la ciudadanía de la Unión, del 15 de diciembre de 2005, ha instado a todos los Estados Miembros a ratificar el Convenio mencionado. España, por el momento, sigue sin ratificar este Convenio y en la medida que el documento no establece la condición de reciprocidad para reconocer el derecho al voto de los extranjeros, tal ratificación solo podrá tener lugar previa reforma del artículo 13.2 de la Constitución, que establece esta condición.

Durante la última legislatura, el Gobierno ha reafirmado el condicionamiento de los derechos políticos a la firma de acuerdos de reciprocidad entre España y los países de procedencia de las personas inmigradas. La lógica de la reciprocidad implica que el derecho de voto quede condicionado al lugar de nacimiento de una persona, que no se trata de un derecho derivado del hecho de vivir en un país. Significa que el hecho de residir de forma estable en España no es lo determinante, porque no da derecho a formar parte de la comunidad política: este derecho está condicionado por unos acuerdos que son ajenos a la situación de las personas que han acreditado mediante su residencia estable, su voluntad de estar. Conviene señalar que los países de la Unión Europea que ya tienen reconocido este derecho no han usado ni usan el sistema de los acuerdos de reciprocidad.

Además, hay que añadir que el condicionamiento de los derechos políticos a la reciprocidad, en unos casos, hace imposible su ejercicio y en otros lo convierte en algo muy improbable. En efecto, quedan fuera del reconocimiento de dichos derechos las personas que provienen de países con los que el Gobierno español actualmente no puede firmar ese tipo de acuerdos, sencillamente porque sus gobiernos no tienen interés prioritario en reconocer derechos políticos a los escasos residentes españoles, o porque su legislación expresamente prevé lo contrario (es el caso de Ecuador, la tercera nacionalidad de origen de personas inmigradas en España con más de 400.000 personas, cuya Constitución impide el reconocimiento del derecho a voto a extranjeros). En definitiva, resulta evidente como esta condición genera situaciones de desigualdad, de discriminación injustificada, entre personas inmigradas, según su origen nacional.

¿Estado de derecho o de «aclaración permanente»?

A finales de 2007, el Tribunal Constitucional falló los recursos presentados por el Parlamento de Navarra y la Junta de Andalucía contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. La Sentencia del TC permitió reflexionar sobre la evolución de los derechos de las personas extranjeras en el Estado, comenzando por la importancia que tuvo el reconocimiento constitucional de determinados derechos de las personas extranjeras (enseñanza no obligatoria, reunión y asociación, derecho a huelga), excluidos de la reforma de la Ley de Extranjería del Partido Popular.[9]

Por otro lado, es necesario destacar los límites de la sentencia de TC. En primer lugar, la sentencia fija la constitucionalidad de importantes cuestiones como son la no consideración de la reagrupación familiar como un derecho fundamental, la no consideración del «non bis in idem» para los casos de expulsión y condena penal, así como la no menos importante aceptación de la falta de motivación a la hora de denegar un visado. Además, merece una cierta crítica el fallo en la medida en que vuelve a dejar en manos del gobierno la redacción de los artículos de la Ley declarados «contrarios a la Constitución«. Si las condiciones que puede poner el legislador en el ejercicio de estos derechos por parte de las personas extranjeras en situación irregular no se ajustan a la constitución, nos encontramos de nuevo ante la inseguridad jurídica y la incertidumbre que se despejarían pasados unos cuantos años, con una nueva sentencia. Al contrario de otras materias en las que el TC ha optado por dictar lo que se ha dado en llamar una «sentencia interpretativa», parece que en el tema de los derechos de las personas extranjeras ni el TC ni el gobierno quieren elaborar una lista clara con los derechos de los extranjeros que evite esta inseguridad y este estado que de puede denominar «de constante aclaración».

Los derechos de las personas extranjeras – y sobre todo las personas extranjeras en situación irregular – no suponen ni mucho menos una labor acabada desde el plano del reconocimiento constitucional. De poco sirve, por ejemplo, que el TC haya reconocido el derecho de asociación de las personas extranjeras irregulares si luego el Registro de Asociaciones va a impedir su regular inscripción. De poco sirve el reconocimiento constitucional de derechos citados, si el legislador continúa optando por la interpretación más restrictiva de los mismos, imponiendo en ocasiones unos requisitos totalmente injustificados y contrarios al principio de igualdad.

Los fallos de estas sentencias dejan abiertas varias posibilidades para que el gobierno legisle la manera en que las personas extranjeras en situación irregular podrían ejercer el derecho de reunión, asociación y sindicación. A la nueva legislatura queda pendiente, además de la redacción de los artículos de la Ley de Extranjería declarados inconstitucionales por el TC, concretar posibles acuerdos en materia de extranjería en el seno de la Subcomisión de Extranjería, que está intentando trazar las líneas generales de la política migratoria de la próxima legislatura, independientemente de quien gobierne. De momento, lo único seguro es que la incertidumbre volverá a planear entre los colectivos de inmigrantes aumentando más, si cabe, su vulnerabilidad.

Racismo social: el triunfo del discurso xenófobo

Por otro lado, no parecen disminuir en la sociedad española los casos de racismo social y de rechazo a la convivencia con los colectivos de personas inmigradas. Las diferentes explosiones de odio de tintes racistas registradas en los últimos años[10] representan una «muestra» de algo mucho más grave y profundo: el calado que en la sociedad está produciéndose de prejuicios y generalizaciones que criminalizan a personas y colectivos en base a alguna característica común, como es el origen. Estas explosiones no se pueden ignorar, ni se puede minimizar su importancia.

Lo ocurrido en Alcorcón (Madrid) en el mes de enero de 2007,[11] demostró una vez más como el tratamiento mediático puede agravar el problema del racismo social y sus consecuencias. Consideramos necesario hacer una seria reflexión y un serio trabajo para evitar las generalizaciones y prejuicios que son la base de estas muestras de racismo. Desgraciadamente, en varias ocasiones algunos medios de comunicación y diversas figuras políticas han contribuido a potenciar generalizaciones cargadas de prejuicios, que criminalizan a todo el colectivo inmigrante, alimentando el caldo de cultivo que da pie a expresiones y actos racistas.

La investigación llevada a cabo en 2007 por el Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia Mugak[12] demuestra el desequilibrio en el tratamiento que más de 20 medios de prensa escrita de ámbito estatal y local dieron en 2006 al tema «inmigración».

Los artículos sobre inmigración hablaron principalmente de políticas de inmigración (5.138), de control de entrada (4.796), de conflicto social (1.941), de convivencia e integración (1.936), de delincuencia y minorías (1.839) y de condiciones sociales (1.445). Los datos son concluyentes y muestran una visión de la inmigración como un problema, sobre el que hay que legislar, cuya entrada ha de ser impedida, que se encuentra envuelta en problemas de delincuencia y que ocasiona situaciones de conflicto social. Estos bloques temáticos acaparan el 80,22% (13.714 de un total de 17.095) de los mensajes mediáticos, frente a un 8,45% (1.445) que versa sobre las condiciones sociales en que se desenvuelven, y un 11,32% (1.936) que aborda cuestiones relacionadas con la convivencia e integración.

A menudo, cuando desde el campo antirracista se muestra una preocupación por el tratamiento que reciben en los medios las noticias referidas a cuestiones migratorias, hay quien piensa que se quiera denunciar una especie de «confabulación mediática» de quienes tienen posiciones xenófobas y a quienes es preciso desenmascarar. En realidad, no se trata de un proyecto conspirativo, de periodistas con posiciones xenófobas (que también los hay). La cosa es más simple y, cabría decir, más grave. Lo que se constata es que, en contraste con la gran capacidad de los medios para fijar imágenes en la opinión pública sobre la inmigración, no existe entre los profesionales de esos medios ni conocimiento suficiente de la materia sobre la que informan y opinan, ni conciencia de las repercusiones concretas de su trabajo, de los estereotipos que refuerzan, de la munición, en definitiva, que proporcionan a quienes en la arena política sí llevan adelante políticas de exclusión y de xenofobia. Hay, por supuesto, profesionales que hacen un trabajo excelente, pero entre que son pocos y que las empresas mediáticas – que son quienes realmente tendrían que asumir esta cuestión – no están por la labor, el resultado es que, pese a los discursos políticamente correctos, la imagen de la inmigración en la opinión pública no deja de degradarse.[13]

Por otro lado, hay que denunciar como la constante reproducción de los tópicos negativos sobre la población inmigrada con fines electoralistas, así como de las «amenazas de la inmigración» por parte de los partidos políticos, contribuye a la legitimación de la impunidad de las diferentes manifestaciones racistas y xenófobas. El último ha sido un año de campaña electoral, una campaña marcada por algunos partidos que han hecho de la inmigración el centro del debate electoral, poniendo el interés electoral por encima de la cohesión social. La interiorización de un discurso propio de la extrema derecha por parte de partidos democráticos representa un peligro para la convivencia de los distintos colectivos que componen la sociedad española, así como el silencio y la ausencia de un real y eficaz discurso alternativo de los partidos de izquierda. En las elecciones locales de 2007, partidos de extrema derecha como Plataforma per Catalunya (PxC), España 2000, Democracia Nacional, Iniciativa Habitable, etc., aunque minoritarios dentro del espectro de la derecha española registraron un importante incremento en los resultados electorales. A nivel local, estos partidos supieron aprovecharse del descontento social de la población y focalizarlo contra la población inmigrada, ante una falta de discurso alternativo por parte de los partidos de tradición democrática, algunos de cuales están asumiendo como propio el discurso abiertamente xenófobo de la extrema derecha de manera preocupante.