Aunque algunas iniciativas legislativas han ido mejorando su situación en América Latina, la vida de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros sigue permeada por la discriminación y la intolerancia. «Muchas veces se les niegan servicios prioritarios como salud y educación, posibilidades de empleo, o se llega al extremo en que son víctimas de acoso, múltiples agresiones […]
Aunque algunas iniciativas legislativas han ido mejorando su situación en América Latina, la vida de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros sigue permeada por la discriminación y la intolerancia.
«Muchas veces se les niegan servicios prioritarios como salud y educación, posibilidades de empleo, o se llega al extremo en que son víctimas de acoso, múltiples agresiones y hasta se atenta contra su vida», dijo a SEMlac el doctor en Salud Pública Mario Bronfman, secretario regional del Forum Social Internacional de las Ciencias en la Salud.
Entre los crímenes vigentes de la homofobia, Bronfman mencionó la intimidación, el encarcelamiento, las amenazas y los asesinatos, «que son, desgraciadamente, cada vez más frecuentes».
Invitado al V Congreso cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, celebrado en la capital cubana del 18 al 22 de enero, el experto impartió una conferencia magistral sobre diversidad sexual y cooperación internacional en la región.
Durante su disertación, señaló que hay países donde la situación es particularmente crítica, como en varios de Centroamérica. En el caso de Honduras, el nuevo contexto político ha agravado la situación, bajo el amparo de una ley de 2004 que prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo.
Nacido en Buenos Aires, Argentina, Bronfman se licenció en Sociología en la Universidad Nacional de esa ciudad y se doctoró en Salud Pública en Brasil. Es, además, representante para México y América Central de la Fundación Ford, institución que tiene un compromiso histórico con los grupos y personas de la comunidad de LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) y promueve el pluralismo y la diversidad, entre otros valores.
«El gran esfuerzo es encontrar mecanismos para que los recursos lleguen, no a las organizaciones que trabajan con LGBT sino a las propias entidades y personas de esa comunidad», precisó.
De una primera iniciativa que en 2008, con un monto de tres millones de dólares, apoyó investigaciones, campañas informativas, acciones para la toma de conciencia sobre los derechos esenciales de las personas LGBT y la formación de redes nacionales y regionales, la Fundación Ford ha destinado más de 25 millones de dólares a visibilizar situaciones de discriminación, fortalecer el movimiento, desarrollar nuevos liderazgos, contribuir al fortalecimiento organizacional, crear capacidades y expandir la colaboración entre las organizaciones, entre otros objetivos.
Otra línea es la de ayudar a entender las relaciones entre los derechos LGBT y la religión. «Hay organizaciones realmente importantes que han llegado a entender de un modo diferente las enseñanzas de las escrituras y los libros fundacionales, y permiten una mirada distinta sobre la diversidad y la identidad sexual, a partir de una comprensión más adecuada de los textos religiosos, como es el caso de Católicas por el Derecho a Decidir», cita como ejemplo.
«Estamos conscientes de que trabajamos en sociedades conservadoras, tradicionales, donde todavía la Iglesia Católica tiene considerable importancia –lamentablemente creciente– en los asuntos políticos y sociales, poniendo en entredicho, en algunos casos, la supervivencia del Estado laico», precisó.
En el caso específico del Distrito Federal, en México, «hay notables avances», reconoció en diálogo con SEMlac. «Gozamos quizás de una de las legislaciones ideales, de avanzada. Desde que hace menos de dos meses se sancionó por la asamblea legislativa la legalidad de las uniones y matrimonios del mismo sexo, con capacidad de adopción. Pero, probablemente, ningún otro espacio geográfico o Estado del país siga esos pasos y no sorprendería, en algún momento, un retroceso en este tema como lo hemos presenciado con el aborto».
Cuando dos años atrás se despenalizó el aborto en la capital mexicana, se temía que aumentaran las interrupciones de embarazo, agregó, pero no ha sido así. «Ha disminuido el número de muertes de mujeres, porque ahora abortan en condiciones de seguridad, y no ponen en riesgo su salud ni su vida».
Sin embargo, las actuales reacciones contrarias al aborto y la aprobación de leyes que lo condenan en varios Estados, muestran «el contraataque de las fuerzas retrógradas», asegura Bronfman, para quien «lo que preocupa no es solo el aborto, sino que las mujeres, con sus derechos, ponen en tela de juicio todo el andamiaje social conservador. Por eso digo que, aunque hay avances, siempre hay que estar preparados para esperar retrocesos. Y hay que entender que algo que se logra, no se consigue de una vez y para siempre».
Además de ser una región de grandes desigualdades en cuanto a riquezas, América Latina lo es también respecto a los marcos legales relativos a la sexualidad, insiste el experto. Mientras Brasil, Chile y Colombia detentan legislaciones relativamente progresistas; en otras naciones son muy restrictivas.
«En El Salvador, Nicaragua y Honduras no hay ninguna razón que permita a una mujer abortar. Ese acto es criminalizado y penalizado tanto para ella como para el que lo efectúe, bajo ningún tipo de atenuantes, ni siquiera cuando corre riesgo la vida de la mujer. Vivimos una situación esquizofrénica en la región», sentencia, a la par que interroga: «¿por qué siempre es el cuerpo de la mujer la pieza de negociación?»
Dentro de los países también hay diferencias. «En Brasil, por ejemplo, 10 Estados, más de 150 ciudades, tienen leyes contra la discriminación por motivos sexuales; sin embargo, el país carece de una ley general que combata la discriminación».
A riesgo de que parezca una herejía, el sociólogo sostiene que «si bien al VIH/sida hay que reclamarle mucho por el drama que generó», también hay que reconocerle que «visibilizó a las personas y sus opciones sexuales diferentes, las legitimó, salieron del closet, están ahí, son ahora interlocutores válidos que nadie puede negar».
«Ese pudiera ser un avance que, seguramente, tendrá su retroceso, porque siempre habrá gente que vea un riesgo en eso», reflexiona.
De cualquier manera, Bronfman sostiene que establecer las políticas de la comunidad LGBT como derechos humanos básicos «es una agenda no terminada», pues la idea es «instalar esos derechos de las personas LGBT no como exclusivos de grupos minoritarios y vulnerables, legítimos en sí mismos, sino como un mecanismo para la ampliación general de derechos por un mundo mejor».