Una cuestión de fondo
En juego está la palabra ecologismo, y no es retórica. Mientras algunas personas se juegan la vida –o parte de ella– en la defensa activa del medio ambiente, organizaciones millonarias parecen estar jugando en otra liga, contemplando desde lejos cómo el sistema se viste de verde para convertirse en ecosistema (capitalista).
En España, mientras el G5, es decir, la alianza de las organizaciones Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y SeoBirdLife, actúa de una forma mediática, tratando de acaparar la atención sobre problemas de gran calibre, activistas de pequeñas asociaciones, muchas de ellas de carácter local, se afanan en defender territorios de las infinitas agresiones que se han desatado de un tiempo a esta parte. Esta es una percepción bastante extendida en el seno de esas plataformas marginales, pero, ¿responde a certidumbres o son simples opiniones?
La campaña de Greenpeace sobre Altri se extiende por las redes, y los efectos, no cabe duda, ejercen una estimable presión social sobre la aberración de una gran industria en el centro de Galicia, pero esto ocurre mientras el silencio impera alrededor de otros muchos proyectos no tan mediáticos como este pero que, en conjunto, resultan, al menos, igual de lesivos para la naturaleza y sus habitantes.
Esta y otras campañas publicitarias engrasan la maquinaria de Greenpeace en España, con 100.000 socios declarados y unas cuentas publicadas de ingresos que en 2022 fueron de más de 18 millones de €, de los cuales, hay que advertirlo, tan solo 1,6 millones provenían de subvenciones, donaciones y herencias.
La independencia de esta organización con respecto al Estado es evidente, al menos desde un punto de vista económico, pero esto no impide que sus posicionamientos ideológicos se parezcan, y mucho, a los marcados por el Green Deal europeo. Y no tanto en los fines, pues imaginamos que nadie en su sano juicio querría ver convertido este planeta en un infierno climático, sino, sobre todo en los medios para conseguir (o no) bajar el ritmo de las emisiones.
Y es en esta afinidad con Green Deal donde, tal vez, arranca la citada percepción negativa. En especial en lo relativo a las políticas verdes, y en las que la expansión de las macrorenovables es un camino sin retorno en países colonizados energéticamente.
Compartiendo un negacionismo de lo evidente, que a nuestro juicio resulta casi infantil, tanto Greenpeace como el resto del G5 pretenden hacernos creer que la industrialización verde puede restar emisiones, pero la realidad es tan tozuda que un simple dato viene a demostrar esta falacia: las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de origen fósil en el mundo alcanzaron las 37.400 millones de toneladas en 2024, un 0,8% más que en 2023, según los datos publicados por Global Carbon Project.
Podríamos pensar que este dato es diferente para los países que han apostado fuertemente por las renovables, como es el caso de España, pero tampoco es así. Para España, el aumento de emisiones se cifra en casi un 1%. A su vez podríamos argumentar que sin las renovables el futuro pintaría aún peor, pero esta teoría es bastante discutible: en la producción de los distintos elementos que intervienen en la producción, transporte y colocación, tanto de las plantas fotovoltaicas como de las centrales eólicas, se precisan fuentes de energía que directamente están relacionadas con el consumo de fósiles, en mayor o menor medida. Y teniendo en cuenta que las renovables no están sustituyendo al petróleo en los consumos más relevantes, lo que obtenemos es una simple suma, y con fecha de caducidad, que es la de la vida útil de las instalaciones.
Cada año que pasa resulta más claro que interviniendo exclusivamente en el sector de la electricidad, es imposible revertir la imparable tendencia de las emisiones. Pero también en este campo, surgen abundantes problemas, tanto de almacenamiento como de demanda, o de mantenimiento de la tensión en redes. A lo que habría que añadir la incertidumbre generada por los centros de datos con su ingente consumo de energía.
Todas estas cuestiones parecen indicar que la energía limpia es poco más que un oxímoron, y que sin un decrecimiento real en la economía productiva de bienes materiales –la mayoría de ellos innecesarios para la vida– cualquier pacto verde está condenado al fracaso.
Hay en consecuencia, un problema de fondo que separa a las grandes organizaciones ecologistas de las pequeñas, y es la fe con la que las grandes se han afiliado al crecimiento industrial verde, en contraposición con la desconfianza que este crecimiento genera en las pequeñas, las cuales, en su mayoría, apuestan por el mantenimiento de la economía local y de cercanía.
Divisiones anunciadas
Esta desconfianza de la que hablamos viene dada por los numerosos problemas asociados a la indiscriminada expansión de las renovables y que a la hora de su implantación no se están teniendo suficientemente en cuenta. Además, a la ocupación de terrenos que se convierten en estériles, la destrucción de paisajes o el desplazamiento de actividades tradicionales, es obvio que esta nueva industrialización llega asociada a un nuevo y lacerante extractivismo. Cada vez se abren más y más minas de litio, cuarzo, cobre y otros metales, además de las famosas tierras raras. Las sociedades productoras de recursos se ven presionadas a ceder frente a la ambición de las empresas y estados depredadores, y como consecuencia sobreviene más destrucción del medio ambiente, más extinciones de especies y, también, más guerras.
Por todo ello, es inevitable que el ecologismo más activista reaccione frente a estas agresiones. Sería ilógico que sucediera lo contrario. Estas son las razones por las que las plataformas de defensa del territorio o asociaciones ecologistas de base ponen en entredicho esta huida hacia adelante y piden, muchas veces a gritos, una moratoria en el nuevo colonialismo energético.
Y sin embargo, las grandes organizaciones del G5 se empeñan en defender las soluciones tecnológicas como única salida a la crisis climática. A través de determinados artículos en prensa, se ha tratado de desprestigiar a este movimiento marginal acusándolo de defender solo el aquí no e incluso tildándolo de afinidad con la extrema derecha, en base a algunas coincidencias con ciertas organizaciones agrarias (y también políticas) en sus reivindicaciones.
Pero tras un simple examen puede verse que estas afirmaciones no tienen mucho fundamento. A pesar de esto, las grandes organizaciones ecologistas estallaron como la pólvora a partir de aquella conocida carta al G5 firmada en mayo de 2023 por alrededor de 50 pequeñas organizaciones –y apoyada por otras tantas–, y en la que se acusaba a los miembros del G5 de mantenerse al margen frente a la invasión de macrorrenovables por todo el país.
Una de esas asociaciones que apoyaron el manifiesto fue Ecologistas en Acción de Zamora, que a partir de ese momento comenzó a sufrir el acoso de Ecologistas en Acción (Confederal), con acusaciones en grupos internos o correos de dudosa intención por parte de la dirección, hasta el punto de verse obligada a abandonar la organización confederal en noviembre de 2023.
En el fondo del asunto, claro está, no solo se encontraba el apoyo público a esa carta sino un posicionamiento radicalmente diferente en lo que se refería a la expansión de las renovables, así como las críticas a la falta de democracia interna y a los modos de financiarse por parte del grupo confederal.
En 2023, Ecologistas en Acción (confederal), según datos publicados, tuvo unos ingresos de 2.294.083,29 €, de los cuales 1.059.011,70 eran subvenciones públicas y 1.020.842,03 donaciones, básicamente procedentes de fundaciones privadas sin especificar pues, al contrario de lo que sucede en otras organizaciones que reciben dinero de este tipo, y en una alta total de transparencia, en EEA no aparecen los nombres de las fundaciones en sus cuentas anuales.
Si bien, tal y como ha denunciado el grupo Ecologistas Indignadas en una de sus cartas (ecologistasindignadas.org), y a juzgar por informes internos, se está produciendo dentro de Ecologistas en Acción una fagocitación por parte de diversas fundaciones, entre las que destaca Transport & Environment, la cual, en gran medida, trata de influir en la adopción del automóvil eléctrico como vector de transición verde; y también ECF (European Climate Foundation, el brazo europeo de Climateworks Foundation), que financia a EEA desde 2015 y con la que llegó a tener acuerdos en 2023 por valor de 374.403,46 €. Aunque, sin duda, la más la más aberrante, al contradecir totalmente el ideario de EEA, es la ayuda recibida por la organización pronuclear estadounidense Clean Air Task Force. ¿Fallaron aquí los controles igual que fallaron con el caso de los abusos denunciados por eldiario.es? ¿Cómo es que indagando en los mecenas de estas fundaciones que a su vez financian a EEA nos encontramos con grandes fundaciones capitalistas mundiales donde se encuentran algunos de los milmillonarios más conocidos? ¿Por qué razón este cambio en la financiación en EEA hacia una clara dependencia de las fundaciones se produce a partir de 2019? ¿Cúal es el motivo de esta tendencia creciente en la financiación que como demuestra el presupuesto para 2025 estaría cerca del millón de euros?
Queda por decir, en consecuencia, que con 10.000 socios declarados, aunque seguramente son menos, EEA apenas llega al 1% de financiación propia, dependiendo casi totalmente de la ayuda institucional, vía subvenciones públicas o a través de fundaciones que, a su vez, reciben fondos europeos, los cuales, no olvidemos, también salen de los impuestos de los ciudadanos.
Esta dependencia casi absoluta de ayuda exterior explicaría, en gran parte, la posición ambivalente y difusa con respecto a las energías renovables. Mientras las organizaciones de defensa de los territorios lo tienen claro: hay que buscar fórmulas que no pongan en peligro los recursos naturales y humanos –sin perder el horizonte en la lucha del cambio climático–, organizaciones como EEA viven en un mar de contradicciones. Por un lado, tratan de guardar la ropa manifestándose en contra de la instalación de proyectos emblemáticos como el clúster del Maestrazgo, y por otro frenan cualquier decisión de moratoria en regiones saturadas.
Las expulsiones
Llamativa fue, por ejemplo, la posición adoptada por EEA en su asamblea confederal de Córdoba en 2022 con respecto a la eólica marina. En un principio, en la asamblea anterior (de Junio de 2022) la enmienda a la totalidad al documento de posición de apoyo a la Eólica Marina, promovida por la mayoría de grupos de Galicia, se aprobó por ganar la votación, pudiendo votar los grupos locales de todo el Estado, pero la directiva rechazó la resolución asamblearia forzando una segunda votación en la Asamblea de Córdoba en diciembre de 2022 con exclusión de la posición de los grupos disidentes que querían que lo votado en junio se respetase en este asunto como se respetaba para el resto de votaciones .
Esta traición, apoyada por no pocas federaciones, alguna de ellas afectada por la eólica marina, como la de Cantabria, fue el motivo principal de que la Asociación Ecoloxistas en Acción Galiza, se distanciase e iniciase su propia andadura. Las diferencias irreconciliables que durante 2023 se fueron sucediendo, acabó en un alejamiento que tuvo la gota que colmó el vaso en la Secretaría de septiembre de 2023 donde, a pesar de que había una falsedad en el orden del día sobre la asociación gallega según la representante de la asociación, y ésta pidió la palabra para aclararlo, se le negó y no se le permitió hablar, por lo que en la asamblea de octubre de 2023 la asociación optó por cambiar el logo y el nombre social, por unanimidad, y romper definitivamente la relación con Confederal.
Algo parecido ocurrió en Castilla y León con las renovables terrestres. Pese a ser aprobada en una asamblea extraordinaria la moratoria para los grandes proyectos industriales de este tipo, la dirección federal de Castilla y León logró frenar esta declaración cambiando a su manera las reglas de juego –para que votaran representantes de grupos y no personas– al tiempo que promovía la expulsión del colectivo que había propuesto la iniciativa.
La salida del grupo de Zamora y los grupos de Galicia integrados en la Asociación Ecoloxistas en acción de Galicia –que pasó a llamarse Asociación Ecoloxistas Galiza, Atlántica e verde–, tuvo un eco importante en la prensa nacional en una primera instancia, pero rápidamente se transformó en borrado precipitado de noticias o posteriores modificaciones que daban por válida la contrainformación oficial y que podríamos resumir en las declaraciones del coordinador Luis Rico en el eldiario.es donde llegó a afirmar, sobre estas asociaciones: “no forman parte de Ecologistas en Acción. Hay una especie de usurpación de identidad”. De pronto, y a juicio de la maquinaria de EEA, estas organizaciones jamás habían participado de la estructura de forma oficial.
En la actualidad, ambas asociaciones, la de Zamora y la de Galicia, manteniendo su nombre jurídico, siguen funcionando en sus respectivos ámbitos, con una gran actividad en todos los frentes medioambientales. Ecologistas Zamora ha redactado, en los dos últimos años, más de 100 recursos y alegaciones, al tiempo que ha llevado a cabo una intensa actividad cultural mediante conferencias, ciclos de cine y debate, etc. Por su parte, Ecoloxistas Galiza ha logrado, mediante justicia gratuita, parar cautelarmente más de 60 proyectos eólicos de gran impacto sobre el territorio, al tiempo que sus 22 grupos que forman la asociación siguen trabajando en diversos ámbitos: extractivismo minero, contaminación, arboricidios, etc. Y todo esto con presupuesto cero o con aportaciones exclusivamente provenientes de los socios.
Activistas sin fondos. David y Goliat
¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que dos asociaciones sin recursos realicen una labor que no están realizando las grandes organizaciones?
La percepción general en el ecologismo es que existe una especie de disfunción en los objetivos que proviene de una especie de confusión entre fines y medios. Si nos ceñimos a los fines generales, los más apremiantes deberían ser los que conciernen a los principales problemas que acechan a nuestro planeta. Atendiendo a los nueve límites planetarios identificados por el Stockholm Resilience Centre (cambio climático, integridad de la biosfera, presencia entidades químicas artificiales, capa de ozono, aerosoles atmosféricos, acidificación de los océanos, ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo, y cambios en el agua dulce), varios de ellos implican un peligro inminente de desastrosas consecuencias. Pero más importante que luchar de forma diferenciada en contra de estos nueve límites, es que esta lucha no sea contradictoria. Es decir: que las acciones en contra del cambio climático no supongan, por ejemplo, una pérdida de biodiversidad.
El G5 no tiene, en la actualidad, una mira holística de la situación, y esto es así a causa de una premisa que no se cumple y que es la intervención de los problemas en origen. No hay crítica a la cuestión principal, que no es otra que tiene que ver con la deriva del capitalismo extractivista. Es más, en alguna de estas organizaciones inicialmente anticapitalistas, tal y como rigen sus principios fundamentales, como es el caso de EEA, el proceso de asimilación con los poderes fácticos ha conducido a una posición pusilánime con políticas de continuo crecimiento económico en base a una reindustrialización de las capas productivas.
Hay varios ejemplos que avalan esta falta de crítica. La primera de ellas es el trato especial que da el Gobierno al 5G a través de los convenios que viene firmando con el G5 desde 2011. El último de ellos es de 2022 y tiene vigencia hasta el 2026. Estos convenios dejan claro que el Gobierno entiende que ellos son los únicos y legítimos interlocutores en la cuestión ambiental en España y desde el ecologismo. Y evidencian, a su vez, una escasez de posicionamientos divergentes con la política ambiental, pero también económica, marcada desde Bruselas. Está claro que solo abandonando estos convenios será posible cuestionar aspectos claves que tienen que ver con cuestiones de fondo, como son las referidas a la producción y consumo de bienes; pero esto no va a suceder, al menos por el momento.
El segundo ejemplo es el débil posicionamiento frente a asuntos de gran trascendencia y que actúan como catalizadores de desastres humanos y medioambientales. En concreto, cuando hablamos de cómo decir No a la guerra, un lema que parece trasnochado –pero que debería estar plenamente vigente–, se observa una actuación a remolque de otras pequeñas organizaciones que son las que, generalmente, toman la iniciativa de convocar las manifestaciones pacifistas.
Cierto que desde el G5 se han venido publicando manifiestos en contra del genocidio de Gaza pero se echa de menos una posición unida, firme y contrariada en lo que se refiere al comercio de armas entre España a Israel. Y en relación a la guerra de Ucrania, el G5 redactó un escrito titulado “10 propuestas ecologistas ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania” que venía a poner el foco sobre la necesidad de aprovechar los recursos primarios, pero donde no se ponía en entredicho una de las causas principales del conflicto bélico: la obtención de materias primas con las que sostener la nueva era industrial en la cual también los ciudadanos somos consumidores. Tal vez no pueda ser de otra manera, teniendo en cuenta la posición belicista de la UE y siendo la UE una de las financiadoras de gran parte de estas organizaciones. En concreto, cabe recordar, que EEA vicepresidió hasta hace poco la organización European Environmental Bureau (EEB) y se mantiene en su órgano directivo, organización que tiene a la Unión Europea como su principal financiador público.
La nueva era tecnológica que se avecina, dominada por la inteligencia artificial, va a requerir de ingentes recursos para su mantenimiento. No solo a la hora de llevar a cabo la fabricación de nuevas terminales y otros objetos de consumo sino, sobre todo, en el mantenimiento de gigantescos centros de datos que son ya auténticos agujeros negros de energía.
Estos y otros agujeros negros (las ya citadas guerras, el consumo de carne o el regreso al carbón y la madera como formas de obtención de energía) van a hacer imposible revertir la crisis climática de una manera razonable. De nada va a servir llenar el paisaje de ineficientes hidroductos o infinitas placas solares. Sin decrecimiento en los bienes materiales y sin una moratoria en el uso lúdico de la inteligencia artificial, el cambio no va a ser posible. Negar la necesidad de este decrecimiento también es negacionismo, y es esto justamente lo que está haciendo el G5.
¿Es posible una reconciliación?
En este 2025 se han observado algunos movimientos interesantes en el G5 que nos gustaría señalar.
Por una parte, hay una apropiación de términos por parte del G5 provenientes del universo del ecologismo de base. Hace años, por ejemplo, hubiera resultado extraño escuchar hablar a alguna de estas organizaciones de “defensa del territorio”. Pero desde las jornadas Construir autonomía frente a la crisis global. Experiencias de apoyo mutuo para garantizar las necesidades básicas, organizadas por la Plataforma Apoyomutuo en septiembre de 2024 y que reunieron a importantes especialistas en medio ambiente y territorios, se han producido réplicas en el G5. Citar por ejemplo el encuentro online Ecofeminismo y defensa de los territorios, organizado por Greenpeace para el 8 de marzo.
Por otra parte, de igual manera que hasta ahora algunas organizaciones apenas presentaban informes o alegaciones a proyectos de macrorrenovables, en 2025 comienza a vislumbrarse un cambio (demasiado tarde, también es verdad). De la misma manera que SeoBird, por ejemplo, no presentó recurso alguno frente a la agresión de una de las reservas naturales mejor conservadas de España (nos referimos a Villafáfila), sí que lo hicieron, en contencioso-administrativo contra la autorización de la planta solar fotovoltaica Caelum IV, proyectada en la provincia de León.
La excusa de que la función de SeoBird es fundamentalmente científica o divulgativa casa mal con las cifras de sus cuentas publicadas. Con 21.862 socios declarados, tuvieron una financiación, en el último año declarado, de 5.880.000 €, que representaría el 50% de la financiación total, todo lo cual, como podemos imaginar, daría para mantener un buen equipo de abogados para, como cabría esperar de una organización de este tipo, poder luchar contra los desmanes que afectan directamente al medio ambiente.
Para alcanzar una reconciliación entre el ecologismo de base y el institucional sería precisa una gran transformación tanto en los modelos de financiación como en las formas de conseguir los fines estatutarios. No olvidemos que la condición de utilidad pública viene asociado a un reconocimiento social de la labor de la entidad, y lo que la sociedad demanda en estos momentos, en especial en zonas indefensas, despobladas y desfavorecidas económicamente, es un respaldo de organizaciones no gubernamentales.
Pero hay algo más que las organizaciones insertas en el G5 deberían superar, y es la idea generalizada de que, en realidad, son agencias de colocación y no auténticas defensoras del medio ambiente. Con escaso voluntariado y con una verticalidad cada vez mayor (sobre todo en aquellas organizaciones que hasta ahora presumían de ser horizontales como EEA), las críticas se dirigen a que la mayor parte del trabajo realizado es de carácter burocrático y es llevado a cabo por personal contratado, en concreto en EEA con un coste laboral de 1.376.000 € y no menos de 400.000 euros más en contratos de prestación de servicios, según aparece en sus cuentas anuales.
Y no solo eso, que personas integradas dentro del G5 trabajan también redactando impactos ambientales para las empresas que presentan estos proyectos contra el medio ambiente.
Sean fundadas o no estas críticas, lo cierto es que se observan de forma objetiva varios factores:
Por un lado, una falta de autonomía económica. Con 1.994.000 € de presupuesto en sus últimas cuentas y apenas 900 socios, Amigos de la Tierra se lleva la palma en lo que se refiere a su dependencia en ayudas y subvenciones, rondando el 99%.
Por otro, tendríamos una exagerada desproporción entre el número de socios y el presupuesto que manejan. Los casi 12 millones de euros de presupuesto de WWF para poco más de 50.000 socios implican una relación de 240 €, de los cuales más de la mitad corresponde a ayudas públicas.
Y por último, la escasa participación democrática de las personas afiliadas. En EEA, una estructura confederal formada por 170 grupos –de los 300 en origen–, la participación en las asambleas es muy escasa: en la última celebrada solo participaron 37 grupos, es decir, el 22%, un porcentaje que muestra claramente el alejamiento de los grupos locales de su propia organización.
Por el contrario, la falta de medios en las asociaciones pequeñas impide su buen desarrollo y gestión, debido a la absoluta falta de recursos, viendo impedida su actividad en muchos ánimos y generando bastante desánimo y resignación.
Cuenta la coordinadora de Ecoloxistas Galiza que aquella visita a la asamblea de Granada de EEA le supuso un considerable gasto económico, de tiempo y de energía. Todo para 2 minutos de exposición defendiendo el NO a las macrorrenovables, en especial la eólica marina. Todo para ver como se humillaba al colectivo dentro de la organización, difundiendo falsedades y negándole la posibilidad de ser escuchada y ver como las redes de Ecoloxistas Galiza eran usurpadas por el grupo Federal de Galicia creado ad hoc por una minoría de miembros.
Va a ser difícil la reconciliación sin una recapacitación del G5 y un rebajamiento en el grado de soberbia. Hemos de suponer que las pequeñas organizaciones ecologistas también pueden mejorar en su grado de activismo pero la comparación entre David y Goliat no puede hacerse sin un truco en la perspectiva.
Por otro lado, no solo cada vez surgen más plataformas locales y se reactivan movimientos dormidos, como Aliente, sino que algunas de las nuevas formaciones ecologistas surgen a iniciativa de personas que antes formaban parte de alguna organización en el G5, como es el caso de la Plataforma Ecologista Madrileña.
La ineficacia del G5 en temas fundamentales es cada vez más evidente. No hay más que ver la escasa influencia en la reunión con la Comisaria Teresa Ribera del 21 de febrero, pocos días antes de que se entrara en vigor el decreto Omnibús aprobado por la Unión Europea y que claramente limita los derechos fundamentales ciudadanos, además de poner en peligro las acciones frente a la crisis climática. Un decreto frente al cual alzaron la voz Amnistía Internacional y otras 170 organizaciones mientras el G5 mantenía una posición tibia.
Pero aún hay más, muchos de los informes redactados en su día por las organizaciones del G5 están siendo utilizados por la parte contraria en los contenciosos que pretenden tumbar los proyectos de macrorrenovables. En concreto, el informe de Greenpeace Galicia, más allá de los combustibles fósiles, de diciembre de 2023 y donde literalmente se afirma que “las fuentes de energía renovable solo cubren el 25,8% del uso de energía primaria en Galicia”, es una prueba recurrente para hacer avalar la posición de las empresas eléctricas respecto a la utopía de que la energía renovable podría sustituir al petróleo en ese uso primario –como por ejemplo la agricultura–, y olvidando, de paso, la energía eléctrica que se exporta.
Tal vez, por todo lo dicho, una reconciliación no sea del todo posible, y lo único que cabe esperar es que es que el G5 no de un giro belicista como el dado por los Verdes en Alemania, y que las asociaciones ecologistas independientes del sistema, se unan.
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