España se prepara para situar fuera de sus fronteras parte del cumplimiento del Protocolo de Kioto, se quieren adquirir créditos en el mercado internacional por valor de 100 millones de toneladas de CO2 entre 2008 y 2012, un 7% de lo emitido en 1990. Esto significa en realidad que el Estado español se evita reducir […]
España se prepara para situar fuera de sus fronteras parte del cumplimiento del Protocolo de Kioto, se quieren adquirir créditos en el mercado internacional por valor de 100 millones de toneladas de CO2 entre 2008 y 2012, un 7% de lo emitido en 1990. Esto significa en realidad que el Estado español se evita reducir los gases de efecto invernadero emitidos en su territorio en esa cantidad porque sale más barato hacerlo fuera.
Uno de los problemas evidentes que plantea esta decisión es que más allá de 2012, cuando haya que abordar objetivos de reducción más ambiciosos, en España aún seguiremos emitiendo esas toneladas de CO2 y las medidas de reducción tendrán que ser más drásticas y resultarán más costosas que ahora.
Otra cuestión que surge con estas inversiones es la de en qué se va a gastar el dinero. Los fondos de carbono buscan créditos de emisiones acordes con el Protocolo de Kioto lo que abarca desde compra de emisiones directamente a la inversión en proyectos que signifiquen algún grado de reducción de gases de efecto invernadero.
Desde luego no es lo mismo que se pague a Rusia y Ucrania por emisiones que no tuvieron lugar nunca, que es lo que se conoce como comprar «aire caliente», a que se financie la instalación de un parque eólico para suministro eléctrico en una zona que carece de él o lo obtiene con notables impactos ambientales. El primer caso merece el rechazo de los ecologistas aunque se vincule a algún tipo de condicionante ambiental para el vendedor, porque no es una reducción de emisiones, ya que por el derrumbe económico e industrial de Europa del Este hacia 1990 las emisiones de estos países disminuyeron de por sí radicalmente.
Los proyectos a los que el fondo de carbono dirija sus inversiones deben desde luego cumplir los criterios acordados en el marco del Protocolo de Kioto, pero con criterios que maximicen su eficacia ambiental, es decir que no sean nuevas instalaciones de combustibles fósiles, ni grandes instalaciones hidroeléctricas si no instalaciones de energías renovables o de mejora de eficiencia. Este tipo de proyectos aportan transferencia de tecnología no emisora de CO2 que es uno de los objetivos de la Convención de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y la cumbre de Johannesburgo.
Por el contrario, la inversión en sumideros o plantaciones de árboles no transfiere tecnología ni capacita al país receptor para reconducir su desarrollo económico en un contexto de cambio climático, y no se puede olvidar que la absorción de carbono por las masas forestales no es un sistema equivalente a evitar emisiones, pues según los científicos la incertidumbre de la permanencia del carbono así almacenado es alta.
Para Ecologistas en Acción, 100 millones de toneladas en tres años es una cifra excesiva a la que habrá que añadir los derechos que las empresas obtengan directamente de mecanismos de flexibilidad, pues son equivalentes a los derechos de emisión del sistema europeo de comercio de emisiones. Sobre esta cuestión existe el riesgo de que puedan obtenerse créditos o derechos de emisión por proyectos que las empresas españolas hubiesen llevado igualmente adelante independientemente del Protocolo de Kioto, esto no sólo sería contrario a los reglamentos de dicho Protocolo si no que es un engaño al resto de empresas y a la sociedad.
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