Difícilmente se puede encontrar una persona que niegue la falta de seguridad jurídica en Ecuador. Sus instituciones están pulverizadas. Basta con recordar que desde diciembre de 2004 hasta la fecha no hay prácticamente Corte Suprema de Justicia, ni Tribunal Constitucional; que la Fiscalía funciona con un subrogante desde hace meses y que, desde hace un […]
Difícilmente se puede encontrar una persona que niegue la falta de seguridad jurídica en Ecuador. Sus instituciones están pulverizadas. Basta con recordar que desde diciembre de 2004 hasta la fecha no hay prácticamente Corte Suprema de Justicia, ni Tribunal Constitucional; que la Fiscalía funciona con un subrogante desde hace meses y que, desde hace un par de años, se registra una situación similar en la Contraloría General de la Nación; incluso en la Defensoría del Pueblo no existe titular.
Desde todos los ámbitos de la vida nacional hay razones para exigir instituciones jurídicas sólidas y confiables. Los solemnes reclamos por la seguridad jurídica, sin embargo, se transforman en una tomadura de pelo cuando casos jurídicos en donde sólo hay lugar para decisiones jurídicas, se los quiere llevar al campo económico y político. Este es el caso de la caducidad del contrato con la compañía petrolera Occidental (OXY).
La ley es clara. No da lugar a interpretaciones. Tampoco hay margen para negociaciones, menos aún espacio para cálculos de costo-beneficio. No se requiere un gobernante salomónico. Simplemente hay que garantizar la seguridad jurídica. Y eso exige un juez probo. De eso se trata. OXY ha violado y sigue violando la Ley de Hidrocarburos y el contrato suscrito con el Estado. Estas violaciones son causales suficientes para declarar la caducidad del contrato: sea por el traspaso del 40% de derechos y obligaciones del contrato de OXY a Encana sin que previamente se cuente con la autorización expresa del ministro de Energía y Minas; por no haber realizado las inversiones mínimas comprometidas contractualmente; por insistir en infracciones al ordenamiento legal y reglamentario en casi todos los ámbitos del contrato. Los incumplimientos continúan: en junio OXY no estaba al día en la entrega completa del porcentaje de participación que le corresponde al Estado, debe más de 1,5 millones de barriles de petróleo.
Cumplida la ley, si se puede hacer un análisis de costo-beneficio propio del mundo de los negocios. Entonces se podría escoger entre entregar los campos a otra empresa o permitir que Petroecuador (preferentemente a través de una unidad ejecutora) asuma el funcionamiento de la ex-OXY en Ecuador. Y en esta definición, pensando en el interés nacional, no conviene que una empresa privada se lleve los campos de OXY, que produce más de 100 mil barriles al día y que le deja al país menos del 15% de la renta petrolera (TEXACO, en los años 70 y 80, dejaba el 95%). Y que no se siga desinformando, diciendo que Petroecuador no ha podido subir sus niveles de producción por culpa de sus sindicatos, pues para destruir sistemáticamente al ente estatal, entre 1994 y 2004, entre otras trabas, no le entregaron 1.460 millones de dólares para todas las inversiones necesarias en el campo de la producción de crudo, lo que provocó pérdidas para Ecuador por 4.580 millones de dólares. Sobre estas cuentas y negociaciones podemos discutir más adelante. Lo que interesa ahora es simplemente el cumplimiento de la ley. Darle la razón a la OXY, por miedo al garrote imperial, ratificaría que este pequeño país andino no es más que una colonia y que el discurso de la seguridad jurídica es una falacia.