Fue a las 01:30 horas de la madrugada cuando, hace precisamente hoy tres años, sonó el timbre de la casa y nos sobresaltó a todos. Yo había estado ese día medio convaleciente por una afección gripal y fue Gemma, mi mujer, la que salió a la puerta. Menos mal. En ese momento un tipo uniformado […]
Fue a las 01:30 horas de la madrugada cuando, hace precisamente hoy tres años, sonó el timbre de la casa y nos sobresaltó a todos. Yo había estado ese día medio convaleciente por una afección gripal y fue Gemma, mi mujer, la que salió a la puerta. Menos mal. En ese momento un tipo uniformado iba a descargar una pesada porra, que levantaba por encima de la cabeza, contra la puerta y derribarla. Formaba parte de un amasijo de focos e hilos infrarrojos provenientes de incontables armas preparadas para tiro nocturno, guardias civiles uniformados, con casco, y de paisano con la cara embozada…
Mis dos hijas, entonces con trece y diez años de edad, se despertaron de su primer sueño con ese edificante ambiente de luces, voces cuarteleras, gente encapuchada, uniformada de verde oliva y armada hasta los dientes. Aquellos hechos contribuyeron por sí mismos a forjar en su memoria una imagen sobre la naturaleza del Estado español muy similar a la de muchas generaciones anteriores de vascos. Una experiencia imborrable, puedo asegurarles. Sé que hay otras muchas experiencias imborrables. Con la misma legitimidad que otros cuentan la suya, yo me limito a contar la mía.
Todo aquello era absolutamente innecesario, por otra parte. Desde unos días antes habían mantenido estrechamente vigilados todos mis pasos. Así me lo confirmaron. Sabían que hacía una vida absolutamente convencional, que mis horarios eran perfectamente estables y rutinarios. Más aún, sabían que bastaba con que me citaran los jueces, como lo habían hecho en otros casos similares al nuestro. Pero, no. Necesitaban tratarme/tratarnos como si formáramos parte de un comando armado. La trama contra Egunkaria así lo requería. Necesitaban equipararlo, a través del procedimiento policial, a la escenografía antiterrorista al uso. La magnitud de las acusaciones que vendrían después así lo exigía.
Yo en pijama, recuerdo que uno de los desconocidos que entraron en mi casa me conminó a que me vistiera. «Póngase algo cómodo, que nos vamos», me dijo. Quise ponerme la americana y los pantalones de pinzas que forman parte de mi vestuario habitual en el quehacer diario. Posiblemente por deformación profesional, con una candidez imperdonable, me interesaba por evitar que dieran de mi la imagen de «delincuente» que calculadamente ofrecen en estos casos. El guardia me previno. «A donde va usted le quedará mejor un chándal». Y así fue. Yo no sabía lo que me esperaba. Él, evidentemente sí.
Tres años después, no pienso dar a nadie la ocasión de acusarme de relato lacrimal, a pesar de la experiencia vivida. Cinco días de incomunicación y ocho meses y medio de cárcel dejan huella. Pero hoy estoy más interesado en el proceso de desenlace del caso Egunkaria que en el cúmulo de atrocidades, desde un punto de vista democrático, cometidas en su desarrollo. Mis propias heridas, por otra parte, no me impiden reconocer las de todos aquellos que, de uno y otro bando, sobrellevan también las suyas como mejor pueden. Aunque ahora se anuncia el final, veremos con qué credibilidad, la negra estela del conflicto está siendo larga y tortuosa para ya demasiada gente. Pero tampoco es de esto, que reclama tantos matices, de lo que quiero hablar.
Quiero decir que a pesar del cambio operado en el escenario político, el caso Egunkaria sigue inalterado. Lo que pretendo transmitir es el temor a que pueda resultar además inalterable. Aún en fase de instrucción a pesar del tiempo transcurrido, a la espera de la resolución del recurso presentado contra el procesamiento de siete de los encausados, entre los cuales me encuentro, sigue su camino judicial inexorablemente, sin que nadie intente no sólo pararlo, sino ni siquiera atenuarlo. Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi, Iñaki Uria, Martxeko Otamendi, Pello Zubiria y Xabier Alegria son los otros procesados.
El grupo de notables que nos apoya (Carlos Garaikoetxea, Bernardo Atxaga, Garbiñe Biurrun, Xabier Arzalluz, Fermin Muguruza, Jose Elorrieta, Laura Mintegi, Rafa Diez, Baltasar Errazti, Koldo Gorostiaga, Jonan Fernandez, Jesús Uzkudun, Jean Haristchelhar, Xabier Mendiguren y Juan Miguel Arregi), así como un amplio abanico de partidos, sindicatos, organismos sociales varipintos; el ámbito institucional, empezando por el propio lehendakari Ibarretxe y el conjunto de su gobierno, la mayoría del Parlamento Vasco, pasando por los diputados generales y presidentes de las Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa… se han posicionado a favor del sobreseimiento y cierre de la causa. Lo han hecho también en Catalunya, donde se ha vivido el caso como propio, así como en las mismas Cortes españolas, donde cerca de sesenta diputados y senadores, de todos los partidos políticos menos del PP y del PSOE, firmaron en diciembre pasado un documento público en el sentido indicado.
Aún conservamos en la memoria las imágenes de las enormes manifestaciones que tuvieron lugar en Donostia con motivo de la operación de cierre, en febrero del 2003, así como la posterior de octubre, con una pluralidad social y política cualitativa y cuantitativamente incomparables a otras también grandes convocatorias.
Hubo en aquellas movilizaciones gente del PSOE. Hoy sus representantes nos reciben cortésmente cuando solicitamos hablar con ellos de nuestro caso. Reconocen incluso en no pocas ocasiones que aquello fue «un exceso» del Gobierno anterior, impensable con su partido en la Moncloa. Ahora están ya alli. Sin embargo, nos emplazan al día después del anuncio del cese de hostilidades por parte de ETA a la hora de comprometer un cambio de rumbo en el caso.
Sinceramente, no nos parece coherente. Un exceso no se remienda convirtiéndonos en materia de intercambio con vistas a un nuevo escenario político que nosotros, por otra parte, aplaudimos a rabiar, como el conjunto de la sociedad vasca. No sólo porque posiblemente la otra parte, en clave partidaria, tampoco tendría por qué sentirse concernida por un recompensa del Estado español a favor nuestro. Tendría otras comprensibles prioridades. Simplemente, un «exceso» reconocido no concibe aplazamientos en su resarcimiento.
Y, si las cosas no cambian, ya sabemos lo que nos espera. Lo estamos viviendo en carne ajena precisamente estos días con la vista del macrosumario 18/98. A los allí implicados quiero enviarles desde estas líneas un saludo solidario en este lunes en el que, una vez más, se reanuda su tramoyesca vista.
La reflexión de fondo, por otra parte, no nos impide observar con responsabilidad los factores coyunturales. Ya sabemos que el ámbito judicial del Estado español, donde actualmente se halla inmerso nuestro caso, no es el mejor aliado de la política del presidente Rodríguez Zapatero. Sabemos más bien que la Audiencia Nacional es la trinchera fundamental, no la única, donde se han hecho fuertes los nostálgicos del aznarismo.
Sabemos que aún habiendo voluntad para ello, los movimientos no son fáciles. Entre otras cosas porque cualquier aspecto, cualquiera, relacionado con alterar sustancialmente la política del Gobierno español con respecto al País Vasco está hoy, en algún punto del trayecto, bajo tutela judicial. El aznarismo se tomó con empeño la tarea. Así que hoy hablar de tutela judicial es básicamente hablar de la tutela del PP.
Entendemos, sin embargo, que las dificultades no pueden ser una coartada para la inacción. De hecho son las dificultades, el empeño por superarlas, lo que acredita las voluntades. Es lo que esperamos también en nuestro caso.