Cuando hablamos de convergencia, solemos hacerlo respecto al PIB. Pero, ¿converge España en igualdad? Es decir, ¿se acerca o se aleja de la nota de la UE en esa asignatura, la que mide la diferencia de ingresos hay entre los que más cobran –los más ricos– y los que menos cobran –los más pobres–? La respuesta es terminante: se aleja. Los datos españoles de 2021 no son sólo peores que en la UE, sino que empeoran mientras los de la UE mejoran.
El porqué hay que buscarlo tanto en la facilidad del 20%, el 10% y especialmente el 1% con mayores ingresos para retener ingresos en cuanto vienen mal dadas como en la insuficiente capacidad correctora del Estado, a pesar de un esfuerzo inédito desde 2020.
Desigualdad de ingresos
La oficina estadística de la UE, más conocida como Eurostat, ha actualizado los datos de desigualdad en el club comunitario, que llegan ahora hasta 2021. Con ello las tablas empiezan a mostrar no sólo el impacto de la pandemia, sino también el comportamiento de las sociedades en la rampa de salida de la crisis sanitaria. Eurostat mide la desigualdad de dos formas: 1) Comparando los ingresos medios del quintil que más gana con los ingresos del quintil que menos gana, dando como resultado una ratio, que será mayor cuanto mayor sea la desigualdad. 2) Elaborando un coeficiente, el índice Gini, que sintetiza diversos elementos que confluyen en la desigualdad, menor cuanto más se acerque a 0 –igualdad total– y mayor cuanto más se acerque a 100.
La diferencia entre el primer quintil –el más acomodado– y el último quintil –el menos– se situó en España en 2021 en 6,19. Es decir, el total de los ingresos de los ciudadanos del 20% de arriba es 6.19 veces mayor que el del 20% más abajo. ¿Es mucho o poco? Al menos comparativamente, mucho. En la UE el indicador queda en un 4,97. España está lejos de Francia (4,42) y Alemania (4,88) y también por debajo de Italia (5,86).
Más significativa aún es la tendencia. En España este indicador de desigualdad no sólo es mayor que en la UE, sino que desde 2019 crece (de 5,94 a 6,19) mientras en el conjunto de la UE baja levemente (de 4,99 a 4,97). El dato experimenta en España un significativo rebote desde 2020 (5,77), un año extraordinario tanto por el impacto de la pandemia en la economía como por las políticas paliativas, en el que la desigualdad de ingresos se redujo en la mayoría de los países.
De los países de la UE con datos actualizados en 2021, España es el tercero más desigual comparando el 20% de arriba con el de abajo, sólo mejor que Letonia y Rumanía. Los dos últimos años han supuesto un empeoramiento de la posición de España, que desde 2019 ha sido adelantada por Bulgaria, Lituania e Italia.
Índice Gini
El índice Gini en España es más próximo a 100 –es decir, indica una mayor desigualdad– que en la UE: 33 frente a 30,1. También es mayor que en Francia (29,3), Alemania (30,9) e Italia (32,9). La trayectoria comparada con 2019 y 2020 muestra una evolución levemente peor que el conjunto de la UE, a pesar del peor punto de partida. El ciclo de los últimos tres años en España ha sido 33-32,1-33. Es decir, leve bajada y posterior subida, para quedar igual. En la UE el ciclo ha sido 30,2-30-30,1, con lo que hay una sutil mejora global dentro de una línea de estabilidad. El 2021 de España, año de salida de la pandemia, es especialmente malo, con una subida de 9 décimas que no se da en ninguno de los otros tres grandes países europeos analizados.
Así que tanto el ratio de desigualdad como el índice Gini muestran un 2021 de ensanchamiento de la brecha de desigualdad y de alejamiento de la convergencia con la UE en este apartado.
El valor 33 de España en el índice Gini supone el quinto peor dato de la UE, por delante de, Letonia, Lituania, Rumanía y Portugal. En 2020 España era sexta por la cola, mejor que Italia, que ahora está por delante.
Las causas de la brecha
Los datos demuestran que en España «la rentas altas tienen muchísima capacidad para mantener ingresos laborales y de capital», en contraste con las bajas, señala Pedro Salas-Rojo, investigador especializado en desigualdad de la Universidad Complutense. Autor de trabajos sobre el peso de la herencia y los condicionantes de origen en la posición económica, Salas-Rojo resalta el contraste entre el 20%, y especialmente el 10%, «flexibles para afrontar embates económicos», y el otro extremo de la distribución de ingresos, caracterizado por su «vulnerabilidad». Se trata de una característica «tradicional» del modelo socioeconómico español, señala Salas-Rojo, que busca las causas en «un sistema impositivo deficitario» e «incapaz de redistribuir» suficientemente.
El investigador destaca que el incremento de la «parte del pastel» de renta de los que ya están en mejor posición se produce a pesar del esfuerzo político de contención de la desigualdad durante la pandemia, que ha permitido amortiguar el «shock» y dejar una herida social «mucho menor» que tras la crisis de 2008. Los datos avalan la afirmación. El reparto de la pérdida del PIB, más favorable a los salarios en 2020 que en 2008-2014, demuestra la eficacia relativa de las políticas de contención de la sangría social en contraste con las recetas de la anterior crisis. No obstante, incluso los análisis que reconocen la utilidad del «escudo social» –Fundación Alternativas y Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, entre otros– puntualizan que España arrastra una inercia histórica de desigualdad que para frenarse requiere de una apuesta continuada y a largo plazo. Es previsible que la inflación no ayude.
De modo que la desigualdad de ingresos ha crecido durante la pandemia en España, mientras en la UE se reducía levemente, pese a partir en conjunto de una situación mejor. Ahora bien, también hay una forma de ver el vaso medio lleno: ha sido un crecimiento amortiguado y menor que tras la Gran Recesión.
Javier Carbonell, profesor asociado en Sciences Po, cree que el problema de la desigualdad no se produce como resultado de una «falta de voluntad política» para combatirla. Sí, en cambio, de limitaciones en la capacidad correctora del Estado y, sobre todo, de una «estructura económica» con fuerte peso de la pequeña y mediana empresa, «muy vulnerable» a las sacudidas de las crisis, explica Carbonell, que evita el dramatismo en el análisis y señala que España es comparable al grueso de los países europeos y está mejor que potencias económicas como Estados Unidos.
Privilegios en la cúspide
Tanto Salas-Rojo como Carbonell coinciden en que la desigualdad es más marcada observando el top 1 y el top 10 que el top 20. Y así es, como demuestra el informe de este mismo año Desigualdad de la renta y redistribución en España, que permite observar la parte más alta y puntiaguda de la pirámide de ingresos. El estudio, elaborado con datos de la Agencia Tributaria, el INE y el Banco de España, ofrece diversas panorámicas sobre la desigualdad de la renta en España en las últimas dos décadas, llegando hasta 2019.
El 1% con más renta acapara en España 2,7 puntos más de renta que el 50% más pobre, según las conclusiones de este trabajo, elaborado por Clara Martínez-Toledano, profesora de Economía Financiera en el Imperial College Business School, junto con Alice Sodano y Miguel Artola. El porcentaje de renta de ese top 1 ha crecido desde 2007 de un 13,4% a un 16,9%, mientras la mitad más pobre bajaba del 17,2% al 14,2%. El 10% con mayor renta también ha mejorado, del 39,5% al 42,3%.
Escasa capacidad correctora del Estado
El trabajo no abarcaba la pandemia, pero pronosticaba «un aumento de la desigualdad de ingresos, debido a una mayor incidencia del desempleo y de la pérdida de ingresos salariales entre los grupos de renta más pobres». Ahora los datos de Eurostat, que sí llegan hasta 2021, ratifican el pronóstico. Además, hay otro elemento destacado por este trabajo que queda confirmado: la insuficiente capacidad correctora del Estado del bienestar, que suspende tanto en progresividad como en redistribución.
«Los patrones de desigualdad no varían sustancialmente a través de la acción redistributiva», señalaban los autores de la investigación. La gráfica bajo este párrafo es elocuente. El 50% más pobre tiene el 14,2% de la renta antes de impuestos y un 16,6% después. La corrección por todo el sistema fiscal es de sólo 2,4 puntos.
El Gobierno, que aún tiene pendiente esta legislatura acometer su comprometida reforma fiscal, también admite en su estrategia España 2050 que la desigualdad viene agravada por unas políticas fiscales y sociales que no ejercen suficiente «acción correctora». Las «prestaciones familiares tienen un efecto muy pequeño» y el IRPF provoca un efecto redistributivo menor que la media de la UE, señala. El sistema concede «un menor peso relativo a las transferencias que más benefician a los colectivos más pobres, como ayudas a la vivienda, infancia o inclusión social», recoge el plan.
El resultado es el siguiente: el quintil más rico recibe más transferencias públicas (30%) que el más pobre (12%). En la OCDE sólo Portugal, Italia y Grecia son más regresivos. Apuntaba ya hacia el mismo diagnóstico, antes de la pandemia, el FMI, que alertó en 2020 del contraste entre entre unos sistemas de prestación contributiva –pensiones y paro– sólidos y una «menor asistencia social» a «los más vulnerables», que son niños y hogares con bajos ingresos, sobre todo en el sur. España, a pesar del impulso al gasto público por la pandemia, sigue a la cola en protección social en dentro de la UE. Con 7.153,2 euros per cápita en ocho partidas en 2021 analizadas por Eurostat, se queda a más de 5.000 de Francia, más de 6.000 de Alemania y Holanda y más de 7.000 de Austria y Suecia.
Eurostat permite además observar, ya con datos de 2021, que efectivamente España tiene una capacidad de corrección de la desigualdad baja, en consonancia con lo advertido en los trabajos citados antes. Al menos, relativamente baja. Veamos.
Hasta ahora los datos de desigualdad recogidos en este artículo –tanto en la comparación entre el 20% de arriba y de abajo como en el índice Gini– se basan en ingresos «disponibles», una vez han hecho su efecto corrector los impuestos y las transferencias sociales. Pero Eurostat también ofrece los datos en bruto, es decir, antes de que el Estado haga su tarea. Lógicamente, la desigualdad en bruto es mayor.
En España la brecha entre el 20% de arriba y de abajo antes de transferencias e impuestos se va a 12,14. Dicho de otro modo, los de la parte alta de la distribución de renta cobran 12,14 veces más que los de abajo antes de la redistribución. Se produce una subida del 26,32% respecto a 2020 (9,61). Con respecto a 2019, el alza es del 18,09%, ya que bajó en 2020. Son datos peores que en el conjunto de la UE se miren como se miren. Tanto globalmente como en evolución. La diferencia de ingresos en la UE es de 10,11 –en España, de 12,14–. La subida en la UE es menor tanto desde 2020 (5,09%) como desde 2019 (14,1%). El dato español, otra vez, es el peor de los grandes países de la UE analizados: Italia (10,61), Francia (10,72) y Alemania (11,73).
Una pregunta interesante: ¿cómo cambia el ratio de ingresos entre el quintil de arriba y el quintil de abajo en España una vez el Estado interviene? Pues baja un 49%, menos que en la UE (50,84%), pese a que en en el conjunto del club europeo la desigualdad de partida es menor. Y también baja menos que en Alemania (58,39%) y Francia (58,76%), aunque algo más que en Italia (44,76%). La conclusión es que no hay, en cuanto a la reducción de la desigualdad, convergencia con los grandes países de la UE.
El índice Gini también puede hacerse teniendo en cuenta o no los impuestos y transferencias sociales. Una vez que el Estado del bienestar ha hecho su trabajo, incluido el pago de las pensiones, el índice baja en España un 34,13%, menos que en la UE (42,33%). La reducción porcentual también es mayor en Francia (50,17%) y Alemania (44,82%), aunque no en Italia (33,93%), otro Estado del bienestar de tipo «familista», en el que buena parte del acceso a bienes y servicios básicos se confía a la familia, donde las desigualdades tienden a reproducirse.
Políticas públicas
«Probablemente el mecanismo del IRPF tendría que ser revisitado para ser bastante más progresivo de lo que ya es», señala Salas-Rojo con los datos de Eurostat por delante. Otras propuestas de reforma también apuntan a la fiscalidad. Toledano, Sodano y Artola apuntan a una reforma del Impuesto de Sociedades para que su capacidad recaudatoria vuelva a ser «al menos similar a la que era antes del boom inmobiliario». Además de la reforma de Sociedades, los autores afirman que «sería conveniente revisar» IBI y Patrimonio y «minimizar la competencia fiscal a la baja entre autonomías», ya que esta «beneficia en gran medida a las rentas y patrimonios más altos».
Las propuestas de estos autores no se quedan en la fiscalidad. En el terreno educativo, defienden la formación profesional como mecanismo para reducir «el alto nivel de fracaso escolar y abandono temprano». En cuanto al modelo productivo, el informe propone fomentar la inversión en energías renovables. Los autores detectan también «un sesgo del ahorro hacia formas de riqueza no productiva como la vivienda», algo que que estanca la productividad e incrementa la desigualdad. «La población con ingresos bajos y medios canaliza sus escasos ahorros hacia la vivienda habitual, mientras que los hogares con mayores ingresos y ahorros adquieren –y/o heredan– además de la vivienda habitual, propiedades y activos financieros de inversión que tienden a tener una rentabilidad mayor», explican. ¿Qué hacer? Los autores proponen alquiler social y políticas que se centren en ayudar a diversificar el ahorro de las clases medias y bajas.
Fuente: https://www.infolibre.es/politica/quintil-rico-aleja-multiplica-6-19-renta-pobre_1_1383958.html