Para los sindicatos convocantes siete de cada diez empleados públicos, un 11,85% de los funcionarios de la AGE para el Gobierno, los resultados de la convocatoria de huelga general son como siempre, muy desiguales aunque esta vez el Gobierno ha puesto especial cuidado en no irritar a los sindicatos eludiendo dar cifras en mitad de […]
Para los sindicatos convocantes siete de cada diez empleados públicos, un 11,85% de los funcionarios de la AGE para el Gobierno, los resultados de la convocatoria de huelga general son como siempre, muy desiguales aunque esta vez el Gobierno ha puesto especial cuidado en no irritar a los sindicatos eludiendo dar cifras en mitad de la jornada. Sea como fuere, parece bastante claro que la huelga general en los servicios públicos no ha sido un éxito de convocatoria.
Personalmente creo que la preparación no había sido lo concienzuda que otras veces y que la dimensión del reto requería. Es verdad que la convocatoria se hizo con toda premura para poder cumplir con las prescripciones normativas y también porque la convocatoria fue percibida desde el principio como un ensayo para la huelga general contra el conjunto de las medidas contenidas en el decreto ley. Pero parece asimismo claro que los sindicatos han convocado «con la boca pequeña»,según una expresión generalizada en medios muy diversos. Los más críticos con los sindicatos les acusan de cumplir un mero trámite, incluso acusan a UGT y CCOO de importarles muy poco los funcionarios. Se trata en el segundo caso del enésimo intento de la derecha de separar a los funcionarios del sindicalismo de clase pero no deja de reflejar el temor muy extendido entre los empleados públicos de constituir un sector maldito llamado a desempeñar el papel de chivo expiatorio de la crisis. Que el funcionariado no tenga confianza en los sindicatos de clase es una hipótesis sobre la que carecemos de evidencias empíricas (en todo caso, entre ambos suman la mayoría de los delegados tanto en personal funcionario como en personal laboral). Lo que resulta menos interpretable es el mayor coste de la preparación de una huelga de los servicios públicos habida cuenta de la complejidad y heterogeneidad que estos presentan en la realidad española.
Las razones del bajo seguimiento pueden ser diversas. Un porcentaje muy elevado de funcionarios escasamente informados e interesados por la «política»todavía no ha percibido los efectos materiales del descuento del 5% en sus ingresos mensuales; a finales de mes su percepción y estado de ánimo será seguramente otro. De entre los informados, a una parte le ha echado para atrás la acumulación del descuento del día de huelga y el aplicado ya en la nómina del mes de junio. Otra parte estima que las medidas del ajuste son irreversibles y no quiere agravar una situación económica de por sí complicada. Está, en fin, aquel sector del funcionariado en el que tiene un peso destacado los altos cuerpos de funcionarios, en el que su antipatía hacia los sindicatos ,especialmente UGT y CCOO, es superior al rechazo de las medidas de ajuste,.
Tener una estimación del peso de cada grupo sería conveniente para la preparación de futuras acciones contra el ajuste en la función pública. Como lo sería que el funcionariado y el conjunto de la opinión pública conocieran realmente la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido las rentas de los empleados públicos por ejemplo desde 1994
Es mendaz cargarle con la responsabilidad del déficit a la función pública española, todavía inferior en términos de gasto público sobre el PIB a la de los principales países de la UE15.
Por lo demás,se sabe que la causa principal del déficit no es el incremento de gastos sino la caída en picado de los ingresos fiscales excesivamente dependientes en el pasado de la construcción y el sector inmobiliario.
Si no es reducir el déficit, ¿cuál es el objetivo buscado con las medidas de congelación impuestas? Es un valor admitido que con estos ajustes NO se sale de la recesión, se regresa al estancamiento. El carácter principal de estas medidas es DISCIPLINARIO, una pedagogía del palo para enseñar a los sectores asalariados de la población, empezando por el empleo público, las nuevas condiciones a implantar para volver a un nuevo ciclo de acumulación (de crecimiento y empleo para consumo de masas).
Pero el instrumento pedagógico buscado no puede ser más dañino. Además del efecto devastador que produce ver como el Gobierno vulnera cuando lo estima conveniente un acuerdo amparado legalmente, inaugura una práctica, hasta ahora sin precedentes, de reducir los salarios públicos como medida de política económica, lo que no dejará de ser ampliamente utilizado por gobiernos posteriores, sabedores que estas medidas aplacarán el resentimiento de sectores de la población contra los privilegios del empleo estable y vitalicio. Y muestra que, a juicio del Gobierno, los sueldos de los empleados públicos estaban supravalorados y que se pueden reducir, además de congelar los procedimientos de cobertura de vacantes, sin que se resienta el desempeño de la función pública.
Tal vez el Gobierno y el conjunto de fuerzas políticas y sectores sociales que jalean ó cuanto menos callan ante esta medida, piensan que sobra mucha función pública, que la burocracia es un piedra al cuello de la economía española que le impide o le resta el vigor y el empuje que precisaría para recuperar las condiciones de prosperidad perdidas. Si hacen eso, aunque sea por razones puramente oportunistas y demagógicas (en tiempos de crisis, es bueno tener un chivo expiatorio al que cargarle con las culpas de la crisis), ponen en cuestión un pilar básico del funcionamiento de las sociedades complejas, cual es el capital social constituido por el funcionamiento de las instituciones públicas que constituyen la infraestructura fundamental para el funcionamiento de la producción y la reproducción social.
No es ya la función de mantenimiento de la demanda que suponen las rentas de los salarios públicos sino la dotación de aquellos servicios esenciales como la salud, la vivienda, la educación, etc. que el mercado es incapaz de proporcionar con la dimensión y las condiciones adecuadas para una sociedad compleja. Una dotación de servicios que forma parte de la entraña misma de la democracia, la que asegura derechos con independencia de los bienes y la capacidad de compra de que se dispone.
Así pues, disciplinar a la población trabajadora y desvalorizar la función pública son dos objetivos/resultados del decreto ley que merecían una firme respuesta de los trabajadores del sector público y, aún más, del conjunto de la ciudadanía. Si a los mismos les añadimos la congelación de las pensiones públicas y la reforma laboral -que cuando se escriben estos comentarios es posible que sea del conocimiento de los agentes sociales-, encontraremos sobradas razones para que lo que tal vez haya sido un ensayo, tenga una adecuada continuación con todo en una huelga general en la que los trabajadores hagamos sentir con firmeza el peso y la justicia de las razones que nos asisten para exigir otra forma de salir del atolladero en el que nos metieron los artífices del modelo de crecimiento que ha estallado con el pinchazo de las burbujas inmobiliaria y financiera.
Esta no será, no debería ser una huelga exclusivamente contra el Gobierno, a pesar de las sobradas razones que existen para contestar tanta vacilación, tanta incompetencia y falta de coraje para enfrentarse al dictado de los mercados financieros. Esta debería ser una huelga general para la afirmación del mundo del trabajo, para la recuperación de nuestra identidad, para hacer sentir el peso de nuestra contribución al diseño de una fórmula más justa y sostenible de convivencia social que la que nos ha deparado la dominación del capital financiero (la hegemonía de las políticas neoliberales). Siguiendo la senda de los trabajadores griegos, portugueses, ahora italianos, franceses, en contra de los planes de ajuste de sus gobiernos, de esta nueva cruzada neoliberal que amenaza con barrer los restos de los Estados del Bienestar en Europa.
Durante más de tres décadas las políticas neoliberales, desempeñadas por la derecha o por la izquierda sistémica, han gobernado la vida social dejando a su paso un rastro de sufrimiento, pobreza y desigualdad en lo social, de devastación de la naturaleza, de guerras, intolerancia, xenofobia y racismo. La crisis comenzada en el verano del 2007 parece destinada a acabar con el propio proyecto europeo y, lo que es peor, con la democracia en el continente anegada por la dictadura irresponsable y criminal de los mercados financieros.
La defensa de los servicios públicos y de una función pública necesaria para gestionarlos de forma eficiente, transparente y participada, es una condición de existencia de la democracia en España y en Europa. En esta defensa están comprometidos los trabajadores de la industria y los servicios, los funcionarios, los pensionistas, los precarios, los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes expulsados del mercado de trabajo o que nunca han podido acceder a él, todos aquellos sobre los que el capital y los gobiernos pretenden descargar el peso de los esfuerzos para salir de la crisis en la que nos ha sumido su irresponsabilidad y la locura del capitalismo financiarizado y especulativo.
El «partido del trabajo» no puede dejar de concurrir en esta hora crucial para la suerte de la democracia en España y en Europa.
P.S.: Cuando cierro este artículo parece ya confirmada la ruptura de las negociaciones sobre la reforma de la mercado del trabajo entre sindicatos y patronal. Las pretensiones de la patronal para abaratar los costes de despidos y, sobre todo, para acabar con los ámbitos de negociación colectiva superior a la empresa, rentabilizando la apurada situación del Gobierno, han hecho imposible un acuerdo al que los sindicatos se veían abocados tras el escaso seguimiento de la huelga de los funcionarios.
Falta por ver ahora qué apoyos parlamentarios obtiene el gobierno para sacar adelante la reforma que los agentes sociales no han podido acordar. Es más que previsible que CiU, CC y, eventualmente, el PNV le presten su apoyo a cambio de futuras contraprestaciones en los presupuestos para 2011. La izquierda parlamentaria no debería apoyar esta reforma mientras que el PP es probable que se abstenga solo para no dar ni el menor respiro al Gobierno en su estrategia de asfixia.
Con todo, lo verdaderamente importante será la respuesta de UGT y CCOO al nuevo decreto ley que introduzca la nueva regulación del mercado de trabajo. Desde todos los medios, especialmente los del grupo Prisa, se está haciendo una fuerte presión a las direcciones sindicales para que se hagan corresponsables de las «duras e inevitables medidas» contenidas en el plan de ajuste.
Una presión difícil de soslayar para UGT que probablemente irá al remolque de las decisiones de la dirección de CCOO, sobre la que va a recaer el peso de acontecimientos decisivos para los próximos años.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.