Tres millones de mujeres -casi la población total del Uruguay- recurren anualmente al aborto en 12 países de América Latina y el Caribe. Otros tres millones recurren a este procedimiento en Brasil. La abrumadora mayoría de todas ellas lo hace de manera clandestina, debido a que las leyes de las naciones en que viven penalizan […]
Tres millones de mujeres -casi la población total del Uruguay- recurren anualmente al aborto en 12 países de América Latina y el Caribe. Otros tres millones recurren a este procedimiento en Brasil. La abrumadora mayoría de todas ellas lo hace de manera clandestina, debido a que las leyes de las naciones en que viven penalizan esta práctica.
Salvo Cuba y el Distrito Federal de México (la capital de ese país con 18 millones de habitantes), donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal, en el resto de las naciones el aborto es parcialmente despenalizado o directamente considerado delito y, como tal, castigado con penas variables.
La ilegalidad y clandestinidad no solo incrementan el riesgo de mortalidad materna, debido a prácticas insalubres, sino que condenan a las mujeres a la persecución policial y a la cárcel, lo cual multiplica su sufrimiento.
Una revisión efectuada por SEMlac de la legislación que rige en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela deja en evidencia que la presión de los grupos más conservadores de la sociedad civil, así como de la Iglesia Católica, ha logrado, en muchos de ellos, que las normas penales sean cada vez más restrictivas.
En Chile, en 1989, cuando la dictadura militar daba sus últimos estertores, se penalizó el aborto bajo cualquier causa, situación que rige hasta hoy.
«La madre debe tener al hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, aunque de tenerlo, derive en su muerte», sostuvo en su momento Jaime Guzmán, gestor de la Constitución heredada del período pinochetista y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Además de Chile, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador son los países que en América Latina tienen penalizado el aborto sin importar causales. En Chile constituye la tercera causa de muerte materna.
En República Dominicana, una reforma constitucional aprobada el pasado 17 de septiembre establece el derecho a la vida desde la concepción y se asimila el aborto a la pena de muerte.
«El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte», establece el artículo 30.
Prácticas caseras y costos astronómicos
En las zonas rurales de esa nación, fronteriza con Haití, cuando una mujer pobre quiere abortar se «bebe una botella», confirmó a SEMlac Xiomara Peralta, maestra de profesión y activista que, desde hace décadas, trabaja en la organización de las mujeres dominicanas desde la Confederación de Mujeres del Campo (CONAMUCA) y el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-Mujer), entre otras organizaciones.
Esa botella contiene cáscaras de aguacate (palta), melaza, jengibre, cuaba (una corteza como de pino seco). También le ponen quina y otras raíces muy amargas que provocan diarrea y, por ende, el aborto.
Cuando este ya pasó, beben otra «botella» para limpiarse, la cual contiene calcio, polvo de hierro, miel de abejas, remolacha, berro, zanahoria y bija, una potente semilla colorante derivada del achiote.
El Instituto Alan Guttmacher, de Estados Unidos, dedicado desde fines de 1968 a la investigación y análisis de las políticas relativas a los derechos reproductivos y de población, encontró que, en Guatemala, las mujeres del área rural intentan abortar ingiriendo cilantro con aguardiente y clavo de olor, más de 250 gramos de sal común y 40 tabletas de Alka-Seltzer, sal inglesa con sulfato y aceite de castor.
Después de Haití, Guatemala es la nación donde se practica el mayor número de abortos clandestinos (65.000 por año), confirmó a SEMlac Senaida Escobedo, directora de la Unidad de la Mujer y Análisis de Género de la Corte Suprema de Justicia.
Con diferencias según los países, el costo de un aborto seguro oscila entre los 300 y los 1.500 dólares, inalcanzables -en cualquier caso- para las mujeres pobres. El método más utilizado en las clínicas privadas es la aspiración.
El misoprostol o cytotec -una droga desarrollada para tratar las úlceras gastrointestinales, pero con efectos secundarios abortivos- está siendo utilizado cada vez más como método seguro de interrupción de embarazos. Pero, pese a que su empleo logra abatir la mortalidad materna por abortos insalubres, comprar estas pastillas se ha transformado en un acto tan clandestino como el aborto quirúrgico, en muchos países.
Esta realidad ineludible ha impulsado, desde hace décadas, al movimiento de mujeres en toda la región en el reclamo a la despenalización del aborto.
«Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir» es la consigna de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito emprendida en Argentina por una amplia alianza que incluye a más de 250 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres y organismos de derechos humanos.
«En algunas provincias argentinas, como Santiago del Estero, hasta hace poco tiempo, se esposaba a la cama de los hospitales a las mujeres que llegaban con un aborto en curso», confirmó a SEMlac Silvia Juliá, de la organización Católicas por el derecho a decidir.
Sin embargo, la acción del movimiento de mujeres, en alianza con profesionales de la salud, logró modificar esta situación y en la actualidad se aplica un protocolo de atención humanizada pos aborto que impide la judicialización de los casos.
En Uruguay rige desde 2004 una ordenanza, hoy incorporada a la ley de «Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva», por la cual los servicios de salud deben prestar asesoramiento a la mujer pre y pos aborto, y recomienda el uso de misoprostol. Esta ley, aprobada por el parlamento en noviembre de 2008, incluía un artículo que despenalizaba el aborto. Días después de aprobada, el presidente Tabaré Vázquez la vetó.
Según datos del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell, la mayor maternidad uruguaya, 59 por ciento de las mujeres consultadas por embarazos no deseados usó métodos anticonceptivos que fallaron. El condón es el método al que más se recurre.
Datos del Instituto Alan Guttmacher revelan que gran parte de las mujeres latinoamericanas que se someten a un aborto tienen 20 años o más, están casadas y ya han sido madres anteriormente. En cambio, en la mayoría de los países desarrollados, las que recurren al aborto son más jóvenes, por lo general solteras y aproximadamente la mitad no ha tenido hijos.
Legislaciones problemáticas
Entre los países con legislación más punitiva figura Nicaragua. En octubre de 2006, la Asamblea Nacional penalizó el aborto terapéutico, única causal de interrupción del embarazo, que había sido autorizada en 1874 y que rigió durante 132 años.
La penalización del aborto terapéutico coloca a médicos y médicas en una disyuntiva jurídica, ya que si realizan una interrupción del embarazo pueden ser denunciados, investigados, procesados y condenados por cometer delito.
Pero, si no prestan ese servicio por estar prohibido por el Código Penal, igualmente pueden ser denunciados, procesados y condenados por no cumplir con el artículo 160 del mismo código, por el cual se castiga al personal de la salud que niegue atención sanitaria cuando esta conducta pueda derivar en riesgo grave para la salud de la persona.
En el otro extremo está Cuba, donde el aborto no es penado por la ley ni perseguido y hay una gran cobertura de métodos anticonceptivos. Sólo es posible de sanción quien procede sin el consentimiento de la grávida, lo realice fuera de las instituciones oficiales, no sea médico o lo haga por lucro.
Realizado en hospitales, con condiciones adecuadas y por personal calificado, el aborto es decisión de las mujeres, que acuden a esa práctica con cierta frecuencia. De acuerdo con datos del Anuario de Salud Pública 2007, publicados en Infomed, el portal cubano de salud, ese año se practicaron 66.008 abortos inducidos, 58,4 abortos por cada 100 partos y 36,9 por cada 100 embarazadas.
En las mismas condiciones de legalidad que Cuba se encuentra la capital mexicana, desde abril de 2007, cuando la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (congreso local) despenalizó el aborto, el cual dejó de ser considerado delito y está permitido antes de las 12 semanas de gestación. Es obligación de los hospitales públicos atender este tipo de acto médico, que podrá realizarse con la sola voluntad de la madre y sin necesidad de justificación.
Desde entonces se han registrado 1.300 solicitudes de información sobre interrupción de embarazo en diferentes establecimientos de la Secretaría de Salud del Gobierno del D.F. Se estima un promedio de 5,5 interrupciones por día.
En un análisis de 140 expedientes (de poco más de 230 amparados por el derecho al aborto en las 12 semanas de gestación) divulgado en mayo pasado, en ocasión del Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, se concluye que las pobres y analfabetas que requirieron el servicio de interrupción de embarazo representan apenas 0,7 por ciento de las pacientes, mientras que las de las capas medias, con educación técnica, media y superior, abarcan 54 por ciento. Más de 80 por ciento profesa la religión católica. Sólo 10 por ciento es menor de edad y 56 por ciento tiene entre 20 y 29 años.
En ese país se practican un millón de abortos anuales, de acuerdo con cifras de un estudio de 2008 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Con diferencias según los estados, hay siete causales no penadas en México: cuando el embarazo es producto de una violación, hace correr peligro de muerte para la mujer, por malformaciones congénitas, grave daño a la salud, por ser el resultado de una inseminación artificial no consentida, por razones económicas y cuando ocurre de forma imprudente o por accidente.
No obstante, en ninguna entidad federativa se las reconoce a todas, además de que, hasta el 18 de septiembre se habían aprobado leyes semejantes a la de República Dominicana en 16 estados. La violación es la única causal aceptada en todo el país, pero esa excepción peligra frente a la complicidad con la Iglesia. De derogarse, colocaría al país en la misma situación de Chile, El Salvador y República Dominicana.
Pese al marco legal «protector», en los últimos años han arreciado las persecuciones a niñas y mujeres que recurrieron al aborto.
Países como Colombia o Bolivia se encuentran en una categoría intermedia. En mayo de 2006, la Corte Constitucional colombiana sentenció que la interrupción de embarazo dejaba de ser delito cuando la vida de la madre está en peligro, cuando la gestación es el resultado de violación o incesto y en los casos en que se diagnostiquen malformaciones fetales que hagan inviable la vida fuera del útero. Hasta ese momento, la normativa penalizaba el aborto en cualquier circunstancia.
La histórica sentencia fue el resultado de una demanda presentada por la abogada Mónica Roa, directora de programas de la organización Women’s Link Worldwide (capítulo Colombia).
Si bien en Bolivia está despenalizado el aborto en casos de violación, este no se hace y las mujeres víctimas de este delito, así sean niñas, se ven obligadas a culminar sus embarazos. No ha habido ni un sólo caso de aborto despenalizado desde la reforma del Código Penal en 1999, como tampoco antes, cuando estaba amparado en caso de estupro, violación y riesgo de vida para la madre.
En Guatemala, Argentina y Uruguay el aborto es ilegal, pero son causas atenuantes de las penas cuando la mujer grávida corre riesgo de vida y cuando el embarazo es fruto de una violación.
La angustia económica (aborto miserable), lesión a su honor (aborto honorífico) son asimismo atenuantes para la legislación uruguaya. No obstante, esas excepciones rara vez se utilizan, debido principalmente a que el artículo 328 del Código Penal que las incluye nunca fue reglamentado y no existen mecanismos que faciliten a la mujer que desea interrumpir un embarazo lograr su objetivo.
En Venezuela, donde hay en la actualidad intensas movilizaciones por la despenalización del aborto, este está penado en todas sus formas, excepto cuando peligra la vida de la madre.
Ni la Constitución aprobada en 1999, que marcó el inicio del proceso bolivariano, ni la sometida a referéndum en 2007 incluyeron el derecho a decidir demandado por el movimiento de mujeres. Por ende, sigue vigente la ley penal de 1915, por la cual ni el embarazo producto de una violación o de relación incestuosa pueden ser interrumpidos legalmente. Sin embargo, la salvaguardia del honor masculino y la honra femenina constituyen atenuantes.
Para la médica mexicana Sandra Peniche, fundadora y presidenta de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, la penalización del aborto «sólo favorece los intereses masculinos, ya que quienes realizan abortos son hombres y lucran con ellos, y ni siquiera informan a las mujeres sobre metodología anticonceptiva».
Rossina Guerrero, psicóloga, coordinadora de proyectos del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú, opina que «la penalización ha sido un total fracaso para prevenir o evitar que las mujeres recurran a un aborto (…) Las mujeres arriesgan su salud, sus vidas y su integridad personal a pesar de la ilegalidad», expresó a SEMlac.
De hecho, el mayor peso de las leyes penalizadoras recae sobre los médicos que practican el aborto y no sobre las mujeres que recurren a ellos. De lo contrario, serían millones las que cada año estarían encarceladas.
Acceso a anticonceptivos
En la mayoría de los países contenidos en el presente informe, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia o «pastilla del día después», es irregular y deficitario. Con frecuencia los avances logrados se frenan o detienen, según el vaivén de los cambios de gobierno, las políticas de los ministerios de salud pública y las presiones de los grupos conservadores y religiosos.
Perú, por ejemplo, es considerado un país de baja prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos modernos. Para 2008 se estimó en 48 el porcentaje de mujeres que usaba algún anticonceptivo, en comparación con 78 de Colombia, 75 en Uruguay, 72 Cuba y 70 por ciento Brasil, informó Guerrero a SEMlac.
En Bolivia, cifras de la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) indican que el uso de anticonceptivos modernos se mantuvo constante en 35 por ciento entre 2003 y 2008 (igual porcentaje en Guatemala) y sólo se aprecia un aumento en el uso y prevalencia de los mal llamados «métodos naturales», como la abstinencia y el ritmo, que se elevaron de 23 a 26 por ciento en el mismo período, indicó a SEMlac Ramiro Claure, director de Maria Stopes Internacional.
Una vez que Uruguay reglamente la ley de «Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva», todos los centros de salud públicos y privados deberán entregar la canasta completa de métodos anticonceptivos.
La médica dominicana Lilliam Fondeur ha sido una tenaz militante contra la inclusión del actual artículo 38 en la Constitución de Colombia. Autora del libro Las hijas de nadie, allí recoge los testimonios de mujeres que se han visto en situaciones desesperadas por violación, incesto y anencefalia de la criatura en gestación.
La anencefalia es un defecto del tubo neural del sistema nervioso central del feto, que trae como consecuencia la ausencia de una parte importante del cerebro, el cráneo y el cuero cabelludo.
«Como médica, considero que interrumpir un embarazo es parte del trabajo. Por el imaginario social sobre el tema, más el factor clandestinidad, no es un trabajo agradable», confesó a SEMlac.
«En mi caso debo estar segura de quién es la mujer y a través de quién viene, para que no me agarren los conservadores. No puedo negar que se cobra bien, si la mujer tiene dinero. Es obligatorio en mi práctica, después de interrumpir un embarazo, colocar un DIU», agregó.
No obstante, la realidad regional muestra que un mayor acceso a la anticoncepción no garantiza a las mujeres el control pleno de su sexualidad.
Ese es el caso de Bolivia, confirmó a SEMlac la psicóloga Denise Ampuero. «Las mujeres no utilizan la anticoncepción porque sus parejas no se los permiten; las golpean, las maltratan, las tratan de locas. Entonces, de nada nos serviría hacer una campaña espectacular para que las mujeres sepan de los anticonceptivos, si las parejas no las dejan usarlos», concluyó.