Presentado en el Seminario Libre sobre Género y Feminismo, titulado «La cuestión del aborto y los derechos de las mujeres» en Panamá El aborto como problema social Empecemos por señalar que la práctica del aborto como forma extrema de control de la fecundidad, pese a su ilegalidad y a los tabúes que pesan sobre ella, […]
Presentado en el Seminario Libre sobre Género y Feminismo, titulado «La cuestión del aborto y los derechos de las mujeres» en Panamá
El aborto como problema social
Empecemos por señalar que la práctica del aborto como forma extrema de control de la fecundidad, pese a su ilegalidad y a los tabúes que pesan sobre ella, es más común de lo que muchos quieren admitir.
El Dr. Xavier Sáez Llorenz ha señalado que «sólo en el Hospital Santo Tomás se atienden unos 2 mil abortos cada año (8 por día)». Haciendo una proyección nacional el Dr. Sáez Llorens estima que se deben estar realizando unos 30 abortos provocados por día en el país, lo que arroja una estimación de 10,950 abortos anuales en Panamá. Del total, 20% corresponden a adolescentes.
Estos datos coinciden con las tendencias mundiales y latinoamericanas. La especialista costarricense Yadira Calvo cita información de la Federación Internacional de Planificación Familiar que calculaba, para 1974, en Latinoamérica estarían ocurriendo 5 millones de abortos anuales, es decir, una tasa de 65 abortos por cada mil mujeres en edad reproductiva. Creo que no nos equivocaríamos si afirmáramos que hoy, a casi 30 años de esas estimaciones, la tendencia debe ser muchísimo mayor.
Yadira Calvo tambiém cita un estudio del Programa Mundial de Población de la Universidad John Hopkins de Maryland, Estados Unidos, según el cual en el mundo habrían entre 30 y 55 millones de abortos anuales, la mitad de ellos ilegales. Hablando de Estados Unidos, el Reporte Kinsey estableció que entre 1/5 y 1/4 de mujeres norteamericanas casadas han abortado alguna vez, cifra que se eleva al 90% en embarzos extramaritales.
Otro estudio de la Universidad de California, que data de 1984, estableció que admitían haber practicado el aborto el 47% de mujeres judías pobres, y un 13% del total de las judías; 12% de las católicas, 14% de las protestantes, y un 10% de mujeres con ingresos altos y medios.
Podríamos seguir acumulando datos procedentes de todos los países y culturas del mundo, y encontraríamos lo que ya hemos dicho: el aborto es una práctica bastante común. El problema más grave de esta realidad es que gran porcentaje de estos abortos son realizados en condiciones de ilegalidad, que a su vez condicionan circunstancias de insalubridad con consecuencias negativas para la salud de las mujeres, que pueden acarrear la muerte en muchos casos.
Volviendo al interesante estudio de Yadira Calvo, tenemos que a mediados de los años 90 unos 73 países en el mundo habían legalizado, con mayores o menores restricciones, la interrupción del embarazo. En muchos de esos países se lo limita a casos en que la concepción ha sido producto de una violación o estupro, o cuando peligra la vida de la madre. En otros, como casi todos los países europeos y Estados Unidos el movimiento de mujeres a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, logró su legalización como decisión voluntaria de la mujer hasta el tercer mes de embarazo.
En cambio, en América Latina, incluyendo a Panamá, la legislación no ha dado ningún avance en este sentido, permaneciendo mayormente penalizada su práctica. Lo que para nada ha impedido que se realice, pues toda mujer que puede pagar los costos, siempre le es posible conseguir una clínica privada donde realizarlo. Mientras muchas panameñas de clase alta o media pueden pagar por este servicio, o hasta viajar a Miami para obtenerlo, las mujeres pobres son más propensas a recurrir a personas no idóneas y a condiciones insalubres para realizarlo.
Por qué abortan las mujeres? Lamentablemente no conocemos ningún estudio en nuestro país que nos permita responder a esta pregunta con certidumbre científica. La referida Yadira Calvo cita una investigación realizada en Colombia que estimó que el 35% de los abortos clandestinos en ese país tenían una motivación económica.
Dadas las semejanzas culturales podría suponerse una tendencia similar en Panamá. Seguramente esta condición incluye tanto a mujeres solteras que han decidido no tener hijos porque no tienen condiciones económicas para conformar un hogar, como mujeres casadas que por iguales razones no pueden sustentar una prole, o incluso tener más hijos de los que ya han parido.
Podemos suponer que esto es así dados los extraordinarios índices de pobreza y desempleo imperantes en el país. De acuerdo al Censo del año 2000, el 36% de los hogares panameños tienen ingresos inferiores a B/. 250.00 mensuales, es decir, menores al salario mínimo, y el 65.4% ingresos inferiores a B/.600.00, o sea, menores a la Canasta Básica General. Por otra parte, el desempleo y el subempleo que afectan a la mitad de la fuerza laboral, se duplica en las mujeres con respecto a los hombres.
Suponemos que habrá otro porcentaje significativo de mujeres con embarazos no deseados, casadas o solteras, para quienes la maternidad sería un obstáculo en términos de su desarrollo personal o profesional. Otro tanto serán adolescentes o jóvenes con una vida sexual activa, pero todavía inmaduras para el matrimonio o la maternidad. Una minoría corresponderían embarazos producto del abuso. En fin, hipótesis para una indagación necesaria.
El aborto: ¿un derecho o un delito?
Diagnosticada la situación social de este problema hay que preguntarse cuál es la mejor y más racional manera de tratarlo. Son todas esas mujeres «asesinas» como algunos enfoques religiosos y legales pretenden?
En cuanto a la perspectiva legal, nuevamente tenemos que referirnos al trabajo de Yadira Calvo, la cual demuestra cómo el aborto no sólo ha sido una práctica tan vieja como la sociedad humana misma, sino que durante la mayor parte de la historia tuvo mejor aceptación (legal, ética y religiosa) que en el presente. Ella sostiene que a inicios del siglo XX se produjo una involución legal respecto al aborto. Específicamente en Norteamerica, la lucha contra el aborto estuvo asociada a la lucha de los médicos contra las comadronas y su esfuerzo por desplazarlas de este oficio ginecológico, asociándolas no sólo a insalubridad, sino también a delito.
Respecto a la perspectiva ético religiosa, en un artículo de hace dos años resumíamos: «Yadira Calvo sostiene que sólo encontró una referencia al aborto accidental en el Exodo y que, en general, el tema parece ignorado en los primeros escritos judeo cristianos.
Las primeras comunidades cristianas que se opusieron a su práctica fueron inspiradas por la filosofía pitagórica, que fue la primera en considerar al embrión como equivalente del futuro niño. Pero los primeros concilios (de Elvira y Ancyra) solo lo consideraron delito para las mujeres que cometían adulterio o ejercían la prostitución.
Tanto Graciano como Santo Tomás de Aquino fueron permisivos con el aborto llegando el segundo a considerarlo aceptable hasta los 40 y 80 días de acuerdo al criterio aristotélico. El Papa Inocencio III (1198-1216) introdujo este criterio en el derecho eclesiástico donde perduró hasta el siglo XIX. Incluso el Papa Gregorio IX (1227-1241) lo consideró aceptable hasta el quinto mes. Recién en 1588 el Papa Sixto V, en la Bula Efraenatam, condenó el aborto y la anticoncepción, pero su sucesor Gregorio XIV restableció el criterio de Santo Tomás.
La actual posición de la Iglesia Católica data de fines del siglo XIX con el Papa Pío IX, cuya reciente canonización ha levantado tanta polémica, entre otras cosas por su opinión prejuiciada hacia los judíos.
En resumidas cuentas no estamos ante un principio religioso inmutable. Tampoco lo ha sido en el plano legal puesto que, desde el Derecho Romano tenemos que las limitaciones de su práctica sólo se referían a que, cuando la mujer era casada, se debía tener el consentimiento del marido, con lo cual sólo se ratificaba el principio patriarcal del control del cuerpo femenino por el hombre, y no porque la práctica misma del aborto fuera considerada un crimen.
El verdadero dilema moral:
la vida de las mujeres y sus hijos
Los sectores conservadores de nuestra sociedad que se oponen a la legalización del aborto sostienen que quienes promovemos su legalización promovemos el aborto como forma privilegiada de anticoncepción, igual que no hace mucho sostenían que quienes apoyaban la legalización del divorcio propiciaban la ruptura familiar.
Nada más falso. Al igual que con el divorcio, la legalización del aborto sólo busca que las mujeres tengan el derecho de decidir, cuando las circunstancias no le dejen otra salida. Este derecho de decidir hoy está vedado por la legislación de la mayoría de los países latinoamericanos, ni siquiera cuando la vida de la mujer está en peligro, ni cuando el embarazo es producto de una violación.
Es más, la lesgislación y la ética de los antiabortistas, han preferido hasta ahora perdonar el delito de violación o estupro en el hombre, si el mismo acepta casarse con la víctima, es decir, entregando la víctima a su verdugo y perpetuando el abuso, antes que permitir a la víctima abortar.
Por otro lado, tanto médicos como grupos de derechos humanos y feministas que apoyan la legalización del aborto no lo promueven como forma privilegiada de control natal. Por el contrario, consideramos indispensable una educación sexual desde la infancia que prepare a hombres y mujeres para el ejercicio de una sexualidad sana y conciente, en el conocimiento de mejores y menos traumáticos métodos de anticoncepción. Es más creemos necesario educar en torno a los peligros de para la salud de una práctica repetida del aborto.
Otro argumento privilegiado por los antiabortistas es que se promueve la «promiscuidad» y el «libertinaje». Por supuesto, la «castidad» y la sexualidad vista como «pecado» siempre han sido un instrumento poderoso en manos de la sociedad patriarcal para controlar la vida de los seres humanos, en especial de las mujeres. De ahí el mito del «pecado original».
No compartimos esos criterios que buscan estigmatizar un acto completamente humano y natural como la sexualidad. Pero tampoco dictamos pautas de comportamiento sexual. Lo que sí defendemos es el derecho de conocer, para que cada quien pueda elegir a plena conciencia. Para que quienes lo deseen practiquen la castidad de forma voluntaria y no impuesta; y los demás practiquen su sexualidad de manera sana y responsable.
Los llamados grupos «provida» que promueven el castigo al aborto, tanto moral como legalmente, se ocupan mucho de los dilemas éticos sobre un embrión que, hasta los tres meses, tadavía no es una persona biológicamente formada, pero suelen olvidarse de la vida real y concreta de tantas mujeres y sus hijos, martirizadas por la marginación, la pobreza, el abuso sexual y la violencia doméstica y social. Ese es el verdadero dilema moral para nosotros.
Conviene también rebatir el argumento tantas veces utilizado contra Margaret Sanger, feminista norteamericana que a inicios del siglo XX luchó por el derecho de las mujeres a conocer y practicar una sexualidad sana: no promovemos ninguna forma de eugenesia para los marginados, ni compartimos las tesis malthusianas de que la pobreza se la acaba impidiendo a los pobres tener hijos.
En el mundo hay suficiente espacio todavía, y el desarrollo tecnológico lo ha potenciado más, para dar de comer a todos los seres humanos. La pobreza no depende de la cantidad de hijos que tengan los pobres, sino de una sociedad sustentada en la distribución desigual de la riqueza, el capitalismo. Luchamos por una sociedad socialista en la que cada mujer pueda tener todos los hijos que desee, y que estos sean alimentados, vestidos y educados por cuenta de la sociedad en su conjunto.
Por un programa de lucha feminista sobre la sexualidad
Finalmente, consideramos que es una reponsabilidad urgente de los grupos de mujeres de Panamá elaborar un programa de reivindicaciones en materia de derechos legales y sociales sobre la libertad sexual de las mujeres.
Programa que debe empezar por exigir una educación sexual adecuada en las escuelas, desde el nivel primario. Programas que son constantemente saboteados por las ilglesias y funcionarios y docentes prejuiciados.
Programa que debe exigir del Estado, es decir, del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, suministros gratuitos de métodos anticonceptivos para todas las mujeres que lo requieran. Programa que debe incluir la legalización del aborto hasta el tercer mes, siguiendo los criterios aprobados en los paises más desarrollados, donde las mujeres gozan de mayores derechos.
Programa que debe exigir, por cuenta del Estado, es decir, gratuitamente, y bajo control médico, el aborto cuando las circunstancias obliguen a las mujeres a recurrir a este método.
Esto último tiene importancia, ya que en Estados Unidos, por ejemplo, los sectores conservadores han centrado sus ataques sobre las clínicas públicas y los programas oficiales de apoyo económico a las clínicas que prestan servicios de este tipo. Con lo cual profundizan la desigualdad social, entre mujeres que pueden pagarlos en clínicas privadas y las pobres que ven limitado su acceso a un derecho que, en principio se suponía igual para todas.
Se dice que el «amor a la vida» es lo que inspira la oposición de las iglesias al aborto. Pero las historia ha dejado innumerables muestras de que las iglesias han asesinado muchas veces cuando así lo dictaminó la conveniencia política. Ahí están las cruzadas; el genocidio de la población indígena americana con la conquista, hecha con la espada en una mano y la Biblia en la otra; las orgías de sangre de la Santa Inquisición, de las cuales las mujeres fueron víctimas privilegiadas; la indiferencia de la Iglesia frente a los régimenes fascistas; la complicidad de las jerarquías católicas y protestantes con los régimenes militares en Latinoamérica; el apoyo de Juan Pablo II al genocida Augusto Pinochet cuando estuvo preso en Londres; y un arzobispo panameño que prefería recordar la invasión de 1989 «como una liberación».
La penalización del aborto es otra injusticia más que se ceba en la ctualidad sobre miles de mujeres, especialmente las más pobres y oprimidas, realizada por cuenta del Estado capitalista y bendecida por todas las Iglesias.