El acaparamiento de tierras es un proceso que ha existido a lo largo de siglos como nos demuestra una lectura honesta de la historia: la expulsión brutal de las comunidades indígenas que siguió al ‘descubrimiento’ de América por Colon, la usurpación de las tierras de la población Maorí en Nueva Zelanda o de la población […]
El acaparamiento de tierras es un proceso que ha existido a lo largo de siglos como nos demuestra una lectura honesta de la historia: la expulsión brutal de las comunidades indígenas que siguió al ‘descubrimiento’ de América por Colon, la usurpación de las tierras de la población Maorí en Nueva Zelanda o de la población Zulú en Sudáfrica por los y las colonialistas blancos, por nombrar algunos ejemplos. Es un proceso violento que perdura hoy día. Pero algo nuevo está pasando, como explica este artículo: la industria financiera ahora se suma a la carrera para controlar tierra agraria de ultramar, con un impacto desastroso para las comunidades rurales que dependen de estas tierras.
Intereses inversores privados están comprando enormes superficies de tierras en muchos países para distintos fines de lucro económico: Barrick Gold en las zonas altas de América del Sur para la minería; corporaciones alimentarias como Dole o San Miguel en Filipinas; distintas empresas para plantaciones de agrocombustibles; y otras interesadas por zonas de conservación natural. Un dominador común del proceso es que implica expulsar a las gentes allí asentadas. Esto afecta al campesinado en su conjunto, pero supone una amenaza particularmente grave para las mujeres campesinas al abortar oportunidades de su empoderamiento en el contexto de la soberanía alimentaria.
Desde 2008, las dos grandes crisis globales, la alimentaria y la financiera están generando una nueva y preocupante tendencia hacía nuevas compras de tierra para la producción alimentaria ‘ex patria’. Así, intereses inversores se apresuran a controlar tierra agraria en Asia, África y América del Sur. En un primer momento, a principios del año 2008, difundían la idea de que obtenían esas tierras para lograr la seguridad alimentaria de sus países de origen. Así, representantes de los países del Golfo, de Corea del Sur, Libia o Egipto, viajaron a distintos lugares del Planeta en búsqueda de grandes superficies de tierra cultivable donde producir arroz y otros cultivos para sus cada vez más numerosas poblaciones, sin tener que depender de un comercio internacional que se demostraba inestable.
Hacía julio de 2008, no obstante, con el agravamiento de la crisis financiera, otros grupos financieros comenzaron a comprar y acaparar tierra agraria en el Sur: bancos inversores, grupos privados de capital o fondos económicos y similares -muchos con sus sedes centrales en los EEUU. El argumento de la seguridad alimentaria ya no era válido. Su interés radicaba en que se podía ganar dinero en la agricultura, teniendo en cuenta el crecimiento de la población mundial y el alza en los precios de los alimentos. Aplicando algo de tecnología y técnicas de gestión, percibían estas ‘adquisiciones’ de tierras como una diversificación de intereses y propiedades, un arma contra la inflación e ingresos seguros, tanto de la tierra misma como de sus cosechas.
Hasta la fecha han cambiado de manos -o están en proceso de hacerlo- más de 40 millones de hectáreas, más de la mitad en África, por un valor estimado de más de $100 mil millones. En casi su totalidad, son tierras fértiles con acceso a riego. Para ilustrar la magnitud de este nuevo asalto al sustento de las comunidades rurales en el Sur, hemos de saber que esta cantidad de tierra representa más del doble de toda la tierra agrícola en España. Son transacciones realizadas principalmente por corporaciones privadas con la connivencia de personal de los gobiernos en los países en donde se compran las tierras. También hay que subrayar – y denunciar- que la mayor parte de la información se mantiene en secreto ante el temor de una fuerte reacción política caso de conocerse en su totalidad por la población.
No se suele reconocer el liderazgo de las corporaciones en el actual acaparamiento de tierra para la producción alimentaria en ultramar. Aún en el caso de que sea un gobierno quien negocia la compra de tierras, puede producirse después su explotación por corporaciones, cuyos intereses no priman proveer de alimentos a la población sino que tienen interés en, por ejemplo, desarrollar el mercado para sus semillas híbridas en África, en la implantación de ganadería intensiva o en cultivos de agrocombustibles.
El papel del capital financiero
El papel del capital financiero – empresas y fondos de inversiones – en este proceso es muy significante. En Octubre de 2009 había más de 120 intereses inversores comprando tierra agraria en el extranjero en pleno contexto de la crisis financiera. Estos intereses inversores privados no están invirtiendo en la agricultura para solventar el problema del hambre en el mundo ni para eliminar la pobreza rural. Simplemente quieren ganar más dinero y lo antes posible.
Como consecuencia de estos procesos, las nuevas personas y entidades propietarias de las granjas y fincas agrarias son personas gestoras de fondos privados de capital, operadoras especializadas en fondos de tierra agraria, fondos de pensiones, bancos, etc. Lo que buena parte de la ciudadanía de a pié no sabemos es que parte de los dólares o euros empleados para este acaparamiento son los ahorros para la jubilación de colectivos de maestros/as, funcionarios/as y trabajadores/as de países como los EEUU o el Reino Unido, por lo que dichos colectivos están directamente involucrados, lo sepan o no, en estos procesos. También en España hay fondos de inversión ligados a la compra de tierras en países del Sur.
Y lógicamente, se está generando un nuevo y poderoso lobby de intereses de las corporaciones que busca la revocación de aquellas legislaciones que prohíban la propiedad extranjera de tierras, limitan exportaciones de alimentos o regulan los organismos modificados genéticamente.
Exportando inseguridad alimentaria
Teniendo en cuenta el fuerte papel del sector privado en el acaparamiento de tierras, está claro que no se favorecerá el tipo de agricultura que nos traerá la soberanía alimentaria y ni siquiera la seguridad alimentaria. Un líder campesino de Synérgie Paysanne, en Benín, ha calificado el acaparamiento de tierra como la ‘exportación de la inseguridad alimentaria’, ya que responde a un proceso para cubrir las necesidades de algunas personas – para dinero o maíz, por ejemplo – pero a costa de sustraer los mismos de otras personas.
Lo denunciable es que se habla en muchos espacios, desde la sede de las Naciones Unidades en Nueva York a los pasillos de distintas capitales europeas, de hacer de esto un proceso de beneficio mutuo. En una palabra, se debate la posibilidad de acordar algunos parámetros para introducir cierta ética y disciplina en el acaparamiento de tierra para que sirva tanto a las comunidades locales como a los intereses inversores, hasta el punto de que organismos como el Banco Mundial, la FAO (Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación), IFAD (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario- FIDA) y UNCTAD (Conferencia de las NNUU sobre el Comercio y el Desarrollo – CNUCYD) quieren introducir una certificación para el concepto del acaparamiento «sustentable» de la tierra. Algunas propuestas vienen disfrazadas (ver cuadro) con el nombre de Códigos de Conducta. Pero la realidad demuestra que no es realista pensar que exista la posibilidad de que se materialicen beneficios mutuos de estas propuestas de ‘domar’ el acaparamiento de tierra.
La experiencia y la información disponible señalan que el acaparamiento de la tierra solo va a empeorar la crisis alimentaria, con o sin ‘principios’ y ‘normas’ y que, desde luego, es un proceso muy nocivo para la lucha a favor de la soberanía alimentaria y los derechos del campesinado.
Despejar bosques y personas para plantar monocultivos A partir de artículos de Saturnino Borras Jr. y Jennifer Franco A medida que se va desplegando el acaparamiento mundial de tierras y se conoce más información al respecto, los círculos preponderantes del desarrollo están intentando conducir el discurso, desde la alarma inicial hacia su aceptación defendiendo la idea de que ‘el mercado de tierras’ es una importante ‘oportunidad’ para el desarrollo rural. Ya tenemos varias propuestas que promueven ‘códigos de buena conducta’ o una serie de premisas que avalen dichas inversiones. Pero desde la perspectiva de la Soberanía Alimentaria, tenemos al menos cinco razones para no aceptar, en ningún caso, el acaparamiento de tierras ni supuestas ‘inversiones agrícolas responsables’:
- Los Códigos de Conducta avalarían la adquisición de tierras -dicen- sólo cuando fueran marginales o baldías, de forma que nuevas inversiones agroindustriales podrían recuperar esas tierras en supuesto desuso. Pero aceptar la idea de ‘tierras ociosas’ -bajo la concepción mercantilista de la tierra- nos lleva inevitablemente a olvidarnos de las prácticas y relaciones sociales locales en torno a la tierra, no siempre mercantiles. Lo que podemos esperar de este tipo de marco sobre las tierras son más expulsiones y desposesiones en el nombre de la transformación de ‘tierras marginales’ en espacios económicamente productivos.
- Los intereses partidarios de Códigos de Conducta arguyen que, sin derechos de propiedad sobre la tierra claros (que normalmente se entienden como individuales y privados) el ‘riesgo’ de expulsión y desposesión es alto. El argumento lleva implícita la convicción de que contar con derechos formales de propiedad de las tierras elimina todo riesgo y sirve como garantía de que estos grandes acuerdos no desplazarán a las personas de sus tierras ni las despojarán de ellas. Pero hay sobradas pruebas que demuestran que la existencia de derechos formales de propiedad sobre las tierras no representa ninguna garantía contra la desposesión, de hecho, muchas veces incluso aparecen como la punta de lanza de ésta. (ver en la revista artículo de Sofía Monsalve)
- Los Códigos de Conducta exigirían en estas operaciones acuerdos formales y transparentes como solución para evitar sus consecuencias negativas. Pero la transparencia no asegura necesariamente resultados que sean favorables a los y las pobres. La cuestión de la representación de los grupos sociales, sobre todo en las comunidades rurales del Sur Global, es problemática, desigual y políticamente discutible, independientemente de si las negociaciones son transparentes.
- Dicen los Códigos de Conducta que uno de los aspectos inherentes para aceptar estas inversiones en tierras sería el carácter voluntario de los acuerdos. Pero Incluso cuando las partes en cuestión se adhieren formalmente a los principios del consentimiento previo, libre e informado, estos principios raramente se observan y se aplican en la práctica, de forma que se necesitaría una tremenda dosis de poder político, de tiempo y de recursos para asegurar que así fuera. De hecho se sabe que, en paralelo al aumento y la institucionalización de tratados internacionales, directrices voluntarias y principios de consentimiento concebidos para proteger a los pueblos indígenas, se han producido violaciones sin precedentes de los derechos de estos pueblos y de incursión en sus territorios en todo el mundo.
- Por último, otro de de los conceptos clave para permitir estas inversiones financieras en las tierras agrícolas, sería en base a ‘partenariados’ entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, que se supone generarían resultados beneficiosos. Pero imaginar una posición de igualdad e intereses complementarios en circunstancias donde no se dan, conducirá muy probablemente a que los y las pobres salgan perdiendo. También se avalaría otro tipo de partenariado establecido entre trasnacional y agricultor/a, también conocido como ‘agricultura por contrato’, por el que se incorpora a al campesinado en el complejo agroindustrial de producción de alimentos o energía mediante diversos arreglos contractuales. En realidad, una excusa más para despejar bosques y personas para plantar monocultivos.
PARA SABER MÁS: