«El Canal de Isabel II, que se enorgullece de ser la empresa pública más antigua de España, nació y se ha desarrollado en armonía con la región de Madrid». Estas palabras encabezaban el prólogo a una guía turística de la Sierra de Madrid y editada en 2005 por el propio Canal, e iban firmadas por […]
«El Canal de Isabel II, que se enorgullece de ser la empresa pública más antigua de España, nació y se ha desarrollado en armonía con la región de Madrid». Estas palabras encabezaban el prólogo a una guía turística de la Sierra de Madrid y editada en 2005 por el propio Canal, e iban firmadas por su presidente, a su vez vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Pero poco le debió durar al presidente el orgullo por «la empresa pública más antigua de España» que él mismo encabeza pues, con el mayor secretismo, no se ha informado ni a su Consejo de Administración, se está llevando adelante el proceso de privatización del Canal de Isabel II desde que hace dos años fueron aprobados dos artículos en la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales del 2008 que prevén que la empresa pública será remplazada por una sociedad anónima, el 49% de cuyas acciones se pondrá a la venta. El Gobierno regional contrató en abril de este año sendos informes al Banco BBVA, a Rotschild y al bufete Cuatrecasas sobre las condiciones de salida al mercado.
Declaraciones recientes del propio presidente del Canal y de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, anuncian que la privatización podría producirse en mayo de 2011. Pero estamos hablando del agua, del servicio público más básico de todos. Sin embargo, para la presidenta, es «una oportunidad para que todos los madrileños puedan ser dueños de su empresa de agua».
Dueños de la empresa somos todos en la medida que es pública. Si se privatiza, los dueños, al menos del 49%, será la empresa, o las empresas, que tengan la mayoría de las acciones, que como ya se ha demostrado será alguna multinacional del sector, como Aguas de Barcelona que ya ha mostrado su interés por hacerse con el control del Canal. Serán, una vez más, los grandes inversores los que se llevarán el gato al agua.
No deja de ser irónico que sea el presidente de una empresa pública el que esté encabezando la expropiación (de momento parcial) de la empresa al público. Quienes defienden la superioridad de la empresa privada deberían intentar demostrarlo honradamente. Es jugar con ventaja tomar los recursos que se ha costado acumular siglo y medio, tanto materiales (embalses, canalizaciones, depósitos…) como humanos (personal formado y cualificado), todo con dinero y esfuerzo público, y al día siguiente afirmar gratuitamente que la iniciativa privada es más eficiente.
¿Qué iniciativa? Aquí la única iniciativa es la de expropiar todo el patrimonio de la empresa (que es mucho): suelo, instalaciones, inmuebles… No se traspasará, formalmente, el patrimonio imprescindible para garantizar el abastecimiento y saneamiento, pero esto no es más que una trampa, pues por un lado todo ese patrimonio va a estar al servicio de la «nueva empresa», y, por otro, su mantenimiento (que es lo más caro) seguirá a cargo del erario público.
El Canal no se privatiza porque la gestión pública haya sido mala y ocasione pérdidas a las arcas públicas. La empresa, pública, tuvo 98,5 millones de euros de beneficios en 2008 y se prevén 61 millones este año. Los beneficios de esta empresa pública ha permitido financiar un nuevo teatro (100 millones de euros), líneas de Metro, carreteras, acontecimientos culturales y deportivos… A todo esto ser renuncia con la privatización.
Pero, además, prácticamente desaparecerían las inversiones para reducir las pérdidas en las redes de distribución, pues en la mayoría de los casos no resultan económicamente rentables, y se descartarían definitivamente las inversiones de carácter puramente medioambiental.
Desaparecerían además las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, ya qué serían incompatibles con la condición de empresa privada, al ir dirigidas a reducir el consumo y por tanto las ventas de agua y los beneficios económicos.
Se fomentará el consumo de agua mineral embotellada, por el previsible deterioro de la calidad del agua, lo que incrementaría el gasto mensual por familia.
Quienes ven el suministro de agua como un servicio público, básico y elemental, no ven ninguna ventaja en su privatización. Quienes lo ven como un negocio, sí.
Fuente: Distrito 19, diciembre 2010. Nº 137.