La declaración de «alto el fuego permanente» de ETA busca permitir la construcción democrática de un marco político en el que sea posible que los vascos y las vascas decidan «sin limitaciones» su futuro. Esta decisión de ETA de poner fin a una larga lucha armada en nombre de los derechos nacionales del pueblo vasco […]
La declaración de «alto el fuego permanente» de ETA busca permitir la construcción democrática de un marco político en el que sea posible que los vascos y las vascas decidan «sin limitaciones» su futuro. Esta decisión de ETA de poner fin a una larga lucha armada en nombre de los derechos nacionales del pueblo vasco se hace en el convencimiento de la posibilidad del ejercicio de las libertades democráticas en Euskal Herria y, a través de la movilización popular y la utilización de las instituciones políticas existentes, crear la correlación de fuerzas que permita ir más allá de las «limitaciones» que impone a la soberanía del pueblo vasco la Constitución española de 1978. Esta es la esencia del comunicado de ETA.
Haber llegado a este convencimiento, no solo por parte de ETA sino del conjunto de la izquierda abertzale, ha sido un largo proceso. Pero su punto de arranque es la lectura de la nueva correlación de fuerzas que el 14-M del 2004 permitió la derrota del Gobierno Aznar del PP y la formación del Gobierno Zapatero. La respuesta política de la izquierda abertzale fue la Declaración de Anoeta del 14 de noviembre del 2004, proponiendo un proceso para crear las condiciones necesarias no solo para el alto el fuego de ETA, sino para la creación de ese marco político que permita en su momento la decisión democrática del pueblo vasco.
En estos momentos, bajo la conmoción política que supone en el Estado español esta decisión, los análisis iniciales parecen más preocupados en explicar como ha sido posible que en sus consecuencias. Y, evidentemente, es muy importante comprender como ha sido posible llegar a este «alto el fuego permanente» para identificar los procesos políticos y los actores que están detrás de él. Más teniendo en cuenta que han tenido que actuar en lo fundamental no solo desde la clandestinidad, sino también desde una ilegalidad propia y específica marcada por el Pacto Antiterrorista y la ley de Partidos Políticos, que pretendían criminalizar al conjunto de la izquierda abertzale cuando no al nacionalismo vasco. La lógica de esta política del Gobierno Aznar – acabar mediante la represión no solo con ETA sino también con la izquierda abertzale y desplazar al PNV del gobierno vasco-fue aceptada y compartida por el PSOE en la oposición bajo la presión de la muerte de sus militantes por ETA. Y solo tras el 14-M Zapatero ha podido cambiar de política, recuperando una orientación propia, imponiendo un giro de 180 grados en el Partido Socialista de Euskadi y llegando a la moción del Congreso de los Diputados de 17 de mayo del 2005 que apoya «un proceso de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».
Este proceso paralelo, de la Declaración de Anoeta y de la Moción para el diálogo tras el fin de la violencia, ha estado cruzado de puentes: de conversaciones entre el PSE y Batasuna a través de Eguiguren y Otegui, de la movilización de los movimientos por la paz, de la mediación de gentes como Alex Reid o incluso de Carod Rovira, que han permitido crear un mínimo de confianza. Ha tenido que gestionar la inercia del conflicto que, a pesar de los más de 1000 días sin atentados mortales, se hace presente en suicidios de presos, en accidentes de encausados del macrosumario del 18/98 y familiares, en la exigencia del «impuesto revolucionario» y en la aplicación de una Ley de Partidos Políticos antidemocrática que ha impedido a Batasuna concurrir a las elecciones vascas y celebrar su congreso. Pero sobre todo, ha tenido que enfrentarse a una dura ofensiva reaccionaria del Partido Popular -movilizando en las calles a las victimas del terrorismo- y de sectores del aparato de estado, sobre todo del judicial, para bloquear y hacer imposible el proceso de paz.
Consecuencias a corto plazo
Sin duda iremos conociendo el entramado de cómo se llegó a esta nueva situación política. Pero más importante es comprender cuales son las consecuencias a corto y medio plazo.
En primer lugar, supone una derrota muy importante de la campaña de movilización extraparlamentaria de la derecha, que intentaba mantener el Pacto Antiterrorista PP-PSOE y vetar cualquier proceso de paz. La discreción y el secreto con el que el Gobierno Zapatero ha llevado a cabo el proceso de diálogo previo al alto el fuego permanente son consecuencia en parte de esa campaña, pero no solo ha dejado al PP sin alternativa política sino que le ha pillado por sorpresa. Una sorpresa que, acompañada de una oferta de consenso en base a la nueva política del PSOE, no le deja a Rajoy prácticamente margen de maniobra. Su única posibilidad de condicionar los acontecimientos es ahora pasar del enfrentamiento frontal como alternativa de gobierno a una subordinación que pone en cuestión esa misma alternativa.
Sin embargo, no hay que menospreciar desde la izquierda esa capacidad de condicionamiento de la derecha. Por un lado, porque sigue influenciando y dando cobertura política a sectores del aparato de estado que actúan con su propia autonomía. Por otro, porque el propio PSOE recoge esa presión y la hace suya parcialmente no solo por razones electorales sino para justificar como inevitable los propios límites políticos que impone al proceso de cambio, tanto en términos de la solución democrática de la cuestión nacional, de la reforma constitucional como de las políticas sociales. La experiencia del debate sobre el Estatut de Catalunya es muy significativa en este sentido, de cómo Zapatero ha sabido utilizar la presión de la derecha y la falta de movilización de la izquierda para imponer la «autocensura» a las fuerzas del Gobierno Tripartito de Cataluña hasta el 18 de febrero, cuando ya era tarde en buena medida.
La propia declaración de alto el fuego no solo refuerza a Zapatero frente al PP. Las primeras encuestas -con todas sus limitaciones técnicas- muestran la recuperación de los casi 7 puntos perdidos en los últimos meses en intención de voto en solo una semana. También le refuerza en el seno del PSOE y del conjunto de la izquierda. Crea además un nuevo escenario en el que la «autocensura» y las limitaciones en la reforma del Estatut de Catalunya aparece como una fase más en un proceso de cambio que ahora tiene un desafío más directo en Euskadi, y por lo tanto permitiendo a ERC justificar en esos términos un cambio de actitud que le permita continuar en el Gobierno Tripartito y mantener este. Es decir, si la izquierda en su conjunto se refuerza frente a la derecha, no lo hace así la «izquierda de la izquierda», de la que depende menos institucional y socialmente Zapatero.
La derrota del PP que supone el alto el fuego permite vislumbrar una legislatura completa en la que el Gobierno Zapatero puede llevar a cabo las reformas estatutarias, dar cuerpo al nuevo modelo territorial y hacer una reforma constitucional limitada. Es decir completar una «segunda transición» controlada que le refuerce en todo el Estado español, mientras que crea las condiciones políticas que le sean más favorables en Euskadi y Nafarroa para abordar el escenario en el que «los vascos y las vascas decidan», de manera que el resultado de esa decisión sea compatible en lo fundamental con el nuevo modelo territorial. Una estrategia que inevitablemente exige en una primera fase hegemonizar el proceso de diálogo con la izquierda abertzale -y dado el peso del PSE en las instituciones vascas, tendrá que ser desde el gobierno central-, pero en una segunda -tras las nuevas elecciones vascas y las generales del 2008- establecer una alianza con el PNV frente a los sectores independentistas.
Puede pensarse en un doble espejismo de inevitabilidad del proceso (porque el coste de una vuelta atrás parece inaceptable para todas las partes) y de diálogo directo entre el gobierno central y la izquierda abertzale. Durará poco en todo caso, porque al multiplicarse los actores y diversificarse los intereses la complejidad ira definiendo el surgimiento de una nueva situación política con sus propios parámetros. Por eso, lo fundamental sigue siendo guiarse por objetivos concretos como son la creación de las condiciones de paz, que implica el ejercicio de la democracia por todos los sectores de la población, la superación de la polarización del conflicto para dar entrada a la multitud de intereses, especialmente los sociales, y el reforzamiento de la izquierda en su conjunto a través de la movilización, frente a las tentaciones de la «gestión en frío» como ha ocurrido en la reforma del Estatut de Catalunya.
Crear esas condiciones exige cosas concretas que rompan la inercia del conflicto y permitan superar a medio plazo sus consecuencias. Un apoyo a todas las victimas -a todas-, el acercamiento de los presos vascos a Euskadi, la derogación de la Ley de Partidos Políticos para permitir la actividad democrática de la izquierda abertzale, el sobreseimiento de los sumarios 18/98 y Egunkaria. Hacer un acompañamiento desde el conjunto del Estado español de la movilización en Euskal Herria por estos objetivos, exigiendo del Gobierno central su aplicación frente a la derecha y el aparato judicial, puede ser una contribución imprescindible de la izquierda.
Consecuencias a medio y largo plazo
La idea de que el alto el fuego permanente es el resultado de una derrota de ETA o de la izquierda abertzale, que agitarán en las próximas semanas sectores de la derecha, no tiene otro objetivo que bloquear el proceso de paz. Hace muchos años que es evidente para todas las partes que el simple planteamiento de «victorias» o «derrotas» militares o represivas en un conflicto como el vasco implica una simplificación hasta la caricatura del mismo.
Por el contrario, el alto el fuego y el proceso de paz crearán las condiciones a medio y largo plazo, con la extensión del proceso democrático a todos los sectores de la población vasca, de la posibilidad de una movilización social sin precedentes allí donde, desde el final de la dictadura franquista, esta ha sido más sostenida y más fuerte, poniendo en cuestión una y otra vez los limites impuestos en la transición por la derecha española.
En las nuevas condiciones, el mapa político vasco inevitablemente cambiará con la aparición de nuevos sujetos e intereses que acompañen a la resolución democrática de la cuestión nacional. En este sentido, la condición para que pueda conformarse una izquierda vasca socialista -capaz de defender el derecho de autodeterminación, pero también los intereses de la clase obrera- empieza por una superación del frentismo sindical, del condicionamiento táctico de las luchas sindicales a unas u otras alianzas entorno a estrategias en la cuestión nacional, a situar en primer plano los derechos sociales en la resolución de la cuestión nacional para marcar esta con un carácter de clase.
Pero ese proceso de cambio del marco político en Euskadi desembocará inevitablemente en la cuestión de los «limites» que impone a la libre decisión de los vasco y las vascas la Constitución española de 1978. Superar esos límites – o en su caso los que impone a la soberanía del pueblo español o de las otras naciones del Estado- exige un desplazamiento a la izquierda profundo, una nueva hegemonía de la izquierda en el conjunto del estado español que vaya más allá de la «segunda transición» controlada de Zapatero, que permita en primer lugar el ejercicio de ese acto de soberanía. Un desplazamiento de ese tipo necesita un nivel de movilización de la izquierda social, del conjunto de la clase obrera y las capas populares, superior al que permitió la derrota del PP el 14-M del 2004. Pero ello, solo será posible combinando la defensa de las cuestiones democráticas con sus intereses sociales más profundos y la recuperación, al menos por un sector de la izquierda, de la idea de un modelo alternativo de sociedad. Y ello exige crear no solo las condiciones en Euskal Herria, sino en el conjunto del Estado español.
26 de marzo de 2006