Según reveló el rotativo «La Jornada», el arresto de los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte de México se produjo cuando aún no se había pedido su extradición de manera oficial. En un oficio fechado seis días después de la detención y firmado por Baltasar Garzón, éste «hace saber» a las autoridades aztecas […]
Según reveló el rotativo «La Jornada», el arresto de los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte de México se produjo cuando aún no se había pedido su extradición de manera oficial. En un oficio fechado seis días después de la detención y firmado por Baltasar Garzón, éste «hace saber» a las autoridades aztecas que «se ha acordado solicitar la extradición». El ex fiscal general de México D.F. ha criticado duramente la actuación de Garzón.
«Mintió Madrid en el caso de los seis vascos, revelan documentos». Ese fue el titular de la portada digital que ayer publicó el periódico mexicano «La Jornada». Otros dos complementaron la información: «La embajadora de España dijo que la extradición se solicitó antes de la aprehensión», y «El texto en el que se demanda la detención llegó seis días después de la captura». Junto a esta noticia, destacó el artículo de opinión de Samuel del Villar que, desde 1997 a 2000, desempeñó el cargo de procurador general de justicia de México D.F.
Dicho rotativo denunció que la embajadora del Gobierno español en México, Cristina Barrios, dio «información falsa» a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Según documentos a los que tuvo acceso «La Jornada», Barrios, en una «nota formal» enviada a la SRE dos días antes de que se materializara la detención de Asier Arronategi, Axun Gorrotxategi, Jon Artola, Félix García, Joseba Urkijo y Ernesto Alberdi, indicó que el magistrado Baltasar Garzón remitió «a tiempo» la solicitud de detención preventiva.
Esta versión contrasta con el contenido de un oficio firmado por Garzón el 24 de julio de 2003, en el que seis días después de la detención de los seis vascos, expresó lo siguiente a las autoridades mexicanas: «Hago saber y le participo que en las diligencias previas 270/02-P se ha acordado solicitar la extradición de los seis que se encuentran en la actualidad detenidos en México».
Juristas mexicanos explicaron al rotativo azteca que para que el procedimiento fuera legal, Garzón debería haber enviado las órdenes de arresto antes de que ocurrieran.
En el artículo de opinión de ayer, el ex fiscal general Samuel del Villar considera que «lo que se desprende del expediente es que más bien la ‘orden’ del juez Garzón y sus antecedentes han exportado a México una especie de terrorismo de Estado que victima a los seis prisioneros que llegaron en busca de refugio político».
En otro de los párrafos, manifiesta que «a efectos jurídicos, la conclusión básica es que el único fundamento para las solicitudes de detención y extradición y las acciones consecuentes es, en términos del tratado de extradición (artículo 4.2), ‘perseguir y castigar’ a los prisioneros y sus familias ‘a causa de su raza, nacionalidad y opiniones políticas'».
En esa línea, remarca que «la formulación, los términos y el cumplimiento de la ‘orden’ del magistrado real español po- drían haber sido los mismos de un inquisidor de hace más de dos siglos, cuando oficialmente México no se llamaba así, sino Nueva España, y la Inquisición era el órgano persecutorio por excelencia, no para encarcelar y juzgar por la comisión de actos criminales, sino por el origen étnico-cultural y las convicciones políticas de los prisioneros; ‘judaizantes’ o ‘heréticos’ entonces, ‘separatistas vascos’ ahora».
A este respecto, añade que «las actuaciones consignadas en el expediente comprueban que no sólo el magistrado ordenador y la representación diplomática del Reino de España, sino, mucho más grave aún, las autoridades mexicanas olvidaron que en 1821 se consumó la independencia del país».
Junto a ello, Del Villar critica duramente la labor del juez César Flores que, en la valoración jurídica hecha pública el pasado día 8, se pronunció a favor de la extradición. «La nota de ella en referencia a la embajadora española dejó sin mínimo sustento las actuaciones represivas de Flores. Ignoró la falsedad del sustento para ordenar la detención hace un año».
La SRE envió un comunicado a más de 50 medios internacionales
Los periódicos «The Wall Street Journal» y «The Washington Post» y las cadenas de televisión Univisión, Telemundo, NBC News, Canadian Broadcasting Corporation y la alemana ZDFTV figuran entre los más de 50 medios a los que, el 15 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México envió un comunicado, cuyo titular rezaba «Caso de los seis etarras».
En opinión de los abogados Bárbara Zamora y Santos García, es «inaceptable» que la cancillería, «sin tener ninguna prueba», califique como «etarras» a los seis ciudadanos vascos. «Ello denota prejuicio y predisposición en este asunto, lo cual necesariamente influye en la resolución que debe dictar», denunciaron.
Además, Zamora incidió en que la SRE incurrió en una «ilegalidad» y actuó de manera «deshonesta»: «En uno de los párrafos del comunicado da la impresión de que se pronunciará en favor de la extradición, a pesar de que las autoridades mexicanas aún no han analizado el expediente del caso».
En el segundo punto del comunicado, la cancillería mexicana señaló que podría hacer pública su decisión en la primera semana de agosto. Acto seguido, explicó que en caso de que se conceda la extradición «los abogados de los inculpados tienen 15 días para promover un juicio de amparo en contra del acuerdo. La resolución que se dicte en el juicio de amparo puede ser impugnada por cualquiera de las partes mediante un recurso».