Es fácil imaginar qué estaría pensado y diciendo el progrerío todo, si la normativa que aprobó el gobierno local de Barcelona la hubiese hecho la derecha de siempre. Veríamos a los medios afines al PSOE levantados en cólera, pero nada de eso parece que ocurrirá, y eso que la cosa tiene miga, ya que han […]
Es fácil imaginar qué estaría pensado y diciendo el progrerío todo, si la normativa que aprobó el gobierno local de Barcelona la hubiese hecho la derecha de siempre. Veríamos a los medios afines al PSOE levantados en cólera, pero nada de eso parece que ocurrirá, y eso que la cosa tiene miga, ya que han decidido que se castigará, y de qué manera, comprar en los «top manta», la venta y compra en la calle, el consumo de alcohol en la vía pública, y otras prácticas terroristas como andar en monopatín, hacer pintadas, y un largo etcétera. Cómo será el tema, que la propia Federación de Vecinos ha puesto los puntos sobre las íes.
El alcalde de Barcelona, Joan Clos, ha explicado en rueda de prensa que esta normativa, que se prevé entrará en vigor en enero, será el instrumento, «precursor» en toda España, con el que el ayuntamiento pretende controlar a los ciudadanos incívicos.
Clos, sin bochorno ni sonrojo aparente, ha querido dejar claro que no quieren prohibir la prostitución, ni hacer un juicio ético sobre la misma, sino que pretenden mejorar la convivencia en las zonas en las que se registra una concentración de estas prácticas, con multas de hasta 600 euros.
La mendicidad agresiva, incluida la que realizan los limpiaparabrisas, podrá ser sancionada con multas de entre 120 y 1.500 euros, mientras que la compra y venta callejera ilegal supondrá multas de entre 125 a 500 euros tanto para los vendedores como para clientes, a la vez que prevé la posibilidad de que la Guardia Urbana puedan realizar decomisos del género.
La ordenanzas prohibirán el consumo de alcohol en la calle -menos en terrazas y determinas fiestas- y está práctica se sancionará con multas de entre 30 y 1.500 euros, con la posibilidad de hacer responsable a los padres de los menores que incumplan esta norma.
Hacer las necesidades fisiológicas (orinar, defecar, escupir, vomitar u otras) en la vía pública, especialmente en las zonas más transitadas de la ciudad costará entre 300 y 1.500 euros, mientras que se pagarán de 120 a 3.000 euros por practicar algunos juegos (monopatines), hacer acrobacias, o apuestas de azar (trileros) en el espacio público.
Un título específico es el referido a las pintadas, colocación de carteles y folletos, que quedará prohibido, con sanciones graduales de entre 120 a 3.000 euros, con responsabilidad directa para los padres de los menores que puedan cometer estas infracciones.
El alcalde ha recalcado que la ordenanza debe contar con todas las garantías jurídicas con objeto de que sea eficaz cuando entre en funcionamiento la justicia de proximidad.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, en contra
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb) afirmó hoy que el anteproyecto de la ordenanza de civismo es «arbitraria» y «unifica todas las problemáticas sociales sin distinguir en las causas».
La Favb indicó que la nueva normativa incluye medidas sancionadoras, pero no sociales y deja en situación «vulnerable» a prostitutas, vendedores del ‘top manta’ y personas que no tienen acceso a otros puestos de trabajo.
Según la Favb, la ordenanza no tiene en cuenta el impacto que tendrán estas medidas porque «una menor permisividad en Barcelona puede significar exportar hacia la periferia del área metropolitana fenómenos como el ‘top manta’ o bien condenar a las trabajadoras sexuales a ejercer en zonas menos habitadas y, por tanto, menos protegidas de la ciudad o bien en las carreteras».
La Favb afirmó que «algunas de las medidas propuestas tienen un alto nivel de arbitrariedad» y preguntó quién decidirá lo que significa «ocupación abusiva del espacio» en el caso de las prostitutas o qué formas de mendicidad pueden ser consideradas «agresivas».