El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado la investigación interna abierta a raíz de la emisión del documental Ciutat Morta con una conclusión: como las instancias judiciales archivaron las denuncias por torturas que presentaron los detenidos la noche del 4-F, el informe concluye que estas no se produjeron. «Entendemos que el procedimiento de la Guardia Urbana […]
El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado la investigación interna abierta a raíz de la emisión del documental Ciutat Morta con una conclusión: como las instancias judiciales archivaron las denuncias por torturas que presentaron los detenidos la noche del 4-F, el informe concluye que estas no se produjeron. «Entendemos que el procedimiento de la Guardia Urbana fue correcto», ha señalado este martes en rueda de prensa el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Alfred Lacasa.
«Las torturas aludidas fueron estudiadas por la Audiencia Provincial, que no pudo identificar los elementos causales de las lesiones. Con las declaraciones de los denunciantes se hacía muy difícil certificar en qué momento se produjeron las lesiones. Con una sentencia firme, desde el Ayuntamiento no somos quien para revisar este hecho», ha sostenido Lacasa. «Pero respetamos la opinión del Síndic», ha añadido.
Y es que el informe del Síndic de Greuges (defensor del pueblo) presentado este lunes sí apunta a claros indicios de que los arrestados fueron víctimas de malos tratos bajo custodia policial. El Síndic constató que en el informe médico realizado por el Hospital l’Esperança constaba la sutura de una brecha en la cabeza de uno de los detenidos, Rodrigo Lanza; mientras que tres horas antes, ya bajo arresto, una exploración en el Hospital del Mar no detectó la herida. Según ha sostenido el Primer Teniente de Alcalde, Joaquim Forn, en el segundo informe aparecieron más heridas porque la primera visita fue muy rápida.
Los responsables municipales, acompañados por la plana mayor de la Guardia Urbana, han reiterado que los libros de registro y custodia de los detenidos sólo se guardan desde finales de 2007, porque en los años previos se consideraba que no era necesario conservar este material. La justificación parte también de la denuncia del Síndic, que reveló que el libro que debía recoger lo que sucedió la noche de los hechos «consta como desaparecido».
Joaquim Forn ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas que tendrían como finalidad prevenir casos de malos tratos en dependencias policiales. Una de ellas será la instalación de mecanismos de grabación de imagen y sonido en los vehículos en los que se traslada a los detenidos, si bien no ha concretado cuándo se implementarán estos mecanismos. Asimismo, ha explicado que se constituirá un «comité de ética» de la Guardia Urbana, «integrado por personas independientes», que se encargará de avaluar las actuaciones policiales y realizar un informe anual.
Respecto al 4-F, ha concluido Forn, el consistorio lo considera un caso cerrado: «En principio el caso está zanjado, si tuviéramos conocimiento de un nuevo elemento lo llevaríamos a la Fiscalía, que es quien tiene la competencia para pedir la revisión del caso, no es una competencia municipal».