Entrevista a Rolando Jimenez, líder del movimiento que recientemente logró en Chile la aprobación en el Parlamento del Acuerdo de Unión Civil para parejas homosexuales
El Acuerdo de Unión Civil regulará en adelante la convivencia de parejas de igual o distinto sexo.
La discusión se inició con el proyecto enviado al Parlamento por el gobierno de Piñera. El trámite legislativo culminó bajo el actual gobierno, que lo considera un hito en nuestra legislación, marco regulatorio que reconoce distintos tipos de familia. Pero la unión civil no es un matrimonio igualitario. PF conversó con Rolando Jiménez -líder del movimiento LGTBI-, encargado del área derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
¿Es un triunfo para el movimiento LGTBI la aprobación de la ley de Unión Civil?
«Sin duda, porque es el primer reconocimiento de las familias homoparentales. El Estado reconoce las distintas formas de hacer familia y tener pareja. Es una ganancia enorme para la población de diversidad sexual. La Unión Civil establece una regulación de deberes y derechos alternativa al matrimonio. Es tan importante, desde el punto de vista político, ideológico y cultural, como el momento en que a las mujeres se les reconoció el derecho a voto. Fuimos la primera organización que planteó la necesidad de una regulación de uniones civiles. Ingresamos el primer proyecto de ley en 2003. El que envió el gobierno de Piñera -siendo valioso como primer gesto-, sólo tenía cuestiones de carácter patrimonial y, además, muy precarias. Fue mejorado sustancialmente en la tramitación parlamentaria de casi dos años y medio. La Unión Civil es un texto integral, recoge temas patrimoniales, reconocimiento de familias, protege a los hijos: es una buena legislación. Estamos satisfechos».
¿Qué sucederá con la adopción de hijos por parte de la diversidad sexual?
«Si incluíamos en la Unión Civil la adopción, habríamos quedado pegados otros dos o tres años en esa discusión. En cambio, una vez aprobada la Unión Civil, cuando se regule quiénes pueden adoptar, se deberán incluir parejas heterosexuales y homosexuales casadas -cuando exista esa posibilidad que será pronto-, y parejas heterosexuales y homosexuales que hayan formado unión civil. La adopción probablemente será legislada y reconocida para parejas del mismo sexo antes del matrimonio igualitario. Son peculiaridades de la realidad chilena. Aunque la ley no contempla la adopción, a finales de este año esperamos estará consagrada la posibilidad de que parejas del mismo sexo en unión civil puedan adoptar… Logramos instalar los temas que eran centrales: que la unión fuera un acto solemne ante el Registro Civil, que se reconocieran los matrimonios celebrados en el extranjero con los mismos derechos que las uniones civiles, que los conflictos fueran vistos por un tribunal de familia».
Matrimonio igualitario y acuerdo amistoso
En 2012, el Movilh demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por la prohibición del matrimonio igualitario. Es la primera demanda de este tipo tramitada en el sistema interamericano y, cuando se falle, marcará un hito. El Movilh propone una solución que incluya medidas antidiscriminatorias en el campo legislativo y de las políticas públicas, y que fije plazos para que el gobierno presente un proyecto de ley de matrimonio igualitario. «El matrimonio igualitario es un tema de derechos humanos. Será realidad en Chile con todos los derechos de filiación, no hay duda», dice Jiménez.
El Movilh demandó al Estado por discriminación al no existir matrimonio igualitario…
«Presentamos el proyecto de Unión Civil y anunciamos que trabajaríamos por un matrimonio igualitario, en el entendido que son dos legislaciones similares en algunos aspectos. En 2012, tres parejas -dos casadas en el extranjero, y una que fue a pedir hora para un matrimonio- concurrieron al Registro Civil. La oficial competente les negó esa posibilidad. Ahí presentamos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, y lo perdimos previa consulta al Tribunal Constitucional que emitió un fallo muy interesante. De diez ministros, siete dijeron que era necesario legislar, y le pasaban la pelota al Congreso. Los argumentos del Tribunal Constitucional, si bien nos hicieron perder el recurso, fueron un elemento importante para la voluntad política. La Corte Suprema rechazó nuestro recurso, y eso nos dejó habilitados para presentar una demanda ante la Cidh, que fue acogida a tramitación. Considerando que el matrimonio igualitario está en el programa de Bachelet, en la Ley de Identidad de Género y otros, le planteamos al gobierno la posibilidad de una ‘solución amistosa’ que significaría, entre otras cosas, viabilizar rápidamente -en el actual mandato presidencial- el matrimonio igualitario. Hicimos una propuesta integral respecto de todos los temas de diversidad sexual. Eventualmente, estaríamos firmando una solución amistosa en marzo o abril, con la Cidh como garante. Por lo tanto, tenemos certeza que habrá ley de matrimonio igualitario en los próximos tres o cuatro años».
Hay sectores que se oponen a la igualdad: ultraconservadores, monseñor Ezzati, el pastor Soto, las cúpulas de las Iglesias y partidos políticos como la UDI, la DC y otros…
«Un sector de la sociedad chilena se opone a reconocer los derechos, la igualdad ante la ley, pero nosotros contamos con eso. Probablemente la discusión de la ley de adopciones será feroz. Sabemos que habrá gran despliegue económico y mediático».
¿El acuerdo amistoso servirá para que el Estado reconozca el derecho de los transgéneros a cambiarse nombre?
«Es uno de los temas. Pero si no llegamos a acuerdo, de todas maneras la identidad de género es prioridad para nosotros y también para el gobierno. En marzo debiéramos tener una mesa de trabajo para ver qué alcances hacemos al proyecto actual o, eventualmente, para mandar uno nuevo. Para nosotros, el gobierno, y esperamos que también para los parlamentarios, la prioridad legislativa en materia de diversidad sexual es la Ley de Identidad de Género, y las modificaciones a la Ley Antidiscriminación».
¿Y el artículo 365 del Código Penal que sanciona a los homosexuales menores de 18 años? La edad de consentimiento sexual no es la misma para homosexuales y heterosexuales…
«También está en la agenda. Esperaremos la respuesta del gobierno respecto a la ‘solución amistosa’ para dar a conocer cuáles son las materias del acuerdo. El artículo 365 es una completa discriminación… Pero no todo se puede hacer simultáneamente. La modificación del Código Penal se planteó hace rato. Incluso en el gobierno de Piñera se planeó modernizarlo. No alcanzó a hacerse, pero está en los planes de este gobierno».
Lucha contra la Dictadura
Rolando Jiménez fue militante comunista. A los 16 años, ingresó a las Juventudes Comunistas en Recoleta y participó en la lucha frontal contra la dictadura. Fue relegado a Melinka y Cañitas. Sin embargo, el Partido Comunista finalmente lo marginó por su condición de homosexual.
«Nunca pertenecí -dice Jiménez- al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fui militante del PC, previamente lo había sido del MAPU-OC, en la Unión de Jóvenes Democráticos. Cuando la UJD se va a la Jota, me integré. Me sumé a las Unidades de Combate del PC, que fueron el antecedente del FPMR. Participé en acciones de carácter político-militar: colocación de explosivos, un enfrentamiento con Carabineros en las protestas contra la dictadura… Después pasé al aparato público. Lo que hice junto a otros militantes fue organizar ollas comunes, comités de allegados, centros culturales. En uno de esos centros, participaron jóvenes de la Población La Pincoya, algunos pasaron a la Jota y luego al FPMR. Tres participaron en el atentado a Pinochet… Ese es mi ‘vínculo con el atentado’: gente que recluté para la Jota, después pasó al Frente, y aparecieron en el atentado a Pinochet.
Yo organicé una toma de la sede de Naciones Unidas, porque los servicios de seguridad habían detenido a los fusileros y los tenían desaparecidos. Con la compañera de Sacha -Juan Moreno Avila-, su suegra y otra militante, nos tomamos la sede de la ONU para exigir que se diera a conocer el paradero de los cabros. Eso funcionó. Estuvimos tres o cuatro días en la sede. Luego, nos llevaron en un vehículo diplomático hasta la Vicaría de la Solidaridad. Yo fui detenido y torturado», cuenta Rolando Jiménez.
Agrega que con un grupo de ex militantes y luchadores contra la dictadura se han reunido «para saldar cuentas con una deuda»: el reconocimiento que la sociedad chilena debe a quienes fueron capaces de alzarse y luchar contra Pinochet. «Nunca se ha reivindicado el legítimo derecho del pueblo a rebelarse contra una tiranía criminal. La ofensiva actual de la ultraderecha nos dio la posibilidad de saldar esa deuda», agrega Jiménez.