«Durante décadas, y hasta etapas muy próximas, en España se ha producido, amparada en la impunidad, una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy»; así comienza la Proposición de Ley 122/000039 sobre bebés robados en el Estado español.
Los socios de Gobierno (Grupos Parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) llegaron a un acuerdo para que la Proposición de Ley quedara desbloqueada y siga con el trámite parlamentario correspondiente. Una norma que entró en el Congreso hace más de cuatro años, que quedó paralizada desde entonces, por el adelanto electoral y por las 146 ampliaciones del periodo de enmiendas.
En su origen, la sustracción era abiertamente política, auspiciada por el régimen franquista y sus instituciones, siguiendo la ideología de pureza racial impuesta por el doctor Vallejo Nájera. Los hijos de las presas políticas eran entregados a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades.
La ley tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición del denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936, y constitutivo como delito de lesa humanidad. La Ley considera que hay que facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España.
Desde la Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (CeAqua), desde la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’, desde Amnistía Internacional y asociaciones de afectados, han mostrado su satisfacción por el desbloqueo. Lo consideran como momento histórico, para saldar las deudas con el robo de bebés, un crimen del franquismo que permanece impune. En febrero habían presentado 81.000 firmas solidarias solicitando el desbloqueo de la norma, que traería justicia para las víctimas que buscan a sus familiares.
El Defensor del Pueblo, en su Informe Anual del primer trimestre de 2017, exponía que los «Poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados; así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica».
Según el auto del Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los apartados de sus madres en aquella etapa. En las décadas siguientes, la represión ideológica, moral, religiosa y de género se cebó con las mujeres pertenecientes a un sector vulnerable de la sociedad: madres de familia numerosa, pobres, solteras, la mayor parte de ellas con graves carencias económicas, culturales y educativas, que las hacía ser un objetivo propicio. En todos estos años, la cantidad de bebés desaparecidos fue inmensa.
En 2020, la impunidad continúa porque estos niños y niñas que fueron robados en cárceles, hospitales, clínicas, en cualquier centro estatal o privado de cualquier naturaleza o índole, donde las mujeres dieran a luz, continúan hoy desaparecidos, siguen hoy despojados de su identidad y su estado civil, de su derecho a saber quiénes son. El artículo 10.1 de la Constitución Española proclama el derecho a la identidad personal y al libre desarrollo de la propia personalidad, la dignidad de la persona, y los derechos inviolables que le son inherentes y son fundamento del orden político democrático de nuestro país.
Hasta 30.000 hijos de presas republicanas fueron robados durante el franquismo y la trama de tráfico criminal de médicos, enfermeras y monjas católicas. Algunos casos ocurrieron cerca de mi casa, en la maternidad de O’Donnell, Santa Cristina. Numerosos testimonios de mujeres, recordando las vejaciones sufridas. En muchos casos, el único delito que se les imputaba era ser esposas o hermanas de combatientes republicanos; un hecho que para los franquistas era suficiente para llevarlas a prisión junto a sus hijos, que al no ser registrados, quedaban sometidos a todo tipo de actos bárbaros. El objetivo era destruir a los rojos, robándoles hasta a sus hijos.
Durante la dictadura franquista se estableció un plan sistemático de salvación de niños, cuyos padres, por su ideología, eran considerados por el régimen no aptos para asumir su cuidado. Baltasar Garzón, en uno de sus últimos autos como juez, reclamaba «la obligación» de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura». El régimen franquista invocaba la protección de los menores. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos. Para Garzón, estos actos constituyen delito, considerados como un crimen contra la Humanidad que no prescriben.
Los niños robados hunden sus raíces en el franquismo. Lo que al principio tuvo una carga ideológica –robo de hijos de presas políticas y mujeres republicanas para dárselos a familias conservadoras–, pronto se convirtió en una trama criminal con fines lucrativos. Los casos más numerosos ocurrieron entre 1963 y 1970, aunque hay casos que llegan hasta los años 90. El doctor Eduardo Vela es el primero que se sentó en el banquillo, procesado por el caso de los bebés robados. Ni siquiera sor María Gómez Valbuena llegó a ser juzgada, pese a las decenas de denuncias contra la monja, que en la maternidad de O’Donnell, organizó el robo de recién nacidos y adopciones irregulares durante más de 20 años.
El caldo de cultivo eran los matrimonios de familias acomodadas que no podían tener hijos; también la indecencia y la miseria en España. Se ponían en contacto con personas conocidas que les podían facilitar contactos y un hijo. Se desplazaban hasta la ciudad pactada y se hacía el intercambio en casas, pensiones o parques. Mandaban a una matrona o auxiliar de enfermería de su propia ciudad, que falsificaba, previo pago, el certificado de alumbramiento y con él acudían al registro civil donde inscribían al bebé como propio. Todo por unas 50.000 pesetas de las de entonces. Aquí, en la esquina de mi calle, había una Pensión, en donde las madres patera, esperaban el momento del parto, antes de acudir a la maternidad de Santa Cristina y allí se consumaba la acción.
La trama se urdía entre las paredes de los hospitales. Redes de religiosos, médicos y funcionarios. Había madres que querían dar al niño en adopción, pero por regla general era mujeres jóvenes, pobres y solteras, presionadas por sus familias y los prejuicios sociales de la época que decidían no seguir adelante con su maternidad. En el peor de los casos, había madres sanas y con voluntad y deseo de ser madres, que tras dar a luz, le quitaban al hijo nacido, diciéndoles que había muerto. Nunca llegaban a ver el cuerpo del bebe ni el certificado de defunción. La criatura salía de la clínica con destino desconocido. Oscuridad, impunidad y delitos: suposición de parto y tráfico de niños, falsedad en documento público, coacciones y engaño a las madres biológicas.
Ahora, la existencia de diversas iniciativas legislativas autonómicas, con protección sobre cada uno de los territorios respectivos, aconseja promulgar una norma con rango de ley, de carácter general que integre y ofrezca coherencia, desde el plano normativo, a la regulación e investigación de un asunto de tanta gravedad.
La nueva norma contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, con medidas para garantizar el acceso a los archivos, la realización de exhumaciones con cargo a fondos públicos, la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y la realización de campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos.
Las actuaciones hasta ahora desarrolladas no han sido suficientes para abordar este problema desde una perspectiva integral y reparadora. La nueva Proposición de Ley se fundamenta en el respeto a los derechos básicos de las personas y se inspira en los tratados internaciones ratificados por España en materia de derechos humanos.
Es necesaria la búsqueda de la verdad, la aplicación de la acción de la justicia, la reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados; así como el establecimiento de garantías para que no se repitan crímenes como los ocurridos.
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