Nadie se explica en Andalucía el radical desguace de una política de éxito como la compra pública de alimentos ecológicos y locales, que sería hoy más necesaria que nunca para comarcas enteras asoladas por el paro. Solo se puede explicar por el enorme negocio que representa la compra pública de alimentos para las grandes empresas […]
Nadie se explica en Andalucía el radical desguace de una política de éxito como la compra pública de alimentos ecológicos y locales, que sería hoy más necesaria que nunca para comarcas enteras asoladas por el paro. Solo se puede explicar por el enorme negocio que representa la compra pública de alimentos para las grandes empresas de catering. Un negocio que en el cojunto del estado es de 3.000 millones anuales y que ya está en sus manos.
Ya nadie duda que los circuitos cortos y la agricultura de proximidad son actualmente uno de los catalizadores más importantes para la revitalización del sector agrícola y de la economía rural.
Lo constata la propia realidad, arrojando datos (New Economic Foundation) como que la inversión en este tipo de producción y distribución genera hasta el doble de empleo que la cadena de distribución convencional vía supermercados, o por ejemplo los datos que ofrece el propio Ministerio de Agricultura donde afirma que el 50% del precio de los alimentos ecológicos es debido a la propia cadena, o que este modelo es el escogido por la gran mayoría de los jóvenes que hoy se instalan en el campo.
En varios países de Europa, como Francia, Italia, Alemania, Inglaterra lo saben hace tiempo y por ello han iniciado hace más de diez años políticas públicas para favorecer este tipo de comercio que puede dar una oportunidad vital a un mundo rural y a la agricultura familiar, que sufre una sangría de proporciones dramáticas, con datos como que los últimos 20 años han desaparecido en Catalunya 7 explotaciones y en este momento la agricultura catalana sólo la conforman 110.000 personas, pero si esta cifra la enmarcamos en Unidad de Trabajo Agrícola (UTA), es decir, una jornada laboral por año de 40 horas semanales, la cifra disminuye a 65.000 personas.
Políticas públicas que han logrado que el 20% de los agricultores franceses o el 17% de los italianos estén haciendoventa directa, frente al 3% de los españoles.
Una de las políticas que comúnmente han sido calificadas como claves en el impulso a los circuitos cortos y los procesos de relocalización de la agricultura, ha sidor la restauración colectiva, esto es, trabajar desde los alimentos comprados desde el sector público.
Como ejemplos punteros podemos ver la Región de Rhône Alpes o la de Emilia-Romagna que desde 2001 apostaron por un modelo donde la escuelas favorecieran la compra de alimentos a la agricultura familiar de cercanía, y que hoy son estudiadas en toda Europa como casos de éxito. Una política además que no ha necesitado de grandes inversiones de dinero público y que ha demostrado una enorme efectividad económica y social.
Lamentablemente en el estado español no tenemos una política de este tipo comparable, pero lo peor no es eso, lo peor es que la tuvimos. Tuvimos una iniciativa de enorme éxito que se llamó el programa Ecoalimentación, ‘Alimentos Ecológicos para el Consumo Social en Andalucía’, que puso en marcha en septiembre de 2005 para introducir alimentos ecológicos y cercanos en los menús de los comedores escolares. Programa que llegó a incorporar a 108 centros, y que hace unos años está en proceso de desguace, bajando en el año 2012 a 40 y en breve ni a 20.
Nadie se explica este radical desguace de una política de éxito que sería necesaria más que nunca en un momento como el actual donde existen comarcas enteras en Andalucía asoladas por el paro, más si tenemos en cuenta que Andalucía eses líder en producción ecológica en España, con 973.239 hectáreas certificadas, lo que supone más del 50% del total nacional.
Solo se puede explicar por en el enorme negocio que representa la compra pública de alimentos en el estado español, cerca de 3.000 millones anuales, negocio que en los últimos 10 años a través de contratos y más contratos otorgados por nuestras administraciones públicas han caído en manos de grandes multinacionales del catering, llegado ya en la actualidad a quedarse con cerca del 70% de las comidas servidas en nuestro país.
El efecto de este desmantelamiento de esta política lo están notando los ciudadanos de a pie. Así de un año para otro las escuelas obligadas a pasar de un modelo de alimentación local y ecológica a otro en manos de empresas de catering. Efecto que también notan centenares de agricultores que de la mano de la Junta de Andalucía habían apostado por abastecer este mercado de comedores públicos, por crear plataformas logísticas, realizar inversiones, todo un esfuerzo inmenso que empezaba a dar su s frutos y que ahora está suponiendo, vía orden administrativa, la expulsión de estos agricultores y ganaderos, pues obviamente las empresas adjudicatarias del catering compran fundamentalmente a mayoristas.
No obstante este cambio de políticas abrupto de la Junta de Andalucía, que crea un traje a medida de las empresas de catering, los agricultores y Ampas no se dejan callar, y vemos como colegios como el Gómez Moreno, de Granada que gestiona el comedor escolar del centro y que hace años ha apostado por un modelo que utiliza exclusivamente productos ecológicos locales, recibiendo además varios reconocimientos de la propia Junta de Andalucía, se han visto obligados a lanzar una campaña de recogida de firmas para mantener la gestión del comedor ya que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía , quiere acabar con el convenio que posibilita la gestión del comedor por parte del AMPA, exigiendo que se convierta en una empresa y compita en los concursos de adjudicación del servicio con las grandes cadenas y corporaciones del catering.
Después de esto , muchos nos preguntamos ¿para quien trabaja la Consejeria de educación de la Junta de Andalucía? ¿ Es este el modelo alternativo de políticas públicas que se quiere llevar a cabo desde el Gobierno Andaluz? ¿Es así que favorecen la agricultura y economia local?. ¿Quien manda en la alimentación de nuestros hijos?¿los ciudadanos o las grandes empresas del catering?
Javier Guzmán. Director de VSF Justicia Alimentaria Global
Blog del autor: Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.