El colmo del despropósito

Son muchas las pruebas que muestran la pobrísima calidad de la democracia española cuya Constitución fue redactada por personas más o menos cercanas al Régimen pero en todo caso vigilantes de no alejarse demasiado del ideario franquista. Por eso en las normas constitucionales unas veces hay ambigüedad, otras lagunas y otras rigidez. La combinación de las tres propiedades es lo que abre camino a la endeblez del Estado de Derecho. Expresión ésta, Estado de Derecho, por cierto, que era propia de la nomenclatura franquista habitualmente empleada por los periodistas y juristas adictos: la fórmula perfecta para encajar la dictadura en algo políticamente correcto.

Pues bien, de un tiempo a esta parte vuelven a emplearla profusamente ciertos periodistas y juristas en un sospechoso ejercicio de autosugestión o de cinismo, en línea con la famosa frase de Gobbels acerca de lo eficaz que es la divulgación de una mentira repetida mil veces… Y es que, efectivamente, Estado de Derecho sugiere sobre todo ideas de autoridad, de disciplina y de ortopedia. Es como si esos periodistas y juristas quisieran aproximarnos más al autoritarismo, a la disciplina cuartelera y a la ortopedia que al sentido democrático. Pues la palabra democracia va asociada a la mayor participación posible de la voluntad popular a través de la consulta, del plebiscito y del referéndum, y cuanto más participación más democracia. Por eso resulta sospechoso que pese a haber asuntos de calado que han estado incluso en los programas de partido y que en todo caso la sociedad los demanda: monarquía-república, por ejemplo, ninguno de los sucesivos gobiernos de estos cuarenta años haya estado en absoluto interesado en recurrir ni al plebiscito ni al referéndum. Es evidente que han preferido reforzar la idea «Estado de Derecho» impregnada de autoritarismo, que la idea de «Estado democrático», tan devaluada está por todo lo que sabemos, más allá de votar cada cuatro años. Y así nos va el pelo…

Que el endeble marco constitucional y su inconsistencia técnica trae problemas sin cuento a la vida pública, lo prueban asimismo los tantos recursos de inconstitucionalidad promovidos precisamente por quienes acostumbran hacer, cuando les conviene, una lectura literal de la Constitución y no la conforme al espíritu de la ley que es lo propio de una democracia verdadera. Y eso sucede, con toda probabilidad, porque en la redacción del texto constitucional subyacen tres propósitos: fortalecer a la corona, favorecer a la clase política, y apuntalar el concepto de «unidad» territorial de la dictadura, sin concesión a fórmula política alguna que recuerde al federalismo, por ejemplo.

Sin embargo, precisamente por la ambigüedad sumada a la rigidez, ocurren cosas llamativas o esperpénticas en torno a la interpretación del texto constitucional. Por ejemplo, el hecho que da sentido a este titular. Pues más allá de las intenciones del legislador (en este caso los padres constitucionalistas), la realidad, la realidad política que hay detrás de toda norma y de toda democracia, es tozuda. Unas veces porque se pone en evidencia en el empeño de una clase de políticos y de la magistratura en que todos debemos interpretar la Constitución literalmente, otras veces se manifiesta en forma de oportunidad (política o electoral) favorable para esa misma clase de políticos, y otras la realidad tozuda aparece en el subconsciente de estos al abandonar la interpretación literal de la Constitución para mejor arremeter contra el adversario, que es el caso a que me refiero ahora…

Pues colmo del despropósito es que el juicio-espectáculo que se sigue contra siete gobernantes catalanes por supuesto delito de rebelión, viene precedido por un hecho crucial y política y humanamente lamentable. Un hecho crucial para los acusados y para esta democracia de cartón piedra. Me refiero a la comparecencia en el Congreso del líder de la Oposición en 2008. En aquella intervención reprochó abruptamente al entonces presidente del gobierno que no convocase un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Pero una vez en el gobierno aquel que había sido líder de la Oposición dio lugar a una serie de hechos repletos de violencia moral, al negar reiteradamente al gobierno catalán el referéndum que él había exigido diez años antes. Y no contento con ello y con negarse a negociar cualquier otra salida política con el gobierno catalán, ese presidente, el antes líder de la Oposición que había exigido el referéndum al gobierno anterior, reaccionó policíacamente contra los gobernantes catalanes y frente a su convocatoria; consulta que sin la autorización del gobierno no podría considerarse si no simbólica y en modo alguno vinculante. Así es como pasó el mismo personaje, de considerar no sólo legítimo sino también perentorio el referéndum, a considerarlo inconstitucional diez años después como presidente en 2018.

El hecho es suficientemente grave como para no sólo ser noticia de los medios, sino también para que el Tribunal Supremo lo tenga ahora en cuenta ya que nunca esa trampa personal y esa felonía institucional, ha formado parte del argumentario «democrático» en la relación Estado-gobierno de Cataluña, ni, hasta ahora en el repertorio del proceso penal en curso.

De modo que si los tribunales superiores europeos no corrigen este despropósito que pasará a la historia de la infamia, los encausados en este involucionista y desmedido juicio y millones de españoles y de catalanes, seguiremos sintiendo sobre nuestra nuca el peso de la vergüenza y de la indignación que acompaña a la sensación de que ni los partidos predominantes ni sus votantes, ni la Justicia española están dispuestos a romper definitivamente con tantos rasgos que caracterizaron a la dictadura franquista y ahora vuelven a reproducirse sin paredones…

Jaime Richart, Antropólogo y jurista.

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